Fiscalía de Honduras irrumpe en el CNE para investigar supuesta "conspiración electoral", un hecho sin precedentes en la historia democrática reciente
- Jairo Videa
- 30 jul
- 5 Min. de lectura
Equipos especializados procedieron al secuestro de documentos relacionados con el proceso electoral en curso, cumpliendo una orden judicial y en presencia de representantes del Ministerio Público. La operación también estaría vinculada a la carta de renuncia presentada recientemente por la todavía consejera Ana Paola Hall, en la que denunció presiones indebidas y posibles actos de corrupción dentro del organismo independiente.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
En una medida sin parangón desde el retorno a la democracia en 1980, el fiscal general de Honduras, Johel Antonio Zelaya, ordenó este miércoles 30 de julio de 2025 la intervención inmediata del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con el objetivo de investigar denuncias de una posible "conspiración para sabotear el proceso electoral en curso". El operativo se ejecutó desde las nueve de la mañana, cuando agentes de la ATIC ingresaron a las instalaciones del CNE en Tegucigalpa. La acción fue confirmada a las 10:42 a.m. por el equipo de verificación de COYUNTURA, y tuvo como propósito el secuestro de documentación oficial relacionada con supuestas irregularidades, entre ellas presiones internas, actos de extorsión y sabotaje al cronograma electoral, presuntamente cometidos por los tres consejeros del organismo independiente: Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa.
"La justicia llegará hasta donde tenga que llegar", afirmó Zelaya en una comparecencia pública transmitida en vivo la mañana de hoy. El fiscal fue categórico al afirmar que no permitirá "una conspiración contra las elecciones generales" programadas para el domingo 30 de noviembre y advirtió que la obstrucción al proceso será enfrentada con todo el peso de la ley. Durante su declaración, el fiscal anunció que los tres consejeros del CNE recibirán citaciones formales y deberán responder sin dilaciones. "No queremos informes de auditorías privadas como respuesta, eso es una falta de respeto a la institucionalidad", enfatizó. De no comparecer, aseguró que se procederá conforme al marco legal vigente.
Zelaya también recordó que ya existe una denuncia penal en curso por un incidente ocurrido el 9 de marzo pasado, en el que militares transportaron maletas electorales sin conocimiento de su contenido. "Todo eso se une ahora con lo que está sucediendo", apuntó, sugiriendo que los indicios de intervención indebida en el proceso electoral se han venido acumulando.
La ATIC incauta documentos clave
La diligencia en el CNE fue ejecutada bajo autorización judicial. Los agentes de la ATIC realizaron el secuestro de archivos físicos y digitales que, según el Ministerio Público, serán claves para esclarecer si hubo violaciones a la ley, conspiración entre altos funcionarios y coordinación con actores externos al sistema democrático. Zelaya instruyó expresamente al director de la ATIC que “no deje ningún documento” sin examinar y, en caso de encontrarse con resistencia por parte de funcionarios, ordenó su detención inmediata. "No vamos a permitir que se siga obstruyendo el proceso electoral", reiteró.
Fuentes dentro del Ministerio Público confirmaron a esta Redacción que los materiales recabados serán sometidos a un análisis técnico y forense para establecer responsabilidades y, de ser necesario, formular requerimientos fiscales.
La intervención se produce en un contexto de aguda crisis interna en el CNE. La carta de renuncia de la todavía consejera Ana Paola Hall, presentada días atrás, sirvió de detonante para las investigaciones, pues en ella se denunciaban presiones externas y posibles actos indebidos dentro del organismo.
A las 10:49 a.m., la consejera Cossette López, una de las señaladas por el fiscal, denunció a través de un comunicado público que "fuerzas externas al CNE intentan obstaculizar el desarrollo normal de las sesiones". Afirmó que las amenazas al proceso electoral provienen de "sectores instalados dentro de la propia institucionalidad del Estado".
López cuestionó la imparcialidad de la Fiscalía y sugirió que si realmente se desea investigar las conspiraciones, también deben incluirse las declaraciones públicas del fiscal y las acciones emprendidas desde otras instituciones.
"Es insostenible continuar trabajando en el CNE en un ambiente sin garantías legales ni democráticas. A pesar de las amenazas directas contra mi vida y mi libertad, he permanecido firme en mi compromiso con la ley, el proceso electoral y la democracia. Pero hoy, la amenaza ya no es solo institucional: es personal, y ocurre en absoluto desamparo de legalidad", agregó López esta mañana.
Garantías democráticas en juego
Más allá de las acusaciones puntuales, el fiscal Zelaya manifestó su supuesta preocupación por lo que describió como una "parálisis del cronograma electoral" y alertó sobre la influencia de "grupos externos" en las decisiones internas del CNE. "Los que están obedeciendo a esos grupos son los que van a pagar", sentenció. En su intervención, también hizo referencia al Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), el cual —según advirtió— debe operar conforme a la ley y bajo estrictos principios democráticos. Cualquier desviación de esos estándares sería considerada como una maniobra de sabotaje.
Zelaya, aliado de la presidenta Xiomara Castro y el oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), insistió en que el Ministerio Público está actuando "sin distinción de colores políticos" y reiteró su compromiso de garantizar elecciones transparentes. "Es necesario ponerle un alto a esta conspiración. El pueblo merece elecciones libres, limpias y sin manipulación", concluyó.
La decisión del fiscal general marca un punto de inflexión en la historia política e institucional reciente de Honduras. Nunca antes un órgano constitucional autónomo como el CNE había sido objeto de una intervención directa por parte del Ministerio Público en medio de un proceso electoral, tan complejo como polarizado.
La judicialización de las tensiones internas del Consejo Electoral plantea serias interrogantes sobre el futuro de las elecciones generales y el equilibrio de poderes en la democracia hondureña. Mientras tanto, los actores políticos y la ciudadanía observan con expectativa y preocupación el desarrollo de esta crisis institucional, cuyo desenlace aún es incierto.
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