Estado de excepción en Honduras: entre la seguridad, pocos resultados y el riesgo democrático en un año electoral
- Jairo Videa
- 25 ago
- 5 Min. de lectura
El abogado German Licona cuestionó la prolongación del decreto alegando que los resultados en materia de seguridad son negativos. Según cifras expuestas por el jurista, la extorsión pasó de un 9 % en 2022 a un 11.5 % en 2024, con un impacto devastador sobre el sector transporte. Solo ese año, transportistas pagaron más de 500 millones de lempiras en extorsiones, mientras 50 conductores de autobuses fueron asesinados.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
Honduras enfrenta uno de los debates más tensos de los últimos años: la extensión continua del estado de excepción decretado desde diciembre de 2022. A pocos meses de las elecciones generales del domingo 30 de noviembre de 2025, diversos sectores cuestionan la legalidad, efectividad y riesgos de mantener esta medida, mientras la administración de la mandataria "socialista" Xiomara Castro insiste en que se trata de una herramienta clave para enfrentar la violencia y el crimen organizado.
Lester Ramírez, director del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), advirtió que celebrar elecciones bajo estado de excepción constituye un serio riesgo para la democracia hondureña. "Es un gran riesgo que deberíamos considerar, y el Gobierno de la presidenta Xiomara de Zelaya debe mandar un mensaje levantando el estado de excepción para garantizar condiciones electorales plenas", señaló.
Ramírez enfatizó que la reducción de homicidios no puede atribuirse exclusivamente a esta medida, ya que la violencia en Honduras responde a múltiples factores de política pública, prevención y convivencia social. A su juicio, la suspensión temporal del decreto sería un mensaje de confianza para la ciudadanía, garantizando libertades fundamentales como el tránsito, la reunión pacífica y la libre movilización. "En este momento la policía y los militares pueden entrar a cualquier casa sin orden judicial, suspender reuniones y limitar derechos básicos. Esos elementos son muy importantes y no deben coexistir con un proceso electoral", subrayó.
El abogado Germán Licona presentó cifras que, según él, evidencian el fracaso del estado de excepción en materia de seguridad. Recordó que la extorsión pasó de un 9 % en 2022 a un 11.5 % en 2024, afectando principalmente al transporte público. "El sector transporte pagó más de 500 millones de lempiras en extorsión solo en 2024, y 50 conductores de autobuses 'rapiditos' perdieron la vida a manos de delincuentes", denunció.
Licona añadió que la violencia también golpea con fuerza a mujeres, menores y adolescentes. Hasta julio de 2025, se habían registrado 321 muertes violentas de menores de edad, pese a la vigencia de la medida. El abogado cuestionó además el manejo de recursos estatales: "del 2022 al 2024 se destinaron más de 30 mil millones de lempiras a la Secretaría de Seguridad, casi el doble de lo que se asignó entre 2019 y 2021, pero no se ven resultados sostenibles ni estrategias eficaces".
En contraste, el diputado Oved López, del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), defendió la continuidad del estado de excepción, argumentando que ha sido útil para reducir homicidios y facilitar la ejecución de órdenes de captura. "Es una herramienta esencial que permite combatir al crimen organizado. Solo los delincuentes deben temerla, la población honrada no tiene nada que temer", afirmó el legislador.
López rechazó las críticas de la oposición y aseguró que los señalamientos de un posible uso político del decreto durante las elecciones forman parte de una campaña de desinformación. Según el legislador, la medida "solo habilita a la Policía para actuar en horarios y condiciones en que antes no podía hacerlo" y no afecta la vida cotidiana de la ciudadanía.
Más allá de la eficacia, el procedimiento de prórroga también ha generado polémica. El jefe de bancada del opositor Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, denunció que la reciente ampliación de 45 días, publicada en el Diario Oficial - La Gaceta, no cuenta con la aprobación del Congreso Nacional hondureño. "El Congreso no ha autorizado absolutamente nada. El gobierno está pasando por alto la Constitución y las facultades del Legislativo", advirtió Umaña hace algunos días.
