El caso de Juan Orlando Hernández, el primer exmandatario de Centroamérica condenado por tráfico de drogas y armas, y su condena en sí, representa más que el destino de un individuo. Es un símbolo de los desafíos que enfrenta Honduras y la región en su lucha contra la corrupción y el crimen organizado, así como un recordatorio de la importancia de una justicia imparcial y efectiva en la construcción de un futuro más justo y seguro para las y los hondureños, quienes parecen no tener justicia en su propio territorio.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica
En un fallo que resonará en la historia política de Centroamérica por muchos años, el exmandatario Juan Orlando Hernández, también expresidente del Partido Nacional de Honduras (PNH) y actual diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), fue declarado culpable este viernes 08 de marzo de 2023, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Tras dos semanas de un juicio que mantuvo en vilo a la nación centroamericana y a un sector en la "gran manzana", un jurado de 12 personas emitió un veredicto unánime que pone fin a la carrera política y civil del expresidente, condenándolo por conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), conspiración para poseer y movilizar armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico, y posesión de ese tipo de armamento durante la conspiración de narcotráfico. El juez Kevin Castel, encargado de presidir el caso, ordenó solemnemente que el acusado se pusiera de pie, marcando el clímax de un juicio que ha mantenido la atención de cientos de hondureños en el mundo. Con Hernández en posición, el veredicto fue pronunciado de manera contundente: "¡Culpable!". Tres veces resonó la palabra "guilty" en la sala 26B del Tribunal, sellando así el destino del exlíder hondureño.
Los cargos presentados por el Departamento de Justicia de EE.UU. contra Hernández fueron detallados minuciosamente en el juicio. El primero, relacionado con la conspiración para importar sustancias controladas a territorio estadounidense desde Honduras, apunta a la participación activa de Juan Hernández -al igual que su hermano, "Tony" Hernández- en el transporte ilegal de cocaína; una acusación ilustrada con varias fotografías de Juan Orlando en partidos de fútbol y reuniones políticas, y los testimonios de José Sánchez "El Contador", Fabio Lobo -hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa- y Alexander "Chande" Ardón, exalcalde de El Paraíso, quienes narraron la situación desde el banquillo. El segundo cargo contra el expresidente hondureño, centrado en el uso y porte de armas de fuego, señala la complicidad del antiguo funcionario hondureño en facilitar la operación del narcotráfico, apoyándose en fuerzas militares y policiales, bajo su control desde el Poder Ejecutivo. Finalmente, el tercer cargo refiere nuevamente a la conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en conexión con la importación de narcóticos. Más de 400 toneladas de cocaína calcula la Fiscalía.
La decisión del jurado, alcanzada tan solo dos días después de concluidos los testimonios y argumentos finales, destaca el impacto de la evidencia presentada por la Fiscalía de Nueva York. Los relatos de un total de doce testigos, entre ellos expertos de la DEA y narcotraficantes confesos que buscaron reducción de su sentencia por colaboración, junto con imágenes de Juan Orlando Hernández vinculado a criminales de la droga y exfuncionarios ya sentenciados por delitos similares, fueron elementos cruciales en la formación de la decisión unánime. A pesar de los testimonios ofrecidos por tres personas en defensa de Hernández, incluyendo la intervención del propio acusado en el estrado, la resolución del jurado evidenció la contundencia de la argumentación fiscal. Juan Orlando Hernández, al reconocer que "los narcotraficantes no tienen partido, nos apoyaban a todos", y al admitir que recibió apoyo de estos individuos en su propia narrativa, según documentación verificada por COYUNTURA, minó inadvertidamente su propia presunción de inocencia.
Los cargos presentados en este caso pintan un panorama sombrío de la gestión de Hernández como líder hondureño. Desde su ascenso como congresista rural hasta la presidencia de la Junta Directiva del Congreso Nacional y, finalmente, al cargo más alto del país centroamericano, en la Presidencia, los fiscales estadounidenses alegan que el exmandatario colaboró con narcotraficantes desde al menos 2004, aceptando millonarios sobornos para financiar su ascenso al poder, su gestión y el tráfico mismo de droga. Durante el juicio, Hernández intentó desacreditar las acusaciones argumentando que prácticamente todos los partidos políticos de Honduras recibían dinero del narcotráfico. Sin embargo, su versión se vio eclipsada por la contundencia de la evidencia presentada por la Fiscalía, sin duda. Además, la ironía no pasó desapercibida cuando el expresidente, alguna vez promocionado como aliado clave en la guerra contra las drogas por EE.UU., fue condenado por dirigir lo que los fiscales describieron como un "narcoestado".
En sus declaraciones finales, Jacob Gutwillig, fiscal federal adjunto, aseveró que Juan Orlando Hernández, conocido como "JOH", "pavimentó una superautopista de la cocaína hacia los Estados Unidos de Norteamérica". Por otro lado, el abogado defensor de JOH, Renato Stabile, mantuvo su posición de la inocencia de su cliente, instando al jurado a absolverlo.
El veredicto culmina con la saga legal de Juan Orlando Hernández y su familia, que inició con su arresto el martes 15 de febrero de 2022 en Tegucigalpa, 18 días después de dejar la Presidencia de Honduras. La extradición a EE.UU. en abril de ese año marcó el comienzo de un proceso judicial que ahora lo cataloga como culpable de crímenes relacionados con narcotráfico y armas. Este desenlace judicial tendrá repercusiones significativas en la política hondureña y en la percepción internacional del país, ya han dicho diputados y ministros hondureños este Día Internacional de la Mujer de 2024. La condena de un expresidente por cargos tan graves mancha la imagen de Honduras, se quiera o no, y plantea desafíos considerables en la reconstrucción de la confianza pública y la legitimidad del Gobierno.
En reacción al veredicto, el propio Juan, al salir de la sala, clamó: "Dile al mundo que soy inocente". Sin embargo, el fallo unánime del jurado y la contundencia de la evidencia presentada en el juicio parecen sellar su destino legal. No es inocente.
Las declaraciones del canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, y del diputado disidente del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Luis Cálix Espinal, subrayan la necesidad de que el país aborde seriamente la tarea de reconstrucción. La sombra del narcotráfico, que se proyecta sobre el exmandatario, su administración y las instituciones públicas ahora mismo, exigirá un esfuerzo conjunto para restaurar la confianza en el Estado y establecer una nueva era en la política y administración hondureña. La historia juzgará este capítulo como un punto de inflexión en la búsqueda de justicia y transparencia en la nación centroamericana. La sentencia de JOH, por otro lado, será dictada el miércoles 26 de junio de 2024. Se espera al menos una cadena perpetua por una de las sentencias máximas, por la conspiración para el uso y tráfico de armas de alto calibre.
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