El escándalo hondureño de Koriun Inversiones sigue. Iván Velásquez "va a colaborar" para "recuperar" el dinero de inversionistas
- Redacción Central
- hace 2 días
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Fue en abril de 2025 que el Ministerio Público (MP) intervino formalmente las oficinas de la empresa, encontrando una suma descomunal de dinero en efectivo: 358 millones de lempiras, hallados en distintas sedes y en la residencia del gerente general. A esto se añadieron 69 millones de lempiras congelados en cuentas bancarias, además de armas de fuego, municiones de uso permitido y prohibido, y 213,000 dólares en efectivo.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
En una celda estrecha, aislado de cualquier contacto humano salvo por la presencia constante de dos custodios —uno del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y otro de la Policía Militar del Orden Público (PMOP)—, permanece recluido Iván Velásquez Castro, gerente general de la ya casi desaparecida Koriun Inversiones, acusado de liderar uno de los fraudes financieros más grandes de la historia reciente de Honduras.
Su situación carcelaria, según el propio presidente de la comisión interventora del INP, Ramiro Muñoz, responde a la necesidad de evitar que su vida corra peligro dentro del sistema penitenciario hondureño. "A Velásquez lo estamos monitoreando 24/7. No podemos repetir la historia de que las cárceles se conviertan en espacios donde se manda a asesinar a alguien", sentenció Muñoz en una entrevista televisiva.
Esta férrea vigilancia no solo revela el nivel de riesgo que representa su caso, sino también la magnitud del escándalo que estremece a un país donde más de 50,000 ciudadanos perdieron sus ahorros, inversiones y sueños depositados en una entidad que prometía retornos del 20 % mensual, sin estar regulada por el Estado.
Koriun Inversiones operó como un esquema piramidal de tipo Ponzi. Prometía a los inversionistas beneficios desorbitantes y, durante varios años, logró mantener la ilusión de solvencia financiera gracias al ingreso constante de nuevos fondos. Sin embargo, lo que parecía una exitosa empresa de inversiones era, en realidad, una estructura montada sobre la fe ciega de miles de ciudadanos y la inacción prolongada del Estado hondureño.
Choloma, en el departamento de Cortés, fue el epicentro de la tragedia financiera. En esta ciudad industrial, centenares de familias confiaron sus ingresos a la promesa de multiplicación rápida de su dinero. Para muchos, Velásquez no era solo un empresario: era un benefactor. Aun después del allanamiento judicial en abril de 2025 —cuando el Ministerio Público (MP) incautó más de 358 millones de lempiras en efectivo entre oficinas y residencias vinculadas— muchos aún lo defendían.
Pero el espejismo colapsó con estrépito. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que debería haber detectado irregularidades desde años atrás, solo emitió alertas hasta principios de 2025. La falta de supervisión permitió a Koriun operar sin estar registrada como entidad financiera legal, usar el sistema bancario nacional, emitir documentos comerciales y obtener licencias municipales sin verificación adecuada.
Durante los operativos de aseguramiento, la Fiscalía y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) reportó el hallazgo de más de 358 millones de lempiras en efectivo, además de 69 millones de lempiras en cuentas bancarias. Sin embargo, ese dinero apenas sirvió para iniciar un fallido proceso de devolución.
La promesa gubernamental que se diluye
El miércoles 14 de mayo de 2025 comenzó la restitución parcial a los afectados, utilizando los fondos bancarios descongelados. Los recursos resultaron insuficientes. El Estado no tenía registro detallado de los aportantes ni del monto real invertido por cada uno, lo que agravó la crisis, aunque se comenzó una recolección de datos.
Peor aún, múltiples versiones denuncian que parte del efectivo decomisado desapareció, "como sí fuera magia". Organizaciones de afectados hablan de encubrimiento y posibles actos de corrupción en el manejo del dinero confiscado. El escándalo no solo salpica a los gestores de Koriun, sino que también pone en tela de juicio la actuación del Estado, sus instituciones fiscalizadoras, y la cadena de custodia judicial.
En un intento por contener el malestar social, en pleno año electoral, la administración de la presidenta Xiomara Castro anunció que se buscaría una fórmula para restituir a las y los inversionistas el capital inicial perdido. Sin embargo, el anuncio pronto se convirtió en una promesa vacía. El ministro de Finanzas, Christian Duarte, fue contundente la semana pasada: "ninguna institución pública está habilitada para pagar esa supuesta deuda, ni existe presupuesto destinado a eso". En sus declaraciones, aclaró que cualquier posible reembolso requeriría una reforma legal del Congreso Legislativo, la identificación de fondos y su incorporación formal al presupuesto general del Estado.
