¿Logrará la mayoría social convertirse en mayoría electoral?

La errática y criminal gestión de la pandemia le ha pasado factura al régimen. La última encuesta de opinión de CID Gallup lo confirma. Y mientras aumenta la presión internacional reclamando una solución política a la crisis iniciada en 2018 que desemboque en elecciones creíbles, la oposición azul y blanco, que es mayoría social, no logra aún la unidad y la cohesión imprescindibles para convertirse en mayoría electoral.

Las Elecciones en Nicaragua están previstas para el 2021 - Fotografía de Getty Images por Max Trujillo

Los nicaragüenses quieren cambio”. Así resume CID Gallup los hallazgos de la encuesta que presentó el 17 de junio, cuando en Nicaragua comenzaba a ascender la curva de contagios y 34 asociaciones médicas, viendo que el Gobierno insistía en su estrategia de minimizar el peligro y propagar el virus, llamó a la población a adoptar una cuarentena voluntaria para reducir su “imparable avance”.

En la encuesta el virus ocupa el primer lugar como “principal problema del país” en las respuestas de uno de cada tres nicaragüenses. Y el 70% de los encuestados considera que el Gobierno no actúa para resolverlo.

Daniel Ortega aparece con la opinión más desfavorable como persona entre las más de veinte que presentó la encuesta. Rosario Murillo ocupa el segundo lugar.

“Sin duda, la desilusión con esta pareja y la mala evaluación en la forma que gobiernan al país proviene de la actitud ante la pandemia”: así valora uno de los principales resultados de la encuesta el Gerente General de CID Gallup, Luis Haug.

Más presión internacional

La insistencia del Gobierno en mantener una estrategia que parece decirnos “contagiénse los que quieran y muéranse los que tengan que morir”, esa estrategia que en abril la prestigiosa revista médica británica “The Lancet” calificó como “la más errática de las de cualquier otro país del mundo”, ha preocupado a la comunidad internacional. En junio se intensificó la presión sobre el régimen.

El recién reelecto Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó el 17 de junio una sesión urgente del Consejo Permanente de la organización para dar seguimiento a la aplicación de la Carta Democrática al régimen de Nicaragua. Ese mismo día, en el Senado de Estados Unidos, de forma unánime demócratas y republicanos, pidieron al Ejecutivo “aumentar la presión política y económica” sobre el régimen de Ortega y Murillo. Dos días después, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con sede en Ginebra volvió a pronunciarse sobre la gravedad de la situación en Nicaragua.

"Habrá más sanciones"

Tanto en el texto del Secretario General de la OEA como en la resolución de los senadores estadounidenses se alude a la inadecuada gestión del régimen ante la pandemia que ha sacudido el planeta. “La situación no ha mejorado, por el contrario se ha agravado, entre otros aspectos por las consecuencias de la pandemia de Covid-19”, dice Almagro, señalando que en el contexto de la emergencia sanitaria el Gobierno ha buscado que se le levanten las sanciones. También los senadores estadounidenses hacen una extensa enumeración de todos los hechos ocurridos en Nicaragua desde abril de 2018 y señalan como la crisis más reciente la “falta de respuesta del Gobierno de Nicaragua para prevenir la propagación y transmisión del Covid-19”.

En opinión del exdiplomático nicaragüense José Luis Velásquez, el que la OEA retome el tema de Nicaragua y la posición bipartidista del Senado prueban que si Ortega y Murillo pensaron aprovechar la pandemia para obtener financiamiento con el que oxigenar la economía y conseguir que les suspendan las sanciones, no lo van a conseguir. “No van a tener acceso a recursos frescos y habrá más sanciones”, dice.

La reunión virtual del Consejo Permanente, el 24 de junio, tuvo carácter informativo. Almagro presentó más brevemente que en el texto de convocatoria la situación actual de nuestro país: “En Nicaragua hay una interrupción del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático”. Sus palabras sonaban a ultimátum.

Varios representantes de los países miembros se refirieron a la negligencia de Ortega ante la pandemia y ninguno lo defendió. El régimen no envió a nadie a la reunión.

Ahora continuará el proceso -siempre lento- hasta que se reúnan los cancilleres de los países de la región para decidir si el régimen de Ortega debe ser expulsado o no del organismo regional.

"La inexorable ruta de las urnas"

La intensificación de la presión internacional y las consecuencias políticas de la pérdida de control ante este imprevisto enemigo invisible, el SARS-Cov-2, que se ha tomado las calles del país y al que no pueden ni detener con balas ni intimidar con amenazas, mantienen a la dictadura en sus peores horas.

