Estados Unidos pagó 4,7 millones de dólares a la administración de Nayib Bukele en El Salvador para recibir deportados
- Jairo Videa
- 9 sept
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"La correspondencia entre el Departamento de Estado y El Salvador confirma lo que sospechábamos desde hace tiempo: no se tomó ninguna medida para proteger a los deportados contra tortura o confinamiento indefinido, pero sí se impusieron condiciones para negarles atención legal o de salud", afirmó Skye Perryman, directora de Democracy Forward.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San Salvador, El Salvador
Un documento ahora público, revelado en el marco de un litigio presentado por organizaciones de derechos civiles, muestra que el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) transfirió 4,7 millones de dólares a El Salvador a cambio de aceptar hasta 300 personas deportadas —la mayoría venezolanas— y lo hizo imponiendo condiciones estrictas sobre el uso del dinero. El pacto —que hasta su divulgación permaneció oculto— conecta una operación de expulsiones internacionales con prisiones de máxima seguridad y restricciones explícitas sobre atención legal y de salud para los deportados, lo que ha reavivado cuestionamientos sobre la legalidad y la ética de estas maniobras migratorias.
La correspondencia oficial, descrita por las organizaciones demandantes Democracy Forward y RFK Human Rights, consta de un memorando de cinco páginas fechado por la Cancillería salvadoreña el sábado 22 de marzo de 2025. En él, Washington ofrecía 4,7 millones de dólares y pedía que El Salvador aceptara hasta 300 detenidos; la administración salvadoreña, según el documento, confirmó la recepción de hasta 300 personas el viernes 14 de marzo —dos días antes de que se ejecutara la operación, el domingo 16— y aceptó las condiciones impuestas.
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, resumió la queja central en un comunicado: la correspondencia "confirma lo que sospechábamos desde hace tiempo": que la administración del republicano Donald Trump no tomó medidas para proteger a quienes serían desviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) frente a riesgos de tortura, confinamiento indefinido u otros tratos abusivos. Perryman también subrayó que el acuerdo prohibía explícitamente destinar los fondos a asesoría legal para solicitantes de asilo o a servicios de salud reproductiva, incluido el aborto, entre otras restricciones.
Qué prohibía el financiamiento: límites explícitos
El condicionado que acompañó el pago incluía, según verificación de COYUNTURA, exclusiones precisas:
Prohibición de usar recursos para brindar asesoría legal a quienes buscaran solicitar asilo en Estados Unidos.
Prohibición de destinar fondos a planificación familiar, incluyendo el aborto.
Exclusión de programas de diversidad, equidad e inclusión y de aportes a la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que asiste a las y los refugiados en Gaza (UNRWA, por sus siglas en inglés).
Esos límites transforman el subsidio en una herramienta que no sólo facilita el retorno de personas, sino que también condiciona la protección y los servicios que éstas podrían recibir al llegar a territorio salvadoreño.
La expulsión del 16 de marzo: secreto, acusaciones sin pruebas y falta de proceso
El envío de más de aproximadamente 250 migrantes —principalmente venezolanos y algunos salvadoreños— se confirmó el domingo 16 de marzo de 2025 en la llamada "campaña de deportaciones" de la administración Trump. Desde la Casa Blanca se imputó a los detenidos pertenencia al grupo criminal venezolano el "Tren de Aragua"; sin embargo, las autoridades no presentaron pruebas públicas que sostuvieran tales acusaciones y, según las organizaciones que litigan, a las personas no se les permitió el debido proceso antes de ser expulsadas.
Entre los afectados figura Kilmar Abrego García, un salvadoreño que fue deportado por error y que, desde entonces, se ha convertido en emblema de las deportaciones injustas realizadas bajo la administración republicana. La operación tuvo lugar además con altos niveles de secretismo: el envío se realizó pese a que un juez había ordenado prohibir el traslado mientras los aviones estaban en el aire. La respuesta oficial estadounidense fue que la orden judicial "llegó demasiado tarde"; testimonio adicional del funcionario Erez Reuveni afirma que Emil Bove —entonces número tres del Departamento de Justicia y hoy juez federal— ignoró la orden.
