Tres detenidos y una red de audios de WhatsApp: la Fiscalía de Honduras asegura haber frustrado un "plan" para asesinar al exmandatario José Zelaya
- Redacción Central
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A pesar de los anuncios oficiales y la difusión de audios, la presunción de inocencia sigue vigente y corresponde a los tribunales valorar la validez, autenticidad y alcance probatorio de las grabaciones y demás diligencias. Las defensas de los imputados tienen la opción legal de impugnar la cadena de custodia de la evidencia, solicitar peritajes independientes y presentar pruebas que refuten la acusación.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras

El Poder Judicial dictó detención y ordenó el ingreso al centro penal de Támara de tres hombres arrestados este jueves 14 de agosto de 2025, señalados por el Ministerio Público (MP) de integrar una supuesta conspiración para atentar contra la vida del expresidente izquierdista José Manuel Zelaya Rosales —actual secretario del oficialista Partido Liberta y Refundación (LIBRE) y asesor presidencial de la mandataria Xiomara Castro, su esposa—, y desestabilizar así a la actual administración "socialista". La medida cautelar fue adoptada luego de la audiencia de imputado; la audiencia inicial quedó fijada para el lunes 18 de agosto a las 10:00 a.m., cuando la Fiscalía tiene previsto presentar y evacuar los medios de prueba.
Los hombres identificados por las autoridades como Arcadio Corrales (también referido en comunicados como Arcadio López o Arcadio López Estrada), Perfecto Jesús Enamorado Paz y Antonio David Kattán (o Kattan) fueron capturados en operativos simultáneos en Tegucigalpa, Comayagua y San Pedro Sula, ejecutados por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Unidad Nacional Antisecuestro (UNAS) y el Ministerio Público. Según la versión oficial, los detenidos permanecerán privados de libertad mientras avanza el proceso penal.
El Fiscal General, Johel Zelaya, informó públicamente que la Fiscalía imputará a las tres personas por delitos que incluyen actos preparatorios punibles y asociación terrorista, así como por tentativa de asesinato en contra del "más grande héroe del país", según varios funcionarios oficialistas. En la conferencia de prensa el titular del Ministerio Público exhibió grabaciones de audio que —según su explicación— contienen conversaciones que revelarían la existencia de una trama con la finalidad de "paralizar el Estado" y consumar atentados contra altos funcionarios. La Fiscalía adelantó que la investigación está en curso y que no se descarta la participación de más personas.
Las autoridades han remitido copia de esos audios —evidentemente de WhatsApp— a los tribunales como parte del expediente inicial; la Fiscalía los presenta como evidencia técnica que, combinada con otras diligencias de investigación, reforzaría la imputación. En los comunicados oficiales se destacó que, de haberse consumado, los hechos habrían ocasionado "graves atentados contra la vida, la paz social y el orden democrático".
De acuerdo con la información facilitada por fuentes oficiales y medios que cubrieron la conferencia del fiscal, Arcadio Corrales Estrada tiene 64 años y se desempeña como electromecánico y residente en Tegucigalpa; Perfecto Jesús Enamorado Paz, de 69 años, figura como comerciante residente en Comayagua; y Antonio David Kattán Rivera, de 53 años, también comerciante, fue detenido en San Pedro Sula con participación de la Unidad Nacional Anti Secuestro (UNAS). Los nombres, edades y oficios se han difundido de manera consistente en los comunicados de la Policía y la Fiscalía.
El expresidente Manuel Zelaya reaccionó a las detenciones desde su cuenta en X (antes Twitter), afirmando que lo "cubre la sangre de Cristo" y calificando los audios presentados por la Fiscalía como pruebas de "perversas intenciones de sectores oscuros" que buscan supuestamente sabotear el proceso electoral y derrocar al gobierno de Castro. Zelaya conectó la supuesta conspiración con ataques e intimidaciones persistentes desde el golpe que sufrió en 2009 y aseguró que la intención de asesinarlo había sido planeada desde entonces. Las declaraciones del exmandatario se difundieron ampliamente tras la rueda de prensa de la Fiscalía.
La presidenta Xiomara Castro, quien en las horas de la presentación del caso se encontraba en Ocotepeque supervisando obras sanitarias, pidió que la Fiscalía no se limite a señalar a las voces que aparecen en los audios sino que avance en identificar a quienes estarían "detrás de esa trama". La mandataria subrayó la necesidad de que se investigue hasta dar con los autores intelectuales del supuesto complot.
El anuncio del fiscal hondureño se produjo en un escenario regional tensado por recientes declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), Pam Bondi, quien afirmó esta semana a Fox News la existencia de un "puente aéreo" que, según su versión, facilitaría el tránsito de drogas desde Venezuela aprovechando espacios aéreos en Honduras, Guatemala y México. Esas declaraciones han generado reacciones y desmentidos en distintos gobiernos de la región en las últimas horas. Si bien la mención de Bondi no forma parte directa del expediente presentado hoy en Tegucigalpa, el señalamiento público añade un matiz geopolítico a la coyuntura en que se desarrolla la investigación local.
Xiomara Castro, Johel Zelaya, y el presidente del directorio del Órgano Legislativo, Luis Redondo, guardan silencio todavía sobre las aseveraciones de Bondi. Las Fuerzas Armadas han rechazado las "acusaciones" y han anunciado que "pronto" pondrán a funcionar "nuevos radares" para proteger mejor al territorio hondureño.
Con la detención judicial aplicada por el juez y el envío de los tres imputados al penal de Támara, el proceso entra en la fase de investigación formal y de consolidación probatoria. La Fiscalía indicó que continuará practicando diligencias para robustecer el expediente y buscará esclarecer el alcance de la supuesta conspiración y si hubo más participantes o vínculos organizados. Para la audiencia inicial del 18 de agosto están previstas la presentación y valoración de los medios de prueba que la Fiscalía dice poseer, incluido el material auditivo. En esa etapa el Ministerio Público deberá justificar la calificación penal de los hechos y ofrecer elementos suficientes para sostener la acusación ante el tribunal.
A pesar de los anuncios oficiales y la difusión de audios, la presunción de inocencia sigue vigente y corresponde a los tribunales valorar la validez, autenticidad y alcance probatorio de las grabaciones y demás diligencias. Las defensas de los imputados tienen la opción legal de impugnar la cadena de custodia de la evidencia, solicitar peritajes independientes y presentar pruebas que refuten la acusación. En la cobertura de procesos penales de alta carga política, el contraste de versiones y la verificación técnica de las pruebas son insumos imprescindibles para evitar conclusiones prematuras.
Al cierre de este texto, las familias denuncian "persecución política". Al menos uno de ellos sería simpatizante del opositor Partido Nacional de Honduras.
Las próximas jornadas serán claves: la audiencia inicial de este lunes, la eventual presentación de pruebas adicionales por parte del Ministerio Público, y las solicitudes que formulen las defensas. También habrá que observar si la investigación se amplía hacia supuestos autores intelectuales, o si aparecen nexos con otras estructuras delictivas o políticas, aspectos que las autoridades han señalado como parte de las líneas de pesquisa pero que aún no han sido acreditados ante el tribunal. En paralelo, las reacciones políticas y diplomáticas —incluido el contexto de señalamientos internacionales sobre narcotráfico— podrían influir en la percepción pública del caso, sin que ello sustituya la prueba judicial que se recabe en el proceso.
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