Poder Ejecutivo y Ministerio Público de Guatemala se enfrentan nuevamente por judicialización de autoridades indígenas
- Jairo Videa
- 30 abr
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En respuesta indirecta a los señalamientos de Bernardo Arévalo, la fiscal general María Consuelo Porras convocó a una "conferencia de prensa" este 30 de abril desde un salón en Antigua Guatemala. Sin embargo, el evento no contó con presencia de periodistas ni preguntas del público, siendo transmitido exclusivamente por canales digitales del Ministerio Público (MP).
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
La fractura institucional entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público (MP) en Guatemala ha entrado en una nueva etapa crítica y más profunda que nunca. En un acto público realizado en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Bernardo Arévalo, acompañado por su gabinete, la vicepresidenta Karin Herrera y autoridades ancestrales indígenas, denunció el martes 29 de abril de 2025 lo que calificó como una ofensiva judicial, institucional y política contra funcionarios "comprometidos con la democracia y los derechos de los pueblos originarios".
El detonante inmediato de esta nueva escalada fue la detención y vinculación a proceso penal del viceministro de Desarrollo Sostenible, Luis Pacheco, y del extesorero de los 48 Cantones de Totonicapán, Héctor Chaclán. Ambos fueron acusados por el MP de los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal, en una maniobra que ha sido interpretada por diversos sectores, entre ellos la sociedad civil y abogados constitucionalistas, como una represalia por el papel activo que jugaron estas figuras en las protestas ciudadanas del año 2023 en contra de la Fiscalía y sus representantes.
En su intervención, el presidente Arévalo denunció que estas acciones judiciales no responden al imperio de la ley, sino a un patrón de hostigamiento selectivo impulsado desde el aparato fiscal. "Estamos cerrando filas contra la cooptación de instituciones de justicia por parte de los actores de la impunidad", afirmó, subrayando que la criminalización de líderes indígenas y miembros de su gobierno constituye un ataque directo a los principios democráticos.
El mandatario también hizo hincapié en la dimensión intercultural de su administración, al destacar la participación activa de las autoridades indígenas en la toma de decisiones del Estado. Este principio se materializó en la presentación de un amparo —en conjunto con la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA)— contra la fiscal general Consuelo Porras, buscando garantías legales que frenen la persecución judicial hacia liderazgos comunitarios.
"La democracia se construye de manera intercultural", enfatizó Arévalo, quien además reveló que el Ejecutivo ha impulsado reformas legislativas clave. Entre ellas, solicitó formalmente al Congreso Legislativo que se derogue o reforme el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, con el objetivo de restar poder a la figura de la fiscal general y permitir un mayor control institucional sobre su gestión. Una tarea que expertos y opositores del oficialismo consultados por COYUNTURA consideran "difícil de impulsar y hasta de lograr, de forma plena".
Mientras tanto, desde la sede del Ministerio Público, la respuesta de Consuelo Porras no tardó en llegar, aunque fue orquestada en un escenario inusual: una "conferencia de prensa" cerrada al acceso periodístico y transmitida únicamente por las redes sociales digitales desde Antigua Guatemala. En el evento, realizado hoy, miércoles 30 de abril de 2025, inusualmente junto al fiscal general de El Salvador, Rodolfo Antonio Delgado Montes, Porras evitó referirse directamente a las declaraciones del presidente y centró su mensaje en destacar la "independencia y autonomía" del Ministerio Público.
"Estamos comprometidos con la autonomía del MP, asegurando que nuestros fiscales trabajen exclusivamente en función de la ley, sin presiones políticas, sociales ni de ningún tipo", declaró la jerarca de la Fiscalía guatemalteca, rodeada de su equipo. Rodolfo Delgado, figura cercana al oficialismo salvadoreño y a la administración de Nayib Bukele, ofreció su respaldo explícito a su gestión, y enfatizó que las fiscalías de ambos países están enfocadas en "responder a la justicia bajo el imperio de la ley", evitando "distracciones" y "campañas de desprestigio". Su presencia en la actividad fue interpretada además como un intento de blindaje regional para la cuestionada gestión de Porras y su gente, entre ellos Rafael Curruchiche.
La estrategia comunicacional de la jefa del MP, sin embargo, fue ampliamente criticada por sectores de prensa, organizaciones sociales y analistas políticos, al considerar que eludir a los medios en un momento de máxima tensión institucional socava la transparencia y la rendición de cuentas.
El trasfondo de esta confrontación no puede entenderse sin la herencia de la crisis democrática que vive Guatemala desde 2020, acentuada tras los intentos de frenar la victoria electoral de Arévalo en 2023. El presidente ha prometido una transición hacia un Estado más plural, inclusivo y honesto, pero ha enfrentado desde el primer día una resistencia feroz por parte de estructuras judiciales ligadas a los sectores conservadores que dominaron la política e institucionalidad guatemalteca en las últimas décadas.
La figura de Consuelo Porras es central en esta narrativa. Nombrada durante el gobierno de Jimmy Morales y ratificada bajo la administración de Alejandro Giammattei, Porras ha sido señalada nacional e internacionalmente por obstaculizar investigaciones contra redes de corrupción, desmantelar unidades especializadas del MP y perseguir judicialmente a operadores de justicia independientes, como exfiscales y jueces anticorrupción. También es experta en perseguir periodistas y en blindar a la Fiscalía para su propia protección.
La captura de Pacheco y Chaclán ha sido interpretada por el gobierno y sectores sociales como una expresión más de este patrón. Pacheco, además de ser viceministro, es un reconocido exlíder de los 48 Cantones, una de las estructuras comunitarias indígenas más representativas y articuladas del país. Su participación en las protestas masivas de 2023, que jugaron un papel crucial para defender los resultados electorales tras una primera y segunda vuelta presidencial sin precedentes por la participación ciudadana y los resultados mismos, lo colocó en la mira de sectores que hoy controlan parte del aparato judicial.
"La criminalización de cualquier persona que defienda la democracia es un ataque a todos los pueblos del país, pero que hoy en particular se ceba sobre los pueblos indígenas", denunció Arévalo, dejando en claro que lo ocurrido trasciende a lo individual y forma parte de una estrategia más amplia de silenciamiento y control civil. Organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han comenzado a pronunciarse frente a estos hechos. Por otro lado, expertos del sistema interamericano han advertido que la judicialización de la protesta y el uso instrumental del derecho penal para castigar la disidencia ciudadana vulneran gravemente el Estado de derecho.
Mientras tanto, el Congreso de Guatemala, con mayoría opositora al Ejecutivo, mantiene en vilo cualquier intento de reforma al Ministerio Público. La propuesta de modificación al artículo 14, que permitiría al presidente intervenir ante una gestión fiscal fallida, aún no ha sido agendada para discusión. Las y los parlamentarios por ahora están enfocados en mantener el aumento salarial (de más del 100 %) que se aprobaron este año.
La disputa entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público se ha convertido, en los hechos, en una lucha por el alma institucional del país. Lo que está en juego es más que la libertad de dos líderes comunitarios: es la posibilidad de que Guatemala avance hacia un modelo democrático basado en la equidad, la participación ciudadana y la justicia para todos, o retroceda a una estructura autoritaria amparada en una justicia capturada.
En medio de esta pugna, las voces indígenas continúan en pie, reclamando no solo justicia, sino también respeto, participación y reconocimiento. Para ellas, esta batalla no es nueva, pero sí es crucial. Porque el destino de su pueblo —y el de toda Guatemala— depende de si el país logra finalmente liberarse del yugo de la impunidad.
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