Alianza militar de la dictadura Ortega-Murillo se arraiga. Nicaragua tiene un Ejército indiferente y cómplice
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Desde su búnker de poder en El Carmen, la pareja sandinista ha tejido un control absoluto del Estado, y el aparato militar no solo ha sido cómplice pasivo de esa consolidación: es ejecutor directo, vigilante sumiso y pilar del miedo. Lejos de salvaguardar a la ciudadanía, el Ejército ha resguardado el proyecto personalista y dictatorial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), mientras silencia, expulsa o elimina cualquier forma de disidencia, incluso dentro de sus propias filas, y quizás hasta afuera del territorio nacional.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
Nicaragua se hunde, cada vez más, en las arenas movedizas de un poder absoluto, orquestado por la pareja copresidencial más longeva y autoritaria de América Latina. Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ya no gobiernan: mandan, imponen, disponen. Lo hacen desde la cima de un régimen que ha vaciado las instituciones, arrasado la disidencia y anulado cualquier contrapeso. Pero hay un símbolo aún más crudo de ese control total: el Ejército de Nicaragua, fundado el 02 de septiembre de 1979, hoy convertido en brazo silencioso y obediente del orteguismo. Heredero de la Revolución Ciudadana y de la visión ideológica-armada del oficialista partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Atrás quedaron las apariencias de una institución que se pretendía "neutral, apolítica y no deliberante". Ahora, los uniformes verdes se mimetizan con el rojo y negro del oficialismo. El general Julio César Avilés, jefe militar desde hace tres lustros, es la pieza clave de esta ecuación. Su continuidad, extendida por ahora hasta 2031, no es solo una prolongación administrativa: es el blindaje definitivo para un régimen que ya ha sometido al Órgano Judicial, al Legislativo, al aparato electoral y a la Policía. El Ejército, antes el último bastión que algunos creían que podría resistir, hoy aplaude y ejecuta.
Las reformas constitucionales aprobadas a inicios de 2025, junto con las leyes militares modificadas desde finales de 2024, terminaron de sellar el pacto. Ortega y Murillo ya no solo nombran jueces, contralores y magistrados electorales. Ahora también tienen la potestad de decidir la permanencia de los jefes militares y policiales, bajo ambiguos argumentos sobre "los intereses de la nación", es decir, de los suyos. "Al controlar la permanencia de las jefaturas militares y policiales, consolidan una relación clientelar con las fuerzas armadas, eliminando cualquier posibilidad de contrapeso interno. Esto no solo desnaturaliza la función constitucional de esas instituciones, sino que las convierte en garantes personales", explica una politóloga nicaragüense exiliada en Costa Rica, a quien consultamos bajo anonimato por seguridad. "El mérito, la legalidad y el ideal constitucional ceden todos los días ante la obediencia política y familiar", añade.
El Ejército nicaragüense no solo ha guardado silencio ante la represión masiva hasta la fecha, las detenciones arbitrarias y la criminalización de la disidencia, la crítica y el exilio. Ha sido cómplice. Permite el flujo de armamento hacia las estructuras paramilitares, tolera la represión fronteriza contra migrantes y, lo más revelador, ha comenzado a colaborar en operaciones transnacionales de acoso y persecución contra militares retirados que alguna vez se opusieron al FSLN.
Hoy, la pseudo-monarquía no teme al Ejército. Lo comanda. Lo premia. Y lo utiliza como guardián supremo de su sistema y de su gente. Esta es la historia del sometimiento total de los uniformes al poder de dos ancianos autoritarios, que han convertido la represión en política de Estado y al Ejército en ejecutor servil de un proyecto que ya no tiene frenos, y que contamina a Centroamérica.
"Personal policial y civil fue entrenado por el Ejército" en 2018
El Grupo de Expertos sobre Derechos Humanos en Nicaragua (GHREN), impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), documentó en su informe del jueves 03 de abril de 2025 una reconfiguración sustancial del Ejército de Nicaragua, que ha profundizado su alineamiento con el poder copresidencial y la visión ideológica del oficialismo, ampliando su capacidad de acción en contextos internos, más allá de las competencias militares tradicionales. El análisis de poco más de 230 páginas abarca las reformas constitucionales de febrero de 2025, las estructuras orgánicas y legales vigentes, y el rol del Ejército en hechos de represión masiva, particularmente desde abril del año 2018.
