Nicaragua corta lazos con ACNUR mientras EE.UU. revoca permisos humanitarios. Doble afrenta contra el refugio y la dignidad
- Jairo Videa
- 12 jun
- 6 Min. de lectura
Frente a este contexto adverso, el discurso oficial en Managua resulta no solo paradójico, sino profundamente cínico. En una intervención televisada hace una semana, Rosario Murillo, comandataria y vocera del régimen sandinista, invitó a las y los nicaragüenses deportados a "regresar a su tierra", calificando el sueño americano como una "pesadilla" y un "engaño". Sin embargo, sus palabras contrastan violentamente con la realidad: Nicaragua no ofrece condiciones mínimas para el retorno seguro y digno de sus ciudadanos.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
En una jornada marcada por decisiones políticas que reconfiguran dramáticamente el panorama migratorio regional, el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo anunció este jueves 12 de junio de 2025 su "retiro irrevocable" de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en paralelo a la ejecución, por parte del gobierno estadounidense, de una cancelación masiva de permisos de empleo para más de medio millón de beneficiarios del recién cancelado programa de "parole" humanitario que incluye a miles de ciudadanos nicaragüenses.
Ambas decisiones —aparentemente separadas— convergen en un mismo desenlace: la reducción de vías de protección internacional para decenas de miles de personas que huyen de contextos de represión, inseguridad y colapso institucional.
A través de una misiva firmada por el canciller Valdrack Jaentschke y dirigida al Alto Comisionado, Filippo Grandi, la monarquía nicaragüense oficializó su salida de ACNUR, organismo que ha coordinado las solicitudes de refugio y protección de más de 300,000 personas nicaragüenses exiliadas desde abril de 2018.
En el documento, el régimen acusa a ACNUR de operar con "doble rasero", de intervenir en asuntos internos y de actuar al servicio de potencias que "no aceptan la soberanía de los pueblos". Sin ofrecer evidencia concreta, la carta denuncia que el organismo ha divulgado información "sesgada y llena de manipulaciones", lo que justificaría la decisión "soberana" de abandonar la agencia.
Este alejamiento del sistema multilateral no solo representa un hecho inédito en la historia de Nicaragua, sino que también envía un mensaje claro a la comunidad internacional: la dictadura de Ortega y Murillo se desentiende por completo de cualquier mecanismo que facilite el derecho al refugio, la protección de víctimas de persecución y el monitoreo internacional de abusos contra los derechos humanos, a pesar de que mantiene bajo protección estatal a expresidentes y exfuncionarios de El Salvador y Honduras acusados en sus respectivos países de corrupción o crímenes contra el Estado y la ciudadanía. La salida de ACNUR se suma a una larga lista de rupturas del régimen con organismos internacionales, incluyendo la expulsión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el cierre de las oficinas de Naciones Unidas en Managua y la criminalización de la sociedad civil.
El mismo día que Nicaragua notificó su salida de ACNUR, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) revocó de manera inmediata los permisos de trabajo y residencia temporal otorgados bajo el programa de "parole" humanitario CHNV, que desde 2023 había permitido el ingreso ordenado de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La cancelación afecta a aproximadamente 530,000 personas, quienes ahora se enfrentan a un abrupto cambio de estatus migratorio que los convierte en indocumentados, con la consiguiente pérdida de derechos laborales y mayor riesgo de deportación.
La medida culmina un proceso impulsado por sectores conservadores desde marzo, respaldado por la administración de Donald Trump, y validado finalmente por la Corte Suprema a finales de mayo. Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, aseguró que la decisión busca "restaurar el sentido común" en las políticas migratorias, priorizando la seguridad pública y desincentivando lo que consideran un "uso indebido" de los programas de permisos humanitarios.
Este endurecimiento se aplica exclusivamente a ciudadanos latinoamericanos, mientras que beneficiarios de otros países —como Ucrania o quienes ingresan por reunificación familiar— mantienen sus protecciones. La selectividad geográfica evidencia un enfoque discriminatorio, con implicaciones geopolíticas claras, según fuentes consultadas por COYUNTURA.
Más falacias en Nicaragua
La semana pasada, en un acto propagandístico transmitido por medios oficiales, Rosario Murillo extendió una invitación pública a las y los migrantes deportados a regresar a Nicaragua, calificando el sueño americano como una "pesadilla" y asegurando que "aquí está su pueblo, su tierra, su raíz".
No obstante, la retórica del régimen choca con la realidad concreta del país centroamericano: Nicaragua atraviesa una de sus peores crisis económicas, sociales, políticas y de seguridad, y mantiene una estrategia de represión interna que ha obligado al exilio a más de 800,000 personas desde abril del año 2018. Más de 500 de ellas han sido desnacionalizadas, despojadas de su ciudadanía y sus bienes, y forzadas a vivir como apátridas.
El regreso al país, lejos de ser una posibilidad segura, implica un riesgo considerable para quienes han sido señalados por oponerse al régimen o colaborar con medios independientes, organizaciones civiles, movimientos estudiantiles o iglesias críticas.
Además, la economía nicaragüense no ofrece condiciones mínimas de reintegración laboral, cuando las remesas se traducen en más del 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) anual. El desempleo informal domina el panorama por encima del 82 %, las inversiones están paralizadas por la inseguridad jurídica y la persecución fiscal, y las más de 5,300 oenegés que alguna vez ofrecieron oportunidades de trabajo fueron cerradas, expropiadas o criminalizadas.
Lo que ocurre simultáneamente en Washington y Managua no es una coincidencia menor: la anulación de protecciones para migrantes y el retiro del sistema internacional de refugio forman parte de una tormenta política internacional que tiene como víctimas principales a las personas desplazadas.
Desde el norte, Estados Unidos revoca sus compromisos humanitarios, sin ofrecer alternativas viables de regularización. Desde el centro, Nicaragua niega las causas que empujan al exilio y desmantela los mecanismos locales de asistencia internacional. Organizaciones de defensa de derechos humanos y de las personas migrantes han reaccionado con preocupación. Tres entidades en presentaron este jueves una nueva demanda contra la cancelación del "parole" en Massachusetts, alegando violaciones al debido proceso y la Constitución. Por su parte, la comunidad nicaragüense en el exilio observa con alarma el doble cierre de puertas: la del país que los acoge y la del país que los expulsa.
Para las más de 100,000 personas que solicitaron refugio en Costa Rica, los miles que han llegado a México o Estados Unidos, y quienes aún permanecen en tránsito o están en Centroamérica, España, Panamá y hasta Colombia, la incertidumbre es absoluta. A corto plazo, podrían intentar solicitar asilo, TPS (Estatus de Protección Temporal) u otras formas de protección, aunque estos procesos son lentos y no garantizan estatus regular.
A mediano plazo, enfrentan el desafío de reconstruir sus vidas desde la precariedad, sin acceso inmediato a empleo ni garantías legales a otros derechos. Y a largo plazo, el panorama es aún más incierto: un país de origen que las y los criminaliza y un sistema internacional que se debilita ante el avance de regímenes autoritarios y el endurecimiento migratorio.
En palabras de una migrante nicaragüense residente en Houston, contactada por este medio tras recibir su carta de cancelación, hoy: "nos quitaron el permiso de trabajar en Estados Unidos y también nos quitaron el país. ¿A dónde se supone que vayamos ahora?".
La pregunta sigue abierta. La respuesta, de momento, sigue siendo el silencio.
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