Régimen de Nicolás Maduro acelera la arquitectura del "Estado comunal" mientras Washington eleva el pulso con ataques terrestres
- Dec 29, 2025
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Venezuela afronta, así, un doble movimiento: un poder que se reconfigura hacia un modelo aún más dictatorial, más centralizado y tutelado por el aparato cívico-militar, y un contexto exterior de máxima presión. El chavismo busca blindarse jurídica, territorial y políticamente para cualquier escenario —incluido el bélico— y completar la mutación del Estado en 2026. La oposición, fragmentada, hostigada y exiliada, reclama garantías democráticas y denuncia la clausura de espacios cívicos.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Caracas, Venezuela
Por debajo del ruido cotidiano y de los gestos propagandísticos, el chavismo avanza en silencio hacia su proyecto más ambicioso: blindar su permanencia en el poder, incluso en un escenario de crisis extrema. La dictadura chavista de Nicolás Maduro, sometido a presión económica, diplomática y militar por parte de Estados Unidos, ha activado un proceso de reordenamiento institucional que busca hacer irreversible la "revolución bolivariana".
No se trata de un impulso coyuntural. Es la continuidad de una lógica que se remonta a los años de Hugo Chávez: cada choque con la oposición, cada ciclo de sanciones o de tensión internacional se traduce en un nuevo giro de tuerca. La prioridad es consolidar un sistema político, institucional, militar y social capaz de sobrevivir a cualquier embate y, al mismo tiempo, ampliar el control del Estado sobre la sociedad y todos los sectores de la actividad económica y estatal.
El "Estado comunal" como punto de llegada
El gran objetivo es la construcción del llamado "Estado comunal", concebido como el estadio final del proceso bolivariano. Maduro lo define como una superación del "viejo modelo burgués" y un tránsito hacia una "democracia directa" basada en la autogestión popular.
El Ejecutivo invierte recursos y tiempo en fortalecer las comunas, estructuras territoriales que articulan militancia, servicios y control político en barrios y localidades. El dictador, en su segundo mandato consecutivo, asegura que existen ya más de 5,300 en proceso de consolidación. Sobre el papel, estas instancias deberían canalizar proyectos de desarrollo, recibir fondos del erario y decidir prioridades locales. En la práctica, dependen de la Presidencia, que orienta los recursos y supervisa su funcionamiento.
Desde hace casi dos años, esta dinámica se articula a través de la llamada Consulta Popular Nacional: votaciones locales que eligen proyectos comunitarios —desde asfaltado y diques hasta escuelas e infraestructuras medianas—. Se han celebrado cuatro consultas, con resultados desiguales y un impacto real todavía difícil de medir.
La militarización del tejido social
El avance del Estado Comunal no es solo administrativo. Se superpone a una creciente presencia militar. Las Unidades Comunales de Defensa Integral integran a civiles y uniformados en un esquema de seguridad territorial. El Ministerio de Defensa ha distribuido armamento antiaéreo en distintas zonas del país y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) acaba de respaldar una fase "armada de la revolución" inspirada en la doctrina maoísta de "guerra popular prolongada", según analistas consultados por COYUNTURA.
Maduro ha ido más allá al ordenar el alistamiento de trabajadores públicos y el reparto de armas "en cada fábrica". El mensaje es nítido: el país suramericano debe estar preparado para una defensa prolongada frente a cualquier amenaza.
Paralelamente, la administración chavista impulsa una "constituyente sindical" para reorganizar el mundo laboral y alinear a los gremios con el proyecto revolucionario, reduciendo margen de disidencia.
Una reforma constitucional en el horizonte
El oficialismo prepara también una nueva reforma constitucional. Maduro ha convocado a movimientos sociales a "debatir cambios" que podrían otorgar rango constitucional a las comunas, redefinir la organización electoral, limitar la autonomía regional y aumentar el peso político de las Fuerzas Armadas.