La falta de legalidad, insistió, expone a policías y militares a eventuales cuestionamientos jurídicos y erosiona la institucionalidad. La oposición ya adelantó que no cuenta con los votos para ratificar la medida en un eventual tercer debate.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) informó que entre diciembre de 2022 y julio de 2025 recibió más de 1,000 quejas contra cuerpos de seguridad del Estado. Las denuncias incluyen uso desproporcionado de la fuerza, allanamientos arbitrarios, daños a la propiedad, torturas, pérdida de pertenencias, incriminación con pruebas falsas, vigilancia e intimidación.
El organismo alertó además que en el actual contexto electoral, la restricción de derechos como la libertad de expresión, asociación y circulación puede abrir la puerta a abusos de poder sistemáticos y más profundos. En un informe remitido al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el CONADEH recomendó al Estado hondureño cesar esta práctica, por considerar que lejos de mejorar la seguridad, fomenta violaciones a los derechos fundamentales.
Desde la academia, la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa, Migdonia Ayestas, coincidió en que el estado de excepción se ha normalizado en lugar de mantenerse como una medida extraordinaria. "El gobierno ha decretado más de veinte estados de excepción. Estas disposiciones deben ser excepcionales y no la norma", afirmó.
Asimismo, Ayestas sostuvo que el objetivo inicial de reducir la extorsión no se ha cumplido, y que persisten los homicidios múltiples y los asesinatos de mujeres. Recalcó además la necesidad de dar legalidad a la medida mediante aprobación legislativa, pues sin ello, las acciones de las fuerzas de seguridad carecen de respaldo jurídico.
Con una media de seis muertes violentas al día, según los registros preliminares de 2025, Honduras sigue siendo uno de los países más violentos de la región latinoamericana. Aunque algunos municipios reportan mejoras en los índices de homicidios, las cifras globales reflejan que el fenómeno criminal no cede.
La prolongación del estado de excepción, en este escenario, profundiza un dilema: mientras el gobierno de LIBRE lo defiende como un instrumento indispensable contra el crimen organizado, voces de la sociedad civil, la oposición política, organismos de derechos humanos y especialistas advierten que la medida erosiona derechos fundamentales, carece de resultados sostenibles y pone en riesgo la legitimidad de las elecciones.
El debate no solo es jurídico o técnico, sino político. A medida que se acercan los comicios de noviembre, la disyuntiva se vuelve más apremiante: ¿apostar por la seguridad con restricciones a las libertades o garantizar un proceso electoral libre en un país que aún busca equilibrar democracia y control de la violencia?
Según datos verificados por el equipo de este medio gracias a registros de la Policía Nacional de Honduras y la Secretaría de Seguridad, en lo que va de 2025 ya se han documentado más de 1,000 homicidios. Cortes, Francisco Morazán, Olancho, Yoro, Colón y Atlántida son los departamentos con los mayores índices de violencia.
En COYUNTURA, cada noticia y día de trabajo es un acto de valentía respaldado por personas, procesos, fuentes, documentos y perspectivas confiables, contrastadas y diversas, aunque muy a menudo debemos proteger la identidad de quienes informan y/o comentan. Pero la censura, la crisis económica y los obstáculos estatales y de seguridad no detienen a nuestra Redacción; seguimos informando con determinación, desde Centroamérica. Si has sufrido violaciones a tus derechos por un Estado centroamericano, o si quieres contar una historia, contáctanos a través de direccion@coyuntura.co o mediante la burbuja de mensajes en la parte inferior del medio.
Por otro lado, no te pierdas AULA MAGNA, nuestra radio en línea y plataforma de podcasts para la región y su gente, donde el periodismo y el entretenimiento se fusionan las 24 horas del día.
Juntos, construimos el puente de la verdad y la democracia, por eso ten en consideración adquirir una membresía de nuestro programa para socias y socios, con beneficios y servicios digitales únicos.
Comentarios