Una de las modificaciones clave establecidas en la reforma constitucional fue la centralización del mando militar en la figura de la ahora Copresidencia, la cual asumió el carácter de Jefatura Suprema del Ejército, con potestades ampliadas que ya no dependen del Consejo de Ministros para autorizar despliegues armados dentro del territorio nacional. El GHREN señala que este cambio eliminó el contrapeso formal que limitaba las decisiones del Ejecutivo sobre el uso del Ejército en funciones internas, facilitando su intervención incluso ante manifestaciones o disturbios, sin que medie una situación "excepcional" o una amenaza claramente definida contra el Estado y el bienestar ciudadano.
La nueva redacción de la Constitución establece que el Ejército puede ser activado para "apoyar a la Policía Nacional cuando la estabilidad del país lo requiera", omitiendo requisitos previos de excepcionalidad, como desórdenes masivos o desastres naturales. Esa disposición fue replicada en marzo de 2025 en el Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, consolidando así una arquitectura legal que habilita una militarización del orden público.
La reforma también introdujo la constitucionalización de las llamadas "fuerzas militares de reserva patriótica", conformadas por jubilados del Ejército y civiles voluntarios, bajo la justificación de "garantizar estabilidad, seguridad y paz". Aunque esta figura ya existía en normativas secundarias, elevarla a rango constitucional formalizó su rol en la defensa armada del Estado, aumentando la capacidad de movilización territorial del régimen.
A la par, la Copresidencia obtuvo la facultad de designar nuevos grados militares superiores —como general de Ejército, coronel general, almirante, mayor general y vicealmirante— a propuesta del Consejo Militar. Estas categorías reforzaron la jerarquía y el control político sobre el estamento castrense.
El GHREN observa que desde 2014 existe una "expansión progresiva" de las funciones del Ejército, más allá de las competencias defensivas. Actualmente, el Ejército participa en seguridad aeroportuaria, protección de recursos estratégicos, apoyo logístico a elecciones, vigilancia fronteriza e incluso en la creación de condiciones para el libre sufragio, un aspecto que el informe considera problemático debido al histórico control político del oficialismo sobre los procesos de votación en todos los niveles gubernamentales.
La legislación también faculta al Ejército para actuar en coordinación con ministerios, fuerzas de seguridad y organismos estatales en casos de "amenazas a la existencia del Estado", una noción jurídicamente ambigua que, según el GHREN y abogados constitucionalistas consultados por COYUNTURA, permite justificar intervenciones militares frente a expresiones de descontento civil o protesta. "Las Fuerzas Armadas ahora tienen atribuciones de seguridad, estrategia y manejo que solo deberían tener los cuerpos civiles", dijo Marcela D., abogada y docente universitaria.
Asimismo, en su sección más grave, el GHREN documenta con nombres y rangos la participación directa del Ejército en la represión armada de las protestas de 2018 y posteriores, incluyendo operaciones conjuntas con la Policía Nacional y estructuras paramilitares progubernamentales. El Comando de Operaciones Especiales, dirigido por el coronel Manuel Salvador Gaitán, fue identificado como una de las unidades que ejecutaron tácticas de combate en contextos civiles, desplegando francotiradores entrenados para causar muertes selectivas, en coordinación con la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), dirigida por Justo Pastor Urbina. Según el informe de la ONU, los efectivos utilizaban visores térmicos, cámaras infrarrojas y drones para vigilancia y ataque, lo que evidencia el carácter planificado y sistemático de las acciones represivas.
Además, el Grupo de Expertos encontró evidencia de que la fallecida Vicepresidencia de la República —en manos de Rosario Murillo— dio directamente la orden de represión ("vamos con todo"), lo cual fue transmitido a estructuras del Frente Sandinista y ejecutado sin "resistencia institucional". El GHREN sostiene que altos mandos del Ejército ordenaron a sus tropas operar vestidos de civil o con uniformes policiales para brindar apoyo directo a los cuerpos represivos o escuadrones armados leales a la dictadura Ortega-Murillo.
Se mencionan expresamente los nombres y zonas de operación de al menos seis comandantes regionales que participaron en estas acciones:
Coronel José Hilcias Rizo Rizo (Estelí, Nueva Segovia, Madriz).
Coronel Vladimir Ilich Martínez Jarquín (León, Chinandega).
Coronel Denis Manuel Hernández Martínez (Boaco, Chontales).
Coronel Marvin Antonio Paniagua Pineda (Matagalpa, Jinotega).
Coronel Álvaro Francisco Rivas Castillo (Río San Juan).