El acuerdo, según el texto dado a conocer, explicitó la expectativa de que los detenidos permanecieran en el Centro de Confinamiento del Terrorismo por al menos un año. CECOT —una prisión de alta seguridad creada para recluir a presuntos miembros de pandillas— ha sido señalada reiteradamente por organizaciones de derechos humanos por violaciones, malos tratos y torturas a internos. La cláusula que proyectaba un año mínimo de permanencia subraya un riesgo de encierro prolongado para personas cuya afiliación criminal no había sido probada públicamente.
Para justificar las expulsiones, el gobierno estadounidense apeló a la Alien Enemies Act (Ley de Enemigos Extranjeros) de 1798, una norma obsoleta cuyo uso se ha circunscrito históricamente a contextos de guerra. Recientemente, un tribunal de apelaciones determinó que el gobierno excedió sus atribuciones al aplicar esa ley en estas expulsiones, un fallo que pone en duda la solidez jurídica de las operaciones realizadas bajo su amparo.
Los venezolanos deportados en marzo no permanecieron indefinidamente en El Salvador: en julio fueron enviados a Venezuela como parte de un acuerdo bilateral entre la Caracas del dictador chavista Nicolás Maduro y Washington para intercambiar prisioneros, sin intervención de la administración del mandatario centroamericano Nayib Bukele. Ese traslado subsecuente añade otra capa a la cadena de movimientos forzados que partió de las aerolíneas de deportación y terminó, para algunos, en la entrega a las autoridades de sus países de origen.
El caso salvadoreño no es aislado. Según el relato incluido en la documentación del litigio, Estados Unidos ha cerrado pactos similares con terceros países para derivar a migrantes que busca deportar. La lista, expuesta de forma parcial, incluye naciones con antecedentes cuestionables en materia de derechos humanos: Sudán del Sur, Uganda y Esuatini figuran entre los destinos negociados. En todos esos casos, sostienen las organizaciones demandantes, las negociaciones se llevaron en la opacidad y la información pública sobre los deportados ha sido mínima.
Cifras oficiales sobre homicidios y delitos de alto impacto a la baja
Paralelamente a este episodio internacional, las autoridades salvadoreñas han difundido esta semana indicadores que apuntan a una reducción de la violencia y los delitos de alto impacto durante la gestión del oficialista partido Nuevas Ideas (NI).
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el viernes 08 de septiembre de 2025 no se registraron homicidios en todo el país, con lo que el conteo acumulado durante el régimen de Bukele alcanzó 1,009 días sin muertes violentas, una cifra que la institución agrega a un cuadro de resultados que el Poder Ejecutivo utiliza para legitimar su estrategia de seguridad. El informe policial añade que, en lo que va del año (del 01 de enero al 08 de septiembre), hubo 211 días sin asesinatos. Además, bajo el marco del interminable Estado de Excepción, el reporte oficial contabiliza 895 días sin crímenes contra la vida en todo el territorio.
Las estadísticas detallan, año por año y mes por mes, los días sin homicidios en 2025: para agosto se registraron jornadas sin homicidios los días 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que se suman al total de días sin homicidios cerrados en julio (29), junio (25), mayo (25), abril (25), marzo (22), febrero (26) y enero (25).
Por otro lado, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una memoria de labores que cuantifica una reducción del 17 % en delitos de alto impacto entre junio de 2024 y mayo de 2025 (12,965 casos) respecto al periodo precedente (15,620 casos).
Algunos de los parámetros destacados en el informe son:
Homicidios: de 142 a 96.
Feminicidios: se mantuvieron en 25 en ambos periodos.
Violaciones sexuales: de 3.018 a 2.739.
Secuestros: de 13 a 1.
Extorsiones: de 844 a 541.
Tráfico ilegal de personas: de 724 a 291.
La FGR aclaró que las cifras sobre muertes violentas se basan en una metodología interinstitucional acordada entre la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal, para definir estadísticas homogéneas sobre homicidios. Sobre los feminicidios, el organismo precisó que éstos están incluidos dentro de las estadísticas de homicidios intencionales, de acuerdo con la metodología señalada.
