A pesar de la complejidad de la situación, figuras influyentes en el ámbito nacional e internacional hacen un llamado unificado a encontrar una solución que priorice el bien común y garantice la judicialización transparente y constitucional en el país, subrayando la necesidad de considerar el interés público sobre cualquier otra consideración política. Al cierre de este texto, la crisis en el Ministerio Público de Honduras sigue sin resolverse, y la nación espera con ansias una solución que restaure la estabilidad y la confianza en el sistema de justicia -no de venganza-.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
En medio de un escenario político cada vez más conflictivo y una serie de intentos fallidos para elegir a las nuevas autoridades fiscales en el Congreso Nacional de Honduras, el Ministerio Público (MP) se encuentra en una encrucijada. Los mandatos de Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián como fiscal general y fiscal general adjunto llegaron a su fin, sin embargo, hasta ahora no se ha logrado elegir a sus sucesores. Esta situación ha dejado al MP en un limbo legal y ha desencadenado una serie de eventos inesperados, incluyendo la renuncia condicionada de Daniel Sibrián, quien alega amenazas por parte de diputados del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), una fuerza política minoritaria del Legislativo, que busca imponer a Johel Zelaya a la cabeza, como fiscal general y a Marcio Cabañas, como fiscal adjunto.
A pesar de los tres intentos consecutivos en el Congreso Nacional para elegir a los nuevos jerarcas del órgano judicializador del país centroamericano, el MP ha mantenido sus operaciones con normalidad. Sin embargo, la incertidumbre política ha arrojado sombras sobre la institución encargada de la justicia en Honduras.
El mandato de Chinchilla y Sibrián expiró a medianoche del pasado jueves 31 de agosto de 2023, pero ninguno de ellos había presentado formalmente su renuncia en ese momento. Sibrián, en un giro sorprendente, primero declaró públicamente su intención de permanecer en su cargo hasta que se eligieran a las nuevas autoridades, argumentando que una institución no podía quedar acéfala. Sin embargo, en cuestión de horas, presentó una renuncia condicionada al Congreso, alegando amenazas por parte de diputados del oficialista Libre.
El Partido Nacional de Honduras (PNH) emitió un comunicado en apoyo a Sibrián y denunció las intimidaciones dirigidas hacia él y su familia. A pesar de la falta de elección de nuevas autoridades, las labores del Ministerio Público continúan sin interrupciones, aunque la incertidumbre persiste en el panorama.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha anunciado planes para fortalecer técnicamente y financieramente la Fiscalía Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO). Esto ha llevado a especulaciones sobre la posible intención de la bancada de Libre de que UFERCO asuma la dirección del MP de manera indefinida en ausencia de nuevas autoridades fiscales en el país.
"Sencillo: el abogado Sibrián presentó su renuncia condicionada a interpretaciones y debe conocerla el Congreso Nacional. En la próxima sesión votaremos y si alcanza lo necesario se va, y sino, deberá seguir mientras elegimos los sustitutos. En la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) aún no hemos decidido nuestra posición al respecto; será discutida en las próximas horas", dijo al respecto Carlos Umaña, doctor y legislador de PSH, este sábado 02 de septiembre.
La UFERCO, una unidad especial con jurisdicción nacional, ha estado involucrada en la investigación y persecución de casos de corrupción de alto perfil en Honduras. Jerárquicamente, ocupa la cuarta posición en el organigrama del Ministerio Público. En caso de que Chinchilla y Sibrián se nieguen a continuar en sus cargos, el director de fiscales sería el encargado de designar los casos, ya que ocupa el tercer puesto en la jerarquía institucional.
Hasta el momento, Óscar Chinchilla no ha comparecido presencialmente en el edificio central del MP en Tegucigalpa, según información corroborada por el equipo de COYUNTURA, lo que profundiza hasta el momento las interrogantes sobre su disposición para continuar en su cargo.
En medio de esta crisis, diversos expertos en derecho han ofrecido sus opiniones sobre la situación. Alceste Menardi y Leonel Núñez argumentan que las actuales autoridades deben permanecer en sus puestos hasta que se elijan a los nuevos titulares, basándose en el Artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Alegan que no existe una pérdida de legitimidad por parte de Chinchilla y Sibrián, ya que su situación es similar a la de magistrados electos en febrero de este año, cuando las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) continuaron en sus puestos hasta la elección final, en un tiempo fuera del estipulado.
Menardi también cuestionó en un medio de comunicación independiente la capacidad de la UFERCO para dirigir a las demás fiscalías, argumentando que no tienen la facultad legal para hacerlo.
Por otro lado, Félix Ávila defiende el derecho de Chinchilla y Sibrián a declinar sus cargos debido al fin de su mandato. Según Ávila, la regla que sanciona a funcionarios que abandonan sus puestos sin renunciar no se aplica en este caso, ya que su mandato ha terminado.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) insta a todos los miembros del MP a seguir trabajando en defensa de los derechos e intereses del país y a garantizar el acceso a la justicia para la ciudadanía. También exige que las y los diputados cumplan con su obligación legal y moral de respetar la institucionalidad y las leyes.
