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¿Alea iacta est?

La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca ha puesto el acelerador al escenario político nacional. La estrategia pre-electoral de la dictadura no es otra que imponer la convicción de que "la suerte está echada", de que Ortega es invencible y habrá cinco años más de dictadura. Para la oposición, con el reto de la unidad aún no resuelto, el tiempo apremia. ¿Está echada ya la suerte? Si la mayoría azul y blanco vota masivamente en una plataforma política unida con una candidatura que la cautive revertiría la emblemática frase latina y cambiarían la “suerte” de Nicaragua. ¿Hay condiciones para que esto sea posible?



Nicaragua inicia el nuevo año “a ciegas” sobre la evolución y posibles mutaciones del coronavirus en nuestro país y a la espera de la vacuna. El régimen recibe 2021 envalentonado por los recursos internacionales que la pandemia y los huracanes que devastaron el Caribe le han facilitado. La mayoría azul y blanco entra en el nuevo año pesando, un día esperanza y al otro día desamparo, en su diaria balanza de incertidumbres. Y la oposición a la dictadura comienza a tomar conciencia de que en este año podrían abrirse las puertas hacia la ruta del cambio que inició Abril.

Joe Biden: otro tono, el mismo contenido


Tras la derrota de Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre, después del insólito y repudiable ataque armado de fanáticos trumpistas al Capitolio, y con el alivio que trajo al mundo entero la inteligente y apaciguadora entrada al gobierno de Joe Biden, ya es otro el escenario en Washington.


Con “la cascada de crisis” que enfrentará Biden -así dijo él mismo al jurar su cargo-, Ortega quizás espera que se reduzca la atención y la presión sobre él y su gobierno. Superados los extremismos de Trump y de los más extremistas de su equipo, tal vez cuenta con que lo coloquen en una más favorable “zona gris”. Llegaría así a las elecciones con posibilidades de hacerse con un triunfo, aunque exiguo suficiente para conseguir que los comicios sean aceptables y aceptados por una comunidad internacional, la que con crisis también en cascada, echaría en el olvido la crisis nicaragüense.


Las opiniones de expertos en la política de Washington coinciden en que el consenso entre republicanos y demócratas para presionar por un cambio por la vía electoral en Nicaragua está intacto y que la presión continuará. Señalan que los promotores bipartidistas de la Nica Act, aprobada durante el gobierno demócrata de Barack Obama, continúan en el Congreso y siguen muy de cerca lo que pasa en nuestro país. El abogado nicaragüense Harold Rocha, asesor del partido demócrata desde hace treinta años, afirma que “habrá cambios en forma y en tono, pero no de fondo ni de contenido”. Todas las opiniones coinciden en que, más que sanciones, que no han flexibilizado a Ortega, Biden empleará incentivos. ¿Económicos? ¿Garantías de cierta impunidad para él y su familia…?


Sin embargo, aun cuando en Washington Ortega siga siendo mal visto, monitoreado y presionado, el riesgo de su reelección es real si en Nicaragua la clase empresarial y la oposición organizada no dejan para otro momento menos crítico prejuicios, intereses y diferencias y se unen en torno a un único liderazgo que cautive y convoque a una participación masiva, aún con las mínimas condiciones electorales.


Un respiro económico


El régimen inicia su campaña electoral en mejores condiciones de las previstas. El oxígeno financiero que ya ha comenzado a recibir para enfrentar la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y la devastación en la Costa Caribe por los dos huracanes que la asolaron en noviembre, llegó bajo condiciones de las instituciones multilaterales, pero rompieron el aislamiento que estaba asfixiando las finanzas públicas. Esto mantiene a Ortega optimista y más agresivo.


El 17 de enero el Ministro de Hacienda, Iván Acosta, anunció que el muy ajustado presupuesto para el año electoral, aprobado en octubre 2020, crecerá en 2021 hasta en un 25%. Los préstamos internacionales permiten aliviar la austeridad impuesta al presupuesto nacional y dedicar más recursos a proyectos de inversión pública en carreteras, en salud, educación, seguridad y producción ganadera, pesquera, cafetalera, en programas sociales y en construcción de miles de viviendas. Para Managua se anuncian planes especiales. Todo esto aliviará el desempleo y la pobreza y seguramente hará que el producto interno bruto de este año vuelva a ser positivo. Los nuevos préstamos suman casi 1 mil millones de dólares. Acosta afirmó que 250 millones ya llegaron al país.


Después de casi tres años de recesión y de apretar el cinturón presupuestario por el desplome económico causado por la crisis de derechos humanos iniciada en 2018, la economía nacional, a punto de entrar en depresión, mejorará sin duda.


En año electoral, la reactivación de la economía será la mejor carta de Ortega, candidato a su cuarta reelección consecutiva. Al hacer el anuncio, Acosta enfatizó la baza electoral que eso significa comentando que “asegura mucha estabilidad” y le da a la población “certeza de cuál es la ruta”.


La "ruta" de Ortega


Tan sólo unos días antes de tan buena noticia pre-electoral, Ortega ya había trazado su ruta post-electoral.


A la sombra del monumento a Rubén Darío, reunió en la noche del 11 de enero a representantes de la Juventud Sandinista en torno al pentáculo de Satanás que ya vimos el 19 de Julio, para conmemorar, como cada año, el nacimiento de nuestro gran poeta. Sólo al finalizar su extenso y divagante discurso “dariano”, salpicado de ataques al imperialismo, estrofas de los más conocidos poemas de Darío y de la desafortunada e íntegra declamación de la “Salutación del Optimista”, dijo, ya de pie y de salida, lo único sustantivo al inicio del año electoral.


Puliendo sus características digresiones, esto fue lo que dijo: “Tenemos que unirnos para que en la nueva etapa de esta Revolución logremos la gran alianza que logramos construir en la primera etapa hasta el año 2018 (aquí se equivocó y dijo 2016), cuando se derrumbó esa gran alianza, porque el objetivo de nuestro enemigo era derrumbar a Nicaragua. Pero el pueblo dijo ¡no! Ahora se trata de ir trabajando para que después de las elecciones de este año se pueda instalar un gran acuerdo nacional, un gran diálogo nacional. Para que lo que quedó aprobado en la Constitución vuelva a caminar, tomando en cuenta las nuevas circunstancias. Y le hagamos un llamado al Presidente Biden para que pueda trabajar hacia Nicaragua con una política de respeto y entendimiento”.


Sin solución política...


El mensaje fue clarísimo. Iba dirigido a toda la población -para desmoralizarla-, a sus bases -para moralizarlas-, y especialmente a la clase empresarial, sus aliados hasta abril de 2018.


