Ortega y Murillo reforman nuevamente la Constitución de Nicaragua y la Ley de la Policía para imponer un mando bicéfalo en el órgano de seguridad
- Redacción Central
- 28 ago
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En una votación relámpago este miércoles 27 de agosto, la Asamblea Nacional aprobó en primera legislatura una reforma parcial a la Constitución Política y una enmienda a la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional (Ley 872) que transforman la jefatura única de la Policía en una jefatura de dos jefes de las Fuerzas Policiales, con nombramientos y mandatos regulados ahora por el Ejecutivo. Las iniciativas ingresaron al parlamento y fueron aprobadas el mismo día, con carácter de urgencia.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La dictadura sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo aprobó este miércoles 27 de agosto de 2025 una nueva reforma a la Constitución Política de Nicaragua y a la Ley 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, con el fin de imponer una dirección bicéfala en la institución y restar poder al actual director, el primer comisionado Francisco Díaz Madriz.
La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó de manera expedita ambas reformas el mismo día en que fueron remitidas al parlamento por Ortega y Murillo.
El artículo 125 de la Constitución sandinista fue modificado para establecer que "son atribuciones de la Presidencia (no Copresidencia) de la República nombrar a dos jefes de las Fuerzas Policiales de entre los miembros de la Jefatura Nacional". Estos mandos, con rango de comisionados generales, ejercerán por un período de seis años.
Con esta enmienda se elimina la figura de "Director o directora de la Policía Nacional" y se introduce el cargo de "Jefes de las Fuerzas Policiales". En la práctica, esto significa que Díaz, en su puesto desde 2018 y prolongado hasta 2031, compartirá funciones con otro jefe que Ortega y Murillo designen.
La Ley 872 también fue ajustada para adecuarse al cambio constitucional, en particular en sus artículos 11 y 47, lo que permite instaurar de inmediato esta nueva estructura. Normalmente, una reforma de este tipo requiere ser ratificada en una segunda legislatura —a partir de enero de 2026—, pero los dictadores ya han ignorado este requisito en ocasiones previas, como ocurrió con cambios a la Procuraduría General de Justicia.
El nombramiento de los nuevos jefes está previsto para cada 26 de diciembre, con toma de posesión el 26 de febrero del año siguiente. No obstante, la reforma incluyó una disposición transitoria que habilita a Ortega y Murillo a realizar los nombramientos de inmediato, tras la entrada en vigencia de la ley, lo cual podría ocurrir a partir de hoy, jueves 28 de agosto de 2025. Según fuentes extraoficiales consultadas por COYUNTURA, se rumora que el nuevo jefe policial nacional será el comisionado general Juan Victoriano Ruiz Urbina, actual jefe de la Dirección de Auxilio Judicial "El Chipote", tras aparecer en una rueda de prensa junto a Díaz esta mañana.
Especialistas en temas de seguridad, consultados bajo anonimato, advirtieron que esta modificación busca reforzar el control político de la pareja cogobernante sobre la Policía, replicando en la institución el modelo de "copresidencia" que ellos mismos encarnan, pero en esta ocasión sin la excusa institucional de "igualdad de género", predominante en los últimos años desde el sandinismo.
En opinión de analistas y opositores en el exilio, el nuevo jefe que sea nombrado podría encargarse de funciones vinculadas a inteligencia y seguridad del Estado, mientras Francisco Díaz quedaría relegado a un papel protocolario o administrativo. "Va a quedar Francisco Díaz, pero al nuevo codirector le asignarán funciones más pesadas, relacionadas con órganos de seguridad", explicó uno de los especialistas, quien consideró que su continuidad obedece a razones familiares, al evitar incluso una "salida deshonrosa".
La reforma también abre la posibilidad de repartir funciones operativas y políticas dentro de la Policía, incluyendo el control de la estructura regular y la denominada "Policía Voluntaria", conformada por más de 80 mil paramilitares, incluidos trabajadores estatales, ciudadanos comunes, exconvictos, exmilitares y fanáticos ideológicos.
El cambio responde además a tensiones internas en la jerarquía policial. La prolongación de Díaz en el cargo bloqueó hasta ahora el ascenso de otros altos comisionados, lo que ha generado inconformidad entre los mandos leales al régimen del FSLN. Con la doble jefatura, Ortega y Murillo buscan destrabar estos ascensos y mantener cohesionada a su principal fuerza represiva.
Díaz, consuegro de Ortega y Murillo, fue nombrado en agosto de 2018, cuatro meses después del inicio de las protestas que dejaron más de 350 asesinados y miles de exiliados. Ese mismo año, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) lo sancionó bajo la llamada "Ley Magnitsky" por graves violaciones a los derechos humanos y corrupción estatal.
De acuerdo con informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Díaz actuó bajo órdenes directas de Rosario Murillo y Daniel Ortega durante la represión estatal de 2018 y desde entonces, desplegando fuerzas policiales y parapoliciales en operativos masivos y específicos que incluyeron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones y el uso excesivo de la fuerza. También facilitó la participación de grupos de choque, empleados estatales, exmilitares y militantes de la Juventud Sandinista (JS) desde barrios y comunidades rurales, muchos de ellos encubiertos bajo la figura de "policías voluntarios".
El diputado sandinista Filiberto Rodríguez, sancionado también por Estados Unidos por su rol en el paramilitarismo, defendió la reforma asegurando que "viene a fortalecer los mandos y a la misma Policía Nacional para seguir garantizando la seguridad y tranquilidad de los nicaragüenses".
Aunque la reforma actual se limita a la Policía, especialistas en seguridad no descartan que Ortega y Murillo intenten aplicar un esquema similar en el Ejército, aunque advierten que sería "peligroso" para la estabilidad del régimen de El Carmen, dado que la estructura militar responde a un mando vertical encabezado por el general Julio César Avilés y por un Estado Mayor colegiado.
En cualquier escenario, la medida consolida el control político-familiar sobre la Policía de Nicaragua, transforma el puesto de su actual jefe en un cargo simbólico y refuerza la integración de la institución dentro de la maquinaria represiva del régimen, con la bandera del FSLN como símbolo institucional y nacional por defender.
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