Consejeros ausentes y bloqueos de LIBRE ponen en jaque las elecciones de noviembre en Honduras. Oficialismo dice que "paralizará" el país
- Jairo Videa
- 14 jul
- 9 Min. de lectura
Según el artículo 14 de la Ley Electoral, los consejeros tienen el deber de asistir a las sesiones, mientras que el artículo 25 define las ausencias injustificadas como aquellas sin causa previa y justificada, permitiendo que un suplente ocupe el cargo temporalmente. No obstante, la normativa no especifica un número exacto de inasistencias para que se apliquen sanciones severas. El exmagistrado Dennis Gómez advirtió que las ausencias injustificadas pueden derivar en delitos como la obstrucción del cronograma electoral, con penas de hasta seis años de prisión, aunque matizó que los delitos electorales prescriben en cuatro años.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
La institucionalidad electoral hondureña atraviesa una de sus peores crisis en años. A menos de cuatro meses de las elecciones generales del domingo 30 de noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) permanece entrampado en un conflicto político, institucional y operativo que amenaza con descarrilar por completo el cronograma comicial o, peor aún, llevar la contienda y el sistema a un campo judicial inédito en el país centroamericano. La negativa reiterada del consejero propietario Marlon Ochoa, del oficialista partido Libertad y Refundación (LIBRE), de asistir a las sesiones del pleno, ha desencadenado una cadena de ausencias, bloqueos y acusaciones que ya tienen paralizado el proceso desde el lunes 07 de julio hasta hoy, lunes 14 de julio.
La presidenta del órgano electoral, Cossette López-Osorio, confirmó que el pleno no pudo instalarse por cuarta vez consecutiva la semana pasada debido a la inasistencia del consejero suplente Carlos Enrique Cardona, convocado para sustituir a Ochoa. Sin mayor justificación, Cardona también desestimó su participación en la sesión convocada para el jueves por la noche, en la que solo estuvieron presentes las consejeras Cossette López (Partido Nacional) y Ana Paola Hall (Partido Liberal). A pesar de agotar todos los mecanismos reglamentarios para garantizar el quorum, los intentos de reactivar el trabajo del CNE han sido infructuosos.
La ausencia sistemática de Ochoa y Cardona obligó a la presidencia del Consejo a convocar a una tercera suplente, Karen Patricia Rodríguez, quien tampoco asistió a la plenaria. En su lugar, tanto Rodríguez como Cardona ofrecieron una conferencia de prensa en la que calificaron de "ilegal" la convocatoria, acusando a las consejeras propietarias de pretender "legalizar decisiones ilegales" en materia de transmisión de resultados.
TREP y el fantasma del fraude
El centro del conflicto gira en torno a la implementación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), clave para la transparencia y legitimidad de los comicios. El consejero Marlon Ochoa se ha opuesto vehementemente a la contratación del proveedor que facilitaría este sistema, todavía no seleccionado, bajo el argumento de que sus colegas Cossette López-Osorio y Ana Paola Hall intentan replicar el modelo fraudulento del exmagistrado David Matamoros Batson, quien dirigió el desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante los procesos electorales de 2013 y 2017.
Ochoa sostiene que las modificaciones propuestas al TREP no respetan los plazos y procedimientos establecidos por la Ley Electoral, y afirma que "pretenden revivir esquemas de manipulación de resultados". Sin embargo, su negativa a participar en las sesiones ha sido interpretada como una maniobra dilatoria para impedir que se avance en el cronograma, y en la contratación misma del TREP, la Biometría y la Auditoría Externa.
"Hasta el lunes 07 de julio, el cronograma electoral avanzaba. Pero ese día, las ofertas para el sistema de transmisión TREP no pudieron ser recibidas porque militantes de LIBRE bloquearon el ingreso al CNE", denunció la presidenta López en su cuenta de X, señalando directamente a colectivos oficialistas por sabotear el proceso.
La tensión escaló un poco más cuando el diputado y dirigente de LIBRE, Rasel Tomé, advirtió que el partido gobernante "paralizará el país" si no se impone su voluntad dentro del CNE. En un encendido mensaje publicado en las redes sociales digitales, Tomé, exprecandidato presidencial, denunció un supuesto intento del bipartidismo (Nacional y Liberal) por fraguar un fraude electoral similar a los de 2013 y 2017.
