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¿Alea iacta est?

La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca ha puesto el acelerador al escenario político nacional. La estrategia pre-electoral de la dictadura no es otra que imponer la convicción de que "la suerte está echada", de que Ortega es invencible y habrá cinco años más de dictadura. Para la oposición, con el reto de la unidad aún no resuelto, el tiempo apremia. ¿Está echada ya la suerte? Si la mayoría azul y blanco vota masivamente en una plataforma política unida con una candidatura que la cautive revertiría la emblemática frase latina y cambiarían la “suerte” de Nicaragua. ¿Hay condiciones para que esto sea posible?



Nicaragua inicia el nuevo año “a ciegas” sobre la evolución y posibles mutaciones del coronavirus en nuestro país y a la espera de la vacuna. El régimen recibe 2021 envalentonado por los recursos internacionales que la pandemia y los huracanes que devastaron el Caribe le han facilitado. La mayoría azul y blanco entra en el nuevo año pesando, un día esperanza y al otro día desamparo, en su diaria balanza de incertidumbres. Y la oposición a la dictadura comienza a tomar conciencia de que en este año podrían abrirse las puertas hacia la ruta del cambio que inició Abril.

Joe Biden: otro tono, el mismo contenido


Tras la derrota de Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre, después del insólito y repudiable ataque armado de fanáticos trumpistas al Capitolio, y con el alivio que trajo al mundo entero la inteligente y apaciguadora entrada al gobierno de Joe Biden, ya es otro el escenario en Washington.


Con “la cascada de crisis” que enfrentará Biden -así dijo él mismo al jurar su cargo-, Ortega quizás espera que se reduzca la atención y la presión sobre él y su gobierno. Superados los extremismos de Trump y de los más extremistas de su equipo, tal vez cuenta con que lo coloquen en una más favorable “zona gris”. Llegaría así a las elecciones con posibilidades de hacerse con un triunfo, aunque exiguo suficiente para conseguir que los comicios sean aceptables y aceptados por una comunidad internacional, la que con crisis también en cascada, echaría en el olvido la crisis nicaragüense.


Las opiniones de expertos en la política de Washington coinciden en que el consenso entre republicanos y demócratas para presionar por un cambio por la vía electoral en Nicaragua está intacto y que la presión continuará. Señalan que los promotores bipartidistas de la Nica Act, aprobada durante el gobierno demócrata de Barack Obama, continúan en el Congreso y siguen muy de cerca lo que pasa en nuestro país. El abogado nicaragüense Harold Rocha, asesor del partido demócrata desde hace treinta años, afirma que “habrá cambios en forma y en tono, pero no de fondo ni de contenido”. Todas las opiniones coinciden en que, más que sanciones, que no han flexibilizado a Ortega, Biden empleará incentivos. ¿Económicos? ¿Garantías de cierta impunidad para él y su familia…?


Sin embargo, aun cuando en Washington Ortega siga siendo mal visto, monitoreado y presionado, el riesgo de su reelección es real si en Nicaragua la clase empresarial y la oposición organizada no dejan para otro momento menos crítico prejuicios, intereses y diferencias y se unen en torno a un único liderazgo que cautive y convoque a una participación masiva, aún con las mínimas condiciones electorales.


Un respiro económico


El régimen inicia su campaña electoral en mejores condiciones de las previstas. El oxígeno financiero que ya ha comenzado a recibir para enfrentar la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y la devastación en la Costa Caribe por los dos huracanes que la asolaron en noviembre, llegó bajo condiciones de las instituciones multilaterales, pero rompieron el aislamiento que estaba asfixiando las finanzas públicas. Esto mantiene a Ortega optimista y más agresivo.


El 17 de enero el Ministro de Hacienda, Iván Acosta, anunció que el muy ajustado presupuesto para el año electoral, aprobado en octubre 2020, crecerá en 2021 hasta en un 25%. Los préstamos internacionales permiten aliviar la austeridad impuesta al presupuesto nacional y dedicar más recursos a proyectos de inversión pública en carreteras, en salud, educación, seguridad y producción ganadera, pesquera, cafetalera, en programas sociales y en construcción de miles de viviendas. Para Managua se anuncian planes especiales. Todo esto aliviará el desempleo y la pobreza y seguramente hará que el producto interno bruto de este año vuelva a ser positivo. Los nuevos préstamos suman casi 1 mil millones de dólares. Acosta afirmó que 250 millones ya llegaron al país.


