Una "sombría realidad" cubre a Nicaragua. La ONU señala "crímenes contra la humanidad dirigidos a civiles, incluidos niños y estudiantes, con fines políticos"

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) identificó una estructura de poder organizada del Estado represivo, señalando que Daniel Ortega y Rosario Murillo dan órdenes directas o a través de asesores de confianza para llevar a cabo actos represivos. Además, destacaron la instrumentalización de todos los Poderes del Estado, especialmente del Poder Judicial, que ha protegido a las y los perpetradores mediante la Ley de Amnistía. El informe insta a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas, ampliando las sanciones contra personas e instituciones involucradas en violaciones de derechos humanos. También pide garantizar un acceso justo a procedimientos para nicaragüenses privados de su nacionalidad y exige la liberación inmediata de personas privadas arbitrariamente de su libertad. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su comunicado de prensa, respaldó las conclusiones del informe y afirmó que el Gobierno de Nicaragua sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de derechos humanos. La situación, equiparada a crímenes de lesa humanidad, requiere acciones inmediatas para poner fin a la impunidad y proteger a la población nicaragüense afectada.

Por Jairo Videa | @JairoVidea

Política y derechos humanos

Managua, Nicaragua

Un grupo de estudiantes se manifiesta en Managua en el año 2018, cuando ya más de 50 personas habían sido asesinadas en Nicaragua por la represión estatal | Fotografía de Coyuntura por Jairo Videa

En un nuevo informe presentado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) ha detallado las crecientes violaciones sistemáticas de derechos humanos perpetradas por el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en el último año. El informe, dado a conocer hoy, jueves 29 de febrero de 2024, resalta una escalada en la represión dirigida a cualquier individuo percibido como opositor a la administración sandinista o que no sea considerado lo suficientemente leal a los Ortega-Murillo. Según el GHREN, encabezado por el jurista alemán Jan-Michael Simon, la exfiscal colombiana Ángela María Buitrago, y la abogada uruguaya Ariela Peralta Distéfano, se requiere una investigación judicial contra Ortega y Murillo, cabezas jerárquicas de la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente, y otros altos funcionarios del Estado por posibles crímenes, violaciones y abusos documentados en el informe. El grupo de expertos subrayó la responsabilidad estatal de Nicaragua en estas violaciones, denunciando la ejecución de actos ilegales con el objetivo de "eliminar cualquier amenaza percibida" por el régimen y sus instituciones.

El GHREN destacó, en este segundo informe -después de haber detallado en un primer documento de 300 páginas que "las violaciones y crímenes en Nicaragua formaron parte de un plan para eliminar toda disidencia"-, que la dictadura ha llevado a cabo acciones ilegales, consideradas crímenes de lesa humanidad, tales como el destierro y la apatridia de 317 nicaragüenses. Estos crímenes, según los expertos, se llevaron a cabo como parte de una política discriminatoria aplicada desde los niveles más altos de la administración del país centroamericano, constituyendo así un crimen de lesa humanidad por persecución por motivos políticos. "Así como en el caso del primer informe del GHREN, publicado en marzo de 2023, el segundo documento, presentado el último día de febrero de 2024, no expone ni logra construir argumentos razonables por los cuales el sandinismo habría cometido estas aberraciones contra la ciudadanía, según los expertos de la ONU. Por el contrario, se han solidificado las pruebas y acusaciones contra Ortega, Murillo y sus funcionarios de más alto nivel", concluye la Redacción de COYUNTURA tras analizar ambos informes.

Entre las víctimas identificadas por la ONU se encuentran miembros de diversos sectores de la sociedad, como sacerdotes, seminaristas, periodistas, empleados del Poder Judicial, jueces, líderes indígenas, estudiantes, políticos, exfuncionarios estatales y miembros de organizaciones de la sociedad civil y movimientos políticos y campesinos. El GHREN enfatiza en esta ocasión que todos eran "opositores reales o percibidos del Gobierno".

El informe documenta también la persecución contra los familiares de las víctimas del régimen, incluyendo a niños que fueron separados de sus padres debido a la expulsión o prohibición de entrada a Nicaragua. Las y los niños han sido discriminados y privados de sus derechos, incluso negándoles un pasaporte válido para reunirse con sus padres. El GHREN subrayó que la persecución se extiende más allá de las fronteras nicaragüenses, afectando a las y los nicaragüenses en el extranjero al privarlos de su nacionalidad y personalidad jurídica.

Por otro lado, el Grupo de Expertos lamentó la falta de cooperación por parte de la administración Ortega-Murillo, que ha rechazado este jueves el informe, argumentando que se basa en criterios manipulados y en personas "financiadas para tergiversar la realidad". La procuradora de Nicaragua, Wendy Morales, representante del régimen, desestimó el informe afirmando que sigue la misma narrativa de quienes adversan al sandinismo, cuestionando su credibilidad. No obstante, este informe es la continuación del primer documento, presentado en marzo de 2023, también rechazado por la dictadura.

A pesar de enviar varias comunicaciones al mandatario entre agosto y noviembre de 2023, el GHREN no recibió respuesta, evidenciando la negativa del sandinismo a comprometerse y cooperar con el grupo, con periodistas locales e internacionales, y con otras organizaciones bilaterales y de derechos humanos.

El GHREN identificó entonces la estructura de poder organizada del Estado represivo y sus cadenas de mando. Sostienen que el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo, directa o indirectamente a través de asesores de confianza, dan órdenes a diferentes instituciones para llevar a cabo actos represivos contra opositores y sus familiares. La instrumentalización de todos los Poderes del Estado, especialmente del Poder Judicial, ha impedido procedimientos contra los autores de la represión, protegiéndolos con la Ley de Amnistía, aprobada en junio del año 2019. En ese sentido, el informe del GHREN destaca que Nicaragua viola sus obligaciones internacionales, especialmente en relación con la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961. Señalan la prohibición absoluta de que los Estados priven a una persona de su nacionalidad por motivos políticos, establecida en el Artículo 9 de la Convención. Además, denuncian que el Estado ha implementado un plan para reprimir cualquier forma de disidencia, atacando a opositores con el fin de mantenerse en el poder.

Ante esta situación, el GHREN insta a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas, ampliando las sanciones contra personas e instituciones involucradas en violaciones de derechos humanos. También pide garantizar un acceso justo a procedimientos de identificación y determinación de estatus para los nicaragüenses privados de su nacionalidad y aquellos a quienes se les ha negado la entrada a Nicaragua.

Poder Ejecutivo. Poder Judicial. Ministerio Público. Ministerio del Interior. La Dirección General de Migración y Extranjería. La Asamblea Nacional. La Dirección de Control de Organizaciones Sin Fines de Lucro. Y el Consejo Nacional de Universidades. Son algunas de las entidades en el engranaje estatal de represión en Nicaragua. Pero, Jan Simon, presidente del GHREN, subraya que se necesitarán muchos años y recursos para establecer una situación regida por el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. La ONU, en su nota de prensa, respalda estas conclusiones y destaca la gravedad de las violaciones, equiparándolas a crímenes de lesa humanidad.

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