Otra crisis institucional sacude al Congreso de Honduras. Disputas por el uso de los curules, préstamos y legitimidad del proceso legislativo
- Jairo Videa
- hace 1 día
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Rafael Sarmiento, jefe de bancada del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), aseguró públicamente que su entidad tiene derecho a cubrir los escaños vacíos de las bancadas del Partido Nacional y el Partido Liberal, en caso de que estas decidan no presentarse a las sesiones. "Eso es constitucional y está en la Ley Orgánica", afirmó categóricamente, aunque eso es totalmente falso.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
La crisis institucional del Congreso Legislativo de Honduras se agudiza, a las puertas de unas elecciones ya fraccionadas y tambaleantes. En el centro del conflicto se encuentran tres temas que revelan la fractura: la ocupación de curules por diputados suplentes de diferentes partidos, la aprobación irregular de préstamos con la Corporación Andina de Fomento (CAF), y la publicación de decretos sin el cierre formal de las sesiones o, peor aún, sin el beneplácito del pleno. La controversia, ya profundamente política, ideológica y con intereses partidarios, también ha encendido alarmas entre sectores sociales y religiosos, incluido un contundente pronunciamiento de la Conferencia Episcopal del país centroamericano.
El jefe de bancada del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Rafael Sarmiento, defendió públicamente la decisión de que diputados suplentes de su partido ocuparan curules asignados al Partido Nacional (PNH) y al Partido Liberal (PLH). "Eso es constitucional y está en la Ley Orgánica", afirmó. No obstante, dicha declaración contradice la normativa vigente.
El artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo es explícito: solo puede integrarse un suplente del mismo partido político en caso de ausencia del propietario. El Reglamento Interno del Congreso Nacional, en su artículo 19, reitera este principio, y la Constitución de la República, en su numeral 6 del artículo 205, establece la facultad de convocar a los suplentes únicamente ante ausencias justificadas.
Expertos en derecho constitucional, como Kenneth Madrid, Leonel Núñez y Germán Licona, han sido enfáticos: no existe base legal para incorporar suplentes de partidos distintos a los propietarios. "Eso implicaría, de facto, la existencia de 256 diputados", señaló Núñez, refutando la interpretación funesta que promueve la bancada oficialista y Sarmiento. "En Nicaragua, el oficialismo al menos mantuvo la forma: removió diputados propietarios, pero los suplentes que colocó pertenecían a la misma fuerza política, ya cooptada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En Honduras, lo que hace LIBRE es aún más descarado: están sustituyendo diputados de otros partidos con suplentes del suyo, violando toda norma constitucional. Ambos modelos buscan lo mismo: el control absoluto del Legislativo para eliminar el contrapeso y someterlo al Ejecutivo. La diferencia es que en Nicaragua se disfraza; en Honduras, se impone a la vista de todos", explicó Julio C., analista político y abogada guatemalteco consultado por este medio.
Hace exactamente una semana, el martes 03 de junio, en una sesión marcada por ausencias y tensiones, el Congreso Nacional aprobó una asignación de 1,737 millones de lempiras para las Elecciones Generales de 2025. Dicha sesión también incluyó decretos de amnistía y fue escenario de la polémica ocupación de curules por parte de suplentes de LIBRE, lo que fue calificado por la oposición como una "usurpación".
La aprobación del presupuesto generó reacciones contradictorias. Antonio Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional, advirtió que de no cerrarse el acta correspondiente, su bancada iniciará una protesta legislativa. "Esa acta lleva más de un mes chineada. Si no se somete a votación del pleno, estaremos ante una ilegalidad que podría entorpecer el proceso electoral", advirtió.
La oposición sostiene que si el presupuesto hubiera sido aprobado únicamente con suplentes de LIBRE en curules ajenos, el proceso sería jurídicamente nulo, lo cual abriría la puerta a una impugnación constitucional que incluso podría poner en riesgo los comicios.
Paralelamente, otro foco de tensión gira en torno a los préstamos firmados con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por 190 millones de dólares, equivalentes a unos cinco mil millones de lempiras. Aunque fueron aprobados en una sesión legislativa el miércoles 07 de mayo, el acta nunca fue cerrada ni ratificada, como exige el procedimiento parlamentario.
Pese a ello, los contratos fueron publicados en el Diario Oficial - La Gaceta el jueves 29 de mayo. Esta acción fue calificada de irregular por diputados de oposición, entre ellos Eder Mejía y Tomás Zambrano, quienes aseguran que dicha publicación viola la Constitución. Según Mejía, la publicación "sin cierre de sesión" equivale a ignorar la legalidad parlamentaria.
Por otro lado, Salvador Nasralla, candidato presidencial del PLH, fue más allá. En declaraciones recientes, afirmó que Luis Redondo, presidente de la Junta Directiva del Congreso, "debería estar en la cárcel" por aprobar préstamos sin respetar el debido proceso.