Después de casi tres años de recesión y de apretar el cinturón presupuestario por el desplome económico causado por la crisis de derechos humanos iniciada en 2018, la economía nacional, a punto de entrar en depresión, mejorará sin duda.


En año electoral, la reactivación de la economía será la mejor carta de Ortega, candidato a su cuarta reelección consecutiva. Al hacer el anuncio, Acosta enfatizó la baza electoral que eso significa comentando que “asegura mucha estabilidad” y le da a la población “certeza de cuál es la ruta”.


La "ruta" de Ortega


Tan sólo unos días antes de tan buena noticia pre-electoral, Ortega ya había trazado su ruta post-electoral.


A la sombra del monumento a Rubén Darío, reunió en la noche del 11 de enero a representantes de la Juventud Sandinista en torno al pentáculo de Satanás que ya vimos el 19 de Julio, para conmemorar, como cada año, el nacimiento de nuestro gran poeta. Sólo al finalizar su extenso y divagante discurso “dariano”, salpicado de ataques al imperialismo, estrofas de los más conocidos poemas de Darío y de la desafortunada e íntegra declamación de la “Salutación del Optimista”, dijo, ya de pie y de salida, lo único sustantivo al inicio del año electoral.


Puliendo sus características digresiones, esto fue lo que dijo: “Tenemos que unirnos para que en la nueva etapa de esta Revolución logremos la gran alianza que logramos construir en la primera etapa hasta el año 2018 (aquí se equivocó y dijo 2016), cuando se derrumbó esa gran alianza, porque el objetivo de nuestro enemigo era derrumbar a Nicaragua. Pero el pueblo dijo ¡no! Ahora se trata de ir trabajando para que después de las elecciones de este año se pueda instalar un gran acuerdo nacional, un gran diálogo nacional. Para que lo que quedó aprobado en la Constitución vuelva a caminar, tomando en cuenta las nuevas circunstancias. Y le hagamos un llamado al Presidente Biden para que pueda trabajar hacia Nicaragua con una política de respeto y entendimiento”.


Sin solución política...


El mensaje fue clarísimo. Iba dirigido a toda la población -para desmoralizarla-, a sus bases -para moralizarlas-, y especialmente a la clase empresarial, sus aliados hasta abril de 2018.


Ortega afirmó que “se queda” en una “nueva etapa” (cinco años más), y que ya en “las nuevas circunstancias” (reelegido y legitimado) habría un gran diálogo con los empresarios para que “lo que quedó aprobado en la Constitución vuelva a caminar” (el modelo corporativo de diálogo y consenso que mantuvo con ellos), y después “hagamos” (él y los empresarios) un llamado a Biden para que cambie la política de Washington hacia Nicaragua.


De tal modo que cualquier acuerdo sobre la exigente reforma tributaria que habían pedido algunos empresarios, y hasta sindicatos afines al régimen, queda para después de las elecciones. Varios empresarios respondieron al guion que, entre poemas, Ortega les impuso esa noche. Marcos Pierson, presidente de la Cámara de Industrias, le hizo ver que “es posible que él no quede como presidente”. Y Mario Arana, hasta enero presidente de la Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense, insistió en el mensaje que han reiterado los gremios empresariales: “Sin una solución política ese diálogo de poco va a valer porque el país irá de todas formas al despeñadero”.


...la crisis continuará


Sin llegar a hablar de “despeñadero”, el análisis de enero 2021 de “The Economist” no es tan optimista como Acosta quiso dar a entender o como a Ortega los préstamos le hacen creer.


La publicación británica se refiere al “modesto repunte” que tendrá la economía en 2021, resaltando que “el principal desafío de la política exterior de Nicaragua está en cómo navegue en sus relaciones con Estados Unidos. La supervivencia del régimen de Ortega, inserto en el acuerdo de libre comercio CAFTA, dependerá de esas relaciones. Y las tensiones continuarán mientras no se resuelva el prolongado conflicto político de Nicaragua”.