Coronel Manuel Salvador Gaitán (Comando de Operaciones Especiales).
El informe de la ONU señala que la orden de intervención militar fue leída en el Estado Mayor del Ejército el viernes 20 de abril de 2018, lo que refuerza la tesis de responsabilidad institucional. Crímenes de lesa humanidad.
En ese sentido, el Ejército de Nicaragua mantiene una estructura vertical y centralizada, con cinco niveles de mando:
Jefatura Suprema (Copresidencia).
Alto Mando (Comandancia General: comandante en jefe, jefe del Estado Mayor General e Inspector General).
Mando Superior (Estado Mayor General: inteligencia, operaciones, logística, etc.).
Mando de Unidades (Fuerzas específicas y regionales).
Otros órganos (Consejo Militar, Inspectoría y Auditoría).
La figura clave es el Comandante en Jefe del Ejército, nombrado por seis años por los copresidentes, con amplias atribuciones para organizar, estructurar, capacitar y movilizar todas las fuerzas, así como aprobar la normativa interna y administrar los recursos militares.
Por otro lado, el GHREN advierte sobre el carácter amplio e impreciso de las funciones del Sistema Nacional de Seguridad Soberana, del que el Ejército forma parte junto con otras entidades estatales. Esta estructura tiene la misión de producir información para la toma de decisiones estatales y gubernamentales, pero la clasificación y reserva de datos impide conocer el grado real de colaboración e intercambio entre sus componentes. Además, aunque la ley prohíbe expresamente el espionaje político, la obtención de datos por motivaciones ideológicas o interceptación de comunicaciones sin orden judicial, el informe señala que la práctica contradice el marco legal del país centroamericano. En varios operativos documentados se reportó la utilización de inteligencia militar y tecnológica para espiar, ubicar y atacar a manifestantes.
La Ley Especial de Armas autoriza ahora al Ejército y a la Policía Nacional el uso de armamento clasificado como restringido o de uso exclusivo, incluyendo armas automáticas, lanzagranadas, artillería antitanques y rifles de precisión. El GHREN cuestiona que estas armas hayan sido utilizadas no en contextos de defensa externa, sino contra la población civil, lo que contraviene estándares internacionales de derechos humanos. El informe concluye que la reforma constitucional de 2025 fortalece la concentración del poder militar en manos del Ejecutivo y legaliza prácticas que facilitan la represión interna bajo apariencia de legalidad constitucional. Asimismo, el GHREN sostiene que el Ejército de Nicaragua ha participado activamente, de forma sistemática, en la represión a la disidencia política, y que existe una cadena de mando clara que vincula las decisiones represivas con la cúspide del poder político.
Diagramas presentados por la ONU en el décimo informe del GHREN:
El Grupo advierte que la actual configuración del Ejército contraviene principios democráticos, debilita el control civil efectivo sobre la institución militar y vulnera el principio de obediencia debida, al priorizar la lealtad al FSLN por encima del respeto a los derechos humanos. El informe detalla con precisión el involucramiento del Ejército de Nicaragua en la represión de las protestas de 2018, documentando un patrón de operaciones encubiertas y despliegue militar disfrazado. Según los hallazgos, militares participaron camuflados como policías, trabajadores estatales o civiles, portando identificaciones falsas proporcionadas por la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia. Esta práctica permitió infiltrar operativos represivos sin una identificación directa del Ejército.
"De las 40 ejecuciones extrajudiciales identificadas por el Grupo de Expertos, 39 se produjeron por disparos de arma de fuego, tipo AK y otras armas largas. En 35 casos se realizaron disparos en zonas vitales del cuerpo: 22 personas recibieron disparos en el tórax; 12 personas en la cabeza; una persona en el cuello (con disparo de arriba hacia abajo) y una persona en la espalda; en 4 casos se conoce que las personas fallecieron por arma de fuego, pero se desconoce la zona vital afectada. Este hallazgo indica que, en casi la mitad de los casos en los que se usaron armas de fuego, hubo un alto grado de letalidad intencionada. Los datos reflejan un patrón de ataque dirigido, en el cual la selección de objetivos y la efectividad de los disparos sugieren una estrategia sistemática de eliminación de opositores o de neutralización de manifestantes", cita el órgano independiente de la ONU.
El Grupo de Expertos destaca que las tácticas utilizadas corresponden a entrenamiento militar avanzado, como las "formaciones en columna" o "en diamante", técnicas diseñadas para combates urbanos y no para tareas de control de manifestaciones. Esas estrategias incluían desplazamientos coordinados para cubrir distintos flancos y asegurar áreas de fuego, identificadas por testigos como señales claras de presencia militar.
