España ante una regularización extraordinaria: derechos, demografía y el pulso político sobre la inmigración
- Jairo Videa
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Más de tres millones de trabajadores de nacionalidad extranjera están afiliados a la Seguridad Social, el 14 % del total, una proporción similar a su peso entre la población en edad de trabajar. Según el Banco Central del país europeo, entre finales de 2019 y finales de 2024, cerca del 76 % de los nuevos empleos creados fueron ocupados por personas nacidas fuera. Su presencia es especialmente intensa en sectores como la hostelería, donde representan el 28 % de la fuerza laboral, y la construcción, con un 20 %.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Madrid, España
España se encamina a una de las decisiones más relevantes en materia migratoria de las últimas dos décadas. El gobierno izquierdista aprobará este martes 27 de enero de 2026, en Consejo de Ministros, una regularización extraordinaria de personas migrantes fruto de un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos, con el respaldo político previo de Sumar y otras fuerzas de ideología similar.
La medida, que se articulará mediante un Real Decreto y no requerirá convalidación parlamentaria, podría beneficiar inicialmente a unas 500,000 personas, aunque las propias fuentes negociadoras elevan el alcance potencial hasta más de un millón antes de que concluya el plazo de solicitud, fijado para el 30 de junio.
El anuncio llega tras meses de negociaciones discretas, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) bloqueada en el Congreso desde 2024 y una presión sostenida de colectivos sociales y organizaciones de defensa de derechos humanos. También irrumpe en un contexto político especialmente polarizado, con discursos abiertamente explosivos desde la extrema derecha y con la inmigración convertida, una vez más, en eje de confrontación electoral, social, institucional y cultural.
Una regularización por decreto
El mecanismo elegido —el Real Decreto— permite al Ejecutivo activar la regularización sin pasar por el Parlamento, donde la aritmética hacía inviable una mayoría favorable. Según ha explicado Podemos, el lunes 26 de enero de 2026, podrán acogerse quienes demuestren estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales relevantes y acrediten una permanencia mínima de cinco meses en el país en el momento de la solicitud, o una residencia verificable.
La acreditación de esa estancia será amplia y flexible: bastará con documentos administrativos o de uso cotidiano, como el empadronamiento, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales, contratos de alquiler, justificantes de envíos de dinero o incluso billetes de transporte, matriculas universitarias o de cursos superiores. Desde el momento en que se presente la solicitud, quedarán suspendidos los procedimientos de devolución y las órdenes de expulsión vinculadas a infracciones administrativas o al trabajo sin permiso.
Una vez admitido el expediente, la persona solicitante obtendrá una autorización provisional de residencia y trabajo, con acceso a derechos básicos como la sanidad. Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por un año, renovable posteriormente conforme al régimen ordinario de extranjería.
Para Podemos, se trata de una "medida urgente de justicia social" que corrige una situación de exclusión estructural.
En palabras de Irene Montero, eurodiputada y una de las figuras centrales del anuncio, la regularización responde a una realidad cotidiana de miedo y vulnerabilidad: personas que viven, trabajan y sostienen sectores enteros de la economía sin derechos plenos, expuestas a la explotación y a la violencia institucional.
Montero vinculó explícitamente la iniciativa a un contexto internacional marcado por políticas cada vez más duras, citando el asesinato reciente de un migrante en Estados Unidos durante una actuación policial. Frente a ello, defendió una respuesta basada en derechos y no en castigo.
El antecedente de 2005 y la vía bloqueada del Congreso
España no parte de cero. El precedente más claro es la regularización impulsada en 2005 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que permitió aflorar la situación administrativa de más de medio millón de personas. Aquella medida se apoyó en una reforma previa de la Ley de Extranjería y contó con un amplio consenso político, social y sindical, aunque tampoco pasó por las Cortes.
Dos décadas después, el contexto es distinto: la fragmentación parlamentaria, el auge de la extrema derecha y la instrumentalización del fenómeno migratorio en todo el mundo han dificultado cualquier acuerdo transversal y humanista.
La actual propuesta estaba recogida en una ILP admitida a trámite en abril de 2024, respaldada por cientos de miles de firmas. Sin embargo, permaneció más de año y medio encallada por la falta de acuerdo entre los grupos. En octubre de 2025, Sumar instó públicamente al PSOE a aprobar la regularización directamente desde el gobierno, sin éxito entonces.
El anuncio para comenzar esta semana, que ha sorprendido incluso al socio minoritario del Ejecutivo, se produce además en plena campaña autonómica en Aragón y en un momento de fuerte competencia electoral dentro del espacio de la izquierda.
