Entre supuestas conspiraciones y verdaderas distracciones: Honduras frente a la justicia selectiva

El último episodio ilustra otra vez un patrón preocupante: la selectividad en la persecución de delitos según afinidades políticas. Mientras se concentran esfuerzos y recursos en investigaciones mediáticas que afectan a opositores o figuras vinculadas al gobierno "socialista", amenazas más tangibles contra defensores de derechos humanos, periodistas, personas refugiadas o jerarcas estatales independientes parecen quedar relegadas, sin la atención debida del Ministerio Público.

Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Editorial

Tegucigalpa, Honduras

Fotografía cortesía

La reciente detención de tres hombres acusados de planificar un atentado contra el expresidente José Manuel Zelaya Rosales y, según el fiscal general Johel Zelaya, de intentar desestabilizar el orden constitucional y propiciar un golpe de Estado contra la presidenta Xiomara Castro, ha abierto un debate profundo sobre los límites entre la justicia y la instrumentalización política en Honduras.

Arcadio Corrales Estrada, de 64 años; Perfecto Jesús Enamorado Paz, de 69; y Antonio David Kattán Rivera, de 53, fueron capturados en distintas ciudades del país centroamericano y trasladados al centro penitenciario de Támara, donde permanecerán mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra. La gravedad de los cargos, que incluyen actos preparatorios punibles y asociación terrorista, motivó que no se concediera ninguna medida sustitutiva, pese a la edad avanzada de dos de los imputados. La audiencia inicial está programada para el lunes 18 de agosto de 2025.

El anuncio del Ministerio Público (MP) generó de inmediato reacciones encontradas. Para algunos sectores políticos, como la diputada nacionalista María Antonieta Mejía, las declaraciones del fiscal parecen más un "libreto para victimizar a 'Mel' Zelaya" que una acción judicial basada en pruebas contundentes. Desde esta perspectiva, la narrativa oficial actúa como una "pared de humo" que desvía la atención de otros problemas urgentes de seguridad y de la administración de justicia en el país.

Críticas similares surgen desde el ámbito jurídico y empresarial. Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), subraya la necesidad de que el fiscal general actúe con responsabilidad y enfoque en investigaciones más amplias, incluyendo las recientes acusaciones de la Fiscalía de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) sobre el uso del espacio aéreo de Honduras para el narcotráfico. Santiago Ruiz, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), alerta sobre el riesgo de que este tipo de anuncios se conviertan en "distractores" que concentran la atención del público en conflictos internos mientras persisten problemas de violencia generalizada y justicia desigual.

El trasfondo de esta situación no puede ser ignorado. Honduras vive un momento de polarización política intensa, con antecedentes regionales de violencia institucional que han dejado cicatrices profundas. Sin embargo, los audios presentados por el fiscal y las características de los imputados han generado cuestionamientos sobre la real magnitud de la "amenaza". Observadores, entre ellos ciudadanos, periodistas, abogados y analistas críticos, sugieren que las conversaciones incautadas parecen más un intercambio informal de opiniones entre personas de la tercera edad que un plan concreto para asesinar o desestabilizar.

Lo que preocupa más allá de la veracidad de la conspiración denunciada es la selectividad percibida de la justicia. Mientras se pone el foco mediático y judicial sobre actores asociados al oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), incluso "victimizando" a sus principales líderes, surgen denuncias de que no se investigan con la misma intensidad amenazas reales contra defensores de derechos humanos, periodistas, personas en condición de refugio o jerarcas estatales no vinculados al partido oficialista. La sensación de justicia parcial amenaza con erosionar la confianza ciudadana en las instituciones y, al mismo tiempo, contribuye a un clima de incertidumbre política que puede ser más dañino que cualquier conspiración, real o supuesta.

El desafío para Honduras es evidente: garantizar la seguridad y la integridad de sus líderes y ciudadanos, mientras fortalece la independencia y la credibilidad de la justicia. Convertir procesos judiciales en instrumentos de distracción o de legitimación política debilita al Estado y perpetúa la desconfianza y el autoritarismo. El país necesita transparencia, rigor probatorio y equidad en el ejercicio del derecho, no cortinas de humo que oscurezcan problemas estructurales que reclaman atención inmediata.

Así como Johel ha impulsado con empeño las investigaciones contra Corrales, Enamorado y Kattán, también debería destinar recursos jurídicos y esfuerzos humanos para esclarecer, con igual rigor, el asesinato del ambientalista Juan López y de otros 10 defensores de la Tierra ultimados en los últimos tres años. ¿Qué ocurrió con el "narcovideo" que involucra al exlegislador Carlos Zelaya, hermano del expresidente? ¿Y las denuncias contra la diputada Isis Cuéllar por presuntamente desviar fondos públicos hacia la campaña de la presidenciable oficialista Rixi Moncada? Al fiscal no le agrada que le indiquen qué debe hacer, pero la ciudadanía lo cuestiona cada vez más y percibe, con creciente claridad, la inclinación del Ministerio Público a proteger al oficialismo mientras acorrala a la oposición.

Honduras enfrenta entonces la encrucijada entre un sistema judicial funcional y uno instrumentalizado, y la forma en que se maneje este caso será un termómetro de la salud democrática del país. Entre conspiraciones cuestionables y amenazas reales, la ciudadanía espera que la justicia no se convierta en espectáculo, sino en garantía de equidad y seguridad para todos.

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