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Estados Unidos acelera deportaciones, mientras Nicaragua guarda completo silencio

Una vez más, la administración sandinista subraya su distanciamiento de los verdaderos problemas ciudadanos, dentro y fuera del territorio nacional. Ni la Cancillería ni el Poder Ejecutivo, radicado ya en una "nueva" Copresidencia, han abordado el tema, mientras Guatemala, Honduras y El Salvador afinan programas de contingencia basados en el retorno seguro.


Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Managua, Nicaragua
Un campamento de migrantes que se desplazaban a Estados Unidos de Norteamérica, cerca de la frontera entre Nicaragua y Honduras | Fotografía de COYUNTURA por Jairo Videa
Un campamento de migrantes que se desplazaban a Estados Unidos de Norteamérica, cerca de la frontera entre Nicaragua y Honduras | Fotografía de COYUNTURA por Jairo Videa

Las recientes políticas migratorias de Donald Trump han generado escenas de pánico y una ola de reacciones en América Latina. Mientras países como Colombia y Honduras han tomado posturas firmes en defensa de sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), exigiendo medidas más humanitarias para su retorno, el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo en Nicaragua ha optado por el silencio. Ni las autoridades sandinistas, ni sus comunicadores más aguerridos, como William Grigsby, exdirector de la oficialista Radio La Primerísima -quien en diciembre de 2024 invitaba a los migrantes desplazados a través del "parole humanitario" a "llegar de vacaciones" y volver a salir del territorio tras gastar y "visitar" a la familia-, han brindado declaraciones al respecto.


Esa actitud contrasta con el histórico discurso antiestadounidense del mandatario nicaragüense y sus seguidores en el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), generando dudas sobre la respuesta de su régimen ante las inminentes expulsiones masivas de migrantes.


El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó en un primer instante la llegada de aviones con migrantes deportados, argumentando que el trato que reciben es indigno. Como respuesta, Trump impuso aranceles del 25 % a las importaciones colombianas y revocó visas de funcionarios del gobierno de Petro. La presión económica llevó a Colombia a aceptar las deportaciones tras un acuerdo de última hora, marcando un precedente sobre el costo de desafiar las órdenes de Washington.


A pesar de que más de 45,000 nicaragüenses están en lista de espera para ser deportados, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Ortega no ha emitido declaración alguna sobre cómo manejará la crisis, cuando ya varios connacionales han sido detenidos en los primeros 11 días del segundo mandato del magnate estadounidense, en redadas dramáticas y masivas. Este mutismo resulta llamativo dado su historial de discursos incendiarios contra EE.UU. y la postura de dicha administración contra el sistema sandinista, en el poder desde 2007.


El exdiplomático nicaragüense José Dávila Membreño sostiene que el líder sandinista "está nervioso" y espera el momento oportuno para reaccionar, aunque no hay pruebas de esa intranquilidad. La posibilidad de que Nicaragua siga la estrategia colombiana y rechace los vuelos de deportados podría acarrear sanciones comerciales devastadoras. Según declaraciones recientes de Mauricio Claver-Carone, enviado especial de EE.UU. para América Latina, de no aceptar los vuelos con deportados, ya se están "buscando" opciones para expulsar al país centroamericano del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés), vigente desde 2004.


A diferencia de Colombia, cuya economía es más diversificada, Nicaragua depende en gran medida de las exportaciones a EE.UU. y de las remesas enviadas por sus migrantes en el extranjero. Según el Banco Central de Nicaragua (BCN), en 2023 las remesas representaron aproximadamente el 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, y en el 2024 registraron un aumento evidente, captando un récord de 5.243 millones de dólares, 29,4 % del PIB. Cualquier sanción arancelaria o restricción financiera podría agravar la ya precaria situación económica del país, que precisan también de inversión extranjera y donaciones directas.


Francisco Xavier Aguirre Sacasa, excanciller del país centroamericano y exembajador en EE.UU., afirma que Ortega fomenta la migración de sus ciudadanos, ya que "le permite deshacerse de opositores y garantiza el flujo de remesas". Si Trump endurece las condiciones para la transferencia de dinero desde EE.UU., el régimen sandinista podría verse en serios aprietos.


Mientras otros países han adoptado estrategias de reintegración para sus deportados, Nicaragua no parece tener un plan claro. México ha lanzado el programa "México te abraza", que otorga asistencia económica a las y los repatriados, mientras que Guatemala ha puesto en marcha "Regresando a casa" para facilitar su reincorporación al mercado laboral. Honduras también ya implementa el plan de contingencia "Hermano, vuelve a casa", que otorga hasta 80 libras de alimentos, 100 dólares y facilidades en préstamos con entidades estatales.


En Nicaragua, el panorama es diferente. Con la cancelación de más de 3,600 organizaciones no gubernamentales y el debilitamiento del sector privado, los migrantes deportados encontrarán pocas oportunidades al regresar. Según Harold Rocha, presidente del Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund (NALDEF), el país carece de infraestructura para recibir a miles de ciudadanos repatriados. Si Ortega y Murillo se niegan a recibir a las y los retornados, Trump podría aplicar medidas similares a las impuestas a Colombia, o como las que ya implementa contra México y Canadá. La historia reciente demuestra que el mandatario estadounidense no duda en utilizar sanciones económicas como herramienta de presión.


En este contexto, el silencio del sandinismo podría deberse a una estrategia de espera para evaluar las reacciones internacionales y las posibles represalias de Estados Unidos de Norteamérica, y los vecinos más cercanos. Sin embargo, el margen de maniobra del régimen es limitado. No parece interesado. No parece preparado.


La gran incógnita es si el régimen sandinista cederá ante la presión estadounidense o intentará resistir, con el riesgo de arrastrar a Nicaragua a una otra nueva crisis económica, aún más profunda que la actual. Lo que es seguro es que la administración de Trump no tolerará la inacción y los "no" por mucho tiempo.


Al respecto, tres expertos en relaciones internacionales consultados por este medio para cerrar enero de 2025 coinciden en que "la dictadura nicaragüense está, por mucho, ganando tiempo" y quizás "buscando afianzar una narrativa ni muy confrontativa ni muy deliberada, porque seguirá siendo una piedra en el zapato estadounidense". "China, Rusia y otros sistemas autoritarios tendrán un patio trasero en territorio nicaragüense, pero si Estados Unidos logra erradicar el puente migratorio que Nicaragua representa hasta la fecha, con ayuda del sandinismo, será un punto y aparte. Donald Trump no meterá más las manos en situaciones 'locales', y los Ortega Murillo podrían salir ganando", dijo una de las fuentes, también abogada hondureña, especialista en migración.


 

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