En un mundo donde las transiciones políticas suelen seguir guiones predecibles, Honduras escribe el propio, situándose esta vez al borde de una anomalía histórica en Centroamérica y América continental: que una mujer presidenta, en este caso Xiomara Castro, le ceda el Poder Ejecutivo a otra fémina. Esa transferencia inédita podría inscribir el nombre de su posible sucesora, Rixi Ramona Moncada Godoy (Comayagua, 1965), en la historia regional. Sin embargo, tras ese barniz de progreso, que hoy es un supuesto, lejos de marcar un hito, se esconden varias paradojas que ponen en riesgo el futuro de la democracia en el país.

Rixi Ramona no es una desconocida. Digiere muy bien el poder y sus instituciones: desde el sistema educativo hasta el judicial, desde la empresa estatal de energía hasta el sistema electoral. En la actual administración comenzó en Finanzas y terminó en Defensa. Sin embargo, es la primera vez que Moncada participa en una contienda por un cargo de elección popular. Es una operadora política experimentada, envuelta en la retórica de la "refundación" y de las corrientes supuestamente progresistas, mientras esquiva los clamores urgentes de la ciudadanía y las críticas, y se distancia de las comunidades más vulnerabilizadas. Fue además: jueza; parte del equipo legal del desaparecido Banco de Crédito y Seguros (Banhcreser); asesora financiera del Ministerio Público (MP); jerarca del Ministerio del Trabajo, del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP).

Moncada, por mucho, siempre ha sido una de las representantes y funcionarias favoritas de la izquierda hondureña. Fue miembro de "los Patricios", un grupo élite llamado así por estar encabezado por la excanciller Patricia Rodas y que constituyó el círculo más cercano del exmandatario José Manuel Zelaya (2006-2009).

Tras el golpe de Estado contra Zelaya en 2009, Rixi asumió un papel protagónico como representante del mandatario depuesto en los diálogos de San José, impulsados por la comunidad internacional para resolver la crisis institucional. A partir de ese momento, su vínculo con Zelaya y el proyecto político que lideraba se hizo más estrecho. En 2012, cuando se fundó el oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Moncada fue incorporada a su comisión política.

Por otro lado, durante las elecciones generales de 2013, ejerció como representante de LIBRE ante el entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE), y entre 2017 y noviembre de 2019 ocupó el cargo de secretaria de actas del partido. En paralelo, también se desempeñó como abogada defensora de Rebeca Santos, exministra de Finanzas en la administración de Zelaya, acusada de fraude en el contexto posterior al golpe.

El 10 de septiembre de 2019, Moncada fue elegida por el Congreso Legislativo como consejera del recién creado Consejo Nacional Electoral (CNE), una institución que surgió tras una serie de reformas encaminadas a fortalecer el sistema democrático hondureño. Diez días después, el 20 de septiembre, fue nombrada presidenta del órgano electoral, convirtiéndose en la primera mujer en liderarlo. Durante su gestión (2019-2020), estuvo al frente de la organización y supervisión de procesos clave en la transición institucional del país centroamericano.

Ya en el gobierno de Xiomara Castro, Rixi Moncada fue juramentada como ministra de Finanzas el 27 de enero de 2022, el mismo día en que Castro asumió oficialmente la Presidencia de Honduras.

Es una de las figuras más influyentes de LIBRE, consolidó su precandidatura presidencial en las primarias del domingo 09 de marzo de 2025, en un proceso marcado por un derroche de recursos estatales, controversias éticas y un respaldo casi absoluto del aparato partidario y gubernamental, lo que reflejó tanto su habilidad política como las fisuras internas de un partido diseñado para garantizar su triunfo. Su campaña, impregnada de nostalgia por el golpe de Estado de 2009, de un culto a la personalidad del exmandatario Manuel Zelaya y de una idealización del modelo cubano, encendió alarmas entre analistas y opositores sobre una posible deriva autoritaria, no solo para Honduras, sino como advertencia para una región ya afectada por la erosión democrática, desde Costa Rica, pasando por Nicaragua y El Salvador, y llegando a Guatemala, sin más.