También se constató el uso de armamento letal exclusivo de las fuerzas militares, entre ellos rifles Dragunov, lanzacohetes RPG-7, ametralladoras PKM y fusiles de asalto como AK-47, AK-74, Galil y M16. Estas armas, por su complejidad y poder destructivo, están reservadas para conflictos bélicos y requieren entrenamiento especializado en balística, lo cual supera la capacitación habitual de la Policía y del gran cuerpo paramilitar instaurado por Ortega y Murillo con casi 80,000 miembros.
El informe revela además que la Fuerza Aérea habría realizado sobrevuelos de reconocimiento para identificar puntos vulnerables de los tranques antes de los operativos, como parte de la llamada "Operación Limpieza".
Otra de las prácticas identificadas fue el alistamiento de cadetes militares, quienes eran trasladados a centros policiales, vestidos como civiles o empleados estatales, y luego armados para participar en acciones represivas. Incluso se detalla un sistema de "registro y recolección" diaria de armas, que incluía armamento decomisado al narcotráfico o sin número de serie.
Los hallazgos también documentan una estrecha coordinación entre la Policía, el Ejército y estructuras partidarias del Frente Sandinista, en especial con la Juventud Sandinista (JS), que organizó brigadas armadas para atacar a manifestantes y opositores en varias partes del territorio nacional, incluyendo dentro de universidades, iglesias y edificios privados. Altos funcionarios locales del partido oficialista y jefes municipales participaron directamente en la logística y ejecución de las represiones.
Además, se confirma que el Ejército habría abastecido de armas a la Policía y a grupos progubernamentales cuando el armamento policial se agotó, incluyendo escopetas provenientes de empresas de seguridad vinculadas a militares retirados y del partido gobernante. Parte de ese armamento era remanente de los conflictos armados del pasado, señalan los expertos de la ONU.
Por último, se identificaron entrenamientos militares a civiles y funcionarios públicos, con cursos impartidos en instalaciones castrenses y propiedades privadas de exmilitares, donde los participantes eran capacitados en tácticas de combate, resistencia física y manejo de armas de guerra. Algunas fuentes incluso mencionaron la participación de instructores extranjeros en esas capacitaciones, las cuales se han seguido implementando en la actualidad.
El informe concluye que estas prácticas no fueron esporádicas, sino parte de una estrategia estructurada de represión, con respaldo logístico, militar y político, lo cual compromete directamente al Ejército en crímenes graves, incluida la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Las Fuerzas Armadas nicaragüenses niegan todas las acusaciones, y se rehusan a confrontar al FSLN, en el Ejecutivo desde el año 2007 tras al menos cuatro reelecciones consecutivas.
El primer gran detenido de los grupos armados
Steadman Fagot Müller fue, durante décadas, un hombre acostumbrado al filo del poder y la insurrección. Excomandante de la Contra Revolución, voz autorizada entre los líderes miskitos y, más recientemente, funcionario del propio régimen sandinista, Fagot se movía como un equilibrista entre la adulación y la crítica, entre la lealtad táctica y la denuncia ocasional. Pero la transmisión que hizo el viernes 13 de septiembre de 2024 no solo cruzó una línea política y militar: desató la furia del sistema y lo convirtió en el primer trofeo de una nueva ofensiva represiva contra los grupos armados y sus viejos exponentes.
Aquella tarde, desde un rincón no identificado de la Costa Caribe Norte, Fagot se desmarcó públicamente del discurso oficialista. Durante más de una hora, en un video transmitido en redes sociales digitales —el cual fue eliminado en menos de 24 horas—, arremetió contra la cúpula regional y nacional por la brutal explotación de las tierras indígenas, la deforestación acelerada y la hambruna que se cierne sobre las comunidades miskitas y mayagnas. Su denuncia no fue menor: acusó directamente a autoridades sandinistas de estar detrás del despojo de tierras y de facilitar, mediante corrupción, la entrada de empresas privadas y mafias extractivistas.
Con voz cansada, pero firme, Fagot enumeró las parcelas vendidas, el número de comunidades devastadas y la amenaza inminente de un éxodo forzado de pueblos originarios. Había hambre, dijo, pero también desesperación, saqueo y muerte. Señaló a "colonos con buenos vehículos y fincas" como los nuevos amos de las tierras indígenas, compradas a precio de oro a punta de intimidación o necesidad extrema. "Aquí se viene una hambruna comunal, y el régimen lo sabe", advirtió, antes de lanzar una frase que selló su destino: "Comandante, aquí hay gente que va a morir de hambre, porque ya vendieron todo su patrimonio. Y ustedes lo permitieron".