Tanto desde la OEA, como desde Washington, como desde Ginebra, se le exige a Ortega lo mismo: elecciones creíbles. Almagro reitera que “no existe ninguna otra alternativa democrática más que la ruta inexorable de las urnas”. Los senadores estadounidenses solicitan al Ejecutivo que las sanciones que viene aplicando el Departamento de Estado y el del Tesoro se “alineen con esfuerzos diplomáticos” que urjan a la comunidad internacional a restringir el acceso del Gobierno de Ortega a financiamiento internacional mientras no garantice “elecciones libres, justas, transparentes y observadas”. Y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, presidido por Michele Bachelet, insta al Gobierno a emprender las reformas electorales que conduzcan a comicios con esas garantías.

53% participaría muy probablemente

No es sólo la comunidad internacional la que ve la alternativa del cambio en Nicaragua en la celebración de elecciones. En la encuesta de CID Gallup una mayoría que oscila entre el 68% y el 79% -según los estudios cursados- considera que para lograr un cambio en el país las elecciones “son importantes”, lo que demuestra que la voluntad expresada en Abril de lograr por la vía cívica “que se vayan” se ha mantenido consistentemente desde entonces.

La disyuntiva que capta la encuesta es que sólo una de cada cuatro personas que dan importancia a la vía electoral cree que las próximas elecciones serán libres. Tres de cada cuatro no lo creen. Y sin embargo, el 53% de los encuestados dice que es “muy probable” que participe en las próximas elecciones (noviembre 2021). En enero sólo el 36% lo expresó así.

El estancamiento económico y político de Nicaragua desde hace más de dos años y el opresivo y represivo ambiente creado en el país por el estado policial vigente convierten las elecciones en la única salida viable. Por eso es de tanta trascendencia con cuánta cohesión y unidad negociaría las reformas electorales e iría a esas elecciones la oposición azul y blanco.

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23% votaría por el FSLN

Aunque las elecciones serán en noviembre de 2021 -lo que en la mentalidad nicaragüense es “largo plazo”-, la encuesta hizo la pregunta “por quién votaría si las elecciones fueran hoy”.

Una mayoría (41%) contestó que no votaría “por ninguno” de la lista que se les presentó. En un segundo lugar, un 23% dijo que votaría por el FSLN. No sabe o no responde el 15%. Con menores porcentajes aparecen las dos organizaciones surgidas después de la rebelión de abril, que no son partidos: la Alianza Cívica (5%) y la Unidad Azul y Blanco (10%). Con más exiguos porcentajes aparecen cuatro partidos políticos, todos de raíz liberal. Dos de ellos se expresan en oposición a Ortega: el PLC (3%) y Ciudadanos por la Libertad, CxL (2%). Otros dos, PLI (1%) y ALN (1%), han actuado como colaboracionistas o “zancudos”.

Sumando los porcentajes de quienes no señalan al FSLN y sí a algún partido u organización suman un 22%, cantidad similar al porcentaje que recibe el FSLN.

¿Eso implica que quienes dicen estar hoy indecisos decidirán la elección de 2021? ¿Implica también que quienes dicen hoy que no votarían por nadie y quienes no opinan (56%) no son propiamente “indecisos” o son gente que “ya decidió” que ningún partido de los que hoy existen les convence?

Un candidato, no una bandera

El boceto pre-electoral que dibujan estos resultados indica que quienes rechazan la dictadura y a los dictadores son una clara mayoría social, que esa mayoría cree que el camino para cambiar el país son las elecciones.

Indican que una buena mayoría quiere participar en las elecciones, aun cuando no cree que serán libres y aun cuando no vea todavía por quién votar. Así que para que la mayoría social se convierta en mayoría electoral falta tiempo y mucho esfuerzo.

Con la simpatía del 23%, su piso histórico, el FSLN es el partido minoritario más grande actualmente y el 56% que no apoya a ningún partido dobla ese porcentaje. A criterio de Luis Haug, “los partidos tienen una imagen negativa y lo que la gente busca es un candidato que les dé esperanza en el futuro, independientemente de la bandera que lleve”.

Ortega fomentará la abstención

Ortega sabe de sobra que unas elecciones mínimamente creíbles podrían sacarlo del Gobierno. Sabe también que si el voto contra él y el FSLN fuera masivo y la oposición azul y blanco ganara la mayoría calificada en el Legislativo, se iría desmontando la dictadura que ha construido. En este sentido, no sólo Ortega y Murillo temen resultados adversos. También querrán evitarlo un buen número de altos funcionarios, incluidas las fuerzas armadas y las fuerzas policiales.

¿Podría Ortega suspender las elecciones con la excusa de la calamidad de la pandemia? ¿Podría postergarlas o transformar su contenido, desempolvando su idea de transformar el sistema político en un sistema parlamentario?

