Tribunal de Guatemala impone penas de 6 a 25 años por el incendio del Hogar Seguro. Jueza ordena investigar al expresidente Jimmy Morales
- Jairo Videa
- 12 ago
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El debate oral inició el miércoles 10 de enero de 2024 y se extendió por un año y medio. Los acusados permanecieron bajo arresto domiciliario hasta la sentencia. En sus alegatos finales, Carlos Rodas y Santos Torres defendieron su inocencia y pidieron perdón a las familias, insistiendo en que no provocaron daño directo a las víctimas.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Después de un proceso público que se extendió por año y medio, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal de Ciudad de Guatemala dictó este martes 12 de agosto de 2025 sentencias contra seis exfuncionarios vinculados al incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que en marzo de 2017 costó la vida a 41 niñas. Las penas oscilan entre seis y 25 años de prisión; un séptimo imputado fue absuelto. En la resolución la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes atribuyó a los condenados responsabilidades por delitos como homicidio culposo y abuso de autoridad. Las penas más altas recayeron sobre Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social, y Santos Torres, exdirector del hogar: 25 años para cada uno. Entre las demás sanciones figuran 17 años para Brenda Chamán; 13 años para Lucinda Marroquín; 11 años para Luis Pérez Borja; y 6 años para Gloria Castro. Harold Flores, exprocurador de la Niñez, resultó exculpado hoy.
La juzgadora motivó la absolución de Flores señalando dudas sobre las competencias que éste tenía al momento de los hechos: según el fallo, no existió una activación de una alerta o potestad que lo hubiera obligado a intervenir en representación del Estado, pese a que su firma aparece en actas vinculadas al operativo policial.
Durante la lectura de la sentencia, la magistrada también ordenó al Ministerio Público (MP) abrir una investigación para determinar la posible participación del entonces presidente Jimmy Morales y de su exasesor Carlos Beltetón en los hechos. La instrucción judicial obliga ahora a la Fiscalía a indagar esos señalamientos, que durante el juicio fueron mencionados por testigos y partes.
Los hechos fueron recordados en la sala del tribunal: la tragedia ocurrió el miércoles 08 de marzo de 2017, Día Internacional de la Mujer, cuando un grupo de niñas y adolescentes prendió fuego a colchonetas en el aula donde estaban retenidas durante una protesta en la que denunciaban malos tratos y supuesta explotación sexual. El incendio se descontroló y las jóvenes no pudieron escapar porque la puerta del salón estaba cerrada bajo llave; además, 15 menores sobrevivieron con quemaduras graves.
El juicio inició el 10 de enero de 2024 y se prolongó cerca de 19 meses, con más de cien audiencias públicas —algunas fuentes registran alrededor de 120–121 sesiones— en las que declararon más de cien testigos, peritos y se incorporaron cientos de documentos probatorios. La dimensión y la duración del debate marcan un hito en la investigación judicial de la tragedia.
La Fiscalía había solicitado en mayo condenas mucho más altas —para algunos acusados pidió penas que sumaban hasta 131 años—, pero el tribunal impuso sanciones menores a las solicitadas por el Ministerio Público. La jueza justificó la cuantía de las penas con base en la valoración de la acusación y en la interpretación del concurso de delitos, rechazando la imposición de penas individuales por víctima en el marco de la figura jurídica presentada por la Fiscalía.
Organizaciones querellantes y familiares reaccionaron de inmediato. Paula Barrios, coordinadora de la organización no gubernamental Mujeres Transformando el Mundo, expresó que esperaban una sentencia condenatoria y pidió que las medidas dictadas garanticen la reparación y la no repetición; una sobreviviente interrogó en su testimonio el "corazón" de quienes no atendieron los gritos de auxilio. Activistas que han preservado altares y memoria de las víctimas han subrayado que la resolución podría sentar un precedente histórico para la rendición de cuentas en Guatemala.
El fallo llega además en un contexto procesal complicado para el expresidente Morales: la Corte Suprema de Justicia había rechazado en 2017 y 2021 solicitudes de retiro de inmunidad (antejuicios) presentadas en relación con el caso, y Morales dejó de gozar de inmunidad en enero de 2024 al cesar su condición de diputado en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), hecho que, según los reportes, abre la puerta para que la Fiscalía actúe si así lo considera pertinente. La nueva orden de la jueza obliga ahora a que el Ministerio Público confirme —o descarte— responsabilidades más allá del personal que estuvo a cargo directo del hogar.
La sentencia cierra una etapa del proceso penal principal sobre el incendio, pero deja en marcha otras diligencias y plantea preguntas sobre la responsabilidad estatal ampliada que las víctimas y organizaciones han sostenido desde 2017. La decisión judicial —y, en especial, la instrucción para investigar a exfuncionarios de rango presidencial— marcará los pasos inmediatos del Ministerio Público y, eventualmente, la agenda de apelaciones y recursos que las partes puedan interponer dentro del marco legal.
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