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Régimen de Ortega presenta a un grupo de presos políticos y brinda "actualización" de su situación

El régimen nicaragüense cedió. Tras la denuncia de familiares de presas y presos políticos de que estos sufren desnutrición y adelgazamiento extremo producto de una reducción drástica del alimento, la dictadura familiar ordenó que 10 presos políticos -sin ninguna mujer- fueran llevados a los juzgados capitalinos para ser exhibidos en los medios oficialistas.


Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Managua, Nicaragua

A través de una galería con 55 fotografías tomadas por César Pérez para El 19 Digital y varias notas informativas en los telediarios oficialistas, el régimen de Daniel Ortega presentó a un grupo de diez presos políticos nicaragüenses, todos detenidos hace más de 400 días en redadas inéditas e ilegales. Las imágenes fueron publicadas este martes 30 de agosto de 2022, tras una supuesta serie de "audiencias informativas sobre el estado de los procesos penales" contra los rehenes de conciencia, tildados por el sistema judicial nicaragüense como "delincuentes, golpistas, terroristas y traidores a la Patria".


Los detenidos expuestos -apresados en las celdas de Auxilio Judicial en Managua- fueron Pedro Vásquez Cortedano, Marcos Antonio Fletes, Walter Gómez Silva, Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro, José Antonio Peraza, Max Jerez, Lesther Alemán Alfaro, Medardo Mairena y Michael Healy. Todos muestran cambios físicos. Unos más pálidos y otros mucho más delgados. Incluso algunos han perdido su semblante o el cabello, mientras otros muestran rostros completamente afeitados.


El líder juvenil Lesther Alemán en los Juzgados de Managua | Fotografía de El 19 Digital por César Pérez

Los opositores, presentados un día después que familiares de varios rehenes políticos denunciaron en conferencia de prensa la situación de salud de los mismos después de un año de detenidos, fueron condenados por "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional", "lavado de dinero, bienes y activos", "gestión abusiva", "falsedad ideológica" y/o "apropiación indebida", bajo argumentos carentes de lógica y pruebas, según especialistas y organizaciones de derechos humanos en Nicaragua.


El conjunto de fotos y vídeos muestra a un sinnúmero de periodistas oficialistas cubriendo las audiencias judiciales, a las cuales los presos políticos llegaron esposados y con una botella de agua en manos. "Lucen frescos. Ahí se los están presentando para que los vean y puedan juzgar ustedes mismos", dijo Alejandra Urbina, presentadora del telediario de Viva Nicaragua - Canal 13, dirigido por Camila Ortega Murillo y otros dos hijos de la pareja dictatorial.


El líder del Movimiento Campesino de Nicaragua, Medardo Mairena | Fotografía de El 19 Digital por César Pérez

Esta es la primera vez que los detenidos son "exhibidos" de forma pública, aunque ninguna de las personas era una de las 14 mujeres detenidas por razones políticas en Nicaragua. Fueron llevados a los Juzgados de Managua, ubicados en el KM 7 de la Carretera Norte. La lectura oficial de la sesión estuvo a cargo del magistrado Octavio Ernesto Rothschuh, y tenía como objetivo "dar a conocer el estado de los procesos", carentes de credibilidad pública.


A pesar de que las imágenes pretenden simular el debido proceso judicial y el supuesto respeto de la integridad y vida de los detenidos -tras la denuncia constante de las violaciones a los derechos de más de 190 presas y presos políticos en el país por parte de familiares y organizaciones de derechos humanos-, los archivos publicados por los medios oficialistas llevan como título de forma repetida "traidores" y "golpistas", lo que constituye una violación más a sus derechos.


Marcos Fletes era contador de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro | Fotografía de El 19 Digital por César Pérez

"Actualización" pública de sus casos


La evidente estrategia de publicidad, que busca desacreditar la denuncia de familiares ante evidentes violaciones a los derechos humanos y a la Constitución Política misma, permitió obtener de forma pública una "actualización" en el caso de los presos políticos. Todos están estancados y las apelaciones o trámites de agravios aún no son resueltos por la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal de Apelaciones de Managua, ambas entidades controladas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Algunas de esas formalidades o recursos ni siquiera han llegado al máximo órgano del Poder Judicial de Nicaragua, o apenas están en "análisis" para ser admitidos.


"Expresarles a ustedes en esta audiencia, con la presencia de las colegas magistradas, que el proceso ha llegado a apelación, donde se integra por estos tres magistrados. Se estableció la resolución correspondiente, la misma fue notificada en los términos que la Ley establece. Agregado a eso, se dio trámite a la apelación solicitada por el abogado defensor; éste expresó agravios, y estando en trámite la contestación de agravio, que le corresponde al Ministerio Público, estamos en el análisis de determinar en el escrito de interposición, de casación, si este cumple con los requisitos legales para efectos de que la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia resuelva lo que en derecho corresponda", dijo Rothschuh -según la nota del oficialista Multinoticias- a Vásquez, Fletes y Gómez, extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro.


