Una Asamblea sin contrapesos: la ratificación de Gustavo Porras y la normalización del poder sandinista absoluto en Nicaragua
- Jan 20
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) identifica a Gustavo Porras como uno de los 54 funcionarios responsables de los principales patrones de crímenes, violaciones y abusos de derechos humanos cometidos desde 2018. Según el ente bilateral, Porras forma parte de una red de "secretarios políticos" encargados de asegurar el control del régimen sobre las instituciones públicas, todos subordinados directamente a Rosario Murillo. En este esquema, la Asamblea deja de ser un órgano legislativo autónomo y se convierte en un mecanismo de legitimación formal de decisiones arbitrarias.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La inauguración del año legislativo en Nicaragua, celebrada el sábado 10 de enero de 2026, no introdujo novedades políticas ni institucionales. Por el contrario, confirmó la continuidad de un esquema de poder cerrado, previsible y subordinado al Ejecutivo. Gustavo Porras Cortés fue ratificado, por cuarto período consecutivo, como presidente de la Asamblea Nacional, junto con los otros seis integrantes de la junta directiva. El acto coincidió con un aniversario simbólico: 19 años desde el retorno y consolidación de la dictadura familiar encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El discurso de Porras siguió fielmente el libreto oficial. Hubo elogios reiterados a la pareja gobernante, descalificaciones implícitas a administraciones anteriores y un mensaje insistente sobre la necesidad de preservar la "paz", entendida no como convivencia democrática, sino como sinónimo de control, vigilancia y disciplina política e ideológica.
El presidente del Legislativo evocó declaraciones de Ortega y Murillo de julio del año pasado, cuando llamó a sus militantes a mantenerse en estado de alerta permanente, "con un ojo abierto siempre", una frase que remite más a la lógica de seguridad interna que a la deliberación política.
La insistencia en la "paz" ocupó un lugar central en la narrativa. Porras atribuyó a Ortega y Murillo una supuesta pedagogía constante sobre la estabilidad nacional, afirmando que ningún logro económico o social sería posible sin ella. En su intervención, destacó áreas como salud, educación y transporte, además de un presunto crecimiento económico y estabilidad monetaria. Sin embargo, el énfasis no estuvo en políticas públicas verificables, sino en la idea de que el orden impuesto por la monarquía es condición indispensable para cualquier forma de desarrollo.
Un Legislativo alineado y productivo… para el Ejecutivo
Durante 2025, la Asamblea Nacional actuó como una instancia de validación automática de las decisiones copresidenciales. De acuerdo con un análisis realizado por COYUNTURA, el parlamento que controla el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) aprobó ese año 35 leyes, 29 decretos y autorizó créditos por más de 489 millones de dólares. La cifra, lejos de reflejar un debate plural o una agenda legislativa propia, evidencia la rapidez con la que se tramitan iniciativas diseñadas fuera del hemiciclo.
La subordinación institucional no es reciente. Desde antes de la crisis social, política, humanitaria, institucional y de seguridad de abril de 2018, el Legislativo ha funcionado como una extensión del Ejecutivo, pero ese rol se profundizó tras la represión de las protestas y la posterior reconfiguración del marco legal.
La aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos en 2020 es uno de los ejemplos más citados: presentada como un mecanismo para combatir la desinformación, fue utilizada en la práctica para criminalizar la expresión crítica y perseguir a opositores, periodistas y ciudadanos comunes, especialmente en 2021.
El patrón se consolidó con la reforma constitucional aprobada en febrero de 2025, que eliminó de facto la independencia de poderes, ahora órganos estatales. Desde entonces, la separación entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial quedó reducida a una formalidad, mientras el control político se concentró aún más en la Presidencia.
Señalamientos internacionales y redes de control
La figura de Gustavo Porras trasciende el ámbito parlamentario nacional. En abril de 2025, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo incluyó entre los 54 funcionarios identificados como responsables de los principales patrones de crímenes, violaciones y abusos de derechos humanos cometidos desde 2018. El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos lo ubica dentro de una red de "secretarios políticos" encargados de asegurar el control del régimen sobre las instituciones públicas, una estructura jerárquica subordinada directamente a Rosario Murillo.
