Escalada contra defensores de derechos humanos y activistas sociales en El Salvador. Ya son cinco los presos políticos
- Jairo Videa
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No es la primera vez que Nayib Bukele ataca a Cristosal. En abril, agentes policiales irrumpieron en una conferencia de prensa en la sede de la organización, fotografiando a las y los asistentes y vehículos presentes. Para Cristosal, estos hechos son claros indicios del deterioro democrático en El Salvador.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San Salvador, El Salvador
La captura de Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal, marca un nuevo hito en la ofensiva de la administración del mandatario Nayib Bukele contra las voces críticas y defensoras de derechos humanos en El Salvador durante su segundo período consecutivo. La activista y abogada fue arrestada la noche del domingo 18 de mayo de 2025 por la Policía Nacional Civil (PNC) en un operativo impulsado por una orden de la Fiscalía General de la República, que la acusa de peculado durante su gestión en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hace una década.
Según el comunicado emitido por la Fiscalía en la red social X (antes Twitter), López fue "asesora de confianza y mano derecha de Eugenio Chicas" en su período como magistrado y presidente del TSE. La institución la acusa de haber colaborado en la sustracción de fondos públicos, aunque no precisa el monto ni el período exacto en el que se habrían cometido los hechos.
La detención de López se produce en un contexto de hostigamiento estatal contra Cristosal, una de las organizaciones de derechos humanos más reconocidas en El Salvador y Centroamérica, que ha documentado las violaciones de derechos humanos en el marco del régimen de excepción que Bukele lanzó en 2022 como parte de su "guerra contra las pandillas". Cristosal, además, ha estado brindando asistencia legal y apoyo a las familias de al menos 252 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) en las últimas semanas, quienes están recluidos en una prisión de máxima seguridad en El Salvador, donde se han denunciado torturas físicas y psicológicas.
Hasta la mañana de hoy lunes, ni su equipo legal ni su familia habían logrado confirmar el paradero de López. Cristosal denunció su situación como una desaparición forzada de corta duración, una práctica que, según organismos internacionales, se ha vuelto recurrente en el país durante el régimen de excepción. "Su detención ocurre en momentos de profunda preocupación sobre el creciente riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en El Salvador, y en un contexto de debilitamiento institucional y represión", indicó Cristosal en un comunicado público.
López ha sido una férrea crítica de la administración Bukele y sus políticas de seguridad, así como de la ya casi Ley de Agentes Extranjeros que el mandatario impulsa para gravar con un 30 % las donaciones recibidas por organizaciones no gubernamentales. La propuesta, denunciada por organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, se asemeja a la ley adoptada por el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo en Nicaragua, que ha sido utilizada para asfixiar financieramente e institucionalmente a oenegés críticas del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La captura de López se inscribe en una serie de medidas represivas del gobierno de Nuevas Ideas contra activistas, defensores de derechos humanos y defensores del medio ambiente. Solo en los últimos meses, se han reportado múltiples casos de detención arbitraria y criminalización de la protesta social.
El pasado lunes 12 de mayo de 2025, cerca de 300 familias campesinas de la comunidad El Bosque, en Santa Tecla, protestaron pacíficamente frente a la residencia del presidente salvadoreño para exigir "una solución" ante un inminente desalojo ordenado por un juzgado. La manifestación fue disuelta violentamente por la Policía Militar, una fuerza que, por ley, no tiene facultades para el control del orden público, peor en situaciones donde los derechos constitucionales y civiles deben ser respetados sí o sí. José Ángel Pérez, presidente de la cooperativa El Bosque, fue arrestado, y al día siguiente, el abogado y activista Alejandro Henríquez, miembro del Foro del Agua, fue capturado mientras salía de su oficina.
Carlos Flores, representante del Foro del Agua, denunció el uso de armas largas y violencia excesiva por parte de los agentes que detuvieron a Henríquez, quien brindaba asesoría legal a la comunidad afectada por los desalojos. Flores indicó que varios líderes comunitarios han tenido que esconderse tras recibir amenazas de captura.