La respuesta ha sido insuficiente para miles de afectados que se han movilizado en diversas ciudades del país centroamericano. En Choloma, grupos organizados han amenazado con trasladarse a Tegucigalpa para manifestarse frente a Casa Presidencial y exigir acción directa del Poder Ejecutivo. La zona capitalina fue reforzada, y las muestras de descontento no se han detenido en más de un mes.
Actualmente, Iván Velásquez enfrenta prisión preventiva mientras se resuelve su situación legal ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Está acusado por lavado de activos, desobediencia a la autoridad, y tenencia ilegal de armas y municiones —tanto de uso permitido como prohibido— tras encontrarse en su residencia más de 125 millones de lempiras en efectivo, armamento de alto calibre y munición restringida.
En un giro inesperado, Velásquez ha manifestado a través de su defensa legal su disposición a colaborar con el Ministerio Público. En su declaración, ofreció señalar a las personas que lo habrían nombrado como representante legal de Koriun Inversiones y que, según él, diseñaron el esquema fraudulento. A cambio, solicita protección y una eventual abstención de acción penal en su contra.
Este intento de negociación ha abierto una nueva línea de investigación. Si bien se desconoce si el Ministerio Público aceptará el acuerdo, la posibilidad de que Velásquez revele una red de cómplices —posiblemente con conexiones empresariales y políticas— ha generado tensiones en el círculo oficialista.
¿Y ahora qué?
El caso Koriun es mucho más que una estafa millonaria. Representa la radiografía de un país en el que la debilidad institucional permite que delitos financieros masivos florezcan, donde la regulación es reactiva y no preventiva, y donde la ciudadanía confía más en empresas informales que en las propias autoridades.
Además de las pérdidas económicas, el impacto emocional es profundo. Decenas de familias lo perdieron todo: ahorros de años, inversiones de vida, capitales destinados a vivienda, educación o migración, remesas. El golpe ha sido especialmente duro en Choloma, una ciudad que ya enfrentaba altos índices de pobreza, desempleo e inseguridad. En ese sentido, la falta de respuestas claras, la desaparición de dinero bajo custodia estatal, y la ausencia de garantías para los afectados no hacen más que agudizar la desconfianza generalizada en el aparato público.
El caso aún está lejos de cerrarse. Velásquez continúa detenido bajo estricta vigilancia en la Penitenciaría Nacional de Támara, mientras se espera que las autoridades judiciales definan su futuro legal. Su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete, también procesada, guarda arresto domiciliario debido a su condición de maternidad.
Entretanto, las y los inversionistas siguen esperando. El Congreso Nacional aún no ha debatido ninguna reforma para habilitar posibles compensaciones. El Ejecutivo guarda silencio. Y las calles del norte del país se calientan con protestas y consignas que exigen justicia, verdad y reparación.
El caso Koriun, sin duda, marcará un antes y un después en la historia financiera, institucional y política de Honduras. No solo por el monto de la estafa o la cantidad de víctimas, sino porque ha puesto al desnudo las fisuras estructurales de un sistema donde el control llega tarde, y la justicia —cuando llega, de mala gana— arrastra consigo una larga estela de impunidad.
Iván Velásquez Castro, gerente de la empresa Koriun Inversiones, ha manifestado por medio de su abogado, Roberto Talavera, su disposición de colaborar con la Fiscalía en la recuperación de los fondos de los inversionistas afectados, aunque sin aceptar responsabilidad penal alguna. Según Talavera, su cliente contempla la posibilidad de un procedimiento abreviado, pero se niega a declararse culpable del delito de lavado de activos.
La colaboración, explicó, no implicaría inculpar a terceros, sino aportar información que pueda ser corroborada por las autoridades para facilitar una eventual reducción de pena, siempre dentro de los márgenes legales previstos.
Mientras tanto, continúa la presión social derivada del colapso financiero de Koriun Inversiones. En Cortés, los depositantes realizaron nuevas protestas esta semana, en esta ocasión enfocadas contra el gobierno del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), al que acusan de incumplir su promesa de asumir el pago de los depósitos. La manifestación, que incluyó bloqueos de la carretera CA-13 y enfrentamientos con la Policía Nacional, refleja la creciente frustración de cientos de personas afectadas por el caso, que exigen una respuesta concreta y urgente sobre la devolución de su dinero.
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