Ortega afirmó que “se queda” en una “nueva etapa” (cinco años más), y que ya en “las nuevas circunstancias” (reelegido y legitimado) habría un gran diálogo con los empresarios para que “lo que quedó aprobado en la Constitución vuelva a caminar” (el modelo corporativo de diálogo y consenso que mantuvo con ellos), y después “hagamos” (él y los empresarios) un llamado a Biden para que cambie la política de Washington hacia Nicaragua.


De tal modo que cualquier acuerdo sobre la exigente reforma tributaria que habían pedido algunos empresarios, y hasta sindicatos afines al régimen, queda para después de las elecciones. Varios empresarios respondieron al guion que, entre poemas, Ortega les impuso esa noche. Marcos Pierson, presidente de la Cámara de Industrias, le hizo ver que “es posible que él no quede como presidente”. Y Mario Arana, hasta enero presidente de la Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense, insistió en el mensaje que han reiterado los gremios empresariales: “Sin una solución política ese diálogo de poco va a valer porque el país irá de todas formas al despeñadero”.


...la crisis continuará


Sin llegar a hablar de “despeñadero”, el análisis de enero 2021 de “The Economist” no es tan optimista como Acosta quiso dar a entender o como a Ortega los préstamos le hacen creer.


La publicación británica se refiere al “modesto repunte” que tendrá la economía en 2021, resaltando que “el principal desafío de la política exterior de Nicaragua está en cómo navegue en sus relaciones con Estados Unidos. La supervivencia del régimen de Ortega, inserto en el acuerdo de libre comercio CAFTA, dependerá de esas relaciones. Y las tensiones continuarán mientras no se resuelva el prolongado conflicto político de Nicaragua”.


“The Economist” señala también la “vulnerabilidad política” del FSLN, señalando que conserva apoyo en un 25% de la población, apuntando que “existe un alto riesgo de fracturas dentro del régimen si las condiciones económicas o políticas empeoran radicalmente”


Según la publicación, si Ortega no garantiza unas elecciones legítimas, y eso es lo central en sus relaciones con Washington, habrá no sólo inestabilidad política en el país, sino consecuencias económicas, entre las que el análisis cita la fuga de capitales “en el frágil sistema bancario de Nicaragua”.


El ya frágil sistema bancario nacional fue sorprendido el 25 de enero al conocer la reforma que, para su discusión, introdujeron en el Legislativo los diputados orteguistas a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias.


¿Un país bloqueado?


El objetivo de la reforma que Ortega quiere imponer parece ser el de presionar a la banca nacional para que restablezca relaciones financieras con los 27 funcionarios, 8 empresas y una institución estatal (Policía) del régimen de Ortega sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos entre 2017 y 2020.


El 28 de enero la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua escribió una extensa carta a los diputados haciéndoles ver que de aprobarse esta reforma, no sólo se viola el derecho constitucional de libre empresa “y se promueven prácticas que incitan al lavado de dinero”. También, la banca nacional perdería la corresponsalía que tiene con la banca internacional. Esto significaría el fin de la recepción de remesas, cancelaría créditos con el exterior, afectaría las exportaciones e importaciones del país y haría imposible el uso de tarjetas de crédito de marca internacional.


Nicaragua quedaría fuera del sistema financiero global. El régimen le habría decretado un autobloqueo al país. Y la fuga de capitales sería masiva.


¿Cómo explicar lo insólito de esta legislación? ¿No conocen las consecuencias que tendría una reforma como ésta? ¿La proponen para indicar hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Están poniendo a prueba sus límites? ¿O envalentonados por los recursos recibidos, y fija la atención en “ganar” las elecciones, no miden el riesgo que corren?


Fracturas en el FSLN


Las sanciones han tenido severas consecuencias. Y fracturas hay en el FSLN, tanto en ese 25% de eventuales votantes, como también más arriba.


El FSLN dejó de ser un partido de militantes y se convirtió en una burocracia de funcionarios. Consolidó más poder, pero a costa de burocratizarse, quedándose con militantes sin iniciativas, que dependen de los recursos que les garanticen y que vienen desarrollando actitudes como las que revelan las lúcidas y certeras palabras de este limitante de base del FSLN.


“El peor enemigo del FSLN -dice en sus redes sociales- no está en la oposición. Lo tenemos dentro. El peor enemigo del FSLN es el “sandinista” que llegó a tener un puesto y da maltrato a los compañeros. Es el que sacó su carnet de militante y no hace nada para ganárselo. Es el que siempre anda buscando como lucrarse. Es el/la de recursos humanos que contrata al amigo sin capacidad y no al compañero/a del barrio que se suda para que este gobierno se mantenga. Son los cuadros intermedios que tergiversan las orientaciones del comandante. Es el que no le dio el paquete de comida a quien lo necesitaba y se lo dio al que no. Son ésos que en facebook son grandes revolucionarios y en sus barrios JAMÁS van a las asambleas de militantes. Son los que piensan que las bases son simples masas manoseables. La oposición, la OEA y el imperio jamás han podido con el FSLN. No dejemos que nos destruyan desde adentro”.


También en el 25% que contesta encuestas diciendo que simpatiza o apoya al FSLN o que votaría por el FSLN hay que incluir a buena parte de los 150 mil empleados públicos que trabajan en las instituciones del Estado y que tienen carnet de militantes. “Ésos son sandinistas de 8 a 4”, dice lamentándose un vocero del régimen. Y muchos lo son en su horario laboral viviendo bajo el temor de ser despedidos si hacen alguna crítica. Y no la hacen y acuden a asambleas y actividades del partido porque temen perder el salario con el que mantienen a sus familias.


No está dispuesto a perder


Ortega sabe todo esto. Y no está dispuesto a perder en las elecciones del 7 de noviembre. La derrota electoral de 1990, con la que nunca contó, es uno de sus fantasmas más recurrentes.


El pacto con Alemán en 1999-2000 y los sucesivos fraudes o farsas electorales (en dos elecciones municipales, 2008 y 2012, y en dos presidenciales, 2011 y 2016) demostraron que ha seguido al pie de la letra el consejo que le dio Tomás Borge, fundador ya fallecido del FSLN y miembro de la dirección nacional del partido: “Podemos pagar cualquier precio. Lo único que no podemos es perder el poder, digan lo que digan, hagamos lo que tengamos que hacer”.


Después del rechazo nacional que experimentó con la rebelión ciudadana de abril de 2018, el calendario y la Constitución obligan a Ortega a someterse al escrutinio popular en las urnas. Pasado el repudio efervescente que lo arrinconó en 2018, en 2021 se siente más seguro.


Cuenta con dos herramientas. Una, la tiene desde hace años: un sistema electoral bajo su total control. La otra son los resultados desgastantes, para la población, de casi tres años de crímenes, capturas, juicios, cárcel, asedios y hostigamiento, valiéndose de un aparato represivo bien organizado y constantemente incrementado con miles de nuevos policías.


