Red societaria, concesiones y control del oro: cómo la minería aurífera se consolida como eje económico y político del régimen nicaragüense
- 27 feb
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Actualizado: 8 mar
El 15 de mayo de 2024, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a Capital Mining y a la Compañía Minera Internacional, S.A. (COMINTSA), señalando que operaban bajo control de Laureano Ortega Murillo y del ministro Salvador Mansell. Posteriormente, movimientos empresariales como la transferencia de concesiones a firmas extranjeras han sido interpretados por analistas como intentos de sortear estas sanciones. A nivel institucional, la reciente decisión de trasladar la Dirección de Minas del Ministerio de Energía y Minas a la Procuraduría controlada políticamente por el Frente Sandinista ha sido vista como un paso adicional hacia la centralización del control estatal sobre el sector.
Por Juan Daniel Treminio | @DaniTreminio
Managua, Nicaragua
En paralelo a la entrega pública y sostenida de concesiones a compañías chinas —que en octubre de 2025 ya abarcaban casi el 10 % del territorio nacional—, una red de sociedades vinculadas a la familia de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ha consolidado un esquema privado de captación de rentas alrededor del oro nicaragüense. A diferencia de las adjudicaciones formalizadas en La Gaceta - Diario Oficial, esta arquitectura corporativa opera con bajo perfil, intermediarios poco conocidos y contratos con cláusulas de confidencialidad.
La documentación periodística aglomerada por COYUNTURA revela un circuito que combina intermediación obligada, procesamiento concentrado y cobros porcentuales recurrentes a mineros artesanales y empresas formales. El resultado: control del mercado interno, liquidez en efectivo y márgenes que, en estimaciones conservadoras, superan los 80 millones de dólares en 16 meses solo por dos vías de ingreso, sin incluir exportaciones.
En 2025, el país centroamericano proyectaba cerrar con 434,622 onzas troy y liderar la extracción en Centroamérica, según declaraciones del ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell. El auge responde al ciclo alcista internacional del metal: entre 2022 y 2025, Nicaragua exportó 4,309 millones de dólares en oro, de acuerdo con el Banco Central. Esas estadísticas recogen la producción de concesionarias industriales, pero no capturan la dimensión —también millonaria— de la minería artesanal.
Mientras el Estado promovía la llegada de entre 12 y 14 empresas chinas en exploración, explotación y comercialización, un engranaje empresarial doméstico avanzaba en silencio.
Capital Mining Investment Nicaragua fue constituida el 16 de noviembre de 2020, tres meses después de la creación de Grupo Minero Xiloá S.A. (GRUMIXSA). Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la intermediaria está bajo control de Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja gobernante. El 15 de mayo de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Capital Mining y a Compañía Minera Internacional S.A. (COMINTSA), esta última señalada como propiedad del ministro Mansell.
La función de Capital Mining, según contratos revisados y testimonios, es cobrar un 5 % sobre el pago a mineros artesanales por el mineral entregado. Dispone de oficinas en San Carlos (Río San Juan) y San Ramón (Matagalpa). Su representante legal es el abogado Julio Enrique Espinoza Rivas; en la operativa figura también Dennise Díaz Rodríguez, descrita en documentos como autorizada para recibir pagos y participar en reuniones ejecutivas del sector.
Las cláusulas incluyen estricta confidencialidad. En la práctica, explican productores consultados, la empresa "orienta" que todo el material sea remitido a un plantel específico para su procesamiento.
El destino es el plantel de GRUMIXSA en Villanueva, Chinandega, autorizado a operar desde el martes 01 de octubre de 2024. Su capacidad anual es de 30,000 onzas. Expertos estimaron que puede generar alrededor de 100 millones de dólares en 365 días de trabajo.
El esquema descrito por mineros funciona así: una vez que el camión llega, se pesa el material y se toma una muestra para determinar gramos por tonelada. Con una ley de 5 gramos por tonelada, el productor recibe el 50 % del valor; pero del monto liquidado se descuenta el 5 % de Capital Mining. Además, GRUMIXSA retiene un 60 % por "procesamiento", lo que deja al minero con un 40 % de la factura. Los pagos se realizan en efectivo y al precio internacional; el productor no recibe el metal refinado.
Desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025, GRUMIXSA adquirió 303,967 dólares en cianuro —insumo clave para separar el oro del material estéril— según datos de comercio exterior. El volumen sugiere actividad sostenida.
Cálculos conservadores indican que, operando a plena capacidad, GRUMIXSA pudo captar 80 millones de dólares en 16 meses tras descontar el 60 % del valor del material recibido. Sumado el 5 % de intermediación de Capital Mining sobre un potencial de 100 millones, el ingreso combinado rondaría 83 millones en ese periodo, sin contar exportaciones.
Una tercera vía: comisiones a empresas formales
La red incluye a Suministro y Montaje Electromecánico, creada bajo oficios notariales de la abogada Cinthya Lucía Jiménez Pichardo y representada por el contador Omar Javier Cortez Moncada. Documentos privados revisados por este medio establecen un cobro del 5 % de las "ventas brutas anuales de las sustancias extraídas, producidas en el país y suministradas por mineros artesanales", con pagos mensuales.
Un ejemplo ilustrativo: si una empresa produce oro por 5 millones de dólares en un mes, debería transferir 250,000 dólares a Suministro. Analistas financieros consultados interpretan que, aunque la redacción alude a mineros artesanales, en la práctica el cargo recae sobre compañías del sector. No hay cifras públicas del total recaudado por esta vía.
Además de Capital Mining y Comintsa, el Tesoro estadounidense identificó a Laureano Ortega Murillo como controlador de la intermediaria y señaló vínculos con el ministro Mansell. En enero de 2026, COMINTSA transfirió la concesión "La Reyna II" (4,131 hectáreas) a la empresa china Thomas Metal, movimiento interpretado como intento de eludir restricciones.
En febrero, la Asamblea Nacional trasladó la Dirección de Minas del Ministerio de Energía a la Procuraduría General de Justicia —entidad creada en 2024—, lo que refuerza el control político sobre el sector.
Economistas independientes califican el entramado como expresión de un "Estado mafioso": uso de instrumentos públicos para capturar rentas, asegurar impunidad y fortalecer el poder político. El exviceministro, exiliado y economista Juan Sebastián Chamorro sostuvo que el oro se ha convertido en la actividad más rentable del país y que la familia gobernante busca ampliar su capacidad financiera. Por otro lado, el economista Enrique Sáenz enumeró prácticas asociadas —intimidación, colusión, coimas y lavado— como rasgos de la reconfiguración del sector.
El desnacionalizado ambientalista Amaru Ruiz añadió que la minería artesanal opera en un terreno de informalidad que facilita su control. A su juicio, el dominio de plantas de procesamiento es clave para ordenar el flujo del mineral y la liquidez resultante. También señaló la influencia territorial de estructuras políticas locales en la articulación con productores.
Tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con China en diciembre de 2021, el otorgamiento de concesiones a compañías de ese país se aceleró. Para octubre de 2025, superaban el 6 % del territorio nacional. Analistas hablan de una "reconfiguración" del mapa aurífero que combina intereses nacionales y foráneos.
Productores artesanales describen una posición vulnerable: si no canalizan el material por el circuito indicado, temen represalias; si lo hacen, aceptan descuentos sucesivos y cobros en efectivo que elevan el riesgo de traslado y reducen trazabilidad. En zonas con suelos que rinden alrededor de 5 gramos por tonelada, y con precios cercanos a 5,200 córdobas por gramo de 24 quilates, la presión por volumen es constante: intermediarios monitorean cuánto material hay disponible y cada cuánto se enviará un cargamento.
El oro desplazó a otros rubros y se consolidó como columna vertebral de las exportaciones. Pero la expansión no solo responde a precios internacionales o a nuevas concesiones. La evidencia documental y testimonial apunta a una estructura que centraliza la intermediación, concentra el procesamiento y aplica comisiones periódicas. Con bajo perfil societario —abogados y contadores como representantes— y cláusulas de silencio, el engranaje convierte el metal en efectivo y reduce la visibilidad pública de los flujos.
En un país con severas restricciones políticas y económicas, el control del oro emerge como palanca financiera decisiva. Las sanciones externas y los reacomodos internos no han detenido la maquinaria. Por el contrario, la han sofisticado.
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