Estados Unidos afina su señal al régimen Ortega-Murillo: de advertencias diplomáticas a señalamientos directos tras detención de Maduro
- Jairo Videa
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El reclamo de Departamento de Estado estadounidense sobre la "Copresidencia" coincidió con el aniversario de la reforma constitucional que, en enero-febrero de 2025, redefinió la estructura del Estado nicaragüense, eliminó controles y equilibrios y abrió la vía para que Rosario Murillo ejerciera funciones ampliadas —según críticos— y para una eventual sucesión automática sin comicios competitivos. Organismos internacionales, medios especializados y activistas consultados por COYUNTURA consignaron que esas enmiendas amplían la duración del mandato presidencial y concentran atribuciones en la pareja monarquica.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
Estados Unidos ha endurecido de manera visible su discurso y sus advertencias hacia el régimen nicaragüense encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, enviando señales políticas, diplomáticas y estratégicas que, leídas en conjunto, configuran un nuevo momento de tensión entre Washington y Managua, cuando ya hay un sheriff de América continental.
Los mensajes ya no se limitan a declaraciones genéricas sobre la situación democrática del país, sino que apuntan de forma directa a las figuras del poder, cuestionan la legitimidad del modelo político impuesto y colocan a Nicaragua dentro del radar de seguridad nacional estadounidense.
Murillo, señalada como responsable directa
Uno de los giros más relevantes se produjo con el pronunciamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos, que por primera vez centró su crítica explícita en Rosario Murillo, a quien acusó de haberse "inventado" el cargo de copresidenta sin respaldo electoral ni mandato ciudadano. El señalamiento marca un cambio sustancial: Washington deja de tratarla únicamente como acompañante política de Ortega o como portavoz del Ejecutivo, y la coloca como una figura con poder efectivo y responsabilidad directa en la represión y en la toma de decisiones del régimen.
Para la oposición nicaragüense articulada en la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), este mensaje implica un reconocimiento internacional de que Murillo gobierna en los hechos. Su portavoz, el abogado desnacionalizado Roger Reyes, interpretó que Estados Unidos identifica a Murillo como autora directa de la represión, con el mismo nivel de responsabilidad política que Ortega. Según su lectura, al afirmar que la copresidencia fue "fabricada", Washington subraya la ausencia total de legitimidad democrática y confirma que el poder fue apropiado sin elecciones libres ni consentimiento popular.
El Departamento de Estado de Marco Rubio también dejó claro que ese control se sostiene en el miedo y la coerción, no en el respaldo ciudadano, al advertir que el régimen evita cualquier proceso electoral con garantías porque sabe que lo perdería.
El mensaje coincide con el primer aniversario de la reforma constitucional aprobada en enero de 2025, mediante la cual se transformó el Estado nicaragüense, se eliminó el equilibrio de poderes y se concentró la autoridad en la pareja presidencial. Desde febrero de ese año, Murillo pasó formalmente de la vicepresidencia a la copresidencia, en un contexto que expertos describen como un intento de consolidar una dinastía familiar.
Libertad religiosa bajo escrutinio
A la crítica política se sumó una advertencia diplomática en materia de derechos humanos. El encargado de negocios de la embajada estadounidense en Managua, Elias Baumann, alertó públicamente sobre las amenazas a la libertad religiosa en Nicaragua, recordando que la práctica de la fe sin interferencia estatal es un derecho universal. El mensaje fue difundido en un momento simbólico: coincidió con la conmemoración oficial del recién instaurado Día de la Reconciliación y la Paz, decretado como feriado por el régimen en el marco del centenario del cardenal Miguel Obando y Bravo.
Baumann subrayó que, durante 250 años, Estados Unidos ha defendido libertades fundamentales como la de expresión, religión y reunión pacífica, y sostuvo que la libertad religiosa fortalece el tejido social, lejos de amenazarlo. Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente control estatal sobre instituciones eclesiales y líderes religiosos críticos, así como de un endurecimiento del discurso oficial contra sectores de la Iglesia católica.
Organismos internacionales de derechos humanos han documentado en los últimos años una persecución sistemática: cierre de templos, cancelación de organizaciones vinculadas a la iglesia, expulsiones y detenciones de sacerdotes, además de restricciones a procesiones y celebraciones públicas. El mensaje de la embajada se inscribe así en una línea más amplia de presión de Washington, que conecta la situación de libertades civiles con la deriva autoritaria del régimen.