El experto en temas electorales José Antonio Peraza dijo a la Revista Envío que, ve esto difícil por la presión internacional que hay sobre él. Cree que, sin más salida que hacer elecciones precedidas por reformas electorales, el objetivo de Ortega será fomentar la abstención, porque eso le favorece. “Lo hará promoviendo la división en las filas de la oposición, provocando agrias disputas entre los opositores y también generando incidentes que activen algún nivel de terror en ciertas zonas para que la gente no salga a votar”.

La "arquitectura" de la Coalición Nacional

La organización de la variada y plural oposición azul y blanco en un proyecto sólido y unido será la vacuna más efectiva para curar la abstención y la dictadura construida por Ortega y Murillo y hasta para inmunizar al país contra una nueva dictadura. En junio, y a pesar de la pandemia en ascenso, el tema de la unidad opositora ocupó el lugar central del escenario nacional.

El 25 de febrero, la Alianza Cívica, la Unidad Azul y Blanco, el Movimiento Campesino, un sector del FDN de la Resistencia y tres partidos políticos con personería jurídica (el evangélico PRD, el regional indígena Yátama, y el PLC), más el Sector Juvenil de la Alianza, firmaron el inicio de la construcción de una amplia Coalición Nacional, un proyecto unitario, el inicio de un proceso.

La Coalición Nacional fue concebida como un espacio donde aglutinar y convocar a la diversa y plural mayoría social que se opone a Ortega para luchar políticamente contra la dictadura y también para disputarle el poder electoralmente.

Después de interminables reuniones y debates, para el lunes 22 de junio estaba previsto firmar los estatutos de la Coalición, su “arquitectura”, los procedimientos con los que funcionaría. Cuando la fecha se pospuso para el jueves 25 comenzaron a hacerse públicas grietas en la Coalición. En esos días renunciaron a la Alianza Cívica -no a la Coalición- el Movimiento Campesino y posteriormente José Pallais, representante en la Alianza del sector político.

La Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco

La rebelión de abril cambió drásticamente el escenario político nacional, pero las manifestaciones masivas y los tranques que cerraron prácticamente el territorio nacional no lograron sacar del poder a Ortega, que se mantuvo en él ganando tiempo y empleando a fondo el poder de las armas.

Las dos organizaciones surgidas del alzamiento ciudadano de abril de 2018, la Alianza Cívica, y después la Unidad Azul y Blanco (UNAB), actuaron como expresión de una rebelión masiva y autoconvocada. Ambas realizaron miles de acciones de movilización y de denuncia y se ganaron el respaldo de la comunidad internacional.

Tanto la Alianza como la UNAB no fueron lideradas por partidos políticos. Surgieron en un momento en el que el rechazo a la política tradicional y a los partidos políticos existentes era mayoritario. Al aparecer, la Alianza Cívica fue más heterogénea en su composición. Después fue adquiriendo un sesgo empresarial, mientras que la UNAB tuvo desde el comienzo una composición más homogénea: movimientos sociales territoriales y de base. Sandinistas antiorteguistas hubo desde el comienzo en ambos grupos.

El Diálogo de 2018 y la Mesa de 2019

Los integrantes de la Alianza Cívica fueron convocados y seleccionados por los obispos para el diálogo nacional de mayo-junio de 2018.

Desde ese primer momento tuvo una importante presencia del sector empresarial del país, que por primera vez en la historia nacional se sentaba en un espacio político a la par de líderes campesinos, jóvenes estudiantes, feministas, que también formaron parte de la Alianza.

En la UNAB, nacida en octubre de 2018, cuando la represión había dejado ya un baño de sangre y comenzó el repliegue de la movilización, se juntaron movimientos sociales de trayectoria y mucha juventud hasta entonces ajena a la política, que rechazaba tanto a la dictadura como a la clase política.

Fracasado el diálogo de 2018 y estancada la economía nacional, a inicios de 2019 un grupo de empresarios convenció a Ortega para sentarse en una “mesa de negociación”, también conocida como “diálogo 2.0” La Alianza Cívica fue la contraparte del régimen en la mesa. Para entonces era evidente el peso del sector privado en la Alianza.

Además de reunir a sectores tan diversos, el logro de la Alianza en el diálogo de 2018 fue la presencia en Nicaragua de los organismos de derechos humanos interamericanos e internacionales, que hasta el día de hoy denuncian la barbarie que cometió el régimen ese año y abogan por los derechos de los nicaragüenses.

Casi un año después, el único logro de la mesa de negociación fue la excarcelación -aunque no su liberación definitiva- de más de un centenar de presos políticos, bastantes de ellos capturados y apresados de nuevo, y todos asediados y perseguidos hoy o forzados al exilio, ellos y sus familias.

