Nayib Bukele endurece su control sobre sociedad civil y medios independientes. El Salvador aprueba una polémica Ley de Agentes Extranjeros
- Jairo Videa
- 20 may
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La nueva legislación retoma y modifica una propuesta anterior del propio gobierno, presentada en 2021, que contemplaba un impuesto del 40 %. En esta ocasión, el oficialismo decidió bajar el porcentaje al 30 %, pero mantuvo intactas las disposiciones más restrictivas y coercitivas. Entre ellas, la creación del Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), un órgano adscrito al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial encargado de vigilar a las oenegés que reciben recursos del extranjero.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San Salvador, El Salvador
En un contexto de creciente represión institucional y el cierre del espacio cívico, la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada casi en su totalidad por el oficialismo, aprobó hoy, martes 20 de mayo de 2025, la Ley de Agentes Extranjeros, una controvertida normativa que impone un impuesto del 30 % a las transacciones financieras provenientes del extranjero dirigidas a organizaciones no gubernamentales, además de establecer severas restricciones sobre sus actividades, financiamiento y operaciones.
La aprobación, lograda con 57 votos de los 60 diputados presentes, se dio en una breve sesión de una hora y veinticuatro minutos, sin debate sustancial ni participación de voces opositoras, quienes votaron en contra o se abstuvieron. La ley contiene 25 artículos que estructuran un andamiaje legal con potencial para desmantelar o someter a un control férreo a las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes, cada vez más críticos con la administración de Nayib Bukele, en su segundo mandato consecutivo.
La nueva legislación entrará en vigor ocho días después de su publicación oficial y creará el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), una dependencia bajo la tutela del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, encargada de supervisar y autorizar las operaciones de personas naturales o jurídicas que reciban recursos del exterior. Este registro podrá aceptar o rechazar solicitudes y evaluará individualmente cada proyecto presentado por las oenegés, sin criterios claros ni mecanismos independientes de revisión.
La piedra angular de la ley es el impuesto del 30 % sobre cada transacción, donación o desembolso que una organización reciba de fuentes internacionales, lo que impacta directamente la sostenibilidad económica de gran parte del tejido organizativo salvadoreño. A pesar de que se contempla una vía para solicitar exenciones (Artículo 5), la misma está sujeta a la aprobación arbitraria del RAEX, sin establecer parámetros objetivos o procedimientos de apelación.
Además, se prohíbe a las organizaciones involucrarse en actividades que puedan interpretarse como "políticas", especialmente aquellas que —según el texto— puedan alterar el orden público, atentar contra la seguridad nacional o afectar la estabilidad del país (Artículo 9). En términos prácticos, esto otorga al Poder Ejecutivo amplias facultades para definir y sancionar cualquier acto de incidencia, movilización o crítica pública.
Las sanciones por incumplimiento también son desproporcionadas: multas entre 100 mil y 150 mil dólares para quienes infrinjan la ley, además de la posibilidad de perder la personería jurídica, lo que representa una amenaza existencial para múltiples organizaciones humanitarias, ambientales, feministas, culturales, de derechos humanos y de libertades públicas.
El proyecto tiene profundas similitudes con la legislación adoptada por el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo en Nicaragua en el año 2020, utilizada junto a otras legislaciones como herramienta para criminalizar y disolver a miles de organizaciones nacionales e internacionales. Organismos de derechos humanos han advertido que la normativa salvadoreña responde a una estrategia similar de cierre progresivo del espacio cívico y consolidación del poder autoritario.
"Que no nos sorprenda si en algunas semanas o meses Nuevas Ideas sale con una lista de entidades que deberían ser eliminadas por 'actos contrarios' a sus objetivos y fundamentos organizativos", comentó un periodista independiente, coordinador de una de las pocas iniciativas masivas que quedan en El Salvador.
Aunque Bukele había promovido una versión de esta ley en 2021 con un impuesto propuesto del 40 %, esta no avanzó en ese momento. Su reactivación, tres años después y en vísperas del inicio de su sexto año en el poder, se da en un contexto de agudización de las medidas represivas y tras una serie de acontecimientos que han encendido las alarmas dentro y fuera del país.
El anuncio de Bukele sobre la reactivación del proyecto ocurrió un día después de una protesta pacífica protagonizada por habitantes de la comunidad El Bosque, en Santa Tecla, quienes exigían al mandatario frenar un inminente desalojo ordenado por un juzgado laboral, que afectaría a unas 300 familias.
La manifestación se realizó frente al acceso de la lujosa residencial "Los Sueños", donde vive el presidente junto a su familia y donde se construye la nueva residencia presidencial. La reacción del oficialismo fue inmediata y contundente: represión militar, uso de antimotines, arresto de líderes comunitarios como el pastor evangélico José Ángel Pérez y el abogado Alejandro Henríquez, y movilización de tanquetas y patrullas para intimidar a las y los manifestantes.
Esta intervención fue calificada por organizaciones defensoras de derechos humanos como un uso excesivo de la fuerza y una muestra de cómo el Ejecutivo está dispuesto a utilizar aparatos militares para sofocar demandas sociales legítimas.
La aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros es el último eslabón en una cadena de medidas que han limitado las libertades fundamentales en El Salvador en los últimos meses. A inicios de mayo, 16 empresarios del transporte público fueron arrestados por supuestamente negarse a implementar una política de transporte gratuito impuesta abruptamente por el Estado. Uno de ellos murió bajo custodia estatal, en circunstancias aún no aclaradas.
Por otro lado, periodistas del medio digital El Faro y de otras plataformas disidentes salieron del país tras amenazas de arresto, luego de la publicación de una entrevista que documenta una vez más las negociaciones entre la gente de Bukele y las pandillas, cuando el jerarca aún era alcalde de San Salvador. Las acusaciones presidenciales sobre una presunta "agenda globalista" de las organizaciones no gubernamentales y su vinculación con "movimientos desestabilizadores" van en línea con los discursos de otros gobiernos autoritarios en la región.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han denunciado la aprobación de esta ley como un punto de no retorno para la democracia salvadoreña. La diputada opositora Claudia Ortiz, del partido Vamos, señaló durante la sesión de esta tarde que esa normativa "es una herramienta autoritaria para la censura y el debilitamiento del espacio cívico".
Por su parte, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras plataformas regionales como Cristosal han alertado que esta ley viola convenios internacionales sobre libertad de asociación, expresión y participación ciudadana, firmados por El Salvador. También recordaron que los fondos internacionales para oenegés y medios suelen estar destinados a programas de salud, educación, derechos humanos y apoyo comunitario, no a agendas políticas, como ha insinuado el presidente Bukele y el oficialismo.
Con la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros, El Salvador entra en una nueva etapa de centralización del poder estatal y marginación de los contrapesos sociales. La imposición de gravámenes exorbitantes, restricciones vagas y sanciones desproporcionadas amenaza con asfixiar a una sociedad civil que ya opera bajo constante vigilancia, criminalización y estigmatización. El uso de esta ley como arma política contra el disenso no solo afectará a las entidades receptoras, sino también a las muchas comunidades vulnerabilizadas que dependen de sus servicios, y representa una peligrosa señal de que el país sigue alejándose de los principios democráticos y del Estado de Derecho.
En medio del silencio institucional y la represión creciente, los próximos meses pondrán a prueba la resiliencia de una sociedad civil que, pese a las amenazas, continúa exigiendo justicia, transparencia y dignidad.
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