Una campaña entre el narcoescándalo y el derroche estatal

El lunes 01 de enero de 2024, Moncada renunció a su cargo como secretaria de Finanzas, cumpliendo con la directriz de la presidenta Castro, quien exigió a los funcionarios públicos con aspiraciones electorales abandonar sus puestos para dedicarse exclusivamente a sus campañas. Sin embargo, su salida fue temporal. En octubre de 2024, un escándalo sacudió al Estado, al gobierno, al partido LIBRE y a la familia Zelaya Castro: la publicación de un "narcovideo" por parte de Insight Crime expuso a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta y ahora exsecretario del Congreso, negociando coimas con reconocidos narcotraficantes hondureños para financiar campañas de LIBRE en años anteriores, cuando Xiomara era candidata.

La revelación desató una crisis política, social e institucional que culminó con la renuncia de José Manuel Zelaya, hijo de Carlos Zelaya y entonces ministro de Defensa, dejando un vacío en el gabinete. Moncada fue llamada de urgencia para asumir esa cartera, en medio del escándalo y la confrontación que entonces comenzaba a generar el Tratado de Extradición con Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), un movimiento que no solo la mantuvo en el centro del poder, sino que también le permitió proyectar más y más una imagen de liderazgo junto al Estado Mayor Conjunto, en un momento crítico para el oficialismo y la seguridad nacional.

Su regreso al gabinete de Castro, mientras simultáneamente preparaba su campaña para las primarias —que inició oficialmente en enero de 2025—, generó fuertes críticas por un evidente conflicto de intereses. Analistas como la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, advirtieron que esta dualidad ponía en riesgo la transparencia del proceso electoral y la integridad democrática, al permitirle a Moncada aprovechar los recursos y la visibilidad del Estado y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para fortalecer su precandidatura.

A lo interno de LIBRE, el impulso de Moncada fue cuidadosamente orquestado para minimizar riesgos. Respaldada por seis de las siete corrientes internas del partido —incluyendo al poderoso Movimiento 28 de Junio (M28), liderado antes por "Carlón" y ahora por Xiomara Hortencia, hija de la presidenta y el expresidente—, Moncada enfrentó una competencia meramente simbólica en las primarias. Su único adversario, el diputado oficialista Rasel Antonio Tomé Flores, denunció desde el momento de su inscripción una "maquinaria desigual" que favorecía descaradamente a Moncada. COYUNTURA lo documentó e ilustró en la presente cobertura electoral.

Tomé acusó a su partido de prácticas antidemocráticas, incluyendo la compra de votos y el uso de recursos estatales para movilizar electores a favor de Moncada y el M28. Estas denuncias encontraron eco en figuras como Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de LIBRE, y otros diputados y aspirantes a alcaldes oficialistas, quienes señalaron un proceso interno viciado que privilegió los intereses de la cúpula partidaria. Las acusaciones también apuntaron directamente a Manuel Zelaya y a su hermano Carlos, evidenciando una estructura de poder que opera para consolidar a Moncada, cueste lo que cueste.

El boicot electoral y la sombra en las Fuerzas Armadas

Las elecciones primarias del domingo 09 de marzo de 2025 estuvieron marcadas por un bochornoso boicot, atribuido a fallos graves en la distribución y custodia del material electoral. Demoras de hasta 12 horas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, maletas electorales varadas en caminos, y el uso de buses urbanos —en lugar de vehículos oficiales— para su transporte, generaron acusaciones de sabotaje dirigidas directamente a las Fuerzas Armadas y a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, incluyendo "actos de intimidación" y "gritos" contra la consejera Cossette López por parte del general de división Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. hondureñas.

López denunció un "retraso malicioso" y señaló como responsables a los militares, a la candidata Rixi Moncada y al esposo de la presidenta Castro. La falta de custodia adecuada y las violaciones a la cadena de mando alimentaron sospechas de manipulación, cuestionando la imparcialidad de Moncada en su doble rol como candidata y ministra de Defensa en esos momentos.

