Once meses sin justicia plena: el caso de Juan López sigue marcado por la impunidad y el retraso judicial en Honduras
- Redacción Central
- hace 23 horas
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El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa insiste en que la Fiscalía cuenta con pruebas suficientes para proceder también contra los autores intelectuales. Denuncia que "la justicia sigue incompleta" y acusa al Ministerio Público de inacción deliberada. El asesinato de López no es un hecho aislado. En 2022, otros tres integrantes del CMDBCPT fueron asesinados y sus casos permanecen en total impunidad.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
A casi un año del asesinato del defensor ambiental y regidor municipal de Tocoa, Colón, Juan López, el proceso judicial avanza con lentitud y bajo fuertes cuestionamientos por parte de su comunidad, organizaciones de derechos humanos y colectivos ambientalistas. El crimen, perpetrado el sábado 14 de septiembre de 2024, ha puesto en evidencia las deficiencias estructurales de la justicia hondureña, así como la persistente impunidad que rodea los ataques contra defensores del territorio y del medio ambiente.
López, quien también coordinaba el Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), se destacó por su oposición frontal a proyectos extractivos de las empresas Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, señaladas por comunidades locales de ocasionar daños irreversibles a los ecosistemas y fuentes de agua del Parque Nacional Montaña de Botaderos "Carlos Escaleras Mejía".
Su activismo lo situó en la primera línea de la defensa del territorio, exponiéndolo a amenazas, hostigamientos y campañas de criminalización. En 2023, el propio López entregó a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) un expediente con denuncias sobre la destrucción del parque, la corrupción asociada y los riesgos para las comunidades. Ese mismo parque, protegido por el Decreto 18-2024, sigue en el centro de la disputa ambiental en Tocoa.
En el plano judicial, tres personas —Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenín Adonis Cruz Munguía— enfrentan acusaciones del Ministerio Público (MP) por asesinato. No obstante, la investigación se ha limitado a los presuntos autores materiales, sin que exista avance en la identificación y procesamiento de quienes planificaron y financiaron el crimen.
La audiencia preliminar, que debía realizarse en junio de este año, ha sido reprogramada en tres ocasiones: primero el martes 03 de junio de 2025, luego el jueves 14 de agosto y ahora para el jueves 21 de agosto a las 09:00 a.m., en el Palacio de Justicia de San Pedro Sula. La defensa de dos imputados solicitó este último aplazamiento para revisar el informe preliminar de extracción de datos de 48 teléfonos celulares incautados, procedimiento en el que participaron agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) en Estados Unidos.
El abogado Melvin Maldonado, representante legal de Juárez y Cruz Munguía, anunció que pedirá un sobreseimiento definitivo al considerar que no existen pruebas suficientes para llevar a sus clientes a juicio oral y público. Asegura que el análisis pericial de los teléfonos demostrará que ellos no tuvieron participación en el crimen.
Organizaciones comunitarias, el CMDBCPT, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) han instado reiteradamente a que la investigación se extienda más allá de los autores materiales. El reclamo común: capturar y procesar a los autores intelectuales y a toda la red criminal que estaría detrás del asesinato.
OACNUDH enfatizó que la justicia solo será plena con "investigaciones expeditas, exhaustivas, imparciales y diligentes" que sancionen a todos los responsables y aborden también las violaciones a los derechos humanos y el daño ambiental en el parque Carlos Escaleras. El CELAM, por su parte, demandó celeridad y un compromiso real para llegar a quienes planificaron y financiaron el crimen.
El Comité Ambientalista de Tocoa sostiene que el Ministerio Público cuenta con pruebas suficientes para actuar contra los autores intelectuales, pero ha optado por la inacción. Las abogadas Rita Romero y Juana Esquivel, integrantes del Comité, denuncian que la Fiscalía ha retrasado injustificadamente la formalización de cargos, alegando falta de recursos técnicos y humanos para el análisis de evidencias. "Hay elementos para llevar a juicio a los tres implicados. Ahora hay que ir por quienes ordenaron su asesinato", expresó Esquivel.
El asesinato de López no es un hecho aislado. En 2022, otros tres integrantes del CMDBCPT fueron asesinados y sus casos permanecen en total impunidad. La comunidad de Tocoa asegura que estos crímenes responden a un patrón sistemático de violencia contra defensores ambientales, en un país que, según diversas investigaciones, ha sido calificado como "narcoestado" por la penetración del narcotráfico en estructuras estatales, incluidas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El sacerdote jesuita Ismael Moreno, conocido como "Padre Melo", recordó que Honduras ha sido, por décadas, plataforma de tránsito de droga hacia Estados Unidos, y que esta criminalidad organizada mantiene vínculos con sectores de poder político y económico. Para él, la lentitud del proceso judicial en el caso de Juan López es un reflejo de cómo la justicia actúa con rigor contra personas indefensas, pero se muestra complaciente con quienes ostentan poder.
Frente a la inacción estatal, las comunidades del municipio de Tocoa han mantenido acciones de presión: movilizaciones mensuales, campañas públicas y presencia constante en audiencias judiciales. El objetivo, subrayan, es doble: garantizar castigo para todos los responsables y desmontar la estructura criminal que amenaza el parque nacional Carlos Escaleras.
"El Ministerio Público debe asignar todos los recursos para investigar y llegar a toda la red criminal que orquestó este crimen. No es una o dos personas, es un pueblo entero exigiendo justicia", sostuvo Juana Esquivel.
Con el primer aniversario del asesinato de Juan López a la vuelta de la esquina, el caso se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad en Honduras. Sus familiares, compañeros y aliados aseguran que no se detendrán hasta ver tras las rejas a quienes dispararon y a quienes pagaron por silenciar su voz.
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