El ultimátum de la OEA


Aunque hasta el momento no hay el más leve indicio de que quiera hacerlo, Ortega tiene que ceder algo en el uso de ambas herramientas si lo que quiere es conseguir legitimidad en noviembre en las urnas.


Contra la “troika de la tiranía”, como en la era Trump se llamó al eje Cuba-Venezuela-Nicaragua, Biden, quien seguramente no utilizará ese apelativo, empleará, como en toda su política exterior, el multilateralismo, que en el caso de Nicaragua será seguir el camino ya trazado por la instancia multilateral que es la OEA.


Ortega tiene encima un ultimátum de la OEA, que le pone de plazo, a más tardar mayo, para que negocie con la oposición reformas al sistema electoral. En octubre de 2020, la OEA le planteó siete reformas: “Modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable”. “Registro abierto de nuevos partidos políticos”. “Actualización” y “auditoría independiente” del padrón electoral. “Observación electoral internacional independiente”. “Transparencia” en el padrón, en la entrega de cédulas y en “la gestión de los centros de votación”. “Recuento y consolidación transparentes de los resultados y su publicación en tiempo real”. Y procedimientos adecuados para resolver las quejas que haya sobre el proceso y sobre sus resultados.


¿El Padrón Electoral?


Al poner punto final a este texto, cerrando la primera semana de febrero, nada había ocurrido en esta dirección. Ni había la más mínima señal de que ocurrirá. Ortega siempre gana tiempo. Y el paso del tiempo hace imposibles algunas de las reformas a las que lo “insta” la OEA, especialmente la auditoría al padrón electoral, un tema que no es sólo técnico, también político, porque el control del padrón ha permitido infinidad de argucias que garantizan resultados alterados.


Actualmente, el Poder Electoral maneja a discreción cuatro padrones. Uno, el supuestamente total. Otro el “padrón activo” con todos los que supuestamente han votado en las dos últimas elecciones presidenciales. Otro el “padrón pasivo” con todos los que supuestamente no han votado en esas dos elecciones. Y un cuarto padrón, el real, en el que supuestamente se han suprimido los que han muerto y los que están fuera del país.


Todo es “supuesto” porque nunca ha habido ojos independientes que auditen o verifiquen alguno de esos cuatro padrones.


¿Cuánto pragmatismo habrá que aceptar?


El experto en temas electorales José Antonio Peraza dijo a Envío: “En ningún país serio se podría hacer una elección en estas condiciones. Pero no podemos resolver esto en seis meses. Y vamos a tener que juntar todos los padrones en uno solo, que tendrá 5 millones de personas que pueden votar, sabiendo que en ese padrón hay 1 millón 200 mil personas que han muerto o están fuera del país. Así vamos a tener que ir porque no hay ningún interés en el gobierno para resolver el problema del padrón. Y no valdrá decir: Sin un nuevo padrón no vamos a ir a votar. No vale, porque de lo que hay que salir es de la dictadura lo más pronto posible”.


Es sólo un ejemplo entre varios del “pragmatismo” con el que la mayoría azul y blanco tendrá que lidiar a la hora de decidir qué reformas exige y qué carencias tendrá que aceptar. Entre las siete reformas propuestas por la OEA en su resolución de octubre, la observación electoral internacional aparece como la prioritaria e innegociable. También debería serlo la participación de observadores electorales nacionales.


El poder de las armas


La otra herramienta con la que cuenta Ortega son las armas. Y el desgaste que provoca su sola presencia en las calles. Menos de diez meses antes de las elecciones prevalece en Nicaragua un estado policial de facto, impuesto desde septiembre de 2018, cuando su Policía prohibió todas las protestas. Y, a pesar de que en el diálogo 2.0 con la Alianza Cívica (febrero-marzo de 2019), el gobierno firmó el compromiso de restituir los derechos civiles y políticos cancelados por el estado policial, nunca lo cumplió.


En esas fechas sí cumplió con la excarcelación de decenas de presos políticos, aunque no todos. Y a ninguno le dieron una auténtica liberación. A todos se los ha continuado asediando e intimidando, impidiéndoles trabajar u obligándolos al exilio. Y a bastantes los han vuelto a capturar y a enjuiciar, acusándolos de delitos comunes. Los habituales, tráfico de drogas y posesión ilegal de armas. Hoy hay de nuevo más de un centenar de presos políticos padeciendo en cárceles que mantienen condiciones inhumanas.


Hay condiciones intactas


Informe tras informe, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) ha denunciado “la persistencia del estado policial en Nicaragua”, documentando “ataques y agresiones, asedio y detenciones arbitrarias”.


Unos 80 conocidos opositores y expresos políticos tienen prácticamente “casa por cárcel”. Las patrullas policiales rodean sus casas y les impiden salir y también recibir visitas. La responsable para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, declaró el Día Internacional de los Derechos Humanos que el 2020 cerraba en Nicaragua con “un balance muy negativo”, calificando ese año como una “etapa sombría”.


Sin embargo, a pesar del desgaste represivo en que el régimen sostiene hoy su poder, ni la indignación ni el hartazgo que siente la mayoría de la población, alimento del estallido de 2018, han desaparecido.


Esa indignación, esa conciencia de que es urgente un cambio, esa resistencia cívica demostrada en todos los rincones del país durante casi tres años son “las condiciones” subjetivas que permiten pensar que “la suerte no está echada” a favor de Ortega.


Él lo sabe y desde septiembre de 2020 ha revestido su escalada represiva de legalidad para aumentar las probabilidades de que las elecciones del domingo 7 de noviembre se conviertan en la crónica de una victoria anunciada.


Contra los "agentes extranjeros"


Para su “campaña electoral” Ortega y Murillo cuentan con inesperados recursos financieros y con una nueva legislación.


Entre octubre y diciembre aprobaron un combo de cuatro leyes propias de una dictadura para conducir a la población azul y blanco a su autoderrota por el camino del temor y el de la abstención.


La primera ley que aprobaron los diputados orteguistas, de forma exprés, sin consulta ni debate, fue la ley contra “agentes extranjeros” (15 octubre 2020). La definición de quiénes lo son es amplísima. La sanción para quienes lo sean es durísima: confiscación de todos sus bienes y multas que pueden llegar hasta medio millón de dólares.


En los últimos meses parece estarse instalando también la norma tácita de que los extranjeros que tienen residencia legal en Nicaragua deben ser tratados como “agentes extranjeros”. La cédula de residencia no se les está renovando. La nueva, en vez de cinco años, dura tres meses. Y están siendo citados a entrevistas con funcionarios de migración y policías, en las que se les intimida, advirtiéndoles que si participan en política -aun con comentarios en las redes sociales- podrían ser expulsados del país.