Una desconfianza persistente

Desde que un sector de empresarios acordó con Ortega la mesa de negociación de 2019, en la que no quisieron participar los obispos, creció en la oposición azul y blanco la desconfianza hacia los sectores empresariales, viéndolos buscar un arreglo con Ortega para lo que se ha conocido como la salida del “aterrizaje suave”.

La mesa fue un fracaso. Ortega nunca negoció de buena fe. Usó la salida de la cárcel de los presos políticos sólo para mejorar su imagen, porque siguió persiguiéndolos. Y la percepción anti-empresarial nunca desapareció, existiendo hasta hoy el temor de que vuelvan a buscar, en acuerdo con él, un “orteguismo sin Ortega”.

Hoy, ante la fragmentación de la Alianza se le achaca a la empresa privada tratar de imponer sus intereses, que ven en peligro si se consolidara la Coalición Nacional.

¿Por qué? Porque según los estatutos de la Coalición, la Alianza Cívica, donde la empresa privada tiene peso, tendría el mismo voto que el Movimiento Campesino o que la UNAB a la hora de tomar decisiones. Después de ser quienes influían más en la Alianza ahora serían uno más entre varios diferentes.

Desde la lógica del poder

Un dato de interés en la encuesta de CID Gallup es ese 56% de los encuestados -bastantes más que quienes simpatizan con Ortega- que ve todavía al FSLN “muy fuerte políticamente”.

Entre quienes así lo ven está, sin duda, la empresa privada, que obtuvo durante una década muchas ganancias como aliada del Gobierno corporativo con Ortega, del que se separaron tras el alzamiento ciudadano de abril de 2018.

La “corporación” terminó y hoy la empresa privada atraviesa una situación extremadamente difícil. Las medidas económicas tomadas por el Gobierno a inicios de 2019, cuando el país ya estaba en recesión, han tenido un impacto brutal en todas las empresas y en toda la sociedad. A este impacto se suman hoy los estragos humanos y económicos de la pandemia.

Ortega, desde la única lógica que conoce, la lógica del poder y la ambición de no perderlo, no le perdona a la clase empresarial el haberse sumado en abril a la oposición azul y blanco. Y para atraerlos de nuevo, para rendirlos o para vengarse, los ha asfixiado aún más económicamente con auditorías, trámites y todo tipo de trabas institucionales.

Actúa desde la “fuerza” del que tiene las armas y puede ganar tiempo, sabiendo que los empresarios no tienen ese tiempo, menos que tengan las armas. Una apuesta suicida si se tiene en cuenta el desarrollo del país. La de un dictador .

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Economía: oscuros pronósticos

En el primer trimestre de 2020 parecía que la economía se podría recuperarse algo. En junio el presidente del Banco Central tuvo que reconocer que la pandemia hará caer la economía en un 4-4.5%. Los pronósticos de “The Economist”, publicación británica especializada en análisis económicos globales, indican que caerá en -6.5% y que no habrá recuperación en 2021, sino hasta 2022. Por su parte, la calificadora de riesgo Fitch dio calificación negativa a la economía nicaragüense y a la gestión económica del Gobierno.

Todos estos números a la baja se deben no sólo a la pandemia, también a la errada y errática gestión que el régimen ha hecho de la crisis sanitaria.

Es esta situación económica dramática y de oscuro pronóstico si la emergencia por el virus se prolonga hasta final del año, como ha advertido el gremio médico, la que puede estimular al sector privado a buscar algún arreglo con la dictadura.

COSEP: 14 puntos para negociar

El 9 de junio el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) planteó públicamente lo que parecería ser su agenda de negociación con Ortega. Los gremios empresariales propusieron 14 medidas sanitarias, económicas y sociales “inmediatas y excepcionales” para hacer frente a la pandemia y evitar el colapso económico del país.

El supuesto implícito de la propuesta es que si el régimen aceptara negociar con los empresarios estos puntos, a cambio el empresariado abogaría a favor de Ortega en las instituciones financieras internacionales para que Nicaragua obtuviera los recursos económicos que hoy se le han negado en todas partes.

¿Actualizan esos 14 puntos la propuesta que a fines de marzo hizo al Gobierno el “think tank” empresarial del INCAE, apoyado por todo el sector privado, y que fue rechazada por el régimen, poniendo como condición que el empresariado pidiera perdón por haber participado en el “golpe de Estado?

¿Se habrán iniciado ya pláticas privadas empresarios-Ortega, que conduzcan, como sucedió en enero de 2019, a otra “mesa” de negociación?

¿Cómo encajaría la política negociadora con la dictadura del sector empresarial con la estrategia de mayor presión sobre Daniel Ortega en la que está empeñado el Gobierno de Estados Unidos?