“The Economist” señala también la “vulnerabilidad política” del FSLN, señalando que conserva apoyo en un 25% de la población, apuntando que “existe un alto riesgo de fracturas dentro del régimen si las condiciones económicas o políticas empeoran radicalmente”


Según la publicación, si Ortega no garantiza unas elecciones legítimas, y eso es lo central en sus relaciones con Washington, habrá no sólo inestabilidad política en el país, sino consecuencias económicas, entre las que el análisis cita la fuga de capitales “en el frágil sistema bancario de Nicaragua”.


El ya frágil sistema bancario nacional fue sorprendido el 25 de enero al conocer la reforma que, para su discusión, introdujeron en el Legislativo los diputados orteguistas a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias.


¿Un país bloqueado?


El objetivo de la reforma que Ortega quiere imponer parece ser el de presionar a la banca nacional para que restablezca relaciones financieras con los 27 funcionarios, 8 empresas y una institución estatal (Policía) del régimen de Ortega sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos entre 2017 y 2020.


El 28 de enero la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua escribió una extensa carta a los diputados haciéndoles ver que de aprobarse esta reforma, no sólo se viola el derecho constitucional de libre empresa “y se promueven prácticas que incitan al lavado de dinero”. También, la banca nacional perdería la corresponsalía que tiene con la banca internacional. Esto significaría el fin de la recepción de remesas, cancelaría créditos con el exterior, afectaría las exportaciones e importaciones del país y haría imposible el uso de tarjetas de crédito de marca internacional.


Nicaragua quedaría fuera del sistema financiero global. El régimen le habría decretado un autobloqueo al país. Y la fuga de capitales sería masiva.


¿Cómo explicar lo insólito de esta legislación? ¿No conocen las consecuencias que tendría una reforma como ésta? ¿La proponen para indicar hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Están poniendo a prueba sus límites? ¿O envalentonados por los recursos recibidos, y fija la atención en “ganar” las elecciones, no miden el riesgo que corren?


Fracturas en el FSLN


Las sanciones han tenido severas consecuencias. Y fracturas hay en el FSLN, tanto en ese 25% de eventuales votantes, como también más arriba.


El FSLN dejó de ser un partido de militantes y se convirtió en una burocracia de funcionarios. Consolidó más poder, pero a costa de burocratizarse, quedándose con militantes sin iniciativas, que dependen de los recursos que les garanticen y que vienen desarrollando actitudes como las que revelan las lúcidas y certeras palabras de este limitante de base del FSLN.


“El peor enemigo del FSLN -dice en sus redes sociales- no está en la oposición. Lo tenemos dentro. El peor enemigo del FSLN es el “sandinista” que llegó a tener un puesto y da maltrato a los compañeros. Es el que sacó su carnet de militante y no hace nada para ganárselo. Es el que siempre anda buscando como lucrarse. Es el/la de recursos humanos que contrata al amigo sin capacidad y no al compañero/a del barrio que se suda para que este gobierno se mantenga. Son los cuadros intermedios que tergiversan las orientaciones del comandante. Es el que no le dio el paquete de comida a quien lo necesitaba y se lo dio al que no. Son ésos que en facebook son grandes revolucionarios y en sus barrios JAMÁS van a las asambleas de militantes. Son los que piensan que las bases son simples masas manoseables. La oposición, la OEA y el imperio jamás han podido con el FSLN. No dejemos que nos destruyan desde adentro”.


También en el 25% que contesta encuestas diciendo que simpatiza o apoya al FSLN o que votaría por el FSLN hay que incluir a buena parte de los 150 mil empleados públicos que trabajan en las instituciones del Estado y que tienen carnet de militantes. “Ésos son sandinistas de 8 a 4”, dice lamentándose un vocero del régimen. Y muchos lo son en su horario laboral viviendo bajo el temor de ser despedidos si hacen alguna crítica. Y no la hacen y acuden a asambleas y actividades del partido porque temen perder el salario con el que mantienen a sus familias.


No está dispuesto a perder


Ortega sabe todo esto. Y no está dispuesto a perder en las elecciones del 7 de noviembre. La derrota electoral de 1990, con la que nunca contó, es uno de sus fantasmas más recurrentes.


El pacto con Alemán en 1999-2000 y los sucesivos fraudes o farsas electorales (en dos elecciones municipales, 2008 y 2012, y en dos presidenciales, 2011 y 2016) demostraron que ha seguido al pie de la letra el consejo que le dio Tomás Borge, fundador ya fallecido del FSLN y miembro de la dirección nacional del partido: “Podemos pagar cualquier precio. Lo único que no podemos es perder el poder, digan lo que digan, hagamos lo que tengamos que hacer”.


