Ramiro Muñoz Bonilla deja la Comisión Interventora del INP tras orden de la presidenta Xiomara Castro
- Redacción Central
- hace 20 horas
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En declaraciones pasadas, Muñoz afirmó que Honduras se encaminaba hacia una transformación profunda del sistema penitenciario, asegurando que los centros penales serían ejemplo a nivel internacional. "El que se aproveche del uniforme para violentar la ley va a terminar fuera del sistema o en un presidio", advirtió en marzo de este año.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
El general de brigada Ramiro Fernando Muñoz Bonilla confirmó este martes 15 de julio de 2025 su salida de la presidencia de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), tras recibir una solicitud directa de renuncia por parte de la mandataria Xiomara Castro. "Quien lo coloca en un cargo, también puede separarlo cuando lo considere conveniente", expresó el oficial durante una comparecencia pública, subrayando que su remoción obedeció exclusivamente a una instrucción presidencial. Recordó que su nombramiento original era por un año, aunque permaneció en funciones durante dos.
Durante su gestión, iniciada en junio de 2023 en medio de una crisis carcelaria marcada por la masacre de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), el general lideró una serie de reformas y operativos orientados a recuperar el control estatal en los centros penitenciarios. Muñoz destacó que, bajo su administración, "como nunca antes en la historia", se desarticularon estructuras del crimen organizado dentro de las cárceles.
También agradeció el respaldo de la presidenta y del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, aunque trascendió que su relación con este último fue tensa debido a posturas críticas del general Muñoz frente al rol institucional de las Fuerzas Armadas en la actual administración.
Pese a su salida del INP, Muñoz dejó claro que no se apartará de las Fuerzas Armadas. Según fuentes cercanas, en la reunión sostenida con Castro, el general puso a disposición su cargo penitenciario, pero no su investidura militar.
La gestión del general Muñoz se caracterizó por una estrategia de intervención directa en los centros penales, con acciones como traslados masivos de reclusos, requisas, patrullajes, reorganización del personal, vigilancia tecnológica y operativos conjuntos con unidades de élite. Asimismo, se impulsó la instalación de bloqueadores de señal telefónica, videovigilancia y monitoreo de comunicaciones.
Entre los logros reportados en su informe de cierre, destacan una reducción de muertes violentas y fugas en las cárceles, la creación de la Unidad de Reacción Inmediata Penitenciaria (URIP), el fortalecimiento de los controles internos, la reorganización de la seguridad penitenciaria y la mejora en la gestión de datos institucionales.
También se avanzó en el proceso de descongestionamiento carcelario, con más de 6,300 egresos de privados de libertad gracias a la agilización de resoluciones judiciales y estudios técnicos de preliberación. En paralelo, se ejecutaron programas de rehabilitación, reeducación y reinserción (3Rs), junto con talleres de formación profesional, educación formal, trabajo penitenciario y la creación de una marca penitenciaria. Incluso se fundó la orquesta musical "La Libertad" como parte de los esfuerzos de reinserción.
En materia de infraestructura, se construyeron módulos, cocinas, aulas educativas, pabellones para visitas, bodegas y viveros en varios centros penales, especialmente en Támara, Morocelí e Ilama.
No obstante, su liderazgo también fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos, que denunciaron presuntos abusos durante las intervenciones en cárceles como El Pozo y La Tolva.
Aunque Muñoz aseguró que ya se nombró a su sucesor —un oficial "altamente profesional"—, evitó identificarlo. Recalcó que el control del sistema penitenciario sigue en manos de las Fuerzas Armadas, y pidió que se mantenga al margen de intereses políticos. "La prisión no es un tema político, es un tema de seguridad nacional", sentenció.
Con su salida, concluye una etapa de control militar sobre el sistema penitenciario marcada tanto por férreos operativos como por controversias, dejando como legado una estructura con mayores controles, pero aún bajo escrutinio nacional e internacional.
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