La Comisionada Nacional de Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, resaltó la trascendencia de la elección del fiscal general y adjunto debido a la responsabilidad que tiene el Ministerio Público en el país. Advierte que la falta de prontitud en el inicio de investigaciones obstaculiza elementos esenciales como la adecuada preservación y recolección de pruebas, así como la identificación de testigos presenciales.
Izaguirre hace un llamado a los diputados a actuar con integridad y en consonancia con los principios democráticos.
El Congreso Nacional es el escenario principal de este nuevo impasse político en el país centroamericano, con intentos fallidos de elegir al nuevo fiscal general y adjunto. El bloque opositor, compuesto por las bancadas del PSH, del Partido Liberal de Honduras (PLH) y del PNH, ha exhortado al oficialismo a dialogar para lograr puntos en común. Aunque están dispuestos a ceder en el nombramiento del fiscal adjunto -ya que tienen al menos 70 votos /de 86 necesarios-, mantienen su firmeza en la nominación de Marcio Cabañas como fiscal general.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha urgido la elección de los fiscales, recordando que el MP se encuentra acéfalo debido a que los titulares tienen vencido su mandato. Además, enfatizó que el Artículo 80 y el reglamento interno no pueden delegar facultades constitucionales.
La crisis en el Ministerio Público de Honduras plantea desafíos legales y políticos significativos. La incertidumbre sobre quiénes liderarán la institución encargada de la justicia en el país persiste, y la situación está lejos de resolverse.
Mientras tanto, la sociedad civil y la comunidad internacional observan de cerca este escenario, instando a que se respeten las leyes y se encuentre una solución a esta crisis que afecta a la estabilidad y el estado de derecho en Honduras.
Tanto la comunidad nacional como la internacional han instado a las fuerzas políticas a entablar un diálogo constructivo para alcanzar acuerdos en la selección de los nuevos titulares del MP. A pesar de que esta cuestión está sobre la mesa desde el 29 de agosto, los partidos políticos no han logrado encontrar un punto de consenso.
Tanto el oficialismo como la oposición han propuesto diversas fórmulas que han sido rechazadas. Incluso, la mandataria Castro movilizó a sus fuerzas para ofrecer su primer discurso público desde hace más de 500 días, cuando asumió el Ejecutivo de Honduras.
En medio de esta situación, figuras influyentes como la embajadora de los Estados Unidos de América, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la presidenta de la CSJ, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y la representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el país centroamericano han llamado a las fuerzas políticas a continuar el proceso de diálogo y búsqueda de consensos, enfatizando la importancia de elegir un fiscal en beneficio de la paz y el desarrollo de Honduras, y subrayando la necesidad de que los líderes políticos consideren el interés público sobre cualquier otra consideración.
La mejor postulante, invisibilizada por las fuerzas del Congreso Nacional
La abogada Jenny Gabriela Almendarez, con una destacada calificación del 95.55 % por parte de la extinta Junta Proponente, no se encuentra entre los dos candidatos seleccionados por el Congreso Nacional para liderar el Ministerio Público. Su exclusión se debe a su compromiso declarado de no respaldar los intereses de la clase política y económica de Honduras, lo que va en contra de los deseos del oficialismo. Almendarez, con más de 15 años de experiencia en el MP y una dedicación a la defensa de los derechos humanos, ha enfatizado su independencia y su objetivo de combatir la impunidad arraigada en la institución y el país.
Aunque Almendarez fue la mejor evaluada por la Junta Proponente, los líderes de las bancadas en el Congreso aún no han logrado consensos para la elección del nuevo fiscal general y su adjunto. El PNH se ha negado a participar en conversaciones para buscar acuerdos, lo que ha generado preocupación sobre la verdadera motivación detrás de esta falta de consenso. Los analistas sugieren que podría tratarse de un cálculo político para asegurar que el candidato seleccionado obedezca los intereses de las bancadas, lo que podría socavar la meritocracia y la equidad de género en la elección.
Salma Estrada, abogada hondureño, dijo al respecto: "La presidenta Xiomara pasa a la historia por ser la primera mujer en asumir el Poder Ejecutivo. Siguiendo la línea de género, ¿por qué no apoya a Jenny Almendarez, desde su fuerza (Libre), para ser la primera fiscal general de la República. Ella prometió romper esas brechas de siglos, y sin oportunidades".
El Congreso Nacional sigue hasta el momento el proceso de elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, con la expectativa fallida de tenerlos en funciones desde el pasado 01 de septiembre de 2023. Los consensos no se logran a tiempo, una vez más, y el actual fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla, sabrá esta semana si continuará o no en su cargo por mandato constitucional hasta que se elija a un sucesor.
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