Honduras está al borde del colapso electoral: allanamientos, renuncias y represión sacuden al CNE a 122 días de los comicios generales
- Jairo Videa
- 31 jul
- 5 Min. de lectura
La crisis electoral escaló aún más cuando el miércoles simpatizantes y diputados del Partido Liberal de Honduras (PLH) protestaron frente al Congreso Nacional para exigir elecciones limpias y rechazar la supuesta concentración de poder por parte de la familia Zelaya. Al grito de "¡Fuera el familión!", los manifestantes fueron reprimidos violentamente por fuerzas policiales, dejando varios heridos, incluida la activista Julia Talbott y los diputados Iroshka Elvir y Jorge Cálix.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
A cuatro meses de las elecciones generales del próximo domingo 30 de noviembre de 2025, Honduras atraviesa una profunda crisis institucional, social y política que pone en jaque la integridad del proceso de votación. Según documentación del equipo de COYUNTURA, desde el lunes 07 de julio, el cronograma oficial se encuentra paralizado, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta presiones judiciales, interferencias partidarias y creciente polarización.
La situación alcanzó un nuevo nivel de tensión ayer, miércoles 30 de julio, cuando la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), por orden del fiscal general Johel Zelaya, allanó las instalaciones del CNE. La operación, que se realizó con sigilo y sin previo aviso, incluyó el secuestro de documentos en dependencias clave como la Secretaría General y la Unidad de Compras y Contrataciones (UCCE). El Ministerio Público (MP) argumenta que investiga una supuesta conspiración entre los tres consejeros del CNE y su posible vínculo con actores involucrados en el proceso electoral de 2017, y "presiones" indebidas.
Zelaya afirmó que "hay un CNE que no está respondiendo a los intereses del país" y señaló que las denuncias incluyen cargos como traición a la Patria, abuso de autoridad y prevaricato administrativo. El posible cambio de calidad procesal de los tres consejeros —de testigos a investigados— podría aumentar las sospechas de una judicialización del proceso electoral.
Dimisión y denuncias de intimidación
La crisis interna en el CNE se agravó el viernes 25 de julio de 2025 con la renuncia de la consejera Ana Paola Hall, quien en su carta dirigida al Congreso Nacional denunció "ataques sin precedentes" y la imposibilidad de continuar trabajando ante la negativa de sus colegas a sesionar por falta de unanimidad sobre la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). La consejera también denunció un ambiente de intimidación institucional.
Aunque la renuncia fue rechazada —sin votación del pleno— por orden del presidente del Congreso Legislativo, Luis Redondo, quien además solicitó una investigación a la Fiscalía sobre las denuncias contenidas en la misiva, el gesto evidenció una fractura cada vez más profunda dentro del organismo electoral.
Por su parte, Cossette López, consejera presidenta del CNE, calificó el allanamiento como un acto de injerencia y denunció que "las amenazas contra el proceso electoral provienen de sectores instalados dentro de la propia institucionalidad del Estado". Horas después, al conocerse que también sería cuestionada por el Ministerio Público, publicó en la red X: "es insostenible continuar trabajando en el CNE en un ambiente sin garantías legales ni democráticas".
López afirmó haber recibido amenazas directas contra su vida y su libertad, y reiteró su compromiso con la legalidad y el proceso electoral, pocos días después del fallecimiento de su hermano. La funcionaria cuenta con el respaldo del personal del CNE, que se manifestó afuera de las oficinas del organismo bajo la consigna: "no estás sola".
Protestas, represión y heridas
El miércoles 31 de julio, la crisis institucional se trasladó a las calles. Diputados y simpatizantes del Partido Liberal de Honduras (PLH) se concentraron en los bajos del Congreso Nacional en Tegucigalpa para exigir el respeto al calendario electoral y rechazar lo que consideran un intento de concentración de poder por parte del oficialismo. Con pancartas de "¡Fuera el familión!" y gritos de apoyo al presidenciable Salvador Nasralla, los manifestantes expresaron su rechazo a la creciente influencia de la familia Castro-Zelaya en los Poderes del Estado.
La manifestación derivó en un violento enfrentamiento con la Policía Nacional. Diputados liberales, liderados por Jorge Cálix, intentaron ingresar al Congreso a bordo de un bus del transporte urbano, pero fueron bloqueados por un fuerte contingente policial. En la refriega, resultaron heridos varios manifestantes, entre ellos la activista Julia Talbott, quien sufrió una lesión en el brazo.
El Partido Liberal de Honduras calificó la represión como una "vergonzosa muestra de autoritarismo" del gobierno de Xiomara Castro y denunció la violación de derechos humanos en contra de quienes protestaban pacíficamente. El comunicado oficial exigió una investigación inmediata e imparcial sobre los hechos y la garantía de no repetición.
La protesta y la represión recibieron atención internacional. La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que realiza una visita preliminar en el país, emitió un comunicado expresando su "profunda preocupación" ante las denuncias de presiones e injerencias externas contra los consejeros del CNE. La MOE enfatizó que las autoridades electorales deben poder ejercer sus funciones "libres de intimidación y excesiva intervención judicial".
"El desarrollo pacífico del proceso electoral está en riesgo", advirtió la misión encabezada por el excanciller paraguayo Eladio Loizaga, quien instó a los actores políticos a moderar el tono del discurso, evitar la judicialización y garantizar condiciones equitativas para todas las candidaturas.
El desafío democrático
El sistema de TREP, pieza clave para la transparencia del escrutinio, no ha podido ser adjudicado debido a que, semanas atrás, colectivos del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE) impidieron la entrega de propuestas técnicas por parte de empresas oferentes. Esta situación contraviene el calendario establecido por ley y ha exacerbado la desconfianza entre los actores políticos.
El bloqueo institucional, la persecución judicial de autoridades electorales, la violencia en las calles y la falta de garantías legales forman parte de un cóctel explosivo que amenaza con comprometer la legitimidad del proceso electoral en Honduras.
En medio de la incertidumbre, los llamados a la vigilancia ciudadana se intensifican. "¡El derecho a protestar no se negocia! ¡La democracia se defiende en las calles y en las urnas!", concluye el comunicado del Partido Liberal, mientras la MOE/OEA ratifica su compromiso de acompañar el proceso con una misión robusta que abarcará todo el territorio nacional, aunque por ahora se marcha, hasta nuevo aviso.
Honduras se aproxima a una encrucijada histórica. El país necesita, más que nunca, instituciones fuertes, imparciales y protegidas del asedio político y los extremismos, para garantizar que la voluntad popular se exprese de manera libre y segura en las urnas.
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