Nicaragua profundizó la represión con reformas que vulneran el derecho a la nacionalidad, advierte la CIDH
- Redacción Central
- hace 8 horas
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La eliminación unilateral de la nacionalidad acarrea impactos directos en el acceso a servicios públicos, la educación y la salud, así como en el reconocimiento de vínculos familiares. Menores de edad han visto borrada su filiación al desaparecer a uno o ambos progenitores de los registros de nacimiento. Distintas cancillerías de América Latina y gobiernos europeos —entre ellos Argentina, Brasil, España y México— han ofrecido naturalización y reasentamiento a las y los apátridas nicaragüenses, aunque el proceso se enfrenta a trámites prolongados y a la falta de documentación original, confiscada por las autoridades de Managua.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
Las reformas constitucionales impulsadas por la administración sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo en Nicaragua han encendido las alarmas de organismos internacionales por su potencial para provocar una crisis humanitaria sin precedentes. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) han advertido sobre el riesgo de que miles de personas nicaragüenses pierdan su nacionalidad, quedando en un limbo jurídico que podría derivar en apatridia.
El Órgano Legislativo nicaragüense aprobó, el pasado viernes 16 de mayo de 2025, en primera legislatura, modificaciones a los artículos 23 y 25 de la Constitución. Según esta nueva disposición, quien adquiera otra ciudadanía perderá automáticamente la nacionalidad nicaragüense.
Detrás de la reforma, el discurso oficial defiende la nacionalidad como "un pacto sagrado de lealtad", incompatible con la doble ciudadanía. Sin embargo, la CIDH ha alertado que la medida podría vulnerar el derecho a la nacionalidad, sobre todo para personas en situación de exilio, desplazamiento forzado o reunificación familiar, quienes podrían verse privadas de su vínculo jurídico con el país sin acceso a un debido proceso ni garantías legales.
Además, la Comisión ha recordado que Nicaragua es signataria de la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia, la cual prohíbe que se prive de la nacionalidad a una persona hasta que no haya adquirido efectivamente otra, precisamente para evitar situaciones de apatridia. No obstante, la reforma aprobada no contempla salvaguardas mínimas para garantizar esta protección.
La medida se suma a una escalada represiva que ha llevado al despojo arbitrario de la nacionalidad de al menos 452 opositores desde 2023, según datos de la CIDH. Estas personas, además de perder su nacionalidad, han enfrentado confiscaciones de bienes, anulaciones de registros civiles y la cancelación de otros derechos fundamentales, configurando lo que el organismo ha denominado como una "muerte civil". Entre las víctimas colaterales figuran menores de edad, quienes han visto afectado su derecho a la identidad al quedar borrados sus lazos legales con sus padres y madres en registros oficiales.
El organismo interamericano ha reiterado que la privación de nacionalidad por razones políticas es discriminatoria y contraria al derecho internacional. También ha instado a los Estados de la región a ofrecer protección a las víctimas de estas políticas, recordando que quienes pierden su nacionalidad por persecución política son refugiados y deben gozar de los derechos estipulados en las Convenciones sobre Refugiados y Apátridas.
Un régimen cimentado en la represión
Paralelamente, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya ha detallado en un informe de abril pasado cómo la reforma constitucional constituye la última pieza en la consolidación de un aparato autoritario.
De acuerdo con el GHREN, la monarquía del oficialista partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha orquestado un sistema de represión centralizado desde 2018, marcado por patrones sistemáticos de violaciones a los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad. El informe describe cómo el Estado ha utilizado la privación de nacionalidad, el despojo de propiedades y las expulsiones forzadas como herramientas para afianzar su control absoluto sobre la población, dentro y fuera del país centroamericano.
En los últimos doce meses, las confiscaciones arbitrarias de bienes se han intensificado, lo cual, advierte el GHREN, no solo destruye medios de subsistencia, sino que podría encubrir delitos adicionales que ameritan investigaciones internacionales. El ahora Órgano Judicial nicaragüense, según el Grupo, opera como un engranaje más del sistema represivo, garantizando impunidad a los responsables y, al mismo tiempo, facilitando nuevas violaciones.
El informe identifica cadenas de mando específicas, con diagramas funcionales incluidos, que demuestran cómo las órdenes fluyen desde la cúspide del poder, directamente desde la pareja copresidencial hacia las instituciones públicas y el partido FSLN. Estos mecanismos, asegura el GHREN, están diseñados para reprimir a opositores y disidentes en todos los niveles sociales, políticos y económicos.
Aunque algunos nombres de los responsables ya fueron revelados, el Grupo mantiene "expedientes confidenciales adicionales", que podrían ser compartidos con fiscalías internacionales bajo protocolos estrictos de confidencialidad.
Ante la magnitud de la crisis, varios países han ofrecido medidas concretas. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México y Panamá han abierto sus puertas para conceder ciudadanía a nicaragüenses desnacionalizados. Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos y España también han brindado apoyo en procesos de reasentamiento y protección humanitaria.
No obstante, el GHREN advierte que la gravedad del deterioro institucional en Nicaragua es tal que la reconstrucción de la democracia y el Estado de Derecho tomará años. "Cuanto más demore la comunidad internacional en actuar con firmeza, mayor será la carga y más prolongado el sufrimiento de la población nicaragüense", enfatiza el documento.
Mientras la maquinaria represiva sigue activa, miles de nicaragüenses enfrentan la amenaza inminente de la apatridia, el desarraigo y la exclusión total de la vida cívica y legal. Para la CIDH y el GHREN, la situación en Nicaragua es una advertencia severa sobre las consecuencias del uso autoritario del derecho a la nacionalidad como arma política.
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