Urge actualizar los datos en Nicaragua

Si una persona extrajera nos pregunta cuántos nicaragüenses somos no podríamos responder con exactitud, porque no tenemos el dato, nos atrevemos a decir un aproximado al hacer referencia de la cantidad de habitantes a nivel nacional, pero no a nivel municipal, eso deja en evidencia la necesidad de datos, cifras y estadísticas para saber cuántos somos y por dónde vamos.

El Estado tiene la obligación de mantener informada a la ciudadanía, en todos los ámbitos y con todos los números; para eso el Estado debe ser informado primero y establecer metodologías eficaces, serias, creíbles y transparentes para adquirir esos datos y la mejor manera es través de un Censo Nacional que, en la mayoría de los países de la región es aplicado, con el fin de medir y evaluar el desarrollo del país y estar actualizados.

El Censo Nacional es un procedimiento para recolectar, evaluar, analizar y divulgar datos demográficos. Constituye la única fuente que permite ofrecer una información categorizada por departamentos, municipios, comunidades, distritos municipales y barrios; en fin, de todo el país. En Nicaragua el último censo nacional que se hizo fue en el año 2005, durante la administración del Ingeniero Bolaños, es decir, hace 12 años. Si bien es cierto un Censo Nacional tiene altos costos y para ello se requiere disponer de gran capital, pero no creo que para el régimen sea una excusa porque hemos visto que derrochan el dinero público en actividades innecesarias.

Me quiero detener aquí; es decir que tenemos 12 años sin saber con exactitud el número de habitantes, la tasa de mortalidad y natalidad, índices de pobreza, la cantidad de nicaragüenses en el exterior, entre otros datos y estamos prácticamente desactualizados y desinformados con cifras obsoletas.

Muestra de debilidad

Si Daniel Ortega en dos períodos y un año del tercer período (11 años) no ha podido medir sus gestiones, deja en evidencia no solamente su falta de interés, si no su gestión como tal porque es la manera en cómo la sociedad nicaragüense se dará cuenta si las políticas implementadas han sido eficaces, si hay avances, retrocesos o si seguimos igual. Además es una violación al derecho constitucional de estar informados.

Más propaganda que información

Todas las instituciones y organismos del Estado son las primeras que deben de estar actualizadas e informadas para ejecutar programas y proyectos dependiendo de las necesidades en cada municipio o comunidad, además, también deben compartir la información con la que trabajan como parte de lo que establece la Ley de Acceso a La Información Pública, pero pasa lo contrario.

Si un ciudadano quiere obtener información oficial y se dirige a las páginas o sitios web de las diferentes Instituciones del Estado, se dará cuenta que sirven como catálogos partidarios y lo que menos hay es información concreta y actualizada. Ejemplo de ello es la página del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), organismo encargado de tener los datos referidos a la población.

Hubo una encuesta entre los años 2011 y 2012 sobre demografía y salud en la que solamente se muestra un informe preliminar. La Encuesta Continua de Hogares tiene datos del 2012 mientras que la Encuesta de Medición del Nivel de Vida de 2014 no tiene datos disponibles y apenas existe una breve noticia sobre la validación del formulario de ésta.

¿Las encuestas son mejores?

Tal parece indicar que el mecanismo que el régimen utiliza en Nicaragua para medir su gestión de gobierno es a través de las encuestadoras. Se realizan entre 2 o 3 al año y hasta 5 cuando es período electoral y el titular que celebran es el porcentaje de simpatía que tiene el partido de gobierno. Curiosamente en una de esas encuestas, que supuestamente hacen, y, digo supuestamente porque a mi jamás me han encuestado, le preguntaron a los entrevistados si querían irse para otro país, y, por cuestiones del destino o de lo que llaman el fenómeno güegüense, el porcentaje que dijo que “sí quería irse” fue exactamente el mismo porcentaje que aprueba la gestión del gobierno. ¡Qué casualidad, no! Lo cierto es que desde ese momento no volvieron hacer esa pregunta ni similares.

Todos los resultados de esas supuestas encuestas ya los nicaragüenses dentro y fuera del país nos las sabemos de memoria y cada vez que las publican la señora de la esquina, la cual es madre soltera y hecha tortillas para sobrevivir, se molesta porque la realidad que ella vive es otra.

El censo poblacional es parte de la ley

Según manifestó Juan Sebastián Chamorro, director de FUNIDES, en una publicación de la Revista Envío, el censo poblacional por ley corresponde hacerse cada diez años y correspondía realizarse en el 2015, además, declaro que la falta de datos es más grave que la falta de estadísticas y que el gobierno para legitimarse suele vestirse con números favorables que avalan las agencias internacionales en algunos ámbitos como la desnutrición infantil, mortalidad materna y estudiantes repitiendo grados escolares, pero que está desnudo cuando se trata de otra información la cual también es sumamente importante.

El censo y las elecciones

El censo está intrínsecamente vinculado a los procesos electorales; primero porque la ley determina que por determinado número de habitantes debe elegirse un diputado, o un concejal municipal. Si no sabemos la población de un municipio no sabemos a cuántas personas van a elegirse para esos cargos. También el censo podría utilizarse para depurar el padrón electoral.

Existen algunos organismos no gubernamentales que se han encargado de estudiar los procesos demográficos a lo largo de éste tiempo, entre ellos están: el Instituto de Estudios y Estrategias de Políticas Públicas (IEEPP), la Fundación Internacional Para El Desafío Económico Global (FIDEG), el Fondo Nicaragüense Para El Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) y en su momento el Programa de Las Naciones Unidas Para El Desarrollo (PNUD) quién ha realizado importantes estudios pero que sus funciones fueron limitadas por el gobierno.

Habiendo tomado en cuenta todo lo anterior hay que dejar claro que es el gobierno quien tiene la obligación de aplicar lo más pronto posible el Censo y el primer paso es generar confianza en la ciudadanía para contribuir con la información casa por casa, respetar todos los resultados y no hacer lo que han venido haciendo en los procesos electorales, aunque lo veo difícil. Mientras, nuestra obligación como ciudadanos es el exigir esa información y poner la lupa en las gestiones del gobierno.

*El último censo nacional en el 2005 fue realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, costó USD $14 millones y USD $6 millones fueron financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

*En el 2014 el Banco Mundial anunció la aprobación de un crédito de USD $25 millones para financiar los preparativos del Censo pero hasta el momento no se sabe qué pasó con ese dinero.