Las medidas que todos reclaman

En la propuesta que hizo el COSEP el 9 de junio hay cuatro paquetes de medidas. En las “sanitarias” están las ya expresadas por organizaciones internacionales y por el gremio médico nacional: campañas masivas de prevención, cierre de escuelas y universidades, prohibición de eventos masivos, liberación de pruebas para Covid-19 en el sector privado en cantidades suficientes, equipos de protección para el personal de salud.

En el segundo y tercer paquete, medidas “de alivio y protección social” y medidas “para proteger la economía y la producción”, el COSEP coincide con las propuestas de todas las organizaciones sociales de la oposición azul y blanco.

Proponen: reducir las tarifas de energía y agua, suprimir cortes de ambos servicios públicos a quienes no puedan pagarlos, crear un fondo de emergencia para los negocios pequeños más afectados con líneas de crédito, crear un fondo de alimentos para el sector informal, los más pobres, la población discapacitada y la de la tercera edad. Proponen también modificar las normativas para poder reclasificar créditos personales y tarjetas de crédito y condiciones para acceder a nuevos créditos; exonerar y otorgar incentivos fiscales para productos de la canasta básica y de salud esenciales para contrarrestar la pandemia.

Las prioridades del COSEP

La prioridad del sector empresarial está en el cuarto paquete de medidas, las “administrativas y laborales”. Proponen reformar la ley tributaria para revertir sus efectos negativos; hacer eficientes los procesos de importación y exportación, facilitar los trámites en fronteras, puertos y aeropuertos; flexibilizar los contratos de trabajo; reducir las cargas sociales a empresas y trabajadores, otorgar una moratoria en el pago de las cotizaciones laborales y patronales al seguro social; detener los procesos administrativos y judiciales que haya en curso en cuanto a impuestos o pago por servicios aduaneros; y detener las auditorías en marcha a las empresas. Todo esto, “para mejorar su liquidez y preservar su sostenibilidad”.

Una semana después de formulada la propuesta, la normativa anunciada por la Superintendencia para que bancos y financieras suavicen las condiciones crediticias a los deudores y los ajustes monetarios anunciados por el Banco Central fueron considerados insuficientes por el COSEP, lo que indicaría que el “arreglo”… no se arregla todavía.

Terminando el mes, Murillo anunció una rebaja en el la tarifa de electricidad del 3%, lo que fue considerado por empresarios, y analistas económicos como insuficiente. Y, por algunos, como “una burla”. El alza real en 2019 fue del 19%.

“Hay agendas particulares”

La presentación de la propuesta del COSEP coincidió con varias movidas políticas que se dieron en el mes y que provocaron suspicacias en la oposición azul y blanco.

El partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) protagonizó varias de estas movidas. CxL-escisión del PLC arnoldista que en una década ha tenido que cambiarse de nombre tres veces antes de llamarse así por el acoso jurídico del régimen-, no se integró a la Coalición Nacional en febrero.

Las negativas intenciones que este partido atribuye hoy a los representantes del sandinismo antiorteguista, presentes, y muy activos opositores, tanto en la Alianza Cívica como en la Unidad Azul y Blanco, son la razón que esgrimen para no unirse a la Coalición, aunque durante meses, y cuando se llamaban PLI, estuvieron unidos con esos sandinistas antiorteguistas en una alianza electoral que Ortega destruyó en junio de 2016.

A pesar de estas reticencias, CxL sí participó durante meses en la mesa multisectorial sobre reformas electorales, espacio donde la oposición azul y blanco llegó en diciembre de 2019 al más amplio y unánime consenso que había logrado hasta ese momento. CxL hizo aportes muy valorados por el resto de los participantes.

Así estaban las cosas hasta que el 2 de junio la presidenta de CxL, Kitty Monterrey, anunció que abandonaba la mesa alegando que había en ella “agendas particulares” con las que no coincidía, sin especificar cuáles. Y no sólo se retiró de la mesa. También invitó ese día a todos los opositores a reagruparse bajo una nueva propuesta unitaria, que encabezaría CxL.

“No es una alianza electoral tradicional”

Así como el Movimiento Campesino argumentó su salida de la Alianza Cívica y su respaldo a la Coalición Nacional en que los puntos de vista del campesinado no habían sido tomados en cuenta, el político liberal, José Pallais, la argumentó, entre otras cosas y en varias entrevistas que dio a medios independientes, en el retraso que decidió un sector de la Alianza para firmar los estatutos de la Coalición y a que este sector estaba discutiendo en cuál casilla electoral presentarse a las elecciones. Sin mencionarla, la casilla en cuestión era la de CxL.

