Gobierno de Honduras usaría dinero estatal para cubrir deuda privada de Koriun Inversiones
- Jairo Videa
- hace 15 horas
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El exministro de Defensa, exfiscal y jurista experto, Edmundo Orellana, advirtió que pagar con fondos públicos a los afectados sería ilícito y una violación a la Constitución. "Si la presidenta Xiomara Castro le paga a los socios de Koriun Inversiones con dinero del Estado, está cometiendo un delito", declaró Orellana, agregando que esto podría sentar un peligroso precedente legal que aliente futuras demandas similares.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
El escándalo financiero desatado por las operaciones irregulares de la empresa Koriun Inversiones ha generado un amplio debate social, político y jurídico en Honduras. Miles de ciudadanos, especialmente de los departamentos de Choluteca, Copán, Olancho y Santa Bárbara, han quedado en la incertidumbre tras depositar sus ahorros en esta empresa, que no contaba con la autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para captar fondos del público, aunque ejerció operaciones libremente hasta esta semana. El Estado, encabezado por el oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE) ha anunciado su intención de respaldar a las y los afectados con recursos públicos, pero esta decisión ha provocado un intenso cuestionamiento sobre su legalidad y pertinencia.
El presidente de la CNBS, Marcio Sierra, informó que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro prepara un proyecto de ley que será enviado con carácter de urgencia al Congreso Legislativo. La iniciativa, según Sierra, busca "asistir" a los afectados mediante el uso de fondos del Presupuesto Nacional. Este anuncio se produce en medio de una creciente presión ciudadana, reflejada en manifestaciones multitudinarias en distintos puntos del país centroamericano.
En una de las protestas más significativas, unas 2,300 personas bloquearon la carretera internacional CA-4, en el municipio de Nueva Arcadia, Copán, exigiendo respuestas claras sobre el destino de su dinero, el jueves 15 de mayo de 2025. La manifestación fue desalojada por fuerzas policiales que emplearon vehículos blindados tipo Black Mamba y equipo antimotines, aunque no se reportaron mayores enfrentamientos. La tensión, sin embargo, persiste, ya que los afectados se sienten ignorados por las autoridades competentes.
Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, respaldó públicamente la iniciativa gubernamental al señalar que, de no recuperarse el dinero por la vía legal, el gobierno estaría dispuesto a compensar a los perjudicados con fondos públicos. Esta declaración ha sido motivo de controversia, especialmente ante las críticas de abogados constitucionalistas que advierten sobre las posibles implicaciones legales de tal medida.
El abogado Carlos Chajtur ha sido uno de los más críticos con esta propuesta, advirtiendo que el uso de recursos públicos para compensar a inversionistas privados viola la Constitución de la República. Chajtur señala que el Artículo 356 garantiza el pago únicamente de la deuda pública contraída por gobiernos constitucionales, mientras que el Artículo 321 prohíbe a los funcionarios ejercer atribuciones no otorgadas por la ley.
En la misma línea, el exministro de Defensa, exfiscal y jurista experto, Edmundo Orellana, sostiene que el Estado no puede asumir deudas derivadas de negocios privados no regulados. Según Orellana, el pago con fondos públicos no solo sería ilegal, sino que sentaría un peligroso precedente que podría alentar a otros inversionistas perjudicados por fraudes similares a exigir compensaciones estatales.
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, también rechazó esta semana la idea de destinar recursos públicos al pago de inversiones fallidas. A su juicio, se trata de decisiones personales que, aunque lamentables, no pueden ser asumidas por el Estado. Además, advirtió que apoyar financieramente a los afectados con recursos públicos desviaría fondos destinados a proyectos esenciales en salud, educación y seguridad, en medio de necesidades extremas.
El debate en torno a Koriun Inversiones ocurre en un contexto político complejo para el gobierno de Xiomara Castro, que enfrenta crecientes cuestionamientos sobre su gestión económica. La medida de asistir a las y los afectados, aunque bien recibida por algunos sectores, también ha sido percibida como una estrategia electoral para mitigar el descontento social.
