Ortega y Murillo reforman otra vez la Constitución y despojan de la nacionalidad a nicaragüenses con doble ciudadanía
- Jairo Videa
- 16 may
- 5 Min. de lectura
La nueva normativa establece que las y los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra, salvo en el caso de quienes opten por alguna ciudadanía centroamericana. Además, los extranjeros que soliciten nacionalizarse deberán renunciar a su nacionalidad de origen, excepto si provienen de la región. Bajo el argumento de que la "nacionalidad no es un trámite administrativo, sino un pacto de lealtad", el régimen sostiene que quien jure lealtad a otro Estado rompe el vínculo jurídico y moral con Nicaragua. En palabras oficiales, "la Patria exige compromiso exclusivo".
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
En una sesión especial celebrada hoy, viernes 16 de mayo de 2025 por la Asamblea Legislativa, el régimen de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo conmemoró el 130 aniversario del natalicio de Augusto César Sandino, mientras aprobaba en primera legislatura una polémica reforma parcial a los artículos 23 y 25 de la nueva Constitución Política de Nicaragua, estrenada en febrero de este año. Esta medida establece la pérdida de la nacionalidad nicaragüense para cualquier ciudadano que adquiera otra, salvo excepciones para centroamericanos, y prohíbe la doble nacionalidad, consolidando el poder del régimen sobre la identidad nacional.
La sesión, presidida por el diputado sandinista Gustavo Porras, contó con la participación del "pueblo de Niquinohomo como invitado especial". Durante su discurso, Porras transmitió el saludo de los copresidentes Ortega y Murillo, destacando su guía en el "camino de luz" trazado por el general Sandino. Sin embargo, el acto solemne sirvió de antesala para la aprobación unánime de una reforma que representa un nuevo golpe a los derechos ciudadanos en el país centroamericano.
La reforma al artículo 25, que establece que "los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra nacionalidad", ha sido calificada por defensores de derechos humanos como un acto de represión y control más. En su exposición de motivos, el régimen argumenta que "la nacionalidad no es un trámite administrativo, sino un pacto sagrado de lealtad". Según este principio, quien jura fidelidad a un Estado extranjero "rompe el vínculo jurídico y moral con Nicaragua", una interpretación que ignora el principio de universalidad de derechos y la prohibición de apatridia contemplada en instrumentos internacionales.
El régimen cita incluso al propio Sandino para justificar esta decisión, evocando su "Manifiesto de San Albino", donde el líder revolucionario condenaba la traición a la Patria. La medida contrasta con el artículo 20 de la antigua Constitución nicaragüense, que afirmaba que "ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad". A pesar de ello, Ortega y Murillo han impulsado esta reforma como una herramienta más de exclusión política, consolidando el poder absoluto sobre quienes decidan buscar refugio o nuevas oportunidades en el extranjero.
Esta reforma constitucional sigue un patrón de desnacionalización impulsado por el régimen desde 2023. En febrero de ese año, 222 presos políticos fueron desterrados a Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), despojándolos de su nacionalidad. Posteriormente, 94 nicaragüenses, entre ellos periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, corrieron la misma suerte. A esa lista se sumaron 135 excarcelados que fueron enviados a Guatemala en septiembre de 2024. Todos ellos, acusados de "traición a la Patria" y "desestabilización", quedaron apátridas y con sus bienes confiscados por el Estado.
Se conoce además la existencia de una "lista de facto", con unos 500 nombres en total, de personas desnacionalizadas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sin una orden judicial o una notificación pública. También se habla de otro grupo, de cientos de personas, incluidos centroamericanos, quienes tienen "rotundamente prohibido" el ingreso a territorio nicaragüense.
La justificación oficial para estas medidas se fundamenta en una supuesta protección de la soberanía nacional, aunque para organismos internacionales y defensores de derechos humanos, representa un castigo directo a la disidencia. Azahalea Solís, abogada y defensora de derechos humanos, desnacionalizada y confiscada por el sandinismo, calificó la medida como un "delito de lesa humanidad", recordando que la apatridia está prohibida por el derecho internacional. Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han expresado su preocupación por la escalada represiva en Nicaragua. "Pedimos a Nicaragua que respete sus obligaciones internacionales, garantice el derecho a la nacionalidad y tome medidas para evitar que haya personas apátridas", dijo la Agencia de la ONU para los Refugiados.
"El ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión y otros asociados a las opiniones políticas no puede justificar jamás la retirada de la nacionalidad", destacó la agencia que dirige el alto comisionado Filippo Grandi. Sacerdotes, periodistas, médicos, abogados, defensores de derechos humanos y hasta exfuncionarios judiciales. Menores de edad, ancianos, personas con discapacidad. La Copresidencia sandinista ha desnacionalizado a todo tipo de connacionales.
Desde Ginebra, Solís manifestó hace algunos meses su intención de llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya. Estados Unidos a finales de 2024, a través de su exasesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, exigió la liberación de los presos políticos y un retorno pacífico a la democracia en Nicaragua. Mientras tanto, los desterrados en Guatemala, ahora apátridas, enfrentan un futuro incierto, sin ser recepcionados por EE.UU. y Canadá, viendo un futuro en España, quizás.
La reforma aprobada hoy en la Asamblea Nacional es un paso más en la estrategia de control total del régimen sandinista. El mensaje es claro: cualquier forma de disidencia será castigada con el destierro y la pérdida de derechos fundamentales. La Patria, según la visión de Ortega y Murillo, no admite dobles lealtades, solo dos cabezas en el Ejecutivo, controlándolo todo.
Con esta reforma, Nicaragua se encamina hacia un modelo de exclusión y represión sin precedentes en América continental, donde la nacionalidad se convierte en un privilegio condicionado a la fidelidad ideológica. El legado de Sandino, usado como estandarte por el régimen, se transforma en un instrumento para justificar el despojo de derechos y la persecución de quienes se atreven a disentir.
Esta nueva medida, según expertos, incluso afecta a cientos de nicaragüenses que viven fuera del país centroamericano por algún motivo no político o humanitario, desde hace varios años, y a los descendientes de nicaragüenses nacidos o residentes en otro país. La cifra total de afectados es desconocida hasta ahora.
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