Contra los "ciberdelitos"


Días después de la ley de “agentes extranjeros” los diputados orteguistas aprobaron la ley contra “ciberdelitos” (27 octubre 2020). La definición de cuáles lo son es extensa. La sanción para quienes los cometan es hasta de ocho años de cárcel.


La ley eleva las penas de cárcel a quienes “transfieran información pública clasificada como reservada”, en clara referencia a empleados estatales inconformes con la gestión del régimen, que han filtrado desde hace tiempo, y siempre bajo anonimato, información pública a los periodistas independientes, rompiendo así el secretismo oficial y alimentando importantes piezas del periodismo investigativo, que han permitido a la ciudadanía conocer actos de corrupción, despilfarro de los bienes públicos, y arbitrariedades en las instituciones del Estado y violaciones de derechos humanos en temas sociales, jurídicos e institucionales.


Por si no bastara, esta ley se complementó el 29 de enero de 2021 con una normativa de espionaje político que viola el derecho a la privacidad. TELCOR, la institución estatal de telecomunicaciones, exige a las empresas privadas internacionales que brindan servicios de telefonía móvil en Nicaragua conservar de todos sus usuarios y durante un año, el flujo de llamadas, circulación de mensajes, con fecha y duración, obligándolos a entregarlos si se los piden.


Contra el "odio", cadena perpetua


La tercera ley del combo legal fue aprobada en dos momentos (10 noviembre 2020 –12 enero 2021), porque exigía reformar la Constitución en dos legislaturas y después reformar el Código Penal, reforma que los legisladores también hicieron a la ley 779 contra la violencia hacia las mujeres. Así quedó establecida en el país la cadena perpetua “contra los crímenes de odio”.


Aunque la definición del “odio” punible con cárcel de por vida es imprecisa, lo que sí es preciso es que esta disposición, ya constitucional, se aplicará a discreción de Ortega y Murillo contra sus críticos.


El mismo Ortega lo dio a entender el 15 de septiembre de 2020 cuando la anunció, rememorando a los protagonistas de las protestas de abril de 2018: “Con toda razón -dijo- habría que aplicarles a estos criminales la pena de muerte, pero somos parte de un convenio internacional donde estamos comprometidos a no aplicarla en Nicaragua, ¡pero no estamos comprometidos a no aplicarles cadena perpetua!”


“Estas tres leyes -opina el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez- vienen a darle un fundamento legal a actuaciones que ya venían sucediendo y que eran violadoras de derechos constitucionales. Aunque son leyes muy peligrosas y muy lesivas en derecho, lo peor es el aparataje estatal que las va a aplicar”.


Contra candidatos


No pareció satisfecho Ortega con el llamado “tridente represivo” y antes de concluir el año le añadió otro “diente” a la herramienta. Además de perseguir agentes extranjeros, delitos cibernéticos y crímenes de odio, el cuatridente perseguirá candidatos.


En una sesión legislativa convocada de forma extraordinaria el 21 de diciembre, los diputados del partido de gobierno concluyeron la legislatura anual aprobando, también de forma exprés, una ley con la que Ortega se garantiza un escenario electoral sin competencia. Con el pomposo título de “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, la ley podrá inhibir como candidatos a cualquier cargo de elección popular a quienes “promuevan sanciones internacionales y protestas sociales”, considerándolos “golpistas” y “terroristas” y calificando sus actividades como “traición a la patria”.


Al anunciar la ley, Ortega también se lamentó de no poder ir más allá: “No podemos expulsarlos del país, porque aquí nacieron”…


¿Serán sólo amenazas?


¿Se aplicarán estas leyes o sólo buscan amedrentar, atemorizar? Ya todas están vigentes y ya penden amenazantes prácticamente sobre toda la población nacional. Porque desde hace décadas hay miles de personas en Nicaragua que trabajan en ONG, organizaciones que a menudo han suplido vacíos que el Estado deja o abandona y que los llenan recibiendo financiamiento externo. ¿Serán cerradas o confiscadas o multadas como agentes extranjeros? Porque el uso de las redes sociales con informaciones, comentarios y memes es masivo en el país. ¿Cuántos serán encarcelados por cometer ciberdelitos? Y porque son centenares las personas que se postularán a las diputaciones en las elecciones de noviembre. ¿A cuántos inhibirán?


Más que su aplicación, el propósito de estas leyes es imponer el miedo para desmovilizar, desmotivar, desalentar, desmoralizar, desanimar, desesperanzar... Para promover la abstención. Para que la oposición lo dé todo por perdido antes de noviembre y Ortega lo tenga todo por ganado antes de competir. Ganar antes de jugar es el plan.


La fórmula de Ortega: abstención + desunión


Con las bases de su partido erosionadas desde abril de 2018 por la represión que desató a la orden del “¡vamos con todo!”, y en 2020 desde la pandemia por la pésima gestión de la crisis de salud, la receta de Ortega para ganar tiene dos ingredientes: abstención + desunión.


El cuatridente legal pretende abonar a la abstención. También abona a la desunión porque el debate sobre participar o abstenerse en elecciones tan inciertas ya se ha convertido en factor de división.


Con ambos ingredientes exacerbados, Ortega y Murillo ganarían porque la Constitución reformada en 2014 no exige ningún mínimo porcentaje de votos para triunfar. Con su limitado 25% y con una participación de los opositores escasa y dividida el triunfo de Ortega y Murillo es seguro.


Lo saben. Y lo sabemos. Si en las primeras horas del domingo 7 de noviembre la gente decide salir masivamente a votar, ya sabremos el resultado. Y si hacen fraude, todos sabrán que lo hicieron, habrá reacción, y serán declarados ilegítimos. De igual manera, si esa mañana las calles están vacías ya sabremos el resultado: cinco años más de pesadilla.


No hay condiciones electorales


Ciertamente, las opiniones que se escuchan en el debate, que lleva meses, entre si hay o no condiciones para participar en las elecciones son razonables. No existen condiciones objetivas que garanticen unas elecciones creíbles. Y es dudoso que existan las reformas necesarias para que lo sean.


Las condiciones -reformas electorales profundas- que han pedido “a gritos diplomáticos” en sus informes la Unión Europea, y más recientemente en sus reuniones y resoluciones la OEA, no existirán ni todas ni a tiempo. Tampoco hay condiciones mientras permanezca el estado policial que cancela los derechos de reunión, de movilización y de expresión, que obstaculizan la organización de los grupos azul y blanco.