El pasado lunes 28 de abril, agentes policiales irrumpieron en las instalaciones de Cristosal mientras la organización ofrecía una conferencia de prensa. Según la entidad de la sociedad civil, los agentes grabaron y fotografiaron vehículos del personal y de los medios de comunicación presentes, en un acto que calificaron como "un intento de intimidación".
Cristosal también denunció haber sido objeto de acoso estatal debido a su trabajo en defensa de los derechos de las personas detenidas bajo el régimen de excepción. A través de una aplicación en línea, la organización ha recopilado información sobre más de 250 migrantes venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), revelando que el 78% de ellos migró por motivos económicos a EE.UU., un 35 % huyó de la violencia y un 9 % por persecución política.
La captura de López se produjo apenas dos días después de que abogados de los migrantes venezolanos denunciaran torturas físicas y morales en la prisión de máxima seguridad donde están recluidos. La represión no solo afecta a defensores de derechos humanos, sino también a líderes religiosos, como el pastor evangélico José Pérez, y activistas medioambientales, como Fidel Zavala, arrestado en febrero por la Fiscalía bajo acusaciones de integrar agrupaciones ilícitas.
En paralelo a estas detenciones, el gobierno de Bukele avanza con un proyecto de ley para controlar a las oenegés. La Iniciativa de Ley de Agentes Extranjeros, inspirada en la adoptada por el régimen Ortega-Murillo, propone un impuesto del 30 % sobre los fondos recibidos por organizaciones que operan en El Salvador. El mandatario justificó esta medida afirmando que las organizaciones no gubernamentales son "instrumentos de injerencia extranjera".
En ese sentido, la detención de Ruth López no solo representa un golpe directo a Cristosal, sino que evidencia un patrón de persecución y criminalización de la disidencia. La falta de información sobre su paradero y la opacidad en el proceso legal recuerdan prácticas de regímenes autoritarios que buscan silenciar voces incómodas y consolidar un poder sin contrapesos. "Que le compren el uniforme blanco", le dijeron a los familiares de Ruth, sin dar más detalles al respecto.
A medida que Bukele y su gente intensifican su control sobre las instituciones y la narrativa nacional, las organizaciones civiles y de derechos humanos en El Salvador enfrentan uno de los momentos más críticos en la historia reciente del país.
En medio de una creciente ola de represión en El Salvador, al menos cinco defensores de derechos humanos y activistas sociales permanecen detenidos bajo condiciones cuestionadas, en lo que opositores, activistas y abogados constitucionalistas califican como una escalada contra la sociedad civil. Entre los presos políticos se encuentran dirigentes campesinos como José Ángel Pérez, capturado tras una protesta en la comunidad El Bosque; el activista y abogado Alejandro Henríquez; la dirigente de Cristosal Ruth Eleonora López, arrestada el 18 de mayo; y el pastor evangélico José Pérez. A estos se suman otros líderes comunitarios y activistas que fueron detenidos durante movilizaciones recientes, mientras varios han sido liberados después de semanas o meses en prisión, reflejando un patrón de criminalización de la protesta social y el activismo en el país.
Lista completa de detenidos:
Ruth Eleonora López — dirigente de Cristosal, detenida el domingo 18 de mayo.
José Ángel Pérez — líder campesino de la comunidad El Bosque, detenido tras la protesta campesina.
Gustavo Castro — otro líder campesino de El Bosque, capturado y liberado posteriormente.
Otros 3 líderes comunitarios capturados durante la protesta campesina y liberados luego (además de Pérez y Castro).
Alejandro Henríquez — activista y abogado, detenido al día siguiente de la protesta campesina.
Fidel Zavala — activista detenido en febrero.
José Pérez — pastor evangélico detenido durante manifestación campesina.
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