Las expresiones de temor y consternación se propagan entre los ciudadanos costarricenses, alimentadas por frases como "¡qué miedo!", "esto es terrible" y la inquietante comparación con ser "el Ecuador de Centroamérica". La escalada de violencia ha encendido las alarmas en todos los sectores de la sociedad. El incremento de homicidios y agresiones ya no se limita únicamente a disputas territoriales entre grupos criminales; ahora, incluso los funcionarios judiciales se encuentran en el punto de mira de la violencia desatada. En medio de este clima de incertidumbre, la ciudadanía común se ve atrapada en un peligroso fuego cruzado, enfrentando una realidad que amenaza la seguridad y la estabilidad del país. La figura del presidente Rodrigo Chaves es objeto críticas y señalamientos cada vez más fuertes por su gestión ante la creciente crisis.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San José, Costa Rica
En medio de una escalada de violencia que está sacudiendo a la sociedad costarricense desde hace más de dos años, durante las últimas horas se han registrado una serie de eventos violentos que han conmocionado al país, subrayando lo mal que le ha ido al país en cuanto a seguridad en los primeros meses del año 2024. Estos sucesos, que van desde asesinatos a plena luz del día hasta ataques dirigidos contra funcionarios judiciales, plantean serias interrogantes y alertas sobre la defensa ciudadana, el alcance del crimen organizado y el Estado de Derecho en Costa Rica.
La pequeña tranquilidad de la madrugada de hoy, sábado 06 de abril del 2024, se vio interrumpida frente al cementerio de Chacarita, en Puntarenas, cuando dos individuos interceptaron un taxi. El pasajero, identificado como Jeremy Edward Agüero Hidalgo, alias "Casco", de tan solo 20 años de edad, fue obligado a descender del vehículo, para ser brutalmente asesinado a balazos en plena vía pública. Según las autoridades, los criminales, que aparentemente seguían el taxi en una motocicleta, perpetraron el crimen a las dos de la mañana. La rápida respuesta policial permitió la detención de los sospechosos a tan solo 500 metros del lugar del crimen. Este lamentable evento se suma a una serie de crímenes violentos que han golpeado la provincia de Puntarenas, donde se registra un preocupante aumento de la criminalidad.
El cantón de Alajuelita no ha escapado a la espiral de violencia que se extiende por Costa Rica. Con un promedio de un asesinato cada ocho días en lo que va del año, según datos verificados por COYUNTURA, la disputa territorial entre bandas delictivas, principalmente Los Lara y Los Myrie, ha sumido a esta comunidad en un estado de constante inseguridad. Los conflictos internos entre estas organizaciones criminales y sus alianzas con otros grupos locales han convertido a Alajuelita en un escenario peligroso para sus habitantes. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por mantener la vigilancia en la zona, las bandas delictivas han demostrado una capacidad para eludir la justicia y perpetrar sus acciones violentas.
Por otro lado, la tarde del viernes 05 de abril de este año, un hombre fue víctima de un ataque armado mientras se encontraba en uno de los pasillos del centro comercial Plaza Luko, ubicado en Zapote, San José. Dos individuos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra la víctima, impactándola en las extremidades y provocando su fallecimiento. Este trágico evento elevó la cifra de homicidios en lo que va del año a 242, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La provincia de San José ha sido especialmente afectada por la violencia, con un total de 63 asesinatos registrados, reflejando un preocupante incremento con respecto al mismo periodo del año anterior.
Atentado contra fiscal en Jacó
La escalada de violencia también ha alcanzado a funcionarios judiciales en Costa Rica. El jerarca de la Fiscalía de Garabito, Manrique Morales, fue objeto de un ataque armado fuera de su apartamento en Jacó, cantón de Garabito. Dos individuos en una motocicleta dispararon directamente contra su vehículo y su residencia, realizando al menos 12 detonaciones. Aunque Morales no ha recibido amenazas previas, el atentado se percibe como un acto dirigido específicamente contra su vida. Este evento ha generado preocupación entre los funcionarios judiciales y ha suscitado llamados a reforzar las medidas de seguridad para proteger a aquellos que ejercen la justicia en el país.
Los casquillos de arma nueve milímetros podrían ser una respuesta a que el funcionario, hace más de un año, habría tenido a cargo casos relacionados con organizaciones criminales en el pacífico y centro.
Las autoridades, tanto judiciales como policiales, han expresado su consternación ante estos eventos y han asegurado estar llevando a cabo investigaciones "exhaustivas" para esclarecer los motivos detrás de los ataques. Sin embargo, la falta de una hipótesis clara refleja la complejidad y gravedad de la situación.
Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) y la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), ha manifestado una profunda preocupación por la seguridad de los funcionarios judiciales, destacando que no solo ellos, sino también sus familias, se ven afectados por la creciente inseguridad. Por su parte, Gerardo Castaing, criminólogo y exdirector del OIJ, subrayó la importancia de determinar la motivación detrás de estos ataques para poder abordar eficazmente el problema. El hecho de que funcionarios judiciales estén siendo blanco de la violencia plantea serias interrogantes sobre la integridad del sistema judicial y la estabilidad institucional del país.
Ante la gravedad de la situación, la Federación Latinoamericana de Fiscales ha anunciado que realizará gestiones ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir la implementación de medidas de seguridad más efectivas para proteger a las y los funcionarios judiciales. El narcotráfico, el control migratorio y las reformas legislativas que han debilitado el Poder Judicial se identifican como factores que contribuyen a la inseguridad actual, según analistas consultados. Una jueza también fue atacada en marzo pasado.
La CSJ dijo que actualmente revisa sus protocolos de seguridad. Mientras tanto, este fin de semana, según la embajada de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) en la capital costarricense, un grupo compuesto por representantes del Comando Sur, de la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa (DSCA), el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. (USACE), el Ejército estadounidense y la Policía de Aduanas y Fronteras de EE.UU. (CBP), recorren el país centroamericano para la "revisión" de asuntos de seguridad, porque Costa Rica registra ya un homicidio cada diez horas, según el Organismo de Investigación Judicial.
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