Aunque Moncada se deslindó de responsabilidad, alegando que las Fuerzas Armadas estaban subordinadas al CNE desde el 08 de febrero, incrementó la tensión al solicitar la renuncia de la consejera López, a quien acusó de "incompetente". La crispación se extendió durante varias semanas, entre reuniones fallidas, gritos, publicaciones en X (antes Twitter) y amenazas, provocando una crisis institucional de alto nivel que, sin embargo, no desembocó en ninguna consecuencia concreta desde el Ministerio Público (MP), más allá de la judicialización de al menos dos líderes del sector transporte y dos funcionarios del CNE por "incumplimiento de su deber", en procesos que no han tenido ningún avance hasta el cierre de este texto.

El mito de "la más votada"

A las 09:00 p.m. del domingo 09 de marzo de 2025, horas antes del primer informe oficial preliminar del CNE, Moncada se presentó en la sede de LIBRE en Tegucigalpa para declararse vencedora. Autoproclamada como "ganadora" y "arrasadora", afirmó que su partido había sido "el más votado". Según sus propias proyecciones, habría obtenido más de 800,000 votos, una cifra que los resultados finales desmintieron parcialmente. Su premura para declararse triunfadora, junto con afirmaciones sobre un supuesto "crecimiento exponencial" de LIBRE, contrastó con los datos oficiales: LIBRE registró 166,942 votos nulos y en blanco, el índice más alto entre todas las tres fuerzas políticas que acudieron al proceso primario de este año, reflejo no solo de la fragmentación interna y la escasez de opciones y liderazgos, sino también del descontento de una parte significativa de su base electoral, incluyendo a las y los empleados estatales.

Si bien Moncada se consolidó como la figura más prominente de las elecciones primarias de marzo del presente año, fue hasta un mes después que los resultados oficiales confirmaron su victoria con 674,215 votos (92.63 %), frente a los 53,568 obtenidos por su compañero de partido, Rassel Tomé. Una diferencia abrumadora que, sin embargo, está lejos de reflejar de manera pura su popularidad o liderazgo. Diversos factores, tanto estructurales como cuestionables, matizan su hazaña y desdibujan el mérito de su narrativa. Moncada enfrentó una contienda sin competencia significativa dentro de LIBRE. Tomé, su único adversario, denunció públicamente un trato desigual, comparando su participación con una lucha de "David contra Goliat". Según el parlamentario, único aspirante presidencial de Libertad y Refundación que participó en encuentros públicos y foros en los que también otros presidenciables del tripartidismo intervinieron, los recursos del partido oficialista y del Estado se volcaron en la campaña de Moncada, desde la maquinaria propagandística hasta el uso de medios oficiales.

La exministra de Defensa no solo contó con una ventaja financiera y logística evidentemente desproporcionada, sino que además evitó enfrentarse a Tomé en al menos dos debates, ninguneando su candidatura y anulando cualquier posibilidad de un intercambio equitativo. Esa asimetría convirtió las primarias de LIBRE en un ejercicio más cercano a una designación que a una contienda democrática.

A las acusaciones de trato desigual se sumaron denuncias por compra de votos, presiones a trabajadores públicos para respaldar las planillas de LIBRE y uso indebido de recursos estatales, hechos señalados por analistas y sectores de la oposición. Prueba de ello: una conversación telefónica filtrada entre la diputada de Copán, Isis Carolina Cuéllar, y el ahora exsecretario de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, el lunes 23 de junio de 2025, que expuso un presunto desvío de fondos públicos con fines proselitistas. En el audio, Cuéllar afirma haber entregado kits de sonido, sillas, carpas, mesas y equipos de sublimado —valorados en más de 125 mil lempiras cada uno— a 15 coordinaciones de LIBRE. La compra de esos materiales habría sido financiada, según su propio testimonio, con cheques otorgados por Cardona, quien validó la operación. El funcionario, además, se refirió en tono ofensivo a Lilian Montúfar, candidata a alcaldesa en Nueva Arcadia, Copán, quien habría rechazado uno de esos cheques argumentando principios éticos. "Yo ya sé la estrategia que vos habías manejado con esos cheques", expresó Cardona a la diputada, lo que sugiere una coordinación deliberada del uso clientelar de recursos del Estado.