En el Poder Legislativo, LIBRE se muestra un tanto dividido. Mientras que Redondo apoya la propuesta gubernamental, otros diputados del mismo partido, como Ramón Barrios, se oponen firmemente al uso de fondos públicos para compensar inversiones privadas fallidas. Para Barrios, esta situación revela una falta de educación financiera que no puede ser costeada por el Estado. La oposición, por su parte, desde el Partido Nacional de Honduras (PNH) y el Partido Salvador (PSH), ha calificado el proyecto de ley como una maniobra irresponsable que podría comprometer la estabilidad fiscal del país. Desde sectores académicos y sociales, se cuestiona si el gobierno está cediendo a la presión popular sin considerar el impacto financiero a largo plazo.
En medio del revuelo, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado ha intensificado las acciones legales contra los responsables de Koriun Inversiones, semanas después de una débil intervención inicial y la confiscación de mucho dinero. Iván Abad Velásquez Castro, gerente de la empresa, fue capturado el miércoles y enfrenta cargos por lavado de activos, portación ilegal de armas y desobediencia. Su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, también fue detenida, el jueves, bajo acusación de lavado de activos.
El Ministerio Público (MP) ha advertido que detrás de Koriun podrían operar redes criminales vinculadas al lavado de dinero, lo que pone en duda la posibilidad de recuperar los fondos "faltantes" de manera rápida o sencilla. A medida que avanza la investigación, surgen más cuestionamientos sobre cómo fue posible que una empresa no regulada captara recursos de tantos ciudadanos sin que las autoridades financieras emitieran alertas tempranas, desde hace al menos cinco años.
El caso Koriun Inversiones plantea una interrogante fundamental sobre el papel del Estado frente a esquemas financieros irregulares. ¿Debe el gobierno asistir a los afectados cuando estos asumieron riesgos evidentes al invertir en una empresa sin regulación? ¿O debe limitarse a garantizar el cumplimiento de la ley sin comprometer los recursos públicos en un rescate financiero de dudosa legalidad?
Mientras las autoridades continúan discutiendo el contenido del proyecto de ley, miles de afectados permanecen a la espera de soluciones concretas. Es más, han entregado documentación de manera informal para "validar" con el Estado —a través de la Fiscalías— los recursos que invirtieron, copias de cédulas de identidad y papeles con números de contacto. Sin embargo, el dilema ético y jurídico permanece vigente y crece: ¿es justo que el conjunto de la ciudadanía financie los errores de inversión de algunos? La respuesta a esta pregunta no solo definirá el futuro inmediato del caso Koriun, sino también el precedente legal que quedará para enfrentar futuros fraudes financieros en Honduras.
¿Cuánto hace falta entonces?
Hugo Maldonado, presidente del Comité para Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), aseguró que las y los verdaderos responsables detrás de Koriun Inversiones permanecerán en el anonimato, incluso tras las cuatro órdenes de captura libradas hasta el cierre de este texto contra sus administradores. Maldonado señaló que la constitución de la financiera se formalizó a través de un comerciante individual originario de Olancho, Velásquez Castro, pero subrayó que "nunca se dará con el idealista de este proceso".
Velásquez enfrentará audiencia inicial el próximo lunes 19 de mayo. Mientras tanto, las autoridades intentaron rastrear el dinero retirado por el gerente en un operativo que incluyó ocho horas de recorridos por distintas instituciones bancarias en San Pedro Sula. Según informes, Velásquez transportó 63.3 millones de lempiras a las oficinas de Koriun en Choloma, con vigilancia policial y militar, donde se iniciaron pagos parciales a los inversionistas.
El proceso, supervisado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Ministerio Público, fue caótico. A pesar de la promesa de reembolso, solo un 15 % del capital fue entregado a algunos inversionistas antes de que el efectivo desapareciera otra vez, según fuentes consultadas por este medio. Para la mañana del miércoles 14 de mayo, solo quedaban cuatro cajas con billetes de baja denominación en las oficinas de Koriun en Choloma.
La incertidumbre crece entre los socios, quienes tomarán nuevamente la carretera internacional en protesta por la falta de respuestas concretas, hoy, viernes 16 de mayo. A esto se suman las investigaciones sobre el paradero de 85,000 dólares encontrados en las oficinas de Koriun y otros 50,000 que Velásquez tenía en su vehículo. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) también reportó el hallazgo de 350,000 lempiras en una vivienda frecuentada por Velásquez en San Manuel, Cortés.
Las investigaciones continúan mientras la incertidumbre persiste, y el verdadero cerebro detrás del esquema financiero sigue siendo un misterio.
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