Procesos penales y ejemplo de condena
Dentro del mismo periodo, la FGR consignó casos judiciales relevantes, entre ellos la condena a 50 años de prisión contra José Francisco Linares Girón por feminicidio agravado: el crimen fue cometido el sábado 23 de septiembre de 2023 en Metapán (Santa Ana Norte), y el cadáver fue localizado el 26 de septiembre del mismo año por trabajadores de la zona. La investigación describe un patrón de violencia continuada por parte del acusado, previa separación de la pareja y reiteradas agresiones físicas y psicológicas hacia la víctima.
En ese sentido, los elementos puestos al descubierto por el documento que reveló el acuerdo con Estados Unidos y las estadísticas oficiales sobre criminalidad trazan una cartografía de tensiones difíciles de ignorar.
Por un lado, las cifras presentadas por la PNC y la FGR apuntan a una reducción sostenida de crímenes de alto impacto y a periodos sucesivos sin homicidios, resultados que el Ejecutivo bukelista usa para señalar avances en seguridad nacional. Por otro, la negociación y ejecución de expulsiones internacionales —condicionadas y en ocasiones secretas—, la aplicación de normas legales controvertidas y la previsión de encierros en centros como el CECOT que tienen señalamiento por violaciones de derechos humanos, abren interrogantes sobre la observancia de principios de debido proceso y protección internacional.
A eso, se debe añadir que un juzgado de EE.UU. ya investiga las conversaciones y los acuerdos entre funcionarios de Nayib Bukele y la Mara Salvatrucha (MS-18).
Las restricciones consignadas en el financiamiento —especialmente la prohibición de asesoría legal para solicitantes de asilo— plantean una tensión normativa y contra el humanismo: la derivación de personas hacia terceros países y su potencial confinamiento en prisiones de máxima seguridad, sin garantías claras de acceso a representación o protección, contrasta con estándares internacionales sobre tratamiento de migrantes y solicitantes de protección internacional.
Lo que queda probado en los documentos y lo que sigue abierto
Lo que los papeles judiciales demuestran con nitidez es la existencia del pago de 4,7 millones de dólares por parte de Estados Unidos y la inclusión, en el acuerdo, de cláusulas que limitan el destino de esos fondos y los derechos de cientos. También queda acreditado el "envío secreto" de más de 250 personas al CECOT, la aceptación por parte de El Salvador y la posterior reubicación de los venezolanos a su país en julio, mediante un intercambio bilateral.
Lo que continúa en disputa —y que las organizaciones demandantes intentan dilucidar en tribunales— son las responsabilidades legales, institucionales y políticas de las decisiones que permitieron los traslados, la posible vulneración de derechos (incluida la protección frente a la tortura y el acceso a procesos justos), y las implicaciones de negociar deportaciones con terceros países donde la supervisión y las garantías son limitadas o inexistentes. Asimismo, el uso de normas como la Alien Enemies Act y su interpretación quedan bajo revisión judicial.
El caso resume un conflicto contemporáneo: el esfuerzo por gestionar flujos migratorios mediante acuerdos bilaterales opacos y condicionados —a veces entre potencias y Estados con déficits institucionales— frente a imperativos de transparencia, protección y derecho internacional. Mientras el Ejecutivo salvadoreño exhibe indicadores de reducción de violencia y resultados judiciales de alto impacto, el expediente abierto por las expulsiones de marzo de 2025 recuerda que las políticas de seguridad y control migratorio no se agotan en los números; su legitimidad también depende de la observancia de garantías fundamentales.
La difusión de estos documentos, gracias al litigio de organizaciones civiles, ofrece ahora a la opinión pública y a las instancias judiciales la oportunidad de examinar decisiones que vinculan política migratoria, cooperación internacional, ego estatal y derechos humanos. Esa revisión, según advirtieron las entidades demandantes, no debería haber sido necesaria para conocer hechos que afectan la vida y la integridad de migrantes y que, por su alcance, requieren escrutinio público.
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