Documentos oficiales recientemente revelados evidencian que, de una base de 950 millones, al menos 255,155,209 lempiras fueron gestionados y autorizados por el Congreso Legislativo hondureño para ser utilizados por 67 diputados oficialistas y otros siete de la oposición solamente en el año fiscal 2024. Los fondos, canalizados por medio de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), habrían sido solicitados bajo el argumento de desarrollar proyectos sociales y de infraestructura menor en varios departamentos del país centroamericano. El análisis sobre documentos oficiales ordenado por la presidenta Castro tras la divulgación de la conversación entre Cuéllar y Cardona reveló que Tomé, exprecandidato presidencial oficialista, representante legislativo de Francisco Morazán, recibió más de 18 millones de lempiras solamente el año pasado. Hugo Noé Pino, Rommel Morán (suplente), José Oved López (suplente) y Cuéllar, todos de LIBRE, recibieron en 2024 un total de 46,809,581 lempiras.

Un discurso de revanchismo, nostalgia y polarización

A lo largo de su campaña, la oficialista Rixi Moncada ha desplegado un discurso marcadamente divisivo, que por todos sus poros privilegia la confrontación sobre la unidad nacional. Anclado en la nostalgia por el golpe de Estado de 2009 y en la defensa de un modelo de "socialismo democrático" carente de propuestas tangibles, innovadoras y verdaderamente democráticas, su proyecto político e ideológico parece una mezcla tan contradictoria como el agua y el aceite. Sin datos, sin planes a mediano plazo, sin argumentos más allá de los rebuscados contra las supuestas "10 familias de la oligarquía que controlan el gran capital".

Su propaganda, cargada de simbolismo revolucionario, utiliza curiosamente la rosa de Jamaica como emblema distintivo, buscando proyectar autenticidad y conexión con el pueblo. Sin embargo, contrasta con las rosas rojas que dominan los actos públicos de Liibre, donde miles de flores decoran las altas tarimas en un despliegue opulento que evidencia el derroche de recursos, en un país duramente golpeado por la pobreza, la crisis climática y la inseguridad en las calles. Una campaña que privilegia la imagen antes que responder a las necesidades urgentes de la ciudadanía.

Con un tono de voz firme y a menudo estridente, Moncada repite insistentemente una narrativa contra el sector empresarial —las élites económicas tradicionales— a las que responsabiliza de los "males históricos", mientras exalta el agravio del golpe militar que derrocó a Manuel Zelaya.

Por si fuera poco, y sin dejar espacio para dudas, Moncada idealiza a Cuba como referente económico, cierra filas con la dictadura chavista de Nicolás Maduro en Venezuela, y durante su paso por la Secretaría de Defensa fortaleció los lazos militares con el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo en Nicaragua. Estas posturas han generado alarma entre analistas, ciudadanos, periodistas y disidentes de LIBRE al evidenciar una alineación con administraciones autoritarios y un impacto potencialmente negativo en una región ya marcada por la erosión democrática y la polarización, la gran herramienta de quienes visionan mano dura para todo.

Lejos de convocar al diálogo o a la reconciliación, Moncada apuesta por un mensaje revanchista y polarizante, que aliena a sectores moderados y carece de una visión progresista concreta para enfrentar desafíos como la inseguridad, la desigualdad, la crisis económica y la deserción escolar. En un contexto donde Honduras clama por soluciones inclusivas, su campaña —visual y mediáticamente impactante, pero fuertemente cuestionada por su costo— proyecta una imagen de división que limita su capacidad de unificar a un electorado fragmentado y profundamente escéptico.

