Honduras, con un reloj en cuenta regresiva, conflictos políticos y la urgencia de salvar el proceso democrático
- Jairo Videa
- 28 jul
- 6 Min. de lectura
El próximo paso está en manos del Congreso. Sin acuerdos, sin prórroga, sin adjudicación del sistema TREP y sin claridad sobre quién reemplazará a Ana Paola Hall en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Honduras se dirige a una elección general con serias deficiencias estructurales. La institucionalidad está a prueba y, con ella, la legitimidad del próximo gobierno.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
La democracia hondureña se encuentra en una encrucijada crítica. A menos de cuatro meses de las elecciones generales programadas para el domingo 30 de noviembre de 2025, el proceso de votación enfrenta una peligrosa combinación de desacuerdos políticos, fallas institucionales y retrasos técnicos que amenazan con deslegitimar la jornada en la que se renovará la Presidencia, el Congreso Legislativo y las 298 corporaciones municipales del país centroamericano.
Esta semana será clave para el parlamento hondureño, que tiene en sus manos tres decisiones fundamentales: aceptar la renuncia de la consejera electoral Ana Paola Hall, designar a su reemplazo y aprobar una prórroga para la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Estos pasos son urgentes, pero requieren una mayoría calificada de 86 votos en un Órgano Estatal que, hasta ahora, ha sido incapaz de superar sus propias disputas internas, con el oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE) usando la dirección de dicha entidad cómo tribuna ideológica e institucional.
Un Congreso paralizado, un proceso estancado
Pese a la urgencia del momento, la junta directiva del Congreso Legislativo aún no ha convocado a sesión. La inacción legislativa es vista por múltiples sectores como un reflejo del estancamiento político que caracteriza al actual período parlamentario. Las bancadas no solo están divididas por líneas partidarias, sino también por estrategias de presión mutua y concesiones cruzadas.
El Partido Nacional (PNH), a través de su jefe de bancada Tomás Zambrano, ha advertido que lo más urgente no es solo la renuncia de Hall, sino la prórroga para adjudicar el TREP. "El TREP, dice la ley, se debe adjudicar cuatro meses antes. Ese término vence este martes (29 de julio), y todavía el Consejo Nacional Electoral sabemos que no ha funcionado por culpa de LIBRE", expresó Zambrano, responsabilizando al oficialismo por el impasse institucional.
El problema es aún más grave: el CNE no ha recibido las ofertas de empresas proveedoras del sistema TREP, por lo tanto, no puede adjudicar nada. Para evitar caer en una ilegalidad, el organismo electoral solicitó al Congreso que le conceda más tiempo, lo cual solo puede ocurrir si los diputados sesionan y logran un acuerdo. El diputado liberal Yahvé Sabillón no descartó una convocatoria extraordinaria por parte de la oposición, en un intento por cumplir con los plazos antes de que expire el período estipulado por la ley.
Condicionamientos políticos y chantajes cruzados
La discusión sobre el TREP y la renuncia de Hall se ha convertido en un juego de presiones. La bancada del partido gobernante Libertad y Refundación ha condicionado sus votos al cumplimiento de varias exigencias: la reversión de lo aprobado el pasado 15 de junio sobre la segunda revisión de actas con irregularidades, la modificación al orden de precedencia en el Congreso y la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria.
"Eso (la renuncia de Ana Paola Hall) llega al Congreso Nacional del Partido Liberal sin haberse resuelto el problema del TREP, y si no se resuelve, nosotros no estamos dispuestos a resolver más problemas de nadie", declaró tajantemente el diputado oficialista Jari Dixon.
La tensión ha llegado a niveles insostenibles. La renuncia de Hall —quien representa al Partido Liberal (PLH) dentro del CNE— no puede ser aceptada sin un consenso multipartidario que, por ahora, no parece cercano, o fácil. Esta parálisis institucional impacta ya directamente en la integridad del proceso electoral, según analistas y abogados consultados por COYUNTURA.
