Sandinismo afianza su aparato represivo con préstamo millonario de Bielorrusia
- Redacción Central
- hace 6 días
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El Ejército nicaragüense, según decretos oficiales, empleará los nuevos recursos para mejorar su respuesta ante emergencias, "contribuir a la conservación ambiental" y reforzar la lucha contra delitos como la deforestación y el narcotráfico. Sin embargo, organizaciones ambientalistas han denunciado la destrucción acelerada de miles de hectáreas boscosas, promovida por operadores del régimen y permitida por Fuerzas Armadas, que se aparta de sus funciones constitucionales para actuar como garante del control territorial y del poder dictatorial.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo profundizó este miércoles 02 de julio de 2025 su alianza estratégica con Bielorrusia, al oficializar un nuevo endeudamiento estatal por más de 30 millones de dólares destinados a fortalecer al Ejército y la Policía Nacional, dos de los principales pilares represivos de su dictadura. La Asamblea Legislativa, controlada totalmente por el oficialismo, ratificó con celeridad los cuatro decretos de préstamo que canalizarán estos recursos a través del Banco de Desarrollo de la República de Bielorrusia.
El grueso de la deuda, 25,5 millones de dólares, financiará la compra de 205 vehículos todoterreno, volquetas, cisternas y 29 máquinas de construcción para el Ejército de Nicaragua. De acuerdo con la versión del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la adquisición permitirá mejorar la movilización terrestre, las tareas de rescate, el combate al narcotráfico y la conservación ambiental en zonas rurales.
Sin embargo, diversas organizaciones denuncian que detrás de esta fachada de utilidad pública se esconde un reforzamiento del aparato represivo. La Fundación del Río, dedicada a la defensa ambiental, ha documentado la pérdida de miles de hectáreas de bosques en los últimos años, facilitada por la complicidad del Ejército, que permite invasiones para actividades ilegales como la minería, la ganadería y la apropiación de tierras.
El Ejército, históricamente subordinado al poder político en Nicaragua, ha sido reiteradamente señalado por apartarse de sus funciones constitucionales para operar como un brazo de control social y territorial. Así lo expone el último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicado en abril pasado, donde se identifican a seis generales y cinco coroneles entre los responsables directos de graves violaciones a los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, tortura, persecución política y confiscación de bienes.
Mientras tanto, la Policía Nacional recibirá 4,8 millones de dólares, que se destinarán a la compra de 50 vehículos —tanto urbanos como todoterreno— para fortalecer su capacidad operativa, según el discurso oficial. La dictadura Ortega-Murillo asegura que estos vehículos mejorarán la prevención y respuesta ante delitos como el narcotráfico, el robo de ganado y el crimen organizado.
No obstante, la trayectoria reciente de esta institución desmiente esas afirmaciones. Desde abril del año 2018, organismos nacionales e internacionales han denunciado a la Policía por su rol protagónico en la represión violenta contra manifestaciones ciudadanas, la vigilancia de opositores y defensores, la ejecución de arrestos arbitrarios y el hostigamiento a la prensa independiente.
La inclusión de la Policía en este millonario préstamo refuerza las sospechas sobre el verdadero propósito del endeudamiento: reforzar un sistema de control social e institucional aún más rígido y efectivo. El propio régimen ha admitido que parte de la inversión será destinada a labores como vigilancia en carreteras, control de fiestas patronales y presencia durante manifestaciones, una lista que refleja con claridad su enfoque represivo.
Este paquete de endeudamiento llega poco después de que la Asamblea aprobara en febrero una nueva Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, que exime al Ejército y la Policía de cumplir con los procesos habituales de licitación pública. Gracias a esta normativa, ambas instituciones ahora pueden realizar compras de manera discrecional, sin rendir cuentas ante los organismos de control o la ciudadanía.
Con esa reforma, el régimen blindó el uso opaco de los fondos públicos, permitiendo que millones de dólares fluyan directamente hacia las arcas militares y policiales sin supervisión alguna. Esta práctica no es nueva: desde 2018, ambas entidades han recibido aumentos sostenidos en el Presupuesto General de la República. Solo en 2025, Ejército y Policía recibieron un total de 9,291.3 millones de córdobas, un incremento de 826,6 millones respecto al año anterior.
Asimismo, este nuevo endeudamiento no solo tiene implicaciones internas. Refleja también un alineamiento político y económico entre Nicaragua y Bielorrusia, dos regímenes fuertemente sancionados y aislados por la comunidad internacional.
Desde 2023, Bielorrusia ha aprobado préstamos a Nicaragua por más de 104 millones de dólares, según declaraciones del diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez y documentos verificados por COYUNTURA. Estos fondos han servido para financiar diversos proyectos, muchos de ellos relacionados con la seguridad y la infraestructura controlada por el Estado, pero no hay especificaciones técnicas ni de compras al respecto.
La última ronda de acuerdos bilaterales, firmada en mayo de este año durante la visita del vicecanciller bielorruso Evgeny Shestakov, incluyó un convenio de crédito para la adquisición de maquinaria, un plan integral de cooperación para el periodo 2025-2030, y la creación de mecanismos financieros conjuntos entre los bancos estatales de ambos países.
Ambos regímenes, liderados por Ortega-Murillo y Aleksandr Lukashenko, respectivamente, comparten un historial de represión sistemática, censura, persecución política y graves violaciones a los derechos humanos. "Sus alianzas estratégicas, lejos de responder a necesidades económicas o sociales, buscan afianzar sus respectivos aparatos represivos ante el creciente aislamiento internacional", explicó una socióloga a este medio.
Con esta nueva deuda, Ortega y Murillo refuerzan el estado de excepción no declarado en Nicaragua, donde las instituciones armadas, más que garantes de la seguridad nacional, actúan como instrumentos de control y represión política, civil y estatal.
El fortalecimiento de estas instituciones ocurre en un contexto de crisis prolongada de derechos humanos, en el que la población permanece bajo vigilancia constante, con severas restricciones a las libertades públicas, la libertad de prensa anulada y un éxodo masivo de personas que huyen de la represión y la miseria, todos los días, con controles migratorias estrictos y crecientes.
Sin contrapesos institucionales ni mecanismos de rendición de cuentas, la monarquía sandinista acelera todos los días del año su deriva autoritaria, endeudando al país centroamericano para consolidar un modelo basado en el miedo, la opacidad y la represión sostenida.
Mientras tanto, las necesidades sociales, educativas, culturales y económicas de la ciudadanía continúan desatendidas, relegadas ante la prioridad absoluta del régimen: preservar el poder a toda costa.
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