Narcos compran votos: narcodiputados

Tegucigalpa, Honduras

Lincoln Figueroa y Mauricio Oliva son gente influyente en el Partido Nacional, que ha gobernado Honduras desde 2010. Ambos tiran para el mismo andén político. Figueroa apoyó, a principios de 2021, las pretensiones de Oliva de ser el sucesor de Juan Orlando Hernández en la cabeza del Partido Nacional.

En Olancho se dice que Juan Orlando Hernández, el presidente y líder del partido durante una década, no tiene en buena estima a ninguno de los dos. Figueroa, cuentan dos funcionarios municipales en Catacamas, nunca dio su apoyo completo a Hernández durante diversas jornadas electorales. En las primarias de cara a las presidenciales de este noviembre, el alcalde de Catacamas apoyó abiertamente a Oliva, uno de los contendientes y rival de Nasry “Tito” Asfura, alcalde de Tegucigalpa y el candidato favorito de JOH.

“Vamos a apoyar al doctor Oliva… El pueblo hondureño lo conoce, es un hombre con mucha capacidad, un exitoso médico de carrera, un estadista”, decía un emocionado Lincoln Figueroa a principios de 2021 a un medio de Choluteca, el hogar adoptivo de Oliva y su centro de operaciones desde hace 35 años.

SERIE: NARCOPOLÍTICA Capítulo 3: narcovotos

Oliva, en una entrevista que dio a El Heraldo en febrero, daba por sentado que no contaría con el apoyo del presidente, pero se mostraba confiado de ganar la primaria. No fue así: Asfura se hizo con la victoria y es, ahora, el candidato de Partido Nacional. Las últimas encuestas lo ponen en una apretada contienda con Xiomara Zelaya, esposa del expresidente Manuel Zelaya, del partido Libre.

No son, estas, elecciones normales en Honduras. Tanto las primarias de abril como las generales de noviembre marcarán el final del mandato presidencial de Juan Orlando Hernández y eso, de acuerdo con análisis que dos diplomáticos extranjeros —uno europeo y otro americano— compartieron con RI en Tegucigalpa, será uno de los factores más influyentes en los comicios.

“JOH necesita afianzar la protección — por el caso que el Departamento de Justicia ha abierto contra él por narcotráfico— , y necesita garantizarse que quien gane la presidencia no lo entregue”, considera el funcionario europeo destacado en la capital hondureña. Oliva, según este análisis, no es esa persona.

Sobre Oliva no pesa, aún, una investigación formal de la justicia estadounidense, aunque su nombre sí ha aparecido en testimonios dados por narcotraficantes hondureños en Nueva York, en los juicios contra Tony Hernández y Geovanny Fuentes. En marzo de 2021, fiscales neoyorquinos mencionan a Oliva como uno de los funcionarios que facilitó la operación criminal de Fuentes y de otros narcotraficantes, según consta en un escrito que los agentes del Departamento de Justicia entregaron a la corte en Nueva York.

En ese documento, los fiscales especifican que JOH designó al fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, para proteger a narcos como Fuentes y que Oliva fue parte de una operación del Estado para garantizar impunidad a través de reformas legales. Consultados en varias ocasiones respecto a estos señalamientos, Hernández y Oliva los han negado y calificado de ataques políticos.

A Oliva, Washington no lo nombró en la llamada Lista Engel, cuya primera versión fue publicada julio y en la que aparecen una cincuentena de funcionarios de Honduras, El Salvador y Guatemala acusados de favorecer la corrupción y de debilitar las democracias en el Triángulo Norte de Centroamérica. Que Oliva no aparezca ahí, a pesar de todos los señalamientos en su contra, tiene que ver con el cálculo de Washington por no perder a un eventual aliado en una región complicada, especula el diplomático americano consultado en Honduras.

Puede no aparecer en la Lista Engel, pero sobre Oliva pesan varias investigaciones y un récord cuestionado en el Congreso. El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) anota en un informe sobre diputados controversiales que buscan la reelección en noviembre que Oliva fue, como diputado y presidente del Congreso, clave para la aprobación de las llamadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), un modelo de administración territorial que concede amplios derechos de explotación y jurisdiccionales a entidades privadas, del que JOH ha sido también impulsor y el cual ha sido adversado por organizaciones comunitarias que ven en él una amenaza a sus tierras.

