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Ortega y Murillo concretan su Copresidencia y asumen control total de órganos del Estado en Nicaragua

La comunidad internacional sigue observando, pero las acciones concretas para contrarrestar la tiranía sandinista continúan siendo limitadas. Mientras tanto, la población nicaragüense está sufriendo las consecuencias de un régimen cada vez más implacable y descarado, y la oposición política en el exilio continua dividida y sin un rumbo fijo.


Por Jairo Videa | @JairoVidea

Managua, Nicaragua
Ilustración de COYUNTURA
Ilustración de COYUNTURA

El martes 28 de enero de 2025, el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y ya copresidenta Rosario Murillo avanzó un paso más en la consolidación de su control absoluto e insolente sobre las instituciones nicaragüenses y todos los aspectos estatales del país centroamericano, mediante una serie de reformas a la Constitución que modificaron de manera profunda la estructura del Poder Ejecutivo, el sistema judicial y electoral. Las modificaciones, que se aprobaron hasta hoy con la ratificación "paulatina" de la nueva Carta Magna tras el anuncio y presentación de un cambio total en noviembre de 2024, establecen un poder aún mayor para la pareja copresidencial, al otorgarles la facultad de nombrar a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Consejo Supremo Electoral (CSE), cargos que hasta ahora eran seleccionados por los propios magistrados de estas entidades.


La reforma, de carácter sustancial, amplió el número de cargos en ambos poderes del Estado, a pesar de que en un principio se había propuesto reducirlos. En concreto, se aumentaron 10 nuevos cargos entre magistrados de la CSJ, del CSE y contralores, lo que contrasta con la promesa inicial de un recorte. La eliminación de 25 puestos que se había anticipado finalmente se transformó en una "purga" que afectó a 15 funcionarios públicos solo este mes, según verificación de COYUNTURA, reduciendo el número total de cargos en estas instituciones de 42 a 27, lo que indica una centralización de poder sin precedentes.


Las modificaciones constitucionales, que afectan artículos claves relacionados con la organización del Estado, la nacionalidad, el sistema político y de justicia, y derechos y libertades fundamentales, fueron presentadas como una medida para "equilibrar" y "modernizar" las instituciones.


Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Legislativa y uno de los más cercanos aliados de Ortega, justificó el aumento de cargos asegurando que se buscaba una mayor equidad de género y una prolongación del periodo de seis años para los magistrados, alineándolo con otras funciones estatales. Sin embargo, la medida es vista por muchos como un mecanismo para afianzar aún más el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial y Electoral.


Entre los cambios más polémicos destaca la modificación del proceso de elección de los presidentes de la CSJ y del CSE, quienes ahora serán designados directamente por la Copresidencia de la República. Este movimiento consolida aún más el poder de Ortega y Murillo, pues debilita las capacidades de los órganos encargados de la administración de justicia y las elecciones. La reforma también incluye un aumento en el número de magistrados de la CSJ, que pasa de nueve a 10, y en el CSE, que sube de cinco a seis miembros.


Además, el periodo de sus mandatos se ha extendido de tres a seis años, pero se ha eliminado la posibilidad de reelección.


A través de estas modificaciones, Ortega y Murillo también han conseguido una mayor injerencia en la administración judicial, ya que los miembros del Consejo Nacional de Administración de la Carrera Judicial, que supervisa a las y los funcionarios judiciales, también serán nombrados por la Copresidencia. Anteriormente, este consejo estaba compuesto por tres magistrados electos por la Corte Plena, lo que garantizaba una mayor independencia en su gestión.


Este cambio en la estructura del Poder Judicial y Electoral es parte de una purga mucho mayor que ha afectado a todo el Estado desde 2023, co más de 3,000 empleados públicos ya destituidos, incluidos jueces. La purga ha tocado a funcionarios de todos los niveles, desde magistrados y alcaldes, hasta trabajadores de menor rango, consolidando aún más la hegemonía de la pareja copresidencial. La reciente destitución de figuras clave, como el magistrado Marvin Aguilar García, quien fuera una pieza fundamental del régimen en la CSJ durante los últimos tres años, pone de manifiesto la fragilidad de cualquier funcionario que no se alinee completamente con los intereses de Ortega y Murillo.


La purga de Aguilar, quien fue destituido y colocado bajo arresto domiciliario, revela la falta de seguridad incluso para los funcionarios más cercanos al poder. Aguilar, quien había presidido de manera interina la CSJ tras la destitución -no oficial- de la presidenta Alba Luz Ramos, fue apartado sin previo aviso, mientras su asistente fue detenida e interrogada por corrupción. Esta situación pone en evidencia el carácter impredecible del régimen y la centralización autoritaria del poder.


En paralelo a estas reformas, la comunidad internacional sigue de cerca los eventos en Nicaragua, particularmente tras el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso Gadea Mantilla versus Nicaragua. Este fallo condenó al Estado nicaragüense por permitir la reelección presidencial de Ortega en 2011, a pesar de que dicha reelección violaba la Constitución Política del país centroamericano. La CorteIDH estableció que la falta de integridad del proceso electoral favoreció la reelección de Ortega, y denunció la parcialidad tanto de la CSJ como del CSE, que no garantizaron un recurso judicial efectivo para revisar las irregularidades en el proceso. Aunque el fallo no declaró explícitamente la ilegitimidad de Ortega, sentó un precedente importante, considerando que es la primera vez que un tribunal internacional cuestiona la legalidad de su mandato.


Este fallo subraya el carácter ilegal e inconstitucional del régimen de Ortega, no solo por su reelección en 2011, sino por las graves irregularidades que han marcado todos los procesos electorales desde entonces, particularmente en 2021, sin competencia. La CorteIDH también apuntó que el sistema electoral nicaragüense está bajo el control total de Ortega y carece de independencia suficiente para garantizar votaciones libres y justas.


Las reformas constitucionales, la purga judicial y las sentencias internacionales crean un contexto de creciente aislamiento para el régimen de Ortega y Murillo. A nivel interno, la represión y el control absoluto de las instituciones refuerzan el carácter autoritario del gobierno. A nivel internacional, la comunidad global continúa condenando las violaciones a los derechos humanos, aunque las medidas concretas para presionar al régimen siguen siendo inciertas.


El futuro de Nicaragua parece cada vez más determinado por el control autoritario de Ortega y Murillo, quienes han logrado consolidar su poder sobre los órganos fundamentales del Estado, a costa de la independencia judicial, la transparencia electoral y el respeto por los derechos fundamentales de las y los ciudadanos.


Al cierre de este texto, poco más de 20 artículos de la nueva Constitución sandinista fueron "discutidos" y aprobados por el Legislativo, controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y sin "peros" del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), institución que también votó a favor de convertir los Poderes del Estado en meros órganos. No obstante, el mediodía de este jueves 30 de enero de 2025, las y los congresistas dieron por "aprobada en su totalidad en segunda legislatura la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua", aunque todo el texto fue publicado en La Gaceta - Diario Oficial hace un mes.


 

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