Por otro lado, al momento de que Rothschuh se dirigió al periodista y fundador de 100 % Noticias, Miguel Mora, explicó: "la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones, Sala Penal 1, la que le fue debidamente notificada a su abogado defensor, cumplió con los trámites que ordena la Ley. En afectación de la sentencia a su persona, su abogado defensor expresó agravio para efectos de recurrir a la Suprema Corte. En ese estado, presentado los agravios, fueron contestados por el Ministerio Público, quien es el órgano acusador. Cumplido ese trámite, nos queda pendiente únicamente la remisión a la Sala Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia para efectos de resolver bajo sentencia sus consideraciones legales, en cuanto a la resolución recurrida".


Según la nota multimedia de Canal 4 -del Sistema Nacional de Televisión estatal-, Rothschuh continúo: "esta corta audiencia tiene como único fin darle a usted conocimiento del interprocesal en que nos encontramos en este momento en su proceso. Efectivamente existió resolución de la Sala Penal 1 para que tuviese el efecto de que su defensa, agraviado por la resolución, expresara los agravios, a fin de determinar otra instancia. Su abogado defensor expresó agravios, y estamos en la fase procesal de la contestación de los agravios por parte de la contraparte", dijo el magistrado miembro del Tribunal de Apelaciones, al exprecandidato a la Presidencia en 2021, Juan Sebastián Chamorro.



En el caso del politólogo y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, José Antonio Peraza -detenido el 26 de julio de 2021 y condenado a 10 años de cárcel-, el magistrado sandinista expuso: "esta Sala 1 dictó sentencia en contra de su persona. Esa sentencia, objeto de recurso constitucionalmente y procesalmente. Abusada esta resolución en los términos que la Ley ofrece, se estableció los agravios que le causan a su abogado defensor y fueron expresados en el tiempo que la Ley establece. Igualmente, la contraparte, el Ministerio Público, órgano acusador, ha contestado los agravios para efecto de darle procedimiento al recurso de casación. Encontradas las diligencias en este estado, solo toca procesalmente remitir en el término que la Ley establece la resolución recurrida, contenida de los agravios y de la contestación de los mismos a la Sala Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia".


"En definitiva hay sentencia condenatoria dictada por la Sala Penal 1 en su contra, sentencia que bajo los efectos y mandatos constitucionales y procesales, la defensa técnica hizo uso de ulterior recuso y expresó agravios que le afectaban y que le correspondían analizar para llevarlo a otra instancia. Una vez cumplido ese trámite, se remita la resolución junto a los agravios correspondientes a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que analice, determine y dicte la resolución que corresponda según sus consideraciones", le explicó Rothschuh a Max Jerez, quien entre sonrisas y gestos escuchaba al funcionario del régimen nicaragüense.


Al momento de "actualizar" a Lesther Alemán -líder estudiantil cuya familia ha denunciado complicaciones de salud en su pierna derecha-, Rothschuh continuó rebuscando las palabras para explicar lo mismo: "informarle el camino procesal en el cual se encuentra su situación jurídica. Efectivamente esta Sala Penal dictó sentencia condenatoria en contra de su persona y por efectos de ulterior recurso que están normados constitucionalmente y procesalmente, su abogado defensor ha expresado agravios para recurrir al ulterior recurso que es otra instancia. Su abogado defensor ha expresado los agravios que es un trámite de Ley; el órgano acusador, que lo acusa, el Ministerio Público, ha contestado también esos agravios y ha cumplido esa fase procesal. Solo nos queda el tiempo para esta Sala de hacer remisión a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para efectos de examinar, estudiar, determinar y remitir la resolución respectiva".


Con cada vez menos palabras, el magistrado siguió: "esta Sala ha dictado sentencia condenatoria en su contra. Por efectos de nuestra Constitución Política, por efectos de nuestro Código Procesal Penal vigente, su defensa técnica ha recurrido a ulterior recurso y el ulterior recurso es resuelto por la Corte Suprema de Justicia", citó en pocas palabras Rothschuh con respecto al líder campesino y exprecandidato presidencial para los comicios de 2021, Medardo Mairena.


"Procedo a informarle al sancionado que su causa ya se encuentra en un estado de sentencia. Su abogado presentó recurso de apelación y está en análisis para determinar si el escrito de interposición de la apelación cumple con los presupuestos legales para su admisión. Leída que fue la presente acta, encontramos conforme, aprobamos, ratificamos y firmamos los comparecientes", expresó otro funcionario sandinista a Michael Healy, presidente de la cámara privada más importante del país.


Al respecto de estas supuestas audiencias, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) explicó: "No existe en el procedimiento penal lo que el régimen Ortega-Murillo está llamando 'audiencia informativa'. Esta es otra sesión de tortura contra los presos y sus familias. Otra manera de imponer el terror". "Según el procedimiento dado a los trámites de esas farsas judiciales, todos estos presos políticos ya fueron notificados de sus sentencias condenatorias, ratificadas por el Tribunal de Apelaciones", cita el organismo.


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