Herencia del nepotismo

La campaña presidencial de Rixi también se ha visto ensombrecida por acusaciones de nepotismo, evidenciadas por la candidatura de su esposo, Enrique Eduardo Arias Guillén, como diputado de LIBRE por el departamento de Choluteca, donde se posicionó como el más votado de su partido en las primarias, con 6,336 sufragios.

Arias, coordinador del movimiento Pueblo Organizado en Resistencia (POR) —tras ser desplazado del Movimiento 28 de Junio por Carlos Zelaya—, ha sido objeto de críticas tras admitir haberse beneficiado de la influencia de su esposa. Tampoco ha descartado la posibilidad de aspirar al directorio del Congreso Legislativo si Libertad y Refundación consolida su poder, reforzando, a todas luces, la percepción de una concentración de poder en torno al núcleo familiar.

Además, los hijos de Moncada ocupan cargos clave en el gobierno de Xiomara Castro. Su hija, Marcela Arias Moncada, es desde el 2024 vicepresidenta del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y representante de Honduras en Ginebra, mientras que su hijo, Ramón Ernesto Arias Moncada, se desempeña como gerente de país en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Ambos nombramientos fueron señalados por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en un informe de 2023 como parte de una tendencia en la clase política hondureña —incluyendo a Moncada— de construir redes familiares dentro del aparato estatal.

A estas designaciones se suma la presencia de cuatro hermanos y una sobrina de Moncada en cargos públicos, alimentando los señalamientos sobre un "familión Moncada" que, según críticos y abogados constitucionalistas, estaría llamado a sustituir al "familión Zelaya" en el control del Ejecutivo, de ganar los próximos comicios presidenciales. Todo ello profundiza las preocupaciones sobre la transparencia, la ética pública y la equidad en la política hondureña. Moncada, que afirma estar librando una lucha contra las élites familiares, por "la memoria y justicia colectiva", proyecta una imagen que se asemeja más a una continuidad dinástica que a una verdadera renovación. Su retórica es más estridente que la de Ortega, y su desprecio hacia la oposición rivaliza —o incluso supera— a la Maduro.

Su campaña, simbolizada por la llamada "Rixineta" —no un vehículo real, sino una metáfora de la maquinaria estatal que traslada recursos y poder de departamento en departamento, promoviendo una cultura de subsistencia social a través del Estado y no la generación de empleo, riqueza y educación—, proyecta una imagen de fuerza que, sin embargo, se ve opacada por acusaciones de abuso y contradicción. El uso de helicópteros recientemente adquiridos por la Fuerza Aérea Hondureña para movilizar a su comitiva ha generado controversia, al chocar frontalmente con su narrativa de "mujer del pueblo" como si fuera la única connacional en la contienda, y ha alimentado las denuncias de utilización de recursos públicos para fines proselitistas.

Estas críticas se han intensificado con el uso indebido de Canal 8 —estatal— y del Periódico Popular, un rotativo también gubernamental, que, en abierta violación a la legislación electoral, dedican gran parte de su programación y cobertura a promover la candidatura de Moncada, al igual que la presidenta Castro, quien considera a Rixi una miembro más de su familia.

Ahora bien. Moncada fue vinculada a varias investigaciones por presuntos actos de corrupción. El 22 de julio de 2009, la Fiscalía contra la Corrupción la acusó de abuso de autoridad y fraude, por un supuesto sobrevaloramiento en el alquiler de un edificio para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que entonces dirigía. En abril de 2010, la Corte Suprema de Justicia  (CSJ) dictó un sobreseimiento definitivo a su favor, decisión que fue ratificada en diciembre de 2013, al declarar sin lugar un recurso de apelación interpuesto por el MP. Ese mismo año, la Dirección Ejecutiva de Ingresos bloqueó a más de 2,000 usuarios por observaciones del Tribunal Superior de Cuentas; entre ellos figuraba Moncada, a quien se le impidió abrir una cuenta bancaria en dólares bajo el argumento de "cargos políticos". Ella interpuso un recurso de amparo contra esa medida.