“El tema de la casilla -dijo en entrevista con Confidencial- no tiene ningún sentido estarlo discutiendo ahorita, cuando no sabemos si Ortega va a aceptar las elecciones y cuál va a ser la calidad de esas elecciones. Ese tema debe ser definido en su momento. La primera gran decisión que debe tomar la Coalición es: luchemos todos juntos para que nos restituyan nuestros derechos y garantías. Esto no es una alianza electoral tradicional, y no lo puede ser porque no estamos en democracia. Es una unidad para enfrentar a la dictadura”.

El tema de la casilla

Tanto el partido CxL como el partido PLC llevan meses ofreciendo sus casillas con personería jurídica como vehículos en donde reunir a la gran alianza que desafíe electoralmente a Ortega. A este terreno han llevado sus desacuerdos de más de una década. También el evangélico PRD ha ofrecido su casilla.

De hecho, son las únicas tres opciones que habría si en la negociación con la dictadura para las reformas electorales no se le permite a la oposición azul y blanco tener su propia casilla y en ella reunir toda la diversidad que el pluralismo de Abril expresó.

Luchar por una casilla propia, con un nombre propio y una bandera propia no es sólo un reclamo simbólico. Cualquiera de las casillas “válidas” por tener personería jurídica que hoy existen en el espectro político, también la de CxL, la del PLC y la del PRD no son seguras. El Consejo Supremo Electoral, que Ortega controla, se la concedió en 2016 a CxL y en 2017 al PRD.

También la casilla del PLC y la decisión de quién sea legalmente su “dueño” si hay una disputa interna -las famosas litis- depende de decisiones que tome el Consejo Supremo Electoral, que las da y las puede quitar según decida Ortega.

Este dame que te doy, este doy si me das, ese quita y pon organizado por el Consejo ha sido un rejuego estratégico en la cadena de fraudes electorales que ha llevado a cabo Ortega desde 2008 y que lo mantienen en el poder.

Elecciones 2021: ¿tres escenarios?

Que la oposición azul y blanco surgida en Abril decida competir electoralmente con Ortega y tenga éxito no depende de conseguir o no casilla propia. Depende de la consistencia con que logre construir un proyecto con suficiente cohesión para presionar con fuerza a Ortega. Depende de la inteligencia y habilidad para combinar esa presión interna con la presión internacional.

Es esa unidad lo que buscará minar Ortega. ¿Con el respaldo de sectores empresariales y del sector político que encabezaría CxL?

El politólogo José Antonio Peraza visualiza hoy tres escenarios para la oposición azul y blanco en 2021. “El escenario ideal es que toda vaya unida y con una única oferta sólida y un liderazgo atractivo, en cualquiera de las casillas que ya hay. Ahí Ortega no nos puede ganar. El escenario peor es que la oposición vaya dividida en tres ofertas más o menos similares, en tres casillas, y enredada en agrias disputas. Ahí Ortega nos gana limpiamente, porque al no haber en Nicaragua porcentaje mínimo para triunfar, su piso histórico, 20-25% por ciento, se lo permitiría”.

“Y veo un tercer escenario: la oposición se presentaría en dos ofertas, pero en una de ellas habría un liderazgo más atractivo para la mayoría de la población, que lo identificaría como capaz de vencer a Ortega. Ahí también saldría derrotado”.

¿2021 como 1990?

¿Aspira CxL a ser esa casilla “más atractiva” que atrajera a la mayoría social?

La movida política de CxL el 2 de junio al abandonar la mesa multilateral de las reformas electorales fue respaldada por “La Prensa” en su editorial del 8 de junio, que tituló “Reagrupamiento en las filas de la oposición”. Para el diario, el que haya distintos “reagrupamientos” de opositores a Ortega no es problema: haría similar la aún incierta contienda electoral de 2021 a la de 1990, cuando, aunque participaron varios partidos y alianzas, la mayoría de la población supo identificar en la UNO, liderada por Violeta Chamorro, la que podía derrotar a Ortega.

“La Prensa” dio a entender que CxL tenía potencial para ser ese reagrupamiento identificable como ganador. Una semana después, en la encuesta de CID Gallup ese partido apareció con el 2% del voto de los encuestados.

No faltan analistas que se empeñan en comparar el posible escenario electoral de 2021 con el de 1990. Pero el escenario de hoy es totalmente distinto: además de que no estamos en una guerra civil, el posible escenario electoral de hoy es más comparable con el de 2006, cuando la división entre los liberales del PLC y los de la ALN (ancestro político de CxL) le dio el triunfo a Ortega.

El papel de CxL

¿No siembra división CxL? Se ofrece como apuesta de los empresarios, que han tratado de imponer sus puntos de vista y sus intereses en la Alianza Cívica para cooptarla. Y en ese camino intenta destruir la iniciativa de la Coalición Nacional.

