Lujo, propaganda y despojo: los Centros "Nuevos Días" como negocio disfrazado de salud pública en Nicaragua
- Redacción Central
- hace 2 días
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Actualizado: hace 1 día
La base operativa de los "Nuevos Días" no parte de infraestructura nueva, sino de propiedades confiscadas por el Estado del país centroamericano a organizaciones clausuradas, muchas de ellas de origen religioso, ilegalizadas desde abril de 2018. Esta práctica ha sido una constante en la consolidación del autoritarismo de Daniel Ortega y Rosario Murillo: desde universidades hasta medios de comunicación y templos evangélicos, el régimen ha expropiado bienes que luego reutiliza con fines propagandísticos o de lucro.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
Apenas unas semanas después de su apertura oficial, los Centros de Recuperación de Adicciones "Nuevos Días" —promovidos de manera exprés por el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo bajo el manto de una supuesta cruzada nacional contra el consumo de drogas y alcohol— operan en el más absoluto vacío. De los 4,000 cupos disponibles en ocho centros distribuidos en igual número de departamentos, el cierre de este texto, según fuentes oficiales, menos de 50 personas han sido admitidas, una cifra que evidencia un estrepitoso fracaso operativo y social, apenas el 1 % de la capacidad instalada.
El programa fue presentado como una estrategia de "acompañamiento solidario" para personas con adicciones, en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA), y administrado por una entidad llamada Fundación Nuevos Días. Sin embargo, detrás de esta fachada de rehabilitación emerge una estructura plagada de irregularidades, vacíos legales, ausencia de controles públicos y un modelo financiero que transforma por mucho la salud en un negocio de exclusión.
Cada paciente debe internarse por un mínimo de tres meses, tiempo durante el cual las familias están obligadas a pagar 7,300 córdobas mensuales —equivalente a aproximadamente 200 dólares— por una atención que, según los medios oficialistas, incluye terapias psicológicas, acompañamiento espiritual, recreación deportiva, actividades productivas y reinserción social.
En teoría, si las 4,000 camas estuvieran ocupadas, los ingresos mensuales superarían los 29.2 millones de córdobas, o más de 350 millones de córdobas anuales. Pero con apenas cuarenta y tantos pacientes registrados, los ingresos reales no llegan a los 310 mil córdobas al mes, una cifra que hace tambalear la viabilidad económica del proyecto y evidencia que el modelo de autosostenibilidad está lejos de funcionar.
La entidad encargada de administrar los ocho centros, la llamada Fundación Nuevos Días, no figura en ningún registro público del país centroamericano. No aparece en los archivos del Ministerio de Interior (MINT), del extinto Ministerio de Gobernación (MIGOB), ni en La Gaceta —Diario Oficial del Estado—, ni en registros de la Asamblea Legislativa. Tampoco tiene presencia en las redes sociales digitales ni página web, y sus autoridades, estatutos o fuentes de financiamiento son desconocidos.
A pesar de esta opacidad, la Fundación ha recibido la venia del MINSA para administrar espacios previamente confiscados y acondicionados, cobrar cuotas familiares y gestionar lo que, en la práctica, parece un emprendimiento lucrativo. No existen mecanismos conocidos de fiscalización ni auditoría sobre los fondos que recibe. Tampoco se ha presentado información sobre la formación del personal que trabaja en estos centros, ni protocolos médicos, ni planes terapéuticos estructurados.
En la oficina central de la ahora entidad privada-estatal —ubicada de Plaza Familiar en el kilómetro 7.5 de la carretera de Managua a Masaya, un kilómetro al oeste, media cuadra hacia el sur— tampoco se dice mucho. "Van al punto. Que tanta plata necesitas y que puedes tener acceso a los centros, y que hay terapia impulsada por 'expertos del MINSA'. Pero no explican los procedimientos de desintoxicación o de reinserción ciudadana", explicó Ericka P., madre de familia, quien no encuentra "otra opción más adecuada o barata" para las adicciones de su hijo de 27 años.
Aún más polémico es el origen de los inmuebles donde hoy operan estos centros. En al menos cinco de los ocho casos documentados, las propiedades fueron confiscadas a organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas religiosas, tras la oleada de ilegalizaciones impulsada por la dictadura desde abril de 2018. El caso más emblemático es el del centro ubicado en Matagalpa, que funciona en una finca conocida como "Rancho Colibrí", anteriormente propiedad del ministerio cristiano Puerta de la Montaña.