"El pueblo del partido LIBRE, la clase trabajadora, vamos a paralizar este país si es necesario, porque el país le pertenece al pueblo y vamos a detener sus perversas intenciones. No pasarán. No a los fraudes", escribió el parlamentario, convocando a las bases a defender lo que calificó como "la democracia popular".
Estas declaraciones fueron interpretadas por sectores opositores como una amenaza directa contra el orden democrático y la independencia de los organismos electorales. El Partido Nacional, a través de un comunicado oficial, pidió la intervención del Ministerio Público (MP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para detener lo que consideran una tentativa de sedición, tipificada en el artículo 535 del Código Penal como un acto colectivo y violento contra la autoridad legalmente constituida.
Infografías compartidas por la consejera presidenta del CNE:
Además, invocaron el artículo 274 de la Constitución, que obliga a las Fuerzas Armadas a brindar protección al CNE para garantizar su funcionamiento, ante la pasividad que -según el Partido Nacional– han mostrado las autoridades frente a las acciones de los colectivos de LIBRE.
Implicaciones legales de las ausencias
La Ley Electoral de Honduras es clara: los consejeros del CNE tienen el deber y el derecho de asistir a las sesiones convocadas, y no pueden ausentarse sin causa justificada. Las ausencias injustificadas, como las que se atribuyen a Marlon Ochoa, Carlos Enrique Cardona y Karen Rodríguez, no solo paralizan el funcionamiento del organismo, sino que pueden acarrear consecuencias penales, civiles y administrativas.
El artículo 25 de la Ley Electoral establece que este tipo de inasistencias pueden constituir delitos electorales, especialmente si se demuestra que tienen la intención de obstaculizar el cronograma. El exmagistrado del TSE, Dennis Gómez, explicó que estas conductas podrían derivar en penas de hasta seis años de prisión bajo cargos como obstrucción del proceso electoral.
Por su parte, el exmagistrado Augusto Aguilar recordó que la presidenta del CNE tiene la facultad legal de convocar a los suplentes cuando un propietario se ausenta, y que la inasistencia injustificada a esas sesiones viola la normativa vigente desde la primera falta. Ambos expertos coinciden en que la ley contiene vacíos que dificultan la aplicación inmediata de sanciones, pero recalcan que la responsabilidad funcional de los consejeros es ineludible.
En medio del estancamiento institucional, el cronograma electoral ya sufre retrasos considerables. La presidenta del CNE ha advertido con vehemencia que las elecciones del 30 de noviembre "están en grave riesgo", y cuestionó si el país necesita más señales para despertar ante una amenaza concreta al ejercicio democrático.
"¿Cuántas señales más necesitamos para abrir los ojos?", preguntó López, quien ha pedido públicamente a las instituciones del Estado asumir su responsabilidad y proteger el proceso electoral.
La controversia también llegó al Congreso Legislativo, donde una sesión informativa con los consejeros se vio empañada por incidentes, altercados y un zafarrancho provocado por simpatizantes de LIBRE y el machismo de Ochoa. A la fecha, ni la Fiscalía ni las Fuerzas Armadas han emitido declaraciones formales, lo que ha generado un creciente malestar ciudadano por el silencio institucional frente al caos electoral.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, criticó con dureza los retrasos logísticos ocurridos en las elecciones primarias del domingo 09 de marzo, calificándolos de "irresponsabilidad" por parte del Consejo Nacional Electoral. Hernández demandó que el material electoral sea entregado al menos 48 horas antes de los comicios generales programados para el 30 de noviembre, y no de forma tardía como ocurrió en marzo, cuando el último lote fue despachado casi a las 11 de la noche, generando múltiples complicaciones en la apertura de los Centros de Votación.
Pese al caos registrado durante las primarias —incluyendo la circulación desorganizada de buses con material en Tegucigalpa y la falta de claridad en las rutas de distribución— Hernández aseguró que las Fuerzas Armadas garantizarán la transparencia, puntualidad y seguridad del proceso electoral de noviembre. Subrayó que, como lo establece la Constitución, las FF.AA. serán garantes de que las elecciones se realicen en orden, aunque también pidió al CNE y a todos los actores involucrados actuar con responsabilidad para evitar una repetición del colapso anterior.
¿Y ahora qué?
La consejera López-Osorio convocó de urgencia a sesión extraordinaria para hoy, lunes 14 de julio, a las 06:00 p.m., con una reunión de trabajo tres horas antes. El consejero Ochoa, mediante un mensaje de texto transmitido en vivo por el canal TSi, informó la noche del domingo 13 a una candidata a diputada del oficialismo que no asistirá a la jornada del CNE del que todavía es parte. Asimismo, Libertad y Refundación, a través del exmandatario Manuel Zelaya y la presidenciable oficialista Rixi Moncada llamaron a "planificación, preparación, protestas y movilizaciones nacionales contra el fraude electoral promovido por el bipartidismo".