Después del rechazo nacional que experimentó con la rebelión ciudadana de abril de 2018, el calendario y la Constitución obligan a Ortega a someterse al escrutinio popular en las urnas. Pasado el repudio efervescente que lo arrinconó en 2018, en 2021 se siente más seguro.


Cuenta con dos herramientas. Una, la tiene desde hace años: un sistema electoral bajo su total control. La otra son los resultados desgastantes, para la población, de casi tres años de crímenes, capturas, juicios, cárcel, asedios y hostigamiento, valiéndose de un aparato represivo bien organizado y constantemente incrementado con miles de nuevos policías.


El ultimátum de la OEA


Aunque hasta el momento no hay el más leve indicio de que quiera hacerlo, Ortega tiene que ceder algo en el uso de ambas herramientas si lo que quiere es conseguir legitimidad en noviembre en las urnas.


Contra la “troika de la tiranía”, como en la era Trump se llamó al eje Cuba-Venezuela-Nicaragua, Biden, quien seguramente no utilizará ese apelativo, empleará, como en toda su política exterior, el multilateralismo, que en el caso de Nicaragua será seguir el camino ya trazado por la instancia multilateral que es la OEA.


Ortega tiene encima un ultimátum de la OEA, que le pone de plazo, a más tardar mayo, para que negocie con la oposición reformas al sistema electoral. En octubre de 2020, la OEA le planteó siete reformas: “Modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable”. “Registro abierto de nuevos partidos políticos”. “Actualización” y “auditoría independiente” del padrón electoral. “Observación electoral internacional independiente”. “Transparencia” en el padrón, en la entrega de cédulas y en “la gestión de los centros de votación”. “Recuento y consolidación transparentes de los resultados y su publicación en tiempo real”. Y procedimientos adecuados para resolver las quejas que haya sobre el proceso y sobre sus resultados.


¿El Padrón Electoral?


Al poner punto final a este texto, cerrando la primera semana de febrero, nada había ocurrido en esta dirección. Ni había la más mínima señal de que ocurrirá. Ortega siempre gana tiempo. Y el paso del tiempo hace imposibles algunas de las reformas a las que lo “insta” la OEA, especialmente la auditoría al padrón electoral, un tema que no es sólo técnico, también político, porque el control del padrón ha permitido infinidad de argucias que garantizan resultados alterados.


Actualmente, el Poder Electoral maneja a discreción cuatro padrones. Uno, el supuestamente total. Otro el “padrón activo” con todos los que supuestamente han votado en las dos últimas elecciones presidenciales. Otro el “padrón pasivo” con todos los que supuestamente no han votado en esas dos elecciones. Y un cuarto padrón, el real, en el que supuestamente se han suprimido los que han muerto y los que están fuera del país.


Todo es “supuesto” porque nunca ha habido ojos independientes que auditen o verifiquen alguno de esos cuatro padrones.


¿Cuánto pragmatismo habrá que aceptar?


El experto en temas electorales José Antonio Peraza dijo a Envío: “En ningún país serio se podría hacer una elección en estas condiciones. Pero no podemos resolver esto en seis meses. Y vamos a tener que juntar todos los padrones en uno solo, que tendrá 5 millones de personas que pueden votar, sabiendo que en ese padrón hay 1 millón 200 mil personas que han muerto o están fuera del país. Así vamos a tener que ir porque no hay ningún interés en el gobierno para resolver el problema del padrón. Y no valdrá decir: Sin un nuevo padrón no vamos a ir a votar. No vale, porque de lo que hay que salir es de la dictadura lo más pronto posible”.


Es sólo un ejemplo entre varios del “pragmatismo” con el que la mayoría azul y blanco tendrá que lidiar a la hora de decidir qué reformas exige y qué carencias tendrá que aceptar. Entre las siete reformas propuestas por la OEA en su resolución de octubre, la observación electoral internacional aparece como la prioritaria e innegociable. También debería serlo la participación de observadores electorales nacionales.