No hay las mínimas condiciones objetivas. Y no hay seña de que en esto vaya a haber un cambio plausible. Ni siquiera el Consejo Supremo Electoral ha convocado a las elecciones, a pesar de que la ley ordena que lo haga un año antes. El presupuesto para el Poder Electoral fue reducido para este año, también han recortado el presupuesto para la elaboración de la cédula de identidad, documento indispensable para votar. Y no hay señales de que habrá una campaña de cedulación…


En intenso activismo


A estas condiciones objetivas desfavorables se unen acciones y declaraciones destinadas a moralizar a las bases del FSLN y a desalentar la decisión de salir a votar. Ya se han organizado en cada departamento, y seguramente lo harán en cada municipio, las Unidades de Victoria Electoral (UVE), conformadas por adeptos y por fanáticos del FSLN dirigidos por Murillo.


Una extensa circular de 70 páginas firmada por ella el 23 de enero dirigida a secretarios políticos, ministros, personal estatal y municipal y hasta a embajadores, les ordena organizar con frecuencia actividades culturales de todo tipo y a mantenerse en reuniones continuas. A las UVE les ordena “visitas permanentes” a personalidades locales, religiosas y otras, a universidades, mercados, instituciones y viviendas de beneficiarios de los programas sociales con el fin de mantener activado de aquí a noviembre el tendido electoral.


Las visitas -indica la circular- deben acompañarse de la entrega a granel del carnet de militante del FSLN. (Esto ya se hizo en la Costa Caribe al entregar ciertas ayudas a los afectados por los huracanes Eta y Iota, como relata la defensora de derechos humanos Lottie Cunningham en páginas siguientes).


La presión sobre la población de este intenso activismo se acompaña con declaraciones que refuerzan el “alea iacta est”. Como las del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, al reiterar en diciembre lo que ya, con verbo ardiente aseguraba en septiembre: “¡En 2021 no vamos a disputar el poder, vamos a defender el poder! Nos preparamos para defender el poder de la revolución!” O como las del consejero económico de Ortega, Bayardo Arce -único miembro de la desaparecida dirección nacional del FSLN que está hoy con él-, al asegurar con displicencia que el gobierno hará “algunas” reformas electorales “no porque lo ordene la OEA”, y que hasta después de las elecciones hablará con los empresarios…


Ante estas pésimas condiciones objetivas, la fórmula ganadora de la mayoría azul y blanco es el exacto revés de la trama pre-electoral de Ortega: participación masiva + unidad sólida.


¿"Existe" la unidad?


La participación más masiva posible de la población + la mayor unidad posible de toda la oposición. La fórmula ganadora es NO a la abstención y SÍ a una única opción que esté dispuesta a derrotar a Ortega y Murillo.


Para lograrlo, y con los aires que siempre trae un nuevo año, comenzaron a moverse algunas cosas en el escenario político. El 13 de enero -como ya se sabía, aunque pasaron semanas evadiendo reconocerlo-, la Alianza Cívica se presentó ante los medios en alianza con el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), afirmando que iniciaban “un trabajo conjunto para la construcción de la alianza opositora amplia e incluyente que una a ciudadanos, organizaciones y sectores alrededor de una propuesta de gobierno con visión de Nación”.


Cuando Álvaro Navarro, director del medio digital “Artículo 66”, que cubría la posterior rueda de prensa, preguntó a Kitty Monterrey, presidenta del partido CxL, si en esa alianza incluirían a la Unidad Azul y Blanco (UNAB), integrada por decenas de organizaciones y sectores, y a la Coalición Nacional, en la que están integrados todos los sectores y organizaciones de la UNAB, más el Movimiento Campesino y dos partidos, el evangélico PRD y el costeño Yátama, Monterrey contestó que ambas plataformas opositoras, la UNAB y la Coalición, “no existen”.


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¿Otro pacto?


El tono despectivo que empleó Monterrey resultó contradictorio con lo expresado en la proclama que antes habían leído y borró la leve esperanza de unidad que quisieron despertar ese día entre la población el partido CxL y la Alianza Cívica, que cuentan con el respaldo financiero de la clase empresarial.


Mientras la población azul y blanco, la UNAB y la Coalición claman “unámonos todos”, CxL, la Alianza y los empresarios parecen decir “únanse a nosotros”. Siendo ésta una postura que tan claramente promueve división y no parece querer una derrota contundente de la dictadura, cabe preguntarse si el objetivo de esta alianza no es otro que quedar como “segunda fuerza”, facilitarle a Ortega el famoso “aterrizaje suave” y, a cambio, reconstruir el modelo corporativo y obtener algunas diputaciones y alguna presencia en instituciones estatales. Otro pacto, pues.


Pluralismo: un espejismo


Participar en las elecciones exige un “vehículo”, la casilla legal de un partido político con personalidad jurídica en la que inscribir candidatos.


Una de las razones para decir que “no hay condiciones” para ir a las elecciones es precisamente ésa: que los vehículos son pocos y están bajo control orteguista.


El sistema de partidos de Nicaragua pareciera pluralista, pero ha sido destruido por decisiones de Ortega para adecuarlo a su modelo, que no es, como en Cuba, de partido único, sino de partido hegemónico al estilo PRI mexicano, que termina siendo una “dictadura perfecta”.


En el país existen actualmente 18 partidos “legales”, el FSLN y el PLC, su socio en el pacto del año 2000. Más allá de este bipartidismo pactado, el resto no es más que un espejismo de pluralismo fraguado en años por Ortega o con la complicidad de Alemán.


Con 8 de los 18 partidos, que son sólo siglas (5 nacionales y 3 costeños), el FSLN viene armando, elección tras elección, la “Alianza Unida Nicaragua Triunfa”. A otros 4, también siglas, los deja participar como satélites porque no le representan competencia. De los 4 restantes, 2 son costeños y otros 2 son nuevos: se les otorgó legalidad apenas en 2017.


Por fuera de los 18 quedaron 2, sólo siglas, que perdieron su legalidad por no participar en elecciones. Otros 2 con trayectoria la perdieron por órdenes directas de Ortega: vio en ellos competencia o quiso represaliarlos. Son ésos la UDC (Unión Demócrata Cristiana) y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), nacido en 1995 con dirigentes y militantes del FSLN, después de infructuosos esfuerzos por democratizar al FSLN.


Abril lo cambió todo


La rebelión cívica de Abril nunca tuvo ni dirección ni color partidario. En todo el país y en todas las manifestaciones la única bandera era la nacional azul y blanca. Abril despertó un pluralismo real, en la conciencia y en las calles.


La inmensa mayoría de quienes participaban en las marchas y en los tranques que paralizaron el país eran de origen liberal, sandinista, conservadores o socialcristianos, por militancia, simpatía o tradición familiar, pero la mayoría no tenía vinculación orgánica con ningún partido. No eran colores partidarios los que los movían. Lo que movió a las multitudes era salir de la dictadura, “que se vayan”.