Mientras tanto, el proceso electoral permanece paralizado, y con él, la posibilidad de unas elecciones transparentes, legítimas y competitivas.
La descomposición del CNE evidencia no solo la fragilidad del sistema electoral hondureño, sino también la profunda polarización que domina el escenario político, social e institucional. De no resolverse en los próximos días, la actual crisis no solo pondría en jaque las elecciones de noviembre, sino que podría desencadenar un conflicto judicial de grandes proporciones.
La ciudadanía, el Estado y la comunidad internacional observan con creciente preocupación un proceso electoral que, lejos de consolidar la democracia, podría convertirse en un detonante de inestabilidad para Honduras.
Congreso busca marcar distancia del caos pero acusa
Con un tono que alterna la defensa institucional y la confrontación política, el Congreso hondureño rompió el silencio y emitió una contundente declaración pública con la que pretende desmarcarse del caos que envuelve al proceso electoral. En el comunicado, el Legislativo se presenta como garante de la legalidad, subrayando que ha cumplido su rol con puntualidad y anticipación al aprobar una quincena de decretos clave, así como más de cuatro mil millones de lempiras destinados exclusivamente a garantizar elecciones generales y primarias transparentes.
Más allá de su reiterado compromiso con la democracia, el pronunciamiento del Congreso Nacional revela fisuras en la convivencia política al acusar directamente a las bancadas del Partido Nacional y del Partido Liberal de ejecutar un "plan preconcebido" para sabotear la sesión del miércoles. Según el documento, la estrategia habría incluido abandonar el hemiciclo de forma coordinada para impedir que el consejero Marlon Ochoa ejerciera su derecho a intervenir. La narrativa sitúa a Ochoa no como un actor que rehúye su responsabilidad en el CNE —como sostienen sus detractores—, sino como una víctima de exclusión deliberada en un espacio que debería ser plural y equitativo.
Paradójicamente, mientras el Congreso exige respeto por el marco normativo, los consejeros suplentes que responden a la línea de Libre han argumentado en los últimos días que el mismo Congreso y las consejeras propietarias del CNE pretenden vulnerar el orden jurídico vigente al modificar, fuera de plazo, los mecanismos de transmisión de resultados. Esto ha llevado a una confrontación de lecturas jurídicas sobre la legalidad de las sesiones del órgano electoral y, por extensión, sobre la legitimidad del proceso mismo. La afirmación del Congreso de que "no es cierto que no existen condiciones reales" se convierte, por tanto, en una pieza más dentro de una disputa narrativa por el control del relato público.
El Legislativo destacó como una "hazaña" la aprobación anticipada del presupuesto electoral, enfatizando que en años anteriores los fondos se liberaban apenas tres meses antes del evento. Sin embargo, la asignación financiera contrasta con la parálisis operativa del CNE, donde la ausencia de consensos y el incumplimiento de funciones han bloqueado la contratación del sistema TREP. La inversión no garantiza por sí sola la funcionalidad institucional, y la ejecución técnica del proceso depende de un pleno electoral que hoy se encuentra fracturado e inoperante.
El comunicado no oculta el desorden vivido en el hemiciclo, donde se reportaron daños materiales, violencia verbal y hasta la intervención de personas ajenas al Congreso, supuestamente integradas por una bancada opositora. El episodio más tenso fue protagonizado por la diputada María Antonieta Mejía, quien según la versión oficial arrancó el micrófono para impedir que Ochoa hablara. Este incidente se ha convertido en un símbolo de la fragilidad institucional: mientras unos acusan censura y sabotaje, otros denuncian provocación y manipulación.
Aunque el comunicado intenta proyectar imparcialidad institucional, su autoría —firmada por el presidente del Congreso, Luis Redondo, también de LIBRE— genera interrogantes sobre su real independencia. El llamado a "construir consensos verdaderos" y evitar el retorno a prácticas fraudulentas de 2013 y 2017 reproduce la retórica del oficialismo, que ha hecho del rechazo al "fraude histórico" uno de sus principales estandartes políticos y sociales. Así, el Congreso se posiciona no solo como árbitro del marco legal, sino como parte activa de la pugna por el relato de la democracia en Honduras.
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