El poder de las armas


La otra herramienta con la que cuenta Ortega son las armas. Y el desgaste que provoca su sola presencia en las calles. Menos de diez meses antes de las elecciones prevalece en Nicaragua un estado policial de facto, impuesto desde septiembre de 2018, cuando su Policía prohibió todas las protestas. Y, a pesar de que en el diálogo 2.0 con la Alianza Cívica (febrero-marzo de 2019), el gobierno firmó el compromiso de restituir los derechos civiles y políticos cancelados por el estado policial, nunca lo cumplió.


En esas fechas sí cumplió con la excarcelación de decenas de presos políticos, aunque no todos. Y a ninguno le dieron una auténtica liberación. A todos se los ha continuado asediando e intimidando, impidiéndoles trabajar u obligándolos al exilio. Y a bastantes los han vuelto a capturar y a enjuiciar, acusándolos de delitos comunes. Los habituales, tráfico de drogas y posesión ilegal de armas. Hoy hay de nuevo más de un centenar de presos políticos padeciendo en cárceles que mantienen condiciones inhumanas.


Hay condiciones intactas


Informe tras informe, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) ha denunciado “la persistencia del estado policial en Nicaragua”, documentando “ataques y agresiones, asedio y detenciones arbitrarias”.


Unos 80 conocidos opositores y expresos políticos tienen prácticamente “casa por cárcel”. Las patrullas policiales rodean sus casas y les impiden salir y también recibir visitas. La responsable para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, declaró el Día Internacional de los Derechos Humanos que el 2020 cerraba en Nicaragua con “un balance muy negativo”, calificando ese año como una “etapa sombría”.


Sin embargo, a pesar del desgaste represivo en que el régimen sostiene hoy su poder, ni la indignación ni el hartazgo que siente la mayoría de la población, alimento del estallido de 2018, han desaparecido.


Esa indignación, esa conciencia de que es urgente un cambio, esa resistencia cívica demostrada en todos los rincones del país durante casi tres años son “las condiciones” subjetivas que permiten pensar que “la suerte no está echada” a favor de Ortega.


Él lo sabe y desde septiembre de 2020 ha revestido su escalada represiva de legalidad para aumentar las probabilidades de que las elecciones del domingo 7 de noviembre se conviertan en la crónica de una victoria anunciada.


Contra los "agentes extranjeros"


Para su “campaña electoral” Ortega y Murillo cuentan con inesperados recursos financieros y con una nueva legislación.


Entre octubre y diciembre aprobaron un combo de cuatro leyes propias de una dictadura para conducir a la población azul y blanco a su autoderrota por el camino del temor y el de la abstención.


La primera ley que aprobaron los diputados orteguistas, de forma exprés, sin consulta ni debate, fue la ley contra “agentes extranjeros” (15 octubre 2020). La definición de quiénes lo son es amplísima. La sanción para quienes lo sean es durísima: confiscación de todos sus bienes y multas que pueden llegar hasta medio millón de dólares.


En los últimos meses parece estarse instalando también la norma tácita de que los extranjeros que tienen residencia legal en Nicaragua deben ser tratados como “agentes extranjeros”. La cédula de residencia no se les está renovando. La nueva, en vez de cinco años, dura tres meses. Y están siendo citados a entrevistas con funcionarios de migración y policías, en las que se les intimida, advirtiéndoles que si participan en política -aun con comentarios en las redes sociales- podrían ser expulsados del país.


Contra los "ciberdelitos"


Días después de la ley de “agentes extranjeros” los diputados orteguistas aprobaron la ley contra “ciberdelitos” (27 octubre 2020). La definición de cuáles lo son es extensa. La sanción para quienes los cometan es hasta de ocho años de cárcel.


La ley eleva las penas de cárcel a quienes “transfieran información pública clasificada como reservada”, en clara referencia a empleados estatales inconformes con la gestión del régimen, que han filtrado desde hace tiempo, y siempre bajo anonimato, información pública a los periodistas independientes, rompiendo así el secretismo oficial y alimentando importantes piezas del periodismo investigativo, que han permitido a la ciudadanía conocer actos de corrupción, despilfarro de los bienes públicos, y arbitrariedades en las instituciones del Estado y violaciones de derechos humanos en temas sociales, jurídicos e institucionales.


Por si no bastara, esta ley se complementó el 29 de enero de 2021 con una normativa de espionaje político que viola el derecho a la privacidad. TELCOR, la institución estatal de telecomunicaciones, exige a las empresas privadas internacionales que brindan servicios de telefonía móvil en Nicaragua conservar de todos sus usuarios y durante un año, el flujo de llamadas, circulación de mensajes, con fecha y duración, obligándolos a entregarlos si se los piden.


