Nicaragua otorga asilo a Carlos Ramón González, exjefe de inteligencia colombiano, implicado en el mayor escándalo de corrupción en la administración de Gustavo Petro
- Redacción Central
- 21 ago
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Los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, acusados de desvío de fondos públicos, recibieron asilo y más tarde ciudadanía nicaragüense. En los ochenta, Managua también cobijó a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al exlíder montonero argentino Mario Eduardo Firmenich, y al italiano Alessio Casimirri, implicado en el asesinato del primer ministro Aldo Moro, hoy convertido en empresario gastronómico en la capital nicaragüense. Incluso narcotraficantes del calibre de Pablo Escobar y Carlos Lehder encontraron protección en territorio sandinista durante la primera administración de Daniel Ortega tras la revolución de 1979.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El régimen matrimonial de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo anunció este miércoles 20 de agosto de 2025 la concesión de asilo político a Carlos Ramón González Merchán, uno de los hombres más buscados por la justicia colombiana. Exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), González está señalado como pieza clave en la red de sobornos que destapó la Fiscalía colombiana en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), considerado el mayor escándalo de corrupción que ha golpeado al Ejecutivo de Gustavo Petro.
La decisión de Managua llegó apenas cinco días después de que Bogotá formalizara una solicitud de extradición contra el exfuncionario, acusado de ordenar pagos ilícitos a congresistas para garantizar respaldo legislativo al gobierno. Sin embargo, la cancillería nicaragüense respondió con una nota diplomática en la que invocó el derecho internacional en materia de asilo, argumentando que González es objeto de "persecución política".
En la Resolución Ministerial No. 001-2025, el régimen sandinista justificó que "toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos". También citó la Convención Americana sobre Derechos Humanos para sostener que ningún extranjero puede ser expulsado o devuelto a un país donde su vida o su libertad estén en riesgo por razones de nacionalidad, religión, opiniones políticas o condición social.
El caso que sacudió a la presidencia de Petro
La Fiscalía General de Colombia imputa a Ramón González por cohecho, apropiación de recursos públicos y lavado de activos, acusándolo de haber instruido a Olmedo López, entonces director de la UNGRD, para inflar un contrato de compra de 40 camiones cisterna destinados a comunidades de La Guajira, una de las regiones más afectadas por la sequía.
Los sobrecostos, según la investigación, fueron utilizados para pagar sobornos a líderes del Congreso. Entre los beneficiados estarían Iván Name, expresidente del Senado y copartidario de González en el Partido Verde, quien habría recibido 3,000 millones de pesos, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, a quien se le atribuye haber recibido un tercio de esa suma. Ambos exparlamentarios están hoy privados de libertad.
La gravedad del caso no solo debilitó políticamente a la administración de Petro, sino que lo vinculó de manera incómoda con antiguos aliados, pues González, de 66 años, compartió militancia con el presidente en el extinto grupo guerrillero M-19.
Una relación cercana con Nicaragua
Los vínculos de González con el régimen de Ortega-Murillo no son recientes. El martes 05 de noviembre de 2024, cuando ya se conocían las investigaciones en su contra, obtuvo una residencia en Nicaragua. Posteriormente, el periodista colombiano Daniel Coronell reveló que el exfuncionario se había alojado entre septiembre de 2024 y febrero de 2025 en la propia residencia de la embajada de Colombia en Managua, ubicada en el barrio Las Colinas.
Aunque Petro negó haber facilitado su permanencia o apoyo institucional, la polémica se intensificó cuando el exembajador León Fredy Muñoz, también miembro del Partido Verde, admitió que gestionó su estadía en Nicaragua, alegando que en ese momento González no tenía orden de captura.
La Fiscalía colombiana asegura que sobre el exjefe de inteligencia pesa una orden internacional de captura emitida por Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). No obstante, la protección brindada por el asilo en Managua bloquea de facto cualquier intento de extradición.
Un refugio para prófugos
El caso González refuerza un patrón de conducta del régimen sandinista: usar Nicaragua como santuario para fugitivos y corruptos de distintos países. Ejemplos abundan. En 2019, Ortega otorgó asilo y posteriormente nacionalidad a los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, acusados de desviar fondos públicos. Funes murió en Managua sin enfrentar procesos judiciales.
En décadas anteriores, el país también recibió a militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al exlíder montonero argentino Mario Firmenich y a criminales internacionales como el italiano Alessio Casimirri, involucrado en el secuestro y asesinato del primer ministro Aldo Moro. Casimirri lleva más de tres décadas viviendo en Managua, donde administra un exclusivo restaurante.
Incluso en los años ochenta, cuando el Frente Sandinista gobernaba por primera vez, Nicaragua fue refugio temporal de narcotraficantes de la talla de Pablo Escobar y Carlos Lehder. Este último narró en sus memorias cómo se le asignó una residencia diplomática en Managua, desde donde coordinaba operaciones con dólares en efectivo y equipos de comunicación de alta gama.
La monarquía del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha otorgado al menos 130 nacionalidades en los últimos años a aliados políticos y prófugos de la justicia, al mismo tiempo que despojó de su ciudadanía a 452 nicaragüenses, convertidos en apátridas.
En ese sentido, el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, calificó la decisión de Managua como "inamistosa y agresiva". A su juicio, ignorar un pedido de extradición entre países con tratados vigentes constituye un agravio diplomático que obliga a replantear las relaciones bilaterales.
"Si el presidente pide la extradición a cualquier país en el cual existen los tratados y ese país no corresponde, es algo inamistoso y agresivo que no debe pasar", declaró Benedetti. También advirtió que será necesario "revisar qué pasa con las relaciones diplomáticas" frente a la negativa del régimen nicaragüense.
La controversia se suma a las investigaciones internas en Colombia, donde la Procuraduría abrió un expediente contra funcionarios de la cancillería tras conocerse que la embajada colombiana en Managua habría gestionado la renovación de la residencia de González.
Entre el asilo y la impunidad
El otorgamiento de refugio a González coloca a Ortega-Murillo nuevamente en el centro del debate regional sobre la instrumentalización del derecho de asilo para garantizar impunidad a aliados y prófugos. Mientras la Managua sandinista argumenta que protege a un "perseguido político", Bogotá denuncia que se trata de un intento por blindar a un implicado en corrupción y obstaculizar la justicia.
Más allá de lo jurídico, la decisión amenaza con tensar aún más los lazos entre Nicaragua y Colombia, en un contexto en que Petro enfrenta cuestionamientos internos y presión internacional, cuando el régimen sandinista continúa aislado internacionalmente.
Con González ahora bajo protección en Managua, el escándalo de la UNGRD no solo reconfigura el tablero político en Bogotá, sino que también pone de nuevo a Nicaragua en la lista de países que se convierten en puertos seguros para fugitivos con poder.
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