Dos semanas después de abandonar la mesa multilateral de las reformas electorales, Monterrey afirmaba con desdén: “Si se desintegra la Coalición o no será responsabilidad de sus integrantes, no nuestra, porque ni pretendemos ser miembros y menos aún oxigenarnos de su éxito o su fracaso”.

La visión gerencial de las élites

Tras la crisis en la oposición azul y blanco a la que hemos asistido en junio, y que seguramente no veremos resuelta fácilmente, no están sólo los intereses del sector privado. Está la contradicción entre la élite política y económica y la nueva Nicaragua diversa y plural que pugna por nacer y busca su lugar.

La pluralidad que vimos en las calles desde abril de 2018, la energía que movió a multitudes rurales y urbanas, tan diversas y con rebeldías de orígenes tan disímiles, fue un índice de que la sociedad nicaragüense comenzaba a cambiar. Esta diversidad, que es la que debería expresarse en la Coalición Nacional es quizás todavía demasiada novedad para el pensamiento tradicional y conservador que domina a la élite política y económica nacional.

La visión de las élites es clasista, pero por encima de todo es gerencial. Es bueno para Nicaragua lo que es bueno para la economía… o más específicamente, lo que es bueno para sus empresas. Creen y dicen lo que dicen que decía el gerente de la General Motors, “Lo que es bueno para la General Motors es bueno para Estados Unidos”...

Daniel Ortega fue un buen Gerente

Desde el punto de vista de las élites, la gestión de Ortega es hoy un total fracaso y ha hecho inviable al país. Sin embargo, su modelo corporativo, autoritario y antidemocrático, que duró algo más de una década, lo veía la élite económica como muy bueno, y así lo decían. Era funcional a sus intereses y calzaba con su ideal gerencial.

Para la visión elitista, dominante durante los dos siglos que Nicaragua cumplirá de independencia en 2021 lo que cuenta en política es la buena gestión de un buen gerente que la garantice. Y para ellos, Ortega lo fue. Desde esa óptica, lo plural y diverso preocupa, es un riesgo, no garantiza estabilidad.

Asusta a esta visión, por ejemplo, que el líder campesino Medardo Mairena, coordinador del Movimiento AntiCanal y expreso político, sea la personalidad que logró en la encuesta de CID Gallup el primer lugar en la lista de potenciales candidatos presidenciales, con un 13%.

Liberalismo y sandinismo son necesarios

Ciertamente, aunque en la oposición azul y blanco todos quieren salir de Ortega, no todos quieren transformar el país hacia una mayor equidad, inclusión y justicia social.

Transformarlo significa tener en cuenta los intereses y la sangre derramada desde los años 80 en la Nicaragua campesina, ese “país ajeno” siempre marginado. Y como en la Nicaragua rural la mayoría de la población tiene raíces liberales, no puede ninguna propuesta unitaria llegar muy lejos desconociendo al liberalismo.

También es necesario para transformarlo superar la alergia antisandinista, otra piedra de discordia en la compleja unidad. Desconocer que el sandinismo no orteguista, el sandinismo que ha enfrentado a Ortega desde tantos espacios y que por conocerlo desde dentro sabe cómo hacerlo, el sandinismo antiorteguista, que desde el Frente Amplio contribuyó a la rebelión de Abril, ese sandinismo tan presente en las familias de los jóvenes que dieron su vida en 2018, es tan necesario para la unidad como lo es el liberalismo.

Es cierto, como dice en una reciente entrevista con “La Prensa” el comentarista deportivo, y también sagaz comentarista político, Edgar Tijerino, que “en julio de 1979 todo mundo era sandinista y había en Nicaragua más sandinistas que habitantes, y ahora el sandinismo es algo maléfico, algo satánico y eso es un fracaso brutal”.

Este fracaso es una de las más dañinas obras de Ortega y de Murillo. Prescindir del sandinismo y de tantos sandinistas no orteguistas en la unidad nacional es colaborar con el proyecto de ambos. No puede ninguna propuesta unitaria llegar muy lejos desconociendo al sandinismo.

25 de junio: solemne firma

Por fin, el 25 de junio, asediado el hotel por decenas de policías, representantes de las organizaciones que crearon en febrero la Coalición Nacional -incluida al final la Alianza Cívica-, firmaron los estatutos de la Coalición, añadiéndoles un “artículo transitorio” que establece que las “inconformidades y dudas” pendientes podrán discutirse después de la firma y que los problemas fundamentales se aprobarán por consenso, un consenso que augura debates interminables y una parálisis como resultado, y que podría traducirse en el poder de veto en manos del sector empresarial.

