Militares cada vez más serviciales con LIBRE mientras las elecciones se oscurecen sin verificación humana
- Jairo Videa
- 16 jul
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Actualizado: 16 jul
Sin duda alguna, Honduras ya se encamina hacia un modelo autoritario, imitando incluso maniobras ya utilizadas por el chavismo en Venezuela y el sandinismo en Nicaragua. No es cuestión de extremismo, amarillismo o ideología. Son los hechos. La negativa a implementar verificación humana en la transmisión de resultados preliminares desde el oficialismo; el uso de altos mandos militares como asistentes políticos y un cuerpo militar cada vez más partidizado; el proselitismo en eventos internacionales; la ausencia de acción contundente del Ministerio Público; y el intento de concentración del Poder Electoral, deben analizarse como parte de un mismo patrón: el debilitamiento deliberado de los contrapesos institucionales.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
En un clima preelectoral cada vez más crispado, polarizado, agresivo y alarmante, marcado por la opacidad institucional, las acusaciones apresuradas de fraude desde el Estado, el uso político de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la falta de garantías democráticas, Honduras se sumerge en un torbellino de desconfianza pública y señales alarmantes de deterioro. Las recientes posturas del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), sumadas a decisiones administrativas y despliegues irregulares en el aparato estatal, profundizan las preocupaciones de diversos sectores sobre el rumbo del proceso de votación del próximo domingo 30 de noviembre de 2025.
Un informe técnico divulgado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) desató un intenso debate en torno a la transparencia electoral esta semana. El boletín subraya que Honduras —bajo la actual gestión del partido LIBRE y la presidencia de Xiomara Castro— adopta una posición contraria a la verificación humana en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), alineándose con regímenes autoritarios como Venezuela, Nicaragua y Cuba, los únicos tres países de América Latina que tampoco permiten esta práctica.
En contraste, naciones como México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Ecuador, Guatemala, Panamá y República Dominicana han institucionalizado mecanismos de verificación humana antes de la divulgación de resultados, reforzando así la legitimidad y confiabilidad de sus comicios en todos los niveles.
Para el COHEP, compartir estos datos tiene el objetivo de fomentar una deliberación pública informada basada en estándares regionales que priorizan la confianza y la legitimidad democrática. La falta de verificación humana en la fase preliminar puede significar una vulnerabilidad crítica en la transparencia del sistema electoral hondureño, especialmente en un contexto donde el oficialismo controla varios de los aparatos institucionales con una narrativa polarizante y confrontativa, y cuando LIBRE insiste en un fraude que aún no ocurre, y que "muy seguramente no puede ocurrir" —según analistas y abogados consultados por COYUNTURA— si se usa Biometría y un sistema TREP "fuerte y supervisado por el equipo humano del Consejo Nacional Electoral (CNE)", el único ente que puede tocar la voluntad popular, sin alterarla.
Por otro lado, la institucionalidad militar no ha escapado al vaivén político. Otra fuerte controversia estalló en el seno de las Fuerzas Armadas tras la presencia constante del teniente coronel Ubaldo Rodríguez Chinchilla —subdirector de Relaciones Públicas de la institución— en mitines oficialistas, acompañando a la exministra de Defensa y actual candidata presidencial de LIBRE, Rixi Moncada.
En un comunicado oficial, las Fuerzas Armadas aseguraron que Rodríguez Chinchilla cumple funciones de seguridad bajo la Ley de Protección Especial de funcionarios y exfuncionarios en riesgo extraordinario. Sin embargo, miembros activos, retirados y en disponibilidad del cuerpo castrense calificaron como "inédito" e "irregular" que un teniente coronel —cuya labor es estratégica y administrativa— actúe como escolta de una figura política.
"Jamás en la historia militar se ha asignado a un oficial de tan alto rango a funciones de seguridad personal de un exfuncionario. Estas tareas son propias de grados subalternos, como subtenientes o sargentos", declaró el general retirado Raynel Funes en El Heraldo.
El excapitán Santos Rodríguez Orellana, conocido por denunciar vínculos entre narcotráfico y estamentos militares y políticos, fue aún más crítico. "Ahora hay tenientes coroneles serviles que les abren las puertas a políticos. Eso es degradar el uniforme", sentenció.
