Iglesias de Honduras convocan histórica caminata "sin políticos" en defensa de la democracia ante crisis en el ente electoral
- Jairo Videa
- 18 jul
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El candidato presidencial Salvador Nasralla —quien ahora corre bajo la bandera del Partido Liberal— volvió a encender la polémica al comparar el escenario electoral hondureño con el de Venezuela. En una serie de publicaciones en la red social digital X (antes Twitter), acusó al partido oficialista Libre de "malgobernar" y poner en riesgo la economía nacional mediante un proceso electoral que, a su juicio, carece ya de transparencia. Los gritos de "fraude" allanan un camino peligroso.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
A escasos 135 días de las elecciones generales programadas para el domingo 30 de noviembre de 2025, Honduras vive un momento decisivo para su democracia. Mientras crecen las tensiones en el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras la todavía no oficial renuncia de una de sus consejeras, las dos principales instituciones religiosas del país centroamericano —la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica— han hecho un llamado conjunto sin precedentes en la historia reciente de Centroamérica: una "caminata nacional" por la democracia, la justicia y la paz, que excluye explícitamente a los actores políticos.
El evento, previsto para el sábado 16 de agosto de 2025, busca movilizar a miles de personas a nivel nacional bajo un lema claro: caminar en unidad y sin intereses partidistas. Esta iniciativa se desmarca de cualquier agenda ideológica que predomina en Honduras y propone una intercesión espiritual por el respeto a la voluntad popular, el fortalecimiento del Estado de derecho y la estabilidad institucional.
"Vamos a caminar juntos, en paz y esperanza, para expresar nuestro deseo de una Honduras de justicia, libertad, unidad, paz, desarrollo y respeto", expresa el comunicado firmado por ambas organizaciones religiosas este viernes 18 de julio.
El carácter inédito de esta convocatoria no radica solo en su tono espiritual o pacífico, sino en el contexto político-institucional en el que se enmarca: una crisis en el CNE, marcada por divisiones internas, presiones políticas y denuncias de intimidación que han encendido las alarmas tanto dentro como fuera del país. Una Presidencia que confronta y no llama al voto consciente, sino a la "continuidad" de un proyecto cada vez más autoritario. Un Legislativo que se cree juez y parte de todo, que amenaza y señala, mientras los legisladores gritan y pelean.
La caminata convocada por la iglesia católica y los sectores evangélicos representa un intento claro de frenar el avance de la polarización política que ha caracterizado el periodo preelectoral. El gesto cobra mayor simbolismo al excluir deliberadamente a los políticos, solicitándoles que se abstengan de participar para no empañar el sentido ciudadano y espiritual de la actividad.
"Rogamos a los señores y señoras candidatos(as) a cargos públicos que, para evitar malos entendidos, sean los únicos que no asistan ese día", reza el mensaje oficial.
Asimismo, se ha prohibido el uso de emblemas partidarios durante la caminata, estableciendo que la única insignia permitida será la Bandera Nacional, en un intento de rescatar un símbolo que trascienda las fracturas políticas e institucionales.
Este llamado a la unidad ocurre mientras el CNE atraviesa su momento más delicado desde su constitución. El miércoles 16 de julio, Ana Paola Hall, consejera propietaria y representante del Partido Liberal, anunció que ponía a disposición su cargo. La decisión fue acompañada de denuncias por presiones políticas, amenazas personales y campañas de desprestigio, señalando directamente al ambiente hostil dentro y fuera del órgano colegiado.
"La renuncia de Hall representa una señal de alarma sobre la integridad del proceso electoral", advirtió la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en un comunicado de esta semana, exigiendo garantías institucionales inmediatas y protección efectiva para las y los funcionarios electorales.
El sistema de rotación de la presidencia del CNE, pactado desde septiembre de 2024, establece que Cossette López ejercerá la presidencia hasta septiembre de este año, seguido por Hall y, posteriormente, Marlon Ochoa, representante del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE). La salida anticipada de Hall amenaza con romper ese delicado equilibrio.
Desde el Partido Liberal, el diputado Marlon Lara ha sido enfático: "eso se descarta, el sustituto que se nombre será quien asuma la presidencia, tal como fue pactado, y no Marlon Ochoa. El acuerdo de rotación debe respetarse".
El exmagistrado electoral Arístides Mejía también confirmó que el reemplazo que nombre el Partido Liberal debe heredar las responsabilidades y derechos de Hall, incluida la presidencia rotativa. No obstante, en medio de la fragilidad institucional, los vacíos normativos y la desconfianza, ese proceso se torna cada vez más complejo.
Las críticas al oficialismo no se han hecho esperar. Salvador Nasralla, candidato presidencial por el Partido Liberal, acusó al gobierno de conducir el país hacia un modelo similar al venezolano, advirtiendo que una elección sin transparencia podría hundir aún más la economía nacional, altamente dependiente de las remesas y exportaciones.
"Si es como el de Venezuela, ustedes condenarán a 10 millones de hondureños a pasar hambre para siempre", escribió Nasralla en la red social X, arremetiendo contra Marlon Ochoa y la también candidata presidencial de LIBRE, Rixi Moncada.
Las declaraciones se dan en un clima de creciente polarización, en el que los desacuerdos dentro del CNE, la inasistencia de Ochoa a las sesiones, y los intentos por modificar los acuerdos de rotación, son vistos por sectores de la oposición como un posible intento de control del órgano electoral.
La comunidad internacional ha comenzado a manifestar su preocupación. Organizaciones como WOLA han pedido a la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que vigilen de cerca el proceso electoral hondureño, no solo durante los comicios, sino en la etapa previa, clave para garantizar condiciones mínimas de transparencia y legitimidad.
WOLA también ha exigido que se investiguen las amenazas contra Hall y se sancione a los responsables, a fin de restaurar la confianza en la independencia del CNE. La organización alerta sobre el riesgo de que la ciudadanía pierda la fe en un proceso que debería ser pilar de la convivencia democrática, en un país que ha vivido una historia marcada por fraudes, golpes institucionales y crisis poselectorales.
Honduras se encuentra en un punto de inflexión. Mientras las iglesias hacen un llamado a la unidad espiritual y al respeto de la voluntad ciudadana, el sistema político muestra signos de desgaste, fragilidad y confrontación. La legitimidad del próximo proceso electoral dependerá no solo del conteo de votos, sino del ambiente en que se desarrolle, de la credibilidad de sus instituciones y del compromiso real de los actores políticos con las reglas del juego democrático.
La caminata del 16 de agosto podría convertirse en un punto de inflexión simbólico. En un país que ha normalizado la violencia política, la desinformación y el clientelismo, el simple acto de caminar juntos —sin consignas partidarias ni discursos proselitistas— podría representar un gesto poderoso: una ciudadanía que exige paz, verdad, transparencia y respeto por su derecho a elegir.
Si bien las iglesias no sustituirán a las instituciones electorales, su pronunciamiento sí refleja el grado de preocupación social que existe ante la deriva institucional. En un momento en que la democracia hondureña está a prueba, la ciudadanía, la sociedad civil y la comunidad internacional tienen la responsabilidad histórica de evitar que el proceso del domingo 30 de noviembre se convierta en otro episodio de crisis.
Como alertó WOLA, la legitimidad del proceso está en juego, y con ella, la posibilidad de construir una Honduras donde las elecciones no sean motivo de miedo, sino de esperanza.
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