CESPAD también apunta que Oliva fue esencial para asegurar dos reelecciones cuestionadas, la del fiscal general Óscar Chinchilla en 2018 y la del mismo Hernández en la presidencial de 2017. La primera fue cuestionada por juristas hondureños y la segunda por la comunidad internacional, que la calificó de irregular o abiertamente de fraude. También, mientras fue presidente del Congreso, Oliva promovió reformas legales que dificultan la persecución penal de funcionarios acusados de crimen organizado, según ha señalado, entre otros, Javier Santos, jefe de la fiscalía especial contra la impunidad y la criminalidad de cuello blanco.

Fue, de hecho, el fiscal Santos cuando dirigió investigaciones desde su fiscalía —conocida con el acrónimo UFERCO— , en conjunto con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que destaparon una red de corrupción formada por funcionarios que desviaron a sus cuentas personales fondos estatales para el desarrollo local. Oliva logró detener la investigación en su contra en la Corte Suprema de Justicia que él y otros operadores del Partido Nacional empezaron a confeccionar en 2012.

Una investigación periodística del medio Expediente Público reveló en 2020 que Luis Alfonso Deras, socio y testaferro de Los Cachiros, transfirió a Oliva un apartamento valorado en 4 millones de lempiras (unos US$170,000 al cambio actual). El documento legal por el traspaso lo firmó Francisco Arturo Mejía, quien había sido abogado de Los Cachiros.

Los tratos entre Oliva y Los Cachiros, según la investigación, incluyeron compraventas de otras propiedades en 2016 a través de la sociedad Acrópolis, de la que los narcotraficantes eran propietarios.

A pesar de todo, Mauricio Oliva Herrera no tiene cuentas pendientes con la justicia hondureña. Tras su fallida intentona presidencial, el médico no competirá por la reelección como diputado, como si lo hará una larga lista de diputados nacionalistas y de otros partidos señalados en la Lista Engel, en investigaciones internas y en diversos informes de sociedad civil. Encabezan esta lista Óscar Nájera, un diputado del Partido Nacional, señalado por el Departamento de Estado como copartícipe en empresas de narcotráfico, y Gladis Aurora López, lideresa nacionalista en su natal La Paz, donde ella y su familia enfrentan señalamientos por favorecer ilegalmente a empresas hidroeléctricas y violentar a comunidades indígenas y de campesinos en la zona.

La historia de diputados implicados con el narco y el crimen organizado es larga y violenta

En San Esteban, Olancho, el 5 de julio de 2003 fue detenido el primer diputado enjuiciado por tráfico de drogas en Honduras, Armando Ávila Panchamé, representante del departamento de Yoro, acusado por el aterrizaje de una narcoavioneta, fue asesinado en la Penitenciaría Nacional de Támara donde guardaba prisión, condenado por este delito.

Freddy Nájera era de los pueblos del norte de Olancho, un político del Partido Liberal. En 2018, Nájera se entregó a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Un fiscal estadounidense dijo en la corte de Nueva York que Nájera trabajaba para el Cartel de Sinaloa; lo acusó de estar involucrado en un soborno para Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Nájera es hermano del diputado Óscar Nájera, quien va por la reelección en noviembre y es acusado por el Departamento de Estado en Washington de “importantes actos de corrupción relacionados con la banda de Los Cachiros”.

Otro diputado que marcó la historia del narcotráfico en Honduras fue el liberal César Díaz Flores, del Parlamento Centroamericano, quien estuvo preso en Nicaragua tras ser detenido con 7,2 kilos de heroína procedente de Costa Rica | Fotografía de La Prensa

En Nueva York fue condenado a cadena Perpetua, el diputado Tony Hernández, hermano del mandatario; en los testimonios en la Corte del Distrito Sur de Nueva York es mencionado además el diputado Carlos Zelaya, jefe de la bancada de Libre. El principal partido de oposición en Honduras.