Desde su puesto oficial en Relaciones Públicas, Rodríguez Chinchilla debería desempeñar labores administrativas, de monitoreo y enlace institucional. Su presencia en las actividades políticas de Moncada —sin uniforme, sin armas, y lejos de su oficina— levanta sospechas sobre el uso partidario de las Fuerzas Armadas, contraviniendo a su vez el principio de neutralidad política que dicta la Constitución.
Lucha en la Fiscalía
Ahora bien. Esta semana, la organización Unidos por la Democracia presentó una denuncia formal contra el consejero electoral Marlon Ochoa —también afín a LIBRE— y otros funcionarios relacionados con decisiones que, a juicio del colectivo, "deterioran el proceso electoral". No obstante, al llegar al Ministerio Público (MP) se toparon con una institución ausente: no había fiscales disponibles para recibir el expediente. La razón, según trascendidos, es que el fiscal general Johel Zelaya se encuentra de vacaciones en Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), en plena crisis político-electoral.
Rony Portillo, uno de los denunciantes, no ocultó su indignación. "Si el Ministerio Público no cumple su rol, nos enfrentamos a un autogolpe, incluso a un escenario de guerra civil", advirtió, al tiempo que pidió que se investigue la supuesta manipulación del proceso de contratación del TREP, presuntamente obstruido por Melvin Ceballos, dirigente de LIBRE.
El caso se remonta al lunes 07 de julio de 2025, cuando, según la abogada Nilia Ramos, Ceballos irrumpió en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral en Tegucigalpa acompañado de colectivos que impidieron la entrega de ofertas para el sistema de transmisión electoral. Algunas representantes de empresas proveedoras salieron escoltadas, lo que fue considerado como intimidación.
"Debe aplicarse la ley sin importar colores políticos. Estamos hablando del corazón del proceso electoral", sentenció Ramos.
Aparte, en el XI Foro Regional de Alimentación Escolar en América Latina y El Caribe, la presidenta Xiomara Castro no desaprovechó la oportunidad para reiterar su narrativa habitual: la herencia del "narcoestado", la destrucción institucional heredada y su reivindicación como "refundadora". Sin embargo, lo que más llamó la atención en su discurso fue su llamado político en un foro regional técnico: solicitó abiertamente el voto para Rixi Moncada, presentándola como la candidata que garantizaría la continuidad del proyecto de "refundación".
"Propongo la continuidad del proyecto de refundación con otra mujer al frente del país, otra mujer que defienda lo conquistado y que no se arrodille ante los poderes que saquearon nuestra patria", dijo Castro en un acto que evidenció el uso partidario de espacios multilaterales, como pasó durante el IX Cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en Tegucigalpa, en abril de este año, justo después de los comicios primarios del domingo 09 de marzo. En su intervención también resaltó supuestos logros de su gobierno: más de cinco mil escuelas públicas construidas y la implementación de la matrícula gratuita. Sin embargo, no presentó evidencia técnica de estas afirmaciones, ni detalló las fuentes presupuestarias que lo respaldan.
En ese sentido, la convergencia de decisiones poco transparentes en el Consejo Nacional Electoral, la utilización irregular de las Fuerzas Armadas, la interferencia política en organismos independientes y la politización de espacios internacionales construyen un escenario complejo para el proceso electoral del 2025, impulsada para mal desde Libertad y Refundación. Mientras el oficialismo avanza con un discurso de continuidad y concentración de poder, las garantías democráticas básicas —como la transparencia en la transmisión de resultados y la neutralidad institucional— parecen estar en franco retroceso.
El espejo regional es claro: las democracias que fortalecen la verificación electoral y separan lo político de lo castrense, y de la administración pública, generan confianza ciudadana y estabilidad. Inversión y participación. En cambio, los regímenes que suprimen controles, cooptan instituciones y desdibujan los límites entre lo civil, lo partidario y lo militar derivan en autoritarismos disfrazados de procesos participativos.
Honduras, a solo semanas de sus comicios generales, debe decidir qué camino tomar. El tiempo para corregir el rumbo se agota.
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