Durante su gestión como gerente de la ENEE, la institución suscribió un contrato con la constructora brasileña Odebrecht para la construcción de dos represas hidroeléctricas, un acuerdo que no fue publicado oficialmente. Años después, cuando estalló el escándalo internacional de corrupción vinculado a dicha empresa, la Fiscalía hondureña abrió una investigación en torno al contrato, en la que también se mencionó a Moncada. En 2018, ella defendió el convenio firmado bajo la administración de Zelaya, calificándolo como "sano y correcto", y aseguró que las modificaciones posteriores al contrato fueron las que resultaron perjudiciales para el país. También manifestó su disposición a colaborar con cualquier proceso investigativo.

En el marco del 16º aniversario del golpe de Estado de 2009, la candidata presidencial de Libertad y Refundación se pronunció en un acto público frente a la sede del Consejo Nacional Electoral en Tegucigalpa. Arropada por simpatizantes y militancia, lanzó duras advertencias contra las principales fuerzas opositoras y contra el propio órgano electoral, al que acusó de permitir la preparación de un posible fraude en las elecciones generales del domingo 30 de noviembre de 2025. "Desde esta avenida, venimos a denunciar las intenciones de las cúpulas del Partido Liberal y del Partido Nacional, que pretenden hacer un nuevo fraude en noviembre", declaró Moncada, en un discurso encendido que apeló al "legado del golpe" y a la narrativa de persecución contra el movimiento que hoy gobierna.

Entre los principales argumentos de la aspirante oficialista estuvieron los antecedentes históricos de fraude, impunidad y autoritarismo que —según ella— persisten en la oposición y en el sistema electoral. Señaló directamente a figuras vinculadas a anteriores procesos cuestionados: "ahí están sus voceros, son los mismos que dieron el golpe, que hicieron el fraude en 2013 y en 2017, que nos asesinaron, que nos persiguieron, que saquearon el país y que lo convirtieron en narcoestado, son los mismos que entregaron el territorio a través de las ZEDE (Zona de Empleo y Desarrollo Económico)".

Moncada anunció una estrategia de vigilancia electoral nacional por parte de LIBRE y advirtió que no tolerarán nuevas irregularidades: "cuerpo a cuerpo, brazo a brazo, puño a puño, vamos a defender la victoria del domingo 30 de noviembre". "A nivel nacional, cada uno de nuestros representantes en las mesas cuidarán nuestros votos y les advertimos: ni se atrevan a cometer otro crimen de fraude, porque no van a quedar impunes. Este pueblo está levantado, no de rodillas", agregó, el sábado 28 de junio de 2025.

Uno de los señalamientos más duros fue contra el exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros Batson, a quien acusó de manipular resultados en elecciones anteriores: "no les vamos a permitir que al estilo de David Matamoros Batson nos quieran imponer los votos rurales. Ya nos sabemos ese jueguito […] que se bajen el sistema, lo boten y después nos digan que hay 5,000 actas y que hay que volver a contar". Moncada también rechazó categóricamente cualquier posible injerencia extranjera en el proceso electoral hondureño. "No les vamos a permitir que venga ningún gobierno extranjero a pararse a la par para funcionar como megáfono que les dice al oído qué es lo que deben hacer", dijo.

Finalmente, dirigió un mensaje directo y desafiante al Consejo Nacional Electoral: "CNE, no se crean que les vamos a aceptar el paso del fraude que quieren meter en su sistema. Les advertimos dos cosas: no nos van a engañar y no les tenemos miedo. Respeten la ley, respeten la transparencia, déjense de mentiras, de noticias falsas y de poses, porque nosotros les conocemos todas las mañas y les vamos a derrotar con todo y sus mañas".

El discurso se enmarcó en la conmemoración del derrocamiento del expresidente Zelaya Rosales, esposo y asesor de la actual presidenta Xiomara Castro, y se convierte en una de las intervenciones más agresivas de Moncada en la recta hacia las elecciones generales de noviembre.