Sería un paso decisivo en la consolidación del "Estado revolucionario", fortaleciendo el llamado "Poder Popular" como plataforma de gobierno y relegando, de facto, a las estructuras institucionales tradicionales en una democracia.
Disidencia bajo presión
Todo este proceso ocurre en un clima de creciente intolerancia hacia la crítica. El Poder Ejecutivo endurece la censura, aprueba normas que tipifican penas de hasta 30 años por "justificar" sanciones o medidas coercitivas y continúa deteniendo dirigentes opositores. Casos recientes incluyen al militante Melquíades Pulido García, el analista Nicmer Evans y líderes sindicales como José Elías Torres y William Lizardo.
La liberación puntual de 99 presos políticos la semana pasada funciona como gesto de distensión, pero no altera el rumbo de radicalización. La estructura de vigilancia se complementa todos los días del año con aplicaciones como Venapp, desde las que se pide a simpatizantes reportar "enemigos" o comportamientos sospechosos.
Pese al despliegue, los mecanismos colectivos del chavismo generan hoy menos entusiasmo que en el pasado. Estudios cualitativos recientes reflejan desconfianza y cansancio ante un modelo que ha absorbido ingentes recursos sin resultados visibles para la mayoría.
Choque frontal con Estados Unidos
El discurso oficial se apoya en la confrontación con Washington. Hace unos días, en su intervención ante el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales, Maduro acusó a Estados Unidos de intentar imponer un "modelo colonial y esclavista" para apropiarse de los recursos venezolanos. Denunció un plan de dominación y defendió, no obstante, su voluntad de diálogo "en paz y respeto".
"Peace. Peace. Peace. No more war", gritó el autócrata.
La narrativa encaja con el relato habitual del chavismo: hostigamiento externo frente a una nación sitiada. Desde el otro lado, sectores influyentes de la política estadounidense insisten en que Venezuela se ha convertido en un Estado capturado por redes criminales, con presencia de grupos armados ilegales y vinculación con economías ilícitas en toda América continental.
Diversas voces en Washington abogan por combinar sanciones, presión diplomática, interdicción de buques vinculados al comercio petrolero clandestino y eventuales incentivos para forzar una transición política. Otras advierten de los riesgos de las demostraciones de fuerza y del impacto colateral en la región.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país destruyó una "gran instalación" la semana pasada dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela. "Acabamos de destruir, no sé si lo leyeron o lo vieron… Tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro", dijo Trump a una radio.
El mandatario no especificó la naturaleza de la instalación y hasta el momento su administración no se ha hecho eco del golpe. De confirmarse, sería el primer ataque terrestre en una campaña antidrogas que hasta ahora se ha desarrollado en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico.
Entre el bloqueo y la promesa
La estrategia del chavismo persigue blindarse frente a cualquier desenlace. Reforma constitucional, comunas fortalecidas, tejido social militarizado, control del discurso público y mecanismos de participación supervisados desde el poder. El objetivo declarado: "perfeccionar la democracia" en clave participativa. El objetivo implícito: asegurar la continuidad del régimen en el tiempo.
En paralelo, la Casa Blanca mantiene la presión —con oscilaciones tácticas— y mira a la oposición venezolana como socio potencial para una eventual transición. Sin embargo, ni la vía negociada ni las sanciones han producido el resultado esperado. El país suramericano sigue atrapado entre la retórica soberanista de Caracas y el marco estratégico de Washington.
Mientras tanto, la vida cotidiana avanza en un escenario de desgaste. Las comunas prometen participación y recursos, pero chocan con la realidad de un Estado exhausto. La oposición opera en un contexto de vigilancia y represión. Y el chavismo, convencido de estar ante un momento definitorio, acelera las piezas del nuevo andamiaje institucional.
El desenlace es incierto. Lo que sí parece claro es que Venezuela entra en una fase en la que el proyecto de Estado —no solo el gobierno de turno— está siendo rediseñado para perdurar, aun a costa de estrechar los márgenes del pluralismo y de tensar, todavía más, la relación con la comunidad internacional.
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