Abril creó un nuevo escenario político nacional. Lo reconocen todos. También la comunidad internacional que sigue atenta a lo que pasa en Nicaragua. Hasta la dictadura lo tiene que reconocer, aunque negando la realidad, porque a ese despertar de la conciencia se remite continuamente, pero le llama “golpe de Estado” y le achaca todo tipo de crímenes y el desplome de la economía.


Un PLC "depurado" del alemanismo


Durante meses, las fuerzas nacidas de la rebelión de Abril -las hoy agrupadas en la UNAB, hoy en la Coalición- apostaron a exigirle al régimen una casilla nueva en la que competir. Pero con una correlación de fuerzas adversa -por la falta de unidad de toda la oposición y por los cambios que han experimentado los distintos grupos-, pasó el tiempo y eso ya no es posible.


Al llegar al año electoral, sólo hay tres “vehículos” disponibles. El de más trayectoria y simpatías en zonas rurales es el PLC, poco confiable por el control que sobre él ha mantenido hasta ahora Arnoldo Alemán, quien pactó con Ortega en el año 2000 el camino institucional que le permitió a Ortega regresar al gobierno. Veinte años después de aquel pacto, la disputa que enfrentó en 2020 a dos directivas del PLC ha desembocado en una “limpieza” del alemanismo en las filas del partido rojo.


Para el reconocimiento legal de uno de los grupos en litigio, y para la barrida de diputados alemanistas -incluida la esposa de Alemán-, la directiva que encabeza María Haydée Osuna ha contado con Ortega y con los funcionarios orteguistas, tanto en el Poder Electoral como en el Legislativo.


¿Qué hará Ortega con el PLC?


La movida que ha quedado consumada en enero de 2021 significa que Ortega ha abandonado a su socio, privilegiando a la facción anti-alemanista. El resultado es “trabajo” de varios meses queriendo apropiarse del tendido electoral del PLC, especialmente en las zonas rurales, por lo que eso ayudaría a un fraude en los comicios de noviembre. Está por verse si el régimen lo consigue. Lo que sí ha conseguido el nuevo pacto del FSLN con el PLC “depurado” del alemanismo, es que el PLC no sea un vehículo electoral confiable para la mayoría azul y blanco.


Los otros dos vehículos tienen escasa trayectoria. Ortega les concedió la legalidad hasta 2017. Son el partido evangélico PRD, que aún no ha participado en ninguna elección; y el partido liberal CxL, en el que han confluido disidentes del PLC alemanista, que lucharon infructuosamente por democratizar el PLC bajo las banderas de ALN y del PLI, hoy dos partidos liberales ya convertidos en satélites del FSLN.


"Este país es de izquierda"


Los tres vehículos legales, el PLC, CxL y el PRD llevan meses ofreciéndose para encabezar una alianza que desafíe a Ortega en las urnas. Ciudadanos por la Libertad, CxL, aparece con más fuerza por el respaldo financiero que tiene de la clase empresarial.


De la alianza entre el partido CxL y lo que queda de lo que fue en 2018 la Alianza Cívica, escribimos en estas páginas y hace unos meses identificando ese proyecto como el del capital financiero nacional y el de un sector del empresariado que armó con Ortega el modelo corporativo, que mientras beneficiaba a los empresarios, le garantizaba al régimen convertirse en una dictadura.


De “centro-derecha” calificamos en Envío la unión de CxL y la Alianza Cívica. De “derecha” ha calificado siempre Monterrey a su partido. Y de derecha también llama así a la plataforma que ha construido con la Alianza, confiando en que una mayoría se unirá a ella argumentando que “por lo que yo sé Nicaragua es un país de derecha, no de izquierda”, declarando que la “conducción” de la alianza opositora debe estar en manos derechas.


Además de colocarse esta etiqueta ideológica, los empresarios que respaldan a CxL consiguieron atraerse con sus recursos a un sector de la juventud universitaria de Abril -entre ellos al emblemático Lesther Alemán, quien le pidió a Ortega su renuncia el primer día del diálogo nacional de 2018-, para así presentarse ante la población con rostros nuevos que representen el “espíritu de Abril”.


2016: la muerte del PLI


Para entender la insistencia de la presidenta de CxL en rechazar a la “izquierda”, en presentarse como “la oposición decente” y en ofrecerse como el vehículo electoral más seguro, hay que rebobinar un poco episodios e imágenes de la historia más reciente.


En junio de 2016, Daniel Ortega canceló la legalidad al PLI que dirigía el político liberal Eduardo Montealegre, excandidato presidencial en 2006 por ALN y candidato a alcalde de Managua en 2008 por la Alianza PLC, cargo que ganó y que perdió por el colosal fraude que Ortega y los suyos organizaron aquel año.


Cuando a los liberales del PLI se les canceló su legalidad, llevaban años en alianza parlamentaria con el MRS, una alianza que al llegar las elecciones de 2016 pasó a convertirse en alianza electoral. Ortega vio en aquel real y auténtico pluralismo de “izquierda y derecha” el riesgo de una competencia real y temió perder la mayoría parlamentaria en las elecciones generales de aquel año.


2017: CxL es partido legal


Destruido el PLI en 2016, Kitty Monterrey, quien llevaba once años trabajando en política con Montealegre, se dedicó a fundar un nuevo partido liberal, Ciudadanos por la Libertad, con quienes habían pertenecido al PLI. CxL consiguió en menos de un año, en mayo de 2017, el aval legal del Poder Electoral, controlado por Ortega. En esas fechas recibió también legalidad el partido evangélico PRD.


En aquel año, el experto en temas electorales José Antonio Peraza comentó que el momento y la rapidez con que nacieron a la “legalidad” ambos partidos “cuestiona seriamente su autenticidad opositora”. Afirmaba que su legalización “se puede explicar por la necesidad que tenía el gobierno de Ortega de darle alguna legitimidad a la elección municipal de 2017, en la que CxL participó”, no el PRD.


¿Por qué necesitaba Ortega legitimidad en 2017? Porque esas elecciones municipales, las últimas celebradas en el país, siguieron a las generales de 2016, en las que Ortega se reeligió por tercera vez con más de un 70%, fruto de una abstención muy bien organizada, en comicios sin competencia real, sin observadores nacionales ni internacionales y llevando como fórmula a su esposa, realidades que comenzaron a llamar la atención en Washington y en la comunidad internacional y a erosionar su “legitimidad de origen”.


Sin embargo, en el mundo nadie desconoció su triunfo electoral hasta que por la matanza de abril de 2018 el mundo comenzó a entender su “ilegitimidad de ejercicio”.