En medio de esta tormenta política, la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) emitió un mensaje pastoral en el que expresó su preocupación por la creciente polarización, la debilidad institucional y la infiltración del crimen organizado en el proceso electoral. Los obispos rechazaron la manipulación mediática y política que amenaza la gobernabilidad democrática. Advirtieron además que actores vinculados al crimen podrían estar aprovechando el ambiente de confrontación para debilitar las estructuras del Estado.
Asimismo, llamaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) a actuar con independencia, e instaron a la Unidad de Política Limpia a auditar rigurosamente las finanzas de las campañas para evitar la entrada de dinero ilícito. La CEH también exigió una vez más justicia en el caso del ambientalista Juan Antonio López, asesinado en 2024, y pidió implementar el decreto que protege el Parque Nacional Botaderos "Carlos Escaleras", cuya aplicación sigue pendiente.
Luis Redondo amenaza con "expulsión"
En una tensa cadena nacional transmitida la noche del lunes 09 de junio de 2025, el presidente del Congreso Legislativo de Honduras, Luis Redondo, defendió la "legalidad" de la publicación de decretos sin la ratificación de la respectiva acta, enfrentando con dureza a la oposición y a los analistas que cuestionan su proceder hasta la fecha. Redondo aseguró que no existe fundamento legal para modificar un decreto aprobado por el pleno mediante la reconsideración del acta, alegando que "prácticas pasadas" en ese sentido violaban la Constitución. En tono totalmente desafiante, anunció que hará uso del artículo 197 de la Carta Magna y el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los cuales permitirían la expulsión o inhabilitación de hasta diez años a los diputados que no asistan a las sesiones parlamentarias.
Además, Redondo planteó la posibilidad de instalar un Congreso con diputados suplentes de cualquier bancada si los propietarios y suplentes originales no se presentan, asegurando que "garantizará" el quórum necesario para aprobar leyes, "como si él fuera un todopoderoso en representación de esa silla". Afirmó que los intentos por romper el quórum son parte de una campaña orquestada por la oposición para entorpecer la agenda legislativa. En su discurso, acusó a medios y parlamentarios opositores de "tergiversar" los hechos para ocultar abusos cometidos por administraciones anteriores, siendo su gestión una de las más denunciadas en los últimos 10 años por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
La respuesta del Partido Nacional fue inmediata. Su jefe de bancada, Tomás Zambrano, acusó a Redondo de usurpar funciones del pleno y de instrumentalizar las cadenas nacionales para intimidar a sus adversarios políticos. Afirmó que la Constitución prohíbe que diputados suplentes asuman curules fuera de su partido y advirtió que la bancada se presentará al Congreso para exigir el cierre de la sesión en curso y la discusión del acta pendiente. Otros congresistas nacionalistas, como María Antonieta Mejía y Eder Mejía, calificaron de ilegal e ilegítima la permanencia de Redondo en la presidencia del Congreso, acusándolo de atropellar la institucionalidad y operar con amenazas y desesperación ante un inminente revés electoral.
La bancada del PNH emitió también un comunicado oficial rechazando las declaraciones de Redondo y denunciando el uso abusivo de la cadena nacional como herramienta de coacción. Reiteraron que solo el pleno del Congreso puede interpretar la Constitución y que los decretos deben ser aprobados en sesiones formalmente convocadas y cerradas. Señalaron que el partido de gobierno, Libertad y Refundación, estaría violando una vez más el orden constitucional con una estrategia destinada a provocar una crisis institucional que justifique una eventual Asamblea Nacional Constituyente.
Desde el liberalismo, la actual diputada y abogada constitucionalista Maribel Espinoza, también exprecandidata a la Presidencia de Honduras, arremetió en las redes sociales digitales contra Redondo, acusándolo de violentar la Constitución y asumir atribuciones que solo competen al pleno del Poder Legislativo. Criticó que se atribuya la autoridad institucional y constitucional de expulsar diputados, algo que, según la ley, solo puede resolverse mediante juicio político. Espinoza denunció públicamente la inacción del Ministerio Público (CPM) hasta la mañana de hoy, martes 10 de junio de 2025, ante lo que consideró delitos evidentes cometidos por funcionarios en ejercicio del poder y advirtió que la administración de LIBRE, encabezada por la mandataria Xiomara Castro, está usando la confrontación como método para desestabilizar el país.
En ese sentido, lo que ocurre en el Congreso de Honduras no son simples disputas entre partidos. Lo que está en juego es la legalidad del proceso legislativo, la legitimidad de los préstamos internacionales, la integridad del presupuesto electoral y, en última instancia, la solidez del Estado de derecho en todas sus formas.
El uso de suplentes ajenos al partido del propietario, la publicación de decretos sin ratificación de actas y la omisión de procedimientos constitucionales son señales claras de una crisis institucional en expansión, cuyo responsable principal es Redondo, y su bancada. En este escenario, el país se acerca a las elecciones de noviembre en un contexto marcado por la desconfianza, la confrontación y la fragilidad democrática. Frente a ello, los llamados a la unidad, la legalidad y la transparencia no solo son necesarios: son urgentes.
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