CNE: disenso, bloqueo y reconciliación parcial
La raíz de la crisis se encuentra en el mismo organismo electoral. Durante casi un mes, el Consejo Nacional Electoral no pudo sesionar debido a la ausencia reiterada de Marlon Ochoa, el consejero afín al oficialismo, sin todavía implicaciones jurídicas desde el Ministerio Público (MP) a pesar de ser un "flagrante retraso al calendario para efectuar los comicios, que implica un delito". Su negativa a participar en las reuniones del pleno fue una reacción a la decisión unilateral de sus colegas Cossette López y Ana Paola Hall de aprobar un mecanismo de revisión manual de actas en Tegucigalpa antes de su publicación, un procedimiento que Ochoa consideró susceptible a fraude, en sintonía con el oficialismo y el expresidente Manuel Zelaya —coordinador de LIBRE y asesor de la presidenta Xiomara Castro—.
Las reuniones recién se reanudaron el viernes pasado, luego de seis intentos fallidos. La presidenta del CNE, Cossette López, confirmó que solicitarán al Congreso la prórroga del calendario electoral, específicamente en lo que respecta al sistema TREP y otros hitos clave que no se han cumplido.
Denis Gómez, exmagistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), reconoció la reanudación de las sesiones del CNE como un paso positivo, aunque tardío. Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), lamentó que los intereses partidarios sigan dominando las decisiones del ente electoral: "no queremos más manos peludas de ningún partido porque al final solo buscan sus intereses".
La OEA interviene: mediación ante el colapso
La gravedad del escenario llevó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a enviar una misión de observación y diálogo encabezada por el excanciller paraguayo Eladio Loizaga. La misión llegó este domingo 27 de julio a Tegucigalpa con el objetivo de "escuchar a todos los actores involucrados y contribuir a construir un clima de confianza durante la etapa preelectoral".
El embajador hondureño ante la OEA, Roberto Quesada, confirmó que los enviados se reunirán con el canciller Javier Bu y con la presidenta Xiomara Castro. La visita ocurre en un momento de crispación política, protestas callejeras y fuerte polarización entre oficialismo y oposición. El abogado y analista Miguel Cálix ve la intervención como una posible vía para "destrabar el conflicto" mediante una mediación institucional.
Asfura moviliza a la oposición
En paralelo a las negociaciones institucionales, el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura, encabezó una masiva marcha ayer, en la capital hondureña, bajo la consigna de "defender la democracia". Ante miles de simpatizantes, Asfura aseguró que su movimiento está listo para participar en las elecciones, pero advirtió sobre intentos de imponer "ideologías fracasadas" desde el oficialismo.
"Hoy no es partido, lo que ustedes miran aquí son hondureños, amantes de la democracia", expresó. El líder nacionalista pidió a la ciudadanía salir a votar, sin importar por quién, "porque lo importante es defender la democracia". Asfura compite con la candidata oficialista Rixi Moncada y con Salvador Nasralla, del PLH, en un contexto electoral cargado de incertidumbre y polarización crispante.
Fuerzas Armadas: bajo control, pero no subordinadas
En medio de la tensión, el papel de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) también fue tema de debate este fin de semana. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, aclaró que el cuerpo castrense está "a disposición" del CNE, pero no "a órdenes". "Lo que diga cualquier otra persona está malinterpretando lo que dice el diccionario", enfatizó, asegurando que el Ejército actuará conforme a lo que establezca la presidenta Xiomara Castro, como comandante general de las FF.AA. en Honduras.
Hernández recordó que el cronograma electoral es responsabilidad del CNE y que la entrega de material electoral —clave para evitar las demoras vistas en las primarias de marzo— está programada para realizarse 48 horas antes del 30 de noviembre.
El reloj avanza
Con el plazo legal para adjudicar el TREP venciendo en horas y sin una sesión parlamentaria a la vista, el país se encuentra al borde de una crisis institucional que podría comprometer la transparencia del proceso electoral. Lo que está en juego no es solo un sistema informático, sino la confianza ciudadana en la democracia hondureña.
Si el Congreso no actúa con responsabilidad y prontitud, si el CNE no supera sus divisiones, y si los actores políticos continúan privilegiando sus intereses sobre el bien común, las elecciones de noviembre corren el riesgo de celebrarse en un ambiente de desconfianza, caos logístico y legitimidad debilitada. En un país marcado por profundas fracturas, el tiempo para corregir el rumbo se agota. Se agota y se agota.
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