El telón de fondo: quiénes son las personas migrantes en España
El debate político contrasta con los datos demográficos y sociales. En España residen actualmente 9,3 millones de personas nacidas en otro país, lo que equivale a casi uno de cada cinco habitantes. De ellas, más de tres millones ya tienen nacionalidad española; el resto conserva la de origen. El crecimiento ha sido rápido y sostenido: del 5,6 % de población nacida en el extranjero en 2002 se pasó al 12,7 % en 2015, tras el parón de la crisis financiera, y al 19 % actual.
Una parte significativa de estas personas no encaja en la imagen de "recién llegados". Entre quienes han adquirido la nacionalidad española se cuentan hijos de emigrantes españoles retornados de Europa central y descendientes de quienes se establecieron en América Latina a finales del siglo XIX y principios del XX.
La inmigración contemporánea, además, tiene un claro perfil latinoamericano: más de cuatro millones de residentes nacieron en países de esa región. Les siguen los europeos (2,4 millones) y los africanos (1,5 millones). Marruecos es el principal país de origen, con más de un millón de personas, aunque en los últimos años el crecimiento más acelerado se ha dado entre quienes proceden de Colombia, Venezuela o Perú.
Una población más joven en un país envejecido
El impacto demográfico de la inmigración es uno de los factores menos discutidos en el debate público. Casi tres de cada cuatro personas extranjeras en España tienen entre 20 y 64 años, frente a poco más de la mitad de las y los nacidos en el país. En los tramos de edad clave para el mercado laboral y la reproducción social, la presencia migrante es aún mayor: representan cerca de un tercio de la población de entre 25 y 35 años.
A ello se suma la llamada segunda generación. En uno de cada tres nacimientos registrados en España, al menos uno de los progenitores nació en otro país. Actualmente, un millón y medio de menores de hasta 17 años —el 20 % del total— son hijos de personas extranjeras.
Entre los menores de tres años, la proporción asciende al 27 %. Estos niños y niñas, nacidos y socializados en España, forman ya parte central del futuro demográfico del país, como refleja incluso el padrón, donde nombres de origen árabe o latinoamericano superan en frecuencia a muchos tradicionales españoles.
Territorio, trabajo y desigualdades
La distribución territorial de la población extranjera sigue el pulso económico. Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Baleares concentran la mitad de las personas nacidas fuera de España. En provincias como Alicante o Baleares, casi el 28 % de las y los residentes son de origen extranjero; en Girona, uno de cada cuatro.
Los patrones varían: en zonas agrícolas predominan personas nacidas en África; en grandes áreas urbanas y en el noroeste, las de origen latinoamericano; en la costa, los europeos; y en Barcelona, una presencia asiática especialmente significativa.
En el mercado laboral, la inmigración es ya un pilar estructural. En mayo de 2025, los trabajadores con nacionalidad extranjera superaron por primera vez los tres millones de afiliados a la Seguridad Social. Representan el 14 % del empleo total, una proporción similar a su peso en la población activa.
Entre finales de 2019 y finales de 2024, alrededor del 76 % de los nuevos puestos de trabajo creados en España fueron ocupados por personas nacidas fuera del país, según el Banco de España.
La inserción, sin embargo, es desigual. Los trabajadores extranjeros están sobrerrepresentados en sectores como la hostelería —donde suponen el 28 % del empleo— y la construcción (20 %), y apenas alcanzan el 6 % en ámbitos como la educación o las finanzas.
Más de la mitad de quienes tienen estudios universitarios trabajan en empleos por debajo de su cualificación, situando a España entre los países europeos con mayor sobrecualificación de población extranjera.
El choque de discursos
Frente a este panorama, la retórica de la extrema derecha plantea una ruptura frontal. Vox ha defendido abiertamente la deportación de inmigrantes y de sus hijos, argumentando supuestas dificultades de adaptación cultural ante el rápido crecimiento poblacional de origen extranjero.
Sin embargo, los datos muestran una realidad más compleja: una sociedad ya diversa, con millones de personas plenamente integradas, con nacionalidad española, con hijos nacidos en el país y con un peso decisivo en la economía y la demografía.
La regularización extraordinaria se inscribe, así, en un cruce de caminos. Para el gobierno y las fuerzas que la impulsan, se trata de reconocer una realidad existente y de reducir la irregularidad administrativa que alimenta la precariedad y la explotación. Para sus detractores, es un símbolo de confrontación ideológica.
Lo que está en juego, más allá del pulso político inmediato, es el modelo de convivencia y de derechos de un país que ya es, de hecho, uno de los más diversos de Europa.
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