Carlos Ramón González, prófugo clave del "caso UNGRD" en Colombia, habría renovado su residencia en Nicaragua
- Redacción Central
- hace 3 días
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Gustavo Petro y la exministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, negaron categóricamente cualquier intervención oficial en el proceso. El mandatario aseguró en la red social X que "el gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González". Sarabia, por su parte, afirmó no haber participado ni recibido información sobre trámites migratorios relacionados con el caso, y sostuvo que la trazabilidad institucional confirma su postura.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia (DAPRE) y exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, permanece en Nicaragua desde noviembre de 2024 y habría renovado su residencia en ese país con respaldo institucional, según documentos divulgados por el canal colombiano RCN Noticias. González es requerido por la justicia colombiana por su presunta participación en el mayor caso de corrupción del actual gobierno izquierdista.
El medio presentó este jueves 14 de agosto de 2025 copias de la cédula de residencia nicaragüense del exfuncionario, junto con una carta dirigida por la Embajada de Colombia en Managua al Ministerio de Migración y Extranjería de Nicaragua. En la misiva, fechada el 21 de mayo de 2025, la delegación diplomática solicita apoyo para "regularizar el estado migratorio" y renovar la residencia de González, señalando que no ha abandonado el país desde el 05 de noviembre de 2024.
También se divulgó un oficio del Ministerio del Interior (MINT) de Nicaragua, controlado por el oficialista partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), con instrucciones para la actualización, incluyendo el pago de 56 dólares estadounidenses, así como una carta estatal de Nicaragua confirmando que González podía realizar el trámite en cualquier momento. Según RCN, este procedimiento se efectuó el mismo día en que el exfuncionario fue imputado en Colombia el 03 de junio del presente año.
El presidente Gustavo Petro y la exministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, rechazaron cualquier intervención oficial para otorgar beneficios a González. Petro aseguró en la red social X (antes Twitter) que su administración "no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio" para el exdirector del DAPRE, mientras Sarabia afirmó que no recibió ni participó en gestiones sobre trámites migratorios relacionados con él.
González, de 66 años, está vinculado a un proceso penal por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros. El Tribunal Superior de Bogotá emitió una orden de captura y dispuso su detención preventiva en centro penitenciario. La Fiscalía sostiene que ordenó pagos de sobornos a congresistas, entre ellos Iván Name y Andrés Calle —ambos detenidos—, utilizando recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las pesquisas indican que a los entonces presidentes del Senado y Cámara, respectivamente, Iván Name y Andrés Calle, les habrían dado sobornos en esta trama. Se cree que Name recibió 3,000 millones de pesos, mientras que Calle presuntamente se benefició con 1,000 millones de pesos. El dinero se habría entregado en efectivo.
"Al parecer, Ramón González le ordenó a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, la contratación de los carrotanques, pero con el propósito de presuntamente sobornar congresistas a cambio de que las reformas del gobierno fueran aprobadas en el Órgano Legislativo", cita el medio colombiano. "El millonario contrato tenía como fin suministrarle agua a La Guajira por medio de carrotanques. Sin embargo, el dinero habría tenido otro propósito ilícito", agrega.
La investigación se originó tras las declaraciones del exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla, quien señaló que en 2023 se desviaron fondos destinados a la compra de 40 carrotanques para abastecer del vital líquido. Según la Fiscalía, los vehículos adquiridos no cumplían las especificaciones técnicas y los recursos fueron redirigidos para el pago de coimas a cambio de apoyo legislativo.
En el expediente también figura la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, quien presuntamente actuaba por instrucciones de González para la entrega de estos pagos. Hasta el momento, la circular roja de INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal) solicitada por Colombia no ha sido emitida, lo que, de confirmarse su estadía en Nicaragua, podría permitir que el exfuncionario continúe fuera del alcance de las autoridades judiciales de su país.
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