"El rancho tenía un valor de al menos dos millones de dólares. Era un espacio dedicado a retiros espirituales, conferencias y encuentros religiosos, ofrecido de manera gratuita", explicó Warner Blandón, pastor de Puerta de la Montaña, desterrado a Guatemala en septiembre de 2024 y desnacionalizado por el régimen bajo acusaciones de "lavado de dinero". A la organización también le fueron confiscadas fincas, oficinas y viviendas en Jinotega y Managua. Lo mismo ocurrió en Estelí, donde el centro "más lujoso" fue inaugurado con la presencia del alcalde sandinista Francisco Valenzuela. En ese inmueble, de reciente confiscación, ahora destacan terrazas espaciosas, canchas deportivas, piscinas y mobiliario de alta gama que contradicen el supuesto "enfoque austero" del proyecto, según declaraciones del MINSA.
No existe hasta el momento ningún informe técnico que sustente la creación de estos centros. La administración del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no ha publicado un diagnóstico sobre el estado de las adicciones en el país, ni cifras actualizadas sobre población afectada, distribución geográfica, edad, género o causas sociales, culturales y estructurales. Tampoco se ha divulgado información sobre las metodologías de atención, criterios de ingreso o seguimiento posterior.
En paralelo, el Instituto Contra el Alcoholismo y Drogadicción (ICAD), pese a no ser una unidad formal de salud, ejecuta un "Programa de Apoyo a la Familia" desde su Oficina de Tratamiento y Rehabilitación (OTR), donde ofrece acompañamiento a personas con adicciones y a sus familiares desde hace varios años. Este programa fue creado en respuesta a la demanda ciudadana y se enfoca en facilitar el acceso a tratamiento y rehabilitación, con acciones como charlas, materiales informativos y una línea telefónica de ayuda.
Una vez identificado un caso, se realiza una evaluación inicial y se refiere a la persona a servicios públicos de salud o centros de rehabilitación privados o autorizados. Existen además iniciativas para prevenir recaídas mediante grupos de autoayuda, terapias y seguimiento personalizado, incluyendo mensajería por WhatsApp.
Según cifras oficiales, aproximadamente 4,760 personas al año reciben atención del programa, incluyendo quienes son referidas por orden judicial debido a episodios de violencia intrafamiliar relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas.
En cuanto a su marco legal, el ICAD opera bajo varias leyes nacionales, incluyendo la Ley 370 que lo crea, la Estrategia Nacional Antidrogas 2018-2021, y normas clave del Ministerio de Salud, como la Norma 089, que regula el tratamiento de adicciones en centros públicos y privados.
El ICAD supuestamente también ha liderado acciones de regulación, supervisión, capacitación y recopilación de datos en 15 centros de rehabilitación desde 2012. Entre 2017 y 2018, capacitó a casi 900 personas, supervisó decenas de centros, y brindó más de 900 charlas vivenciales a pacientes y unas 22,000 personas en general. Además, implementó un sistema electrónico de registro unificado y coordinó estudios sobre tuberculosis en población vulnerable con consumo problemático.
En lugar de transparencia, el régimen del FSLN ha preferido el despliegue propagandístico. Los medios oficialistas han mostrado imágenes de pacientes sonriendo en jardines cuidados, cocinando, jugando fútbol o participando en terapias grupales. Se ha dicho, sin ofrecer evidencia, que "muchas personas" y "empresas solidarias" han aportado alimentos, insumos o becas para pacientes. Sin embargo, no se han compartido reportes financieros, ni auditorías, ni se ha revelado específicamente el uso de estos fondos.
Más allá del abandono institucional, los centros "Nuevos Días" representan también una agresión simbólica y material contra organizaciones que por años ofrecieron apoyo espiritual, social o médico a comunidades vulnerables. La expropiación de bienes como el Rancho Colibrí, en Matagalpa, no solo desmanteló una iniciativa con impacto comprobado, sino que su conversión en negocio estatal refleja la instrumentalización de la salud pública como mecanismo de control y enriquecimiento. "Con el sandinismo debemos tener claro que las acciones estatales son en beneficio de la monarquía, no de las políticas públicas. Este proyecto es un ingreso más. Una coartada más para justificar los robos de siempre", señaló un activista exiliado.