Contra el "odio", cadena perpetua


La tercera ley del combo legal fue aprobada en dos momentos (10 noviembre 2020 –12 enero 2021), porque exigía reformar la Constitución en dos legislaturas y después reformar el Código Penal, reforma que los legisladores también hicieron a la ley 779 contra la violencia hacia las mujeres. Así quedó establecida en el país la cadena perpetua “contra los crímenes de odio”.


Aunque la definición del “odio” punible con cárcel de por vida es imprecisa, lo que sí es preciso es que esta disposición, ya constitucional, se aplicará a discreción de Ortega y Murillo contra sus críticos.


El mismo Ortega lo dio a entender el 15 de septiembre de 2020 cuando la anunció, rememorando a los protagonistas de las protestas de abril de 2018: “Con toda razón -dijo- habría que aplicarles a estos criminales la pena de muerte, pero somos parte de un convenio internacional donde estamos comprometidos a no aplicarla en Nicaragua, ¡pero no estamos comprometidos a no aplicarles cadena perpetua!”


“Estas tres leyes -opina el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez- vienen a darle un fundamento legal a actuaciones que ya venían sucediendo y que eran violadoras de derechos constitucionales. Aunque son leyes muy peligrosas y muy lesivas en derecho, lo peor es el aparataje estatal que las va a aplicar”.


Contra candidatos


No pareció satisfecho Ortega con el llamado “tridente represivo” y antes de concluir el año le añadió otro “diente” a la herramienta. Además de perseguir agentes extranjeros, delitos cibernéticos y crímenes de odio, el cuatridente perseguirá candidatos.


En una sesión legislativa convocada de forma extraordinaria el 21 de diciembre, los diputados del partido de gobierno concluyeron la legislatura anual aprobando, también de forma exprés, una ley con la que Ortega se garantiza un escenario electoral sin competencia. Con el pomposo título de “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, la ley podrá inhibir como candidatos a cualquier cargo de elección popular a quienes “promuevan sanciones internacionales y protestas sociales”, considerándolos “golpistas” y “terroristas” y calificando sus actividades como “traición a la patria”.


Al anunciar la ley, Ortega también se lamentó de no poder ir más allá: “No podemos expulsarlos del país, porque aquí nacieron”…


¿Serán sólo amenazas?


¿Se aplicarán estas leyes o sólo buscan amedrentar, atemorizar? Ya todas están vigentes y ya penden amenazantes prácticamente sobre toda la población nacional. Porque desde hace décadas hay miles de personas en Nicaragua que trabajan en ONG, organizaciones que a menudo han suplido vacíos que el Estado deja o abandona y que los llenan recibiendo financiamiento externo. ¿Serán cerradas o confiscadas o multadas como agentes extranjeros? Porque el uso de las redes sociales con informaciones, comentarios y memes es masivo en el país. ¿Cuántos serán encarcelados por cometer ciberdelitos? Y porque son centenares las personas que se postularán a las diputaciones en las elecciones de noviembre. ¿A cuántos inhibirán?


Más que su aplicación, el propósito de estas leyes es imponer el miedo para desmovilizar, desmotivar, desalentar, desmoralizar, desanimar, desesperanzar... Para promover la abstención. Para que la oposición lo dé todo por perdido antes de noviembre y Ortega lo tenga todo por ganado antes de competir. Ganar antes de jugar es el plan.


La fórmula de Ortega: abstención + desunión


Con las bases de su partido erosionadas desde abril de 2018 por la represión que desató a la orden del “¡vamos con todo!”, y en 2020 desde la pandemia por la pésima gestión de la crisis de salud, la receta de Ortega para ganar tiene dos ingredientes: abstención + desunión.


El cuatridente legal pretende abonar a la abstención. También abona a la desunión porque el debate sobre participar o abstenerse en elecciones tan inciertas ya se ha convertido en factor de división.


Con ambos ingredientes exacerbados, Ortega y Murillo ganarían porque la Constitución reformada en 2014 no exige ningún mínimo porcentaje de votos para triunfar. Con su limitado 25% y con una participación de los opositores escasa y dividida el triunfo de Ortega y Murillo es seguro.