Es parte de esta serie especial: El hermano del presidente y la huella del Chapo

Zelaya es hermano del expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Consultado para esta investigación el diputado Zelaya calificó como falsos los señalamientos en su contra y como inventos después del golpe de Estado contra su hermano en 2009 y más bien para él, quien maneja el tráfico de drogas en Honduras, es en realidad, la DEA, dijo en junio de este año.

Marco Ramiro Lobo, magistrado del Tribunal Supremo electoral en 2017, explica en entrevista con RI cómo la política electoral está en íntima relación con el narcotráfico en Honduras, y cómo esto en muchas ocasiones genera violencia para políticos considerados de oposición. “El entramado es fuerte porque está lleno de tratos con el narcotráfico… (Para la oposición) es estar en medio del fuego sin saber que está en juego, porque en Honduras pasan cosas aunque no pase nada en apariencia”, dice.

En ocasiones, los asesinatos y la violencia tienen que ver con el involucramiento directo de los diputados con el negocio de la droga, como es el caso de Hugo Pinto, congresista del Partido Nacional asesinado en mayo de 2020 cuando repartía bonos en Copán Ruinas, zona de influencia de Los Valle y la organización de Alexander Ardón.

“Al diputado lo mataron por pleito de droga. Le quitaron 700 kilos, lo que provocó un ajuste de cuentas de 14 personas. A él lo acusaban de torturar gente en Santa Rita (Copán)”, cuenta Lobo.

El 25 de julio pasado, en Tegucigalpa, fue asesinada la exdiputada Carolina Echeverría Haylock, quien representó al departamento de Gracias a Dios y era afín a la candidatura de Yani Rosenthal del Partido Liberal. En el atentado también resultó herido el esposo de Haylock, el abogado y coronel retirado Andrés Urtecho, quien es apoderado legal de Jorge Barralaga, exjefe de la Policía Nacional condenado por lavado de activos.

Entrevistado por Reporteros de Investigación en la vela de Echeverría Haylock, el diputado de Libre Jari Dixon Herrera consideró que “se trató de una ejecución; el atentado iba dirigido hacia ella”, y sugirió que debería de investigarse si ella “tenía permiso para postularse como diputada”. “Debe de analizarse desde la perspectiva de que estamos en una dictadura que no solo está ligada a la corrupción sino al crimen organizado”, considera el diputado de oposición.

17 diputados asesinados

Entre 2004 y 2021, 17 diputados hondureños fueron asesinados en el entorno que el exmagistrado Lobo describe como un entramado “lleno de tratos con el narcotráfico”. Estas expresiones últimas de violencia letal son piezas de un macabro rompecabezas que incluye todos esos tratos de los que habla Lobo: el consorcio de ganaderos y narcos facilitado por Lincoln Figueroa en Olancho; el imperio aún palpitante de Alexander Ardón en Copán, la entrada de la familia Hernández al negocio desde lo más alto del poder político o los oscuros tratos con el crimen organizado que facilitó Mauricio Oliva desde el Congreso Nacional. Ese era el mapa con el que Honduras recibió sus elecciones presidenciales de noviembre de 2021.

Para la elaboración de este reportaje, dos periodistas de Reporteros de Investigación viajaron varias veces a Olancho, Copán y Cortés entre 2019 y 2021. En Copán visitaron Santa Rosa de Copán, El Espíritu, Santa Rita, Copán Ruinas, La Entrada y San Antonio. En Olancho estuvieron en Catacamas y recorrieron los caminos de terracería que unen esa ciudad con los ríos Patuca y Cuyamel en las reservas del Río Plátano y Tawahka. En Cortés, San Pedro Sula y Choloma. También se realizó reporteo en San Pedro Sula y Tegucigalpa. En estos viajes, los periodistas hablaron con exfuncionarios gubernamentales, miembros de la inteligencia policiales, militares asignados al combate al narcotráfico, diplomáticos, funcionarios municipales, periodistas, religiosos y miembros de la sociedad civil. La mayoría de los entrevistados pidió que no se citará sus nombres: Honduras es un lugar en el que hablar con reporteros puede tener implicaciones graves, incluso letales. Cuando las fuentes accedieron a que se les identifique, queda así consignado en el texto.

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Un trabajo de Reporteros de Investigación