"La dictadura convierte el dolor de las personas en una oportunidad económica", lamentó Blandón, pastor desterrado, en declaraciones al confiscado medio Confidencial. "Es como si quisieran rentabilizar el sufrimiento bajo la bandera de la rehabilitación", agregó.
Lo que se promociona todavía como una iniciativa sanitaria revolucionaria, con infraestructura de primer nivel y supuesta vocación humanitaria, hoy se desmorona entre cifras ínfimas de admisión, cuestionamientos legales y un silencio administrativo inquietante. La baja ocupación —un paciente por cada cien camas— refleja no solo la desconfianza ciudadana, sino la ausencia de legitimidad en un programa fundado sobre la represión, el despojo y la opacidad.
En un país donde más de 5,500 organizaciones no gubernamentales han sido ilegalizadas en los últimos tres años, y cuando hay líderes religiosos, defensores de derechos humanos, docentes y miles de personas perseguidas o en el exilio, estos centros se imponen como monumentos vacíos al autoritarismo. Mientras tanto, el problema real de las adicciones en Nicaragua sigue sin respuesta estructural, atrapado entre la propaganda oficial y el abandono institucional.
Las cifras del consumo
En ese sentido, el consumo de alcohol mensual y anual es elevado, con más del 60 % de la población adulta consumiendo alcohol al menos una vez en la vida, según expertos independientes locales y centroamericanos. La prevalencia del consumo de alcohol es mayor en hombres que en mujeres. Por otro lado, se ha registrado un aumento del alcoholismo juvenil en la última década, que puede ser más frecuente en personas con antecedentes familiares de alcoholismo. Seis de cada diez menores de 30 toma bebidas alcohólicas al menos una vez a la semana.
Ahora bien. Un estudio en universitarios de nuevo ingreso de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) reveló en 2017 que el 37.2 % de los hombres consultados y el 26.5 % de las mujeres consultadas consumieron alcohol en los últimos 12 meses. En la combinación de alcohol con otras sustancias psicoactivas se mostró que hay mayor consumo de alcohol más tabaco en un 18.3 %, seguido de la combinación alcohol, tabaco y marihuana con 9.2 % en los últimos 12 meses, y en los últimos 30 días con un 9.2 % de alcohol más tabaco, y la combinación de alcohol más cocaína con un 2.5 %.
En cualquier caso, el FSLN ha encontrado en el consumo popular una fuente de ingresos millonarios que fortalece las arcas del Estado, sin traducirse en mejoras tangibles para la población. Solo en el primer trimestre de 2025, el impuesto selectivo al consumo permitió al Estado recaudar más de 4,700 millones de córdobas (más de 128 millones de dólares), una cifra significativa en un país donde la pobreza y el hambre afectan a más de un millón de personas. El rubro de bebidas alcohólicas generó 594 millones de córdobas (más de 16 millones de dólares), superando ampliamente la recaudación de todo el año 2024. Solo por ventas de alcohol, se obtuvieron 259 millones de córdobas, y la cerveza, producto central de la industria, dejó ingresos proyectados de más de 3,000 millones de córdobas (unos 82 millones de dólares) en el mismo trimestre.
Esta bonanza económica, sin embargo, contrasta con una realidad social cruda. La industria del alcohol, fuertemente arraigada en la cultura nicaragüense, no solo es tolerada sino incentivada por el Estado, a través de una política fiscal que grava el consumo masivo sin considerar los costos sociales de la adicción. A ello se suma el ingreso generado por aguas gaseadas y máquinas de juegos de azar, que en conjunto superan los 1,000 millones de córdobas en impuestos. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) advirtió este año que 1.3 millones de nicaragüenses padecen hambre y al menos 290,000 mujeres sufren anemia por malnutrición, datos que el régimen niega al punto de haber expulsado en febrero de 2025 a la representación del organismo del país. La recaudación, lejos de destinarse a políticas de salud o bienestar social, sigue alimentando el aparato estatal sin rendición de cuentas ni respuesta a los problemas estructurales del país.
Por todo eso, y más, "Nuevos Días" no es una política de salud, ni una estrategia bien definida, sino un síntoma de lo que ocurre cuando el poder absoluto sustituye al bienestar colectivo.
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