¿Sombras nada más?


En noviembre de 2019, CxL participó en las elecciones caribeñas, recibiendo muchas críticas de la mayoría azul y blanco porque el país vivía ya en el estado policial de facto que hoy persiste. En ese momento, “normalizar” las elecciones en el Caribe ayudaba a Ortega a mejorar su desgastada legitimidad.


Kitty Monterrey justificó la participación de CxL en los comicios en la necesidad de conservar su legalidad. Por ley, el partido que no participa en una elección la pierde, otro más de los trucos de Ortega para controlar a los partidos políticos.


Desde 2017 siempre estuvo presente la duda de si CxL llegó a ser partido legal a cambio de abjurar del MRS. Sean o no ciertas esas sombras, la realidad es que, desde que obtuvo su legalidad, Monterrey no dejó de aprovechar cualquier oportunidad para tomar distancia de “la ideología socialista de izquierda extrema” de sus antiguos aliados del MRS. Afirmaba que mientras CxL planteaba una “salida cívica” para derrotar a Ortega, la propuesta del MRS era “volver a la destrucción de la década de los 80”. Decía también que haber estado aliados con el MRS le había traído al PLI “enormes problemas” con la empresa privada y con la iglesia católica.


El MRS está hoy integrado en la UNAB, que a su vez es parte de la Coalición Nacional, una plataforma pluralista, de izquierda y de derecha. Después de Abril, Monterrey ha hablado de desconfiar en “personas que quieren renovar o rescatar al sandinismo”.


No es derecha vs. izquierda


Organizar la unión de todo el amplio espectro azul y blanco en torno a la contradicción existencial que desde hace años enfrenta Nicaragua, entre democracia y dictadura, y no hacerlo alrededor del debate que siempre habrá entre derecha e izquierda, no ha sido fácil en una sociedad tan tradicional, que ha vivido una dictadura “de derecha”, la de Somoza, y una “de izquierda”, la de los años 80, y la de hoy, que sigue llamándose “revolución”.


Entender que la contradicción es entre democracia y dictadura, y que es urgente enfrentarla en estos comicios con mínimos consensos, dejando para después los debates que desvíen de ese objetivo, es el reto al que debe responder la clase empresarial y quienes en la clase política siguen pensando en categorías ideológicas o las manipulan por sus intereses.


El aporte del MRS


Para aportar sentido común a ese reto, tras muchos debates, y no sin cierto retraso, el MRS decidió cambiar de nombre, quitándose su apellido “sandinista”. Quitaron también el sombrero de Sandino de su bandera anaranjada. Palabra y símbolo los hacían aparecer siempre en referencia al FSLN y a su origen de hace 25 años, por ser fundado por disidentes del partido en el poder, hoy repudiado por buena parte de la población nicaragüense.


“Llevamos años queriendo que la gente diferenciara “danielismo” y “orteguismo” de “sandinismo”, pero no lo logramos”, aceptan varios dirigentes del MRS. En el saldo de destrucción que anotar a la cuenta de Ortega y de Murillo está también el haber manchado, quizás para siempre, lo que las siglas FSLN y la palabra “sandinista” representaron de limpia esperanza para tantos buenos nicaragüenses.


El cambio de nombre en el MRS es un aporte en momentos en que a todos les toca aportar algo. Hay quienes así lo han reconocido: “Con la decisión de abdicar de la nostalgia revolucionaria se forjan los cimientos de la nueva izquierda en Nicaragua”, comentó el experto en derechos humanos Uriel Pineda.


“El MRS, ahora Unión Democrática Renovadora (UNAMOS), puede contribuir y de hecho está contribuyendo, a la construcción de la democracia”, señala el economista José Luis Medal, quien señala que la opción del MRS fue en sus orígenes, y sigue siendo, la de la socialdemocracia, compatible con la economía de mercado y con la democracia.


"El Santo de la procesión"


Así las cosas, ¿qué debe hacer la oposición azul y blanco, para responder a las esperanzas de la mayoría social azul y blanco? Unirse. ¿Y qué es lo primero para conseguir la unión de todos? ¿Asegurar las reformas electorales? ¿Lograr la liberación de los presos políticos? ¿Presentar un programa de transición? ¿Presentar un programa de gobierno? ¿Garantizarse una casilla segura? ¿Presentar un candidato presidencial? ¿Qué es lo más apremiante?


“Mi esperanza es que salga un líder en la oposición. La gente sólo está esperando que esta procesión tenga un santo para votar por él. Vamos a demostrar que nosotros podemos derribar a Ortega sólo con un lapicero para marcar el voto”. Ésta fue la respuesta que dio a todas estas preguntas, que flotan en el aire pre-electoral, Nelson Lorío, a quien los paramilitares le asesinaron de un tiro en la cabeza al hijito de 14 meses que llevaba en brazos el 23 de junio de 2018.


La multitud de voces opositoras, el abanico de intereses y de aspiraciones que hay en todos los grupos, el comienzo autoconvocado de la rebelión, la confusión y las tensiones que todo esto ha ido provocando, ha ido conduciendo a la necesidad, a la urgencia, de hallar pronto un “santo” en la “procesión”. Se formula así por la arraigada tradición religiosa-cristiana-católica de Nicaragua, como lo señaló en varias ocasiones el agudo analista de la cultura política nicaragüense Emilio Álvarez Montalván.


"Estoy segura de ganarle a Ortega"


Comenzando enero surgieron más de media docena de “santos” para encabezar la procesión. Cinco de los que se presentaron como presidenciables declararon su intención de proponerse. Sin rechazarlo, dos aparecieron en el escenario. Y a una le preguntaron y muy pronto la gente le vio más halo que a los otros.


El economista Juan Sebastián Chamorro quiere ser candidato desde hace meses, pareciera que en la casilla de CxL. El periodista Miguel Mora quiere serlo en la casilla evangélica del PRD. El economista Félix Maradiaga quiere serlo en representación de la UNAB. El empresario Milton Arcia dijo que lo sería en la casilla del PLC anti-alemanista. Al presentarse como candidato, Arcia agradeció a Ortega por ayudarles a “limpiar” ese partido. El líder costeño George Henríquez dijo querer la candidatura, aunque su partido, Yátama, no es un partido nacional, sino regional. El líder campesino Medardo Mairena y el experto electoral José Antonio Peraza no han negado sus aspiraciones y tampoco las afirman claramente.


En este contexto, poco después de que su nombre apareciera a fines de 2020 como presidenciable en un análisis de la publicación británica “The Economist”, surgió en el escenario nacional el nombre de la periodista Cristiana Chamorro, hija del periodista y héroe nacional asesinado por Somoza, Pedro Joaquín Chamorro, y de la exPresidenta de Nicaragua Violeta Barrios, quien derrotó a Ortega en 1990.


