Las Fuerzas Armadas de Honduras quieren "acceder" a los resultados presidenciales de las elecciones de noviembre
- Jairo Videa
- hace 4 días
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"Las Fuerzas Armadas han sido informadas que el Ministerio Público (MP) ha revelado audios que evidencian una conspiración criminal en marcha para manipular el transporte electoral, interferir en la transmisión de resultados y alterar la voluntad popular. Que lo sepan todos: ningún acto dirigido a sabotear la transparencia electoral, violar la soberanía del Pueblo o alterar la paz democrática será tolerado", escribió esta semana la mandataria Xiomara Castro.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
A 30 días de que las urnas definan el destino de Honduras, un nuevo eco de controversia resuena en los pasillos institucionales: las Fuerzas Armadas (FF.AA.), pilar de la estabilidad nacional según la Constitución Política, han extendido su mano hacia el corazón del proceso de votación, con una aspiración explícita por asomarse a los resultados presidenciales, aunque la Carta Magna no faculta al Ejército a tener acceso a las actas.
En un país donde la memoria colectiva aún guarda las cicatrices de intervenciones castrenses pasadas, esta solicitud irrumpe como un desafío directo a los pilares de la autonomía del Consejo Nacional Electoral (CNE), avivando temores sobre la pureza del veredicto popular en los comicios del domingo 30 de noviembre de 2025.
El detonante surgió el viernes 24 de octubre, durante una reunión protocolar entre el alto mando militar y los directivos del CNE. El general Roosevelt Hernández, al frente del Estado Mayor Conjunto, elevó una petición verbal: que las tropas reciban copias inmediatas de las actas elaboradas por las Juntas Receptoras de Votos (JRV) exclusivamente en el ámbito presidencial.
"Muy respetuosamente le dije al pleno que participáramos nosotros, las Fuerzas Armadas, en la parte de que nos compartieran los resultados de las Juntas Receptoras de Votos; solo nos interesa un acta, como reza la Constitución, que es el acta presidencial", declaró Hernández en una entrevista posterior, enfatizando que esta medida pretende "blindar elecciones limpias, confiables y que no se robe la voluntad popular del ciudadano".
El traslado de materiales electorales, que las FF.AA. ejecutarán desde el jueves 20 hasta el viernes 28 de noviembre conforme al itinerario del CNE, se presenta como el telón de fondo de esta iniciativa, pero el general insistió en que, post-elecciones, las instituciones castrenses podrían emprender un escrutinio paralelo de esas actas, invocando una interpretación del artículo 272 constitucional.
Esta disposición no es un capricho aislado; hace siete meses, después de las entorpecidas votaciones primarias del domingo 09 de marzo de 2025, Roosevelt aseguró que el órgano de seguridad sería "mejor gestor" del proceso civil. Las Fuerzas Armadas, como establece el numeral 272 de la Constitución de 1982, se erigen como una entidad "permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante". Su concurso en los comicios se circunscribe a funciones operativas: resguardar el material sensible, transportarlo a lo largo de los 18 departamentos y velar por el orden público durante la jornada.
Desde un mes antes de que los votantes depositen sus preferencias —es decir, desde el jueves 30 de noviembre—, el Poder Ejecutivo pone a las FF.AA. a disposición del CNE para estos fines estrictos, hasta la proclamación oficial de los ganadores. En ediciones anteriores, como las de 2021, este rol se cumplió sin fisuras aparentes en el conteo, aunque no exento de sombras por irregularidades logísticas en el presente año. Ahora, la propuesta de Hernández trasciende esa barrera, posicionando al Ejército no como facilitador, sino como observador activo del conteo, un paso que expertos catalogan como inédito y potencialmente disruptivo.
Un día después de las declaraciones del militar, el sábado 25 de octubre, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, emitió un comunicado lapidario: "ilustré sobre aspectos jurídicos constitucionales contrarios a la solicitud del Jefe del Estado Mayor Conjunto, de facilitar injerencia en la facultad exclusiva del CNE sobre el escrutinio y los resultados a nivel presidencial". Hall, flanqueada por los opositores Partido Liberal y el Partido Nacional, reafirmó que la sinergia con las FF.AA. persistirá en los términos del artículo 272, limitados a custodia, acarreo y protección, sin incursión en el tabulado de sufragios.
El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), órgano supremo en lides jurisdiccionales electorales, respaldó esta postura al recordarle al CNE su autoridad inquebrantable en la materia. En paralelo, el letrado Leonel Núñez desmenuzó el sinsentido legal: "en ninguna parte de la Constitución se establece que las FF.AA. pueden tener acceso a las copias de las actas de las JRV del nivel presidencial; al contrario, el artículo 272 las designa como una institución apolítica".
Por otro lado, el artículo 44, que consagra el voto como "universal, igual, directo, secreto y obligatorio", se erige como baluarte contra cualquier fisura que comprometa la confidencialidad o la imparcialidad.
La academia no se quedó al margen. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través de su Dirección de Asuntos Jurídicos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, divulgó un dictamen que califica la osadía militar como una afrenta a "los principios de autonomía electoral, apoliticidad y subordinación castrense". El texto, que exhorta a la ciudadanía a sufragar con "madurez y responsabilidad", advierte que ceder ante tal pretensión equivaldría a un "retroceso democrático, afectando la legitimidad del sufragio y la confianza ciudadana en las instituciones electorales".
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