El 25 de junio se firmó la Coalición Nacional en Managua - Fotografía de Confidencial por Nayira Valenzuela

Antes de la firma ya lo advertía Pallais: “Es muy importante evitar el veto. Cuando vos obligás a que todo sea por consenso, estás dándole a una de las organizaciones el derecho de vetar… El derecho de veto es una herramienta que atrasa el funcionamiento de organizaciones colegiadas, diversas y múltiples”.

¿Significa la solemne firma del 25 de junio, salpicada de fervor patriótico el punto final a las divisiones? Seguramente no. ¿Es sólo una tregua? Seguramente sí. Porque está pendiente aclarar cosas como ésta del poder de veto y bastantes más. Pero en un ambiente tan cerrado -hasta con una tormenta de arena llegada del Sahara que oscureció los cielos- un soplo de esperanza siempre resuelta alentador.

La unidad del gremio médico

Una bocanada de esperanza es la que nos garantiza desde marzo la unidad del gremio médico nacional.

Ante la inacción dolosa del Gobierno, los médicos nicaragüenses independientes del régimen, presentes en hospitales públicos y privados y en otros espacios, se han convertido desde su primer “pronunciamiento a la nación” del 30 de marzo en una presencia que hace que nos sintamos más seguros.

Llenan un enorme vacío compartiendo información científica y consejos útiles por todos los medios posibles e integran el Observatorio Ciudadano y lo alimentan con cifras de contagiados y fallecidos que conocen de primera mano, ya que atienden telefónica y gratuitamente a quienes, cada vez en mayor número, deciden pasar la enfermedad en sus casas porque no confían en los hospitales públicos y no quieren morir solos.

Según el Observatorio, el número de contagiados y fallecidos entre el personal de salud nicaragüense es el mayor de Centroamérica y tal vez el mayor de América Latina: hasta el 24 de junio se habían contagiado 652 trabajadores y trabajadoras de la salud y habían fallecido 78, de ellos 34 médicos y 21 personal de enfermería.

En los informes oficiales, nunca el Ministerio de Salud menciona ni esos contagios ni esas muertes, lo que es insólito, porque tras esas cifras están trabajadores del Ministerio.

La dictadura les ha hecho pagar caro su compromiso a los médicos, despidiendo a varios de los que han criticado su errática gestión de la pandemia. Entre el 4 y el 8 de junio fueron despedidos 14 médicos especialistas. A partir de esa fecha no han cesado los despidos. Ahora son de uno en uno, para esconder el escándalo que produjo el despido masivo.

Récord de fallecidos en Centroamérica

A lo largo del mes, y con el iluso propósito de llegar a la conmemoración anual del 19 de Julio presentando a Nicaragua y al mundo el espejismo de que ya la pandemia está bajo control, la dictadura fue reduciendo semana a semana el número de contagiados, moderando el de fallecidos, a la vez que aumentaba el número de recuperados del insidioso coronavirus, empleando una estrategia estadística inverosímil.

Nadie les cree y semana a semana, las cifras oficiales fueron desmentidas por las que brinda el Observatorio Ciudadano y por lo que la población conoce y está viendo y viviendo en sus familias y en su vecindario.

En la encuesta de CID Gallup, el 65% de los encuestados dijo conocer a personas contagiadas por el Covid-19 y de ellas, el 23% dijo que conoce a “muchas”, porcentajes que llamaron la atención de la encuestadora por ser los más altos que la empresa ha registrado en toda Centroamérica. En Costa Rica sólo un 6% dijo conocer a “alguien”.

Al poner punto final a este texto el 30 de junio, las últimas cifras del Observatorio Ciudadano indican que hasta el 24 de junio los contagiados eran 6,775 y había 1,878 fallecidos. La cifra de muertes por el virus es la más alta de Centroamérica. (El régimen reconoce 2,170 contagiados y 74 muertos).

¿Qué traerá el mañana?

La encuesta de CID Gallup mostró que ha ido aumentando en la población nicaragüense una visión pesimista del futuro: el 70% siente que el país va por un rumbo equivocado.

La pregunta sobre el rumbo que lleva un país -dice la empresa encuestadora- es la que se usa internacionalmente para evaluar la confianza que una población tiene en el mañana y en sus gobernantes.

¿Qué traerá el mañana…? Si la tentación de la exclusión de unos o de otros, si las ambiciones personales o los intereses sectoriales prevalecen, por más observadas y limpias que logren ser las elecciones para cambiar el rumbo del país, las ganará Ortega.

Y si es así, el mañana será sombrío, Nicaragua podría entrar en un nuevo ciclo de violencia y se apagaría la “llama de abril”, aquella “energía unánime que atravesó la coraza de súbditos dóciles y rompió en mil pedazos la lógica de la resignación”, como la describió Gioconda Belli en su poema “El relevo”.

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