Muy pronto, el nombre de Cristiana agarró vuelo en los sectores populares. Su determinación y su certeza (“Estoy segura que podemos reeditar juntos lo que hicimos en 1990. Estoy segura que juntos podemos ganarle a Ortega”) infundieron a mucha gente aires de esperanza y de confianza en un triunfo electoral.


Con "buena voluntad"


Con el apremio que ya plantea el calendario y con el claro propósito de lograr por fin la unión de todos los esfuerzos opositores, partiendo de hallar un liderazgo unificador, el 26 de enero se presentaron al país dos octogenarios respetables, que vienen de tendencias políticas enfrentadas, el empresario radial Fabio Gadea y el académico Carlos Tünermann. Se unieron para encabezar una “comisión de buena voluntad”.


En los años 80 Gadea trabajó para la contrarrevolución y Tünermann fue ministro del gobierno revolucionario. Sin aspirar a nada, ambos le ponen ahora cara al esfuerzo unificador. No son voces clamando en un desierto. Claman en el maremágnum. Pero no están solos. Cuentan con un buen equipo de asesores, comunicadores y técnicos.


Recibieron el respaldo de todos los grupos hoy desunidos. Su tarea es reunirse con todos, y particularmente con quienes ya se han presentado como presidenciables, para por medio de encuestas, encuentros y debates entre ellos seleccionar a uno, o a una, para que, con el respaldo de todos, sea quien asuma el liderazgo de propiciar una única y sólida plataforma unida para enfrentar a Ortega.


Es urgente hallar esa pareja


La comisión de buena voluntad es un esfuerzo unitario que “pone los bueyes delante de la carreta”, considerando que en las difíciles circunstancias en que se están preparando estas elecciones, tanto por la represión del régimen como por la desunión de la oposición, no sólo la población nacional, también e insistentemente la comunidad internacional, más que un programa de gobierno, lo que urge es de una fórmula con la que hablar, un liderazgo identificable como únicos interlocutores válidos.


Están convencidos que definir esa fórmula, esa pareja, con consenso pleno de todos los demás, es lo que necesita la población para animarse a salir a votar.


La comisión hizo una propuesta para elegir la candidatura presidencial y vicepresidencial por un mecanismo consensuado. También se propone acordar los procedimientos para seleccionar a quienes sean candidatos a diputados nacionales y departamentales a la Asamblea Nacional, unas 180 personas.


También en Estados Unidos


En Estados Unidos, un sector de la diáspora nicaragüense, de más de 400 mil personas, se ha organizado en lo que llaman “Conexión Nica-USA”.


Presidente honorario de “Conexión” es la gloria del beisbol nacional Dennis Martínez, pitcher estrella de las Grandes Ligas. Con su prestigio, su popularidad y también su “buena voluntad” quiere lo mismo que la nueva comisión: lograr una plataforma única con candidatos de consenso que cautiven y convoquen a votar.


“Conexión Nica-USA” está formada por once organizaciones de nicaragüenses que inciden a favor de la democracia en su país natal. Freedom Coalition es una. La preside Rosalía Miller. “Residimos en Washington -dice- y hemos desarrollado vínculos muy fuertes con la OEA, el Departamento de Estado, la Casa Blanca, el Congreso y otras instituciones, que quieren que los mantengamos informados de lo que sucede en Nicaragua. Algunos de nuestros miembros han testificado en el Congreso y en la OEA. Las once organizaciones estamos trabajando a diario en esto”.


Dennis Martínez pitchea por la unidad


Los nicaragüenses en Estados Unidos y en otros países -unos 700 mil- reclaman el derecho a votar en el exterior, un derecho que ya existe en casi todos los países latinoamericanos, pero que ha sido imposible de conseguir en Nicaragua y que lo será más aún este año. Ortega sabe que una buena mayoría votaría contra él.


“Es un derecho que nos pertenece por lo que le aportamos al país”, dice Dennis Martínez. De Estados Unidos llegan a Nicaragua cada año 1,700 millones de dólares en concepto de remesas, lo que representa un alto porcentaje del PIB nacional.


El pelotero estrella lleva meses llamando a la unidad, con un breve texto semanal que publica en el diario “La Prensa”. Su voluntad de apoyar a encontrar una salida a la crisis ha sido persistente desde Abril y ha ido creciendo. “Cuando yo jugaba, el pueblo me apoyaba y estaba detrás de cada una de mis victorias. Lo menos que puedo hacer ahora es darle mi voz a mi país, que quiere un cambio y está cansado de vivir sin libertad”.


Marzo - mayo: los plazos


Para lograr el enorme desafío de poner de acuerdo a la oposición azul y blanco en torno a la fórmula y a ese casi dos centenares de nombres, la Comisión de Buena Voluntad puso como plazo el final de marzo. La OEA ha puesto como plazo el mes de mayo para que Ortega negocie reformas electorales aceptables.


Ambos plazos son inminentes. Y están relacionados. Si Ortega promueve una farsa electoral porque no hace reformas sustantivas en mayo o si hace fraude en noviembre, su gobierno será declarado ilegítimo. “Por primera vez desde que volvió al gobierno está ante la posibilidad de ser ilegítimo de origen, de no ser reconocido internacionalmente. Tener un proceso viciado puede terminar de sepultar a la dictadura”, reflexiona el director de Ética y Transparencia, organización especializada en observación electoral, Roberto Courtney. Y si es declarado ilegítimo, el siguiente paso podría ser organizar un gobierno en el exilio reclamando el reconocimiento internacional. Lo presidirían quienes compitieron con Ortega por la Presidencia y con Murillo por la Vicepresidencia.


Noviembre: un nuevo momento


El doctor Ernesto Medina, otro presidenciable, aunque él no ha dicho nada, habló en las páginas de Envío poco antes de abandonar la Alianza Cívica por no estar de acuerdo con su proyecto de unirse a CxL porque lo vio ideológico y, por eso, excluyente.


Decía en septiembre de 2020: “Yo me apunto a que participemos en las elecciones, aun en las condiciones más difíciles. Si logramos mantener viva la organización en los territorios, mantener viva la indignación de la gente, y convencer a la gente para que vaya a votar, un fraude masivo será difícil de encubrir. Creo que es un error comenzar a decir que no vamos a participar, que si Ortega no nos da condiciones no iremos. ¿Quién piensa que Ortega nos va a dar condiciones ideales? Pero, sabiendo que la mayoría de la gente está indignada y quiere un cambio, las elecciones serán un nuevo momento de demostrarlo”.


Y si eso ocurre, “la suerte no estará echada”.


Lea el artículo de la Revista Envío aquí.
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