Según el documento, la Asamblea Nacional, bajo su liderazgo, ha sido clave en la construcción de un andamiaje jurídico que legitima la represión. Las leyes y reformas aprobadas de manera expedita han servido para justificar acciones arbitrarias contra personas consideradas disidentes, debilitando aún más el Estado de Derecho y restringiendo el ejercicio de derechos fundamentales.
El discurso oficial choca frontalmente con la lectura que hacen los organismos de derechos humanos. Salvador Marenco, miembro del consejo de coordinación del Colectivo Nicaragua Nunca Más, rechaza la narrativa promovida desde el Legislativo. A su juicio, el llamado a la paz resulta contradictorio cuando proviene de un régimen que acumula casi dos décadas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Marenco subraya que se trata de "19 años continuos de graves violaciones y crímenes de lesa humanidad", y señala como especialmente irónico que el mismo parlamento que invoca la paz haya aprobado recientemente el Presupuesto General de la República con incrementos para la Policía Nacional y el Ejército, las principales estructuras de la represión armada.
Para el defensor, el objetivo del discurso es presentar a Ortega y Murillo como garantes de estabilidad económica y social, una imagen que se desmorona frente a la realidad del exilio masivo: al menos el 12 % de la población ha abandonado el país centroamericano y miles de nicaragüenses han solicitado refugio desde 2018 en países como Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, Panamá y España.
Un liderazgo enquistado
Gustavo Porras, de 71 años, acumula 24 años consecutivos como diputado. Ingresó al Parlamento en 2002 y, aunque no destacó por méritos revolucionarios tradicionales, logró escalar hasta la presidencia de la Asamblea en 2017. Su permanencia simboliza un Legislativo envejecido, sin renovación política ni representatividad social, reducido a un instrumento funcional del poder ejecutivo.
La reelección no fue un hecho aislado. Toda la junta directiva fue ratificada para la 42 legislatura, integrada mayoritariamente por figuras con décadas de permanencia parlamentaria, convertidas en lo que críticos describen como "diputados de profesión". El bloque fue aprobado con 91 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, y oficializado dos días después en La Gaceta - Diario Oficial. La decisión respondió a una autorización previa de Ortega y Murillo, lo que refuerza la percepción de que el Parlamento carece de autonomía incluso para definir su propia conducción.
La directiva quedó conformada por Arling Alonso como primera vicepresidenta; Amanda Pineda Montenegro, segunda vicepresidenta; María Haydée Osuna, tercera vicepresidenta; Loria Raquel Dixon, primera secretaria; Wilfredo Navarro, segundo secretario, y Alejandro Mejía Ferreti, tercer secretario. Todos repiten en sus cargos.
Navarro, por ejemplo, llegó al Parlamento en 1997 como opositor al sandinismo y hoy suma 29 años como diputado, 12 de ellos en la junta directiva, tras un proceso de adaptación política que le permitió integrarse al oficialismo. Dixon representa a la Región Autónoma del Caribe Norte desde 2006 y acumula nueve años como primera secretaria. Mejía Ferreti, aliado del orteguismo desde la Alianza Liberal Nicaragüense, lleva una década como legislador y dos períodos en la directiva. Osuna supera los veinte años de presencia parlamentaria, mientras que Alonso y Pineda consolidan una trayectoria prolongada dentro del bloque sandinista.
Desde 2022, la Asamblea de Nicaragua opera como un órgano de partido único en la práctica. El control absoluto del Frente Sandinista ha transformado al Legislativo en un "superpoder" que no fiscaliza ni debate, sino que ejecuta. Las sesiones se han vaciado de deliberación y la función de contrapeso democrático ha desaparecido por completo.
La ratificación de Gustavo Porras y su equipo no solo reafirma un liderazgo personal, sino que confirma la normalización de un modelo institucional donde la legalidad se utiliza para blindar al poder y la retórica de la paz encubre un sistema sostenido por la vigilancia, la represión y la exclusión política. En ese contexto, el parlamento nicaragüense ya no representa a la ciudadanía ni a la diversidad del país y su gente, sino que opera como una pieza más del engranaje autoritario que domina a todos y a todo.
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