Era un lenguaje inhabitual en la boca de un funcionario sandinista, más aún en alguien que había sido usado como rostro visible para legitimar proyectos gubernamentales en la Costa Caribe. Hasta entonces, Fagot aparecía con frecuencia en los canales oficiales, inaugurando obras, celebrando cifras infladas y bendiciendo megaproyectos de supuesto "desarrollo". Pero esta vez, su discurso rompió con esa narrativa: denunció una corrupción sistemática que involucraba a concejales, ministros y hasta altos mandos militares. Un día después, Fagot desapareció.
Ninguna orden judicial, ninguna explicación oficial. Según confirmaron fuentes militares y policiales a COYUNTURA, fue el propio Ejército quien lo capturó, en un operativo relámpago que incluyó helicópteros y patrullas encubiertas. Tras detenerlo, lo entregaron a la Policía Nacional, bajo la acusación de "narcoactividad" con supuestos nexos en Honduras y de intentar "robar armamento al Ejército". La Fiscalía no tardó en abrir un caso penal, resguardando hasta la fecha la información al respecto.
El mensaje fue claro: ni siquiera los antiguos aliados del sandinismo, mucho menos los viejos guerreros de la Contra, están a salvo si cuestionan al FSLN y a su binomio.
Desde entonces, Fagot permanece incomunicado. No hay registros oficiales de su lugar de detención. Su familia denuncia que no le han permitido visitas ni contacto con abogados. Su caso marcó el inicio de una nueva etapa de represión: la persecución contra excombatientes y líderes armados, un sector que hasta hace poco era cortejado por el régimen y ahora es silenciado con brutalidad.
El Ejército, cómplice, no ha emitido ni una palabra sobre el operativo. El silencio oficial encubre un nuevo capítulo del autoritarismo orteguista: el aplastamiento del último reducto de voces con pasado militar que aún osaban cuestionar el modelo de depredación y represión.
El funeral negado del general Humberto Ortega
El lunes 30 de septiembre de 2024, el último general con poder simbólico fuera del control de Daniel Ortega fue sepultado en un acto silencioso, casi clandestino. Humberto Ortega Saavedra, hermano del dictador y fundador del Ejército Popular Sandinista, murió aislado en el Hospital Militar de Managua, donde pasó sus últimos meses bajo un arresto domiciliario disfrazado de tratamiento médico. Tenía 77 años, y llevaba meses sin contacto con el mundo exterior, después de haber lanzado la mayor herejía en el sandinismo contemporáneo: advertir que, tras la muerte de Daniel, el régimen carecía de futuro.
Su funeral, vigilado por policías de civil y militares encubiertos, fue una escena que resumió la decadencia de la Revolución de 1979. Ningún alto funcionario del régimen asistió. No hubo escolta militar. No hubo banderas ni discursos oficiales. Tampoco honores castrenses. A su entierro solo llegaron sus hijos —algunos exiliados en Costa Rica y Cuba— y su última pareja, Angélica Chavarría, quien ahora permanece desaparecida, al igual que Fagot y otros varios presos políticos. Daniel Ortega apareció entonces brevemente, sin Rosario Murillo a su lado, intercambiando palabras frías y secas con los deudos antes de marcharse en cuestión de minutos, escoltado por un discreto anillo de seguridad.
Humberto, quien durante años defendió la institucionalidad militar frente a la politización del Ejército, había caído en desgracia tras sus declaraciones de mayo de 2024, cuando en una entrevista con el portal argentino Infobae afirmó que Nicaragua no tenía rumbo sin su hermano y que, inevitablemente, el país necesitaría elecciones libres tras la muerte del dictador. "No hay sucesión posible. Daniel no tiene herederos", sentenció, mientras relataba que las tensiones familiares se habían suavizado recientemente, pero seguían intactas las diferencias de fondo.
Poco después de esas palabras, el régimen lo confinó en su casa y luego lo trasladó al hospital, bajo la excusa de "problemas cardiacos". No volvió a aparecer en público. Murió como prisionero político de su propio hermano y su cuñada.
Su entierro evidenció también la fractura familiar. Ni Murillo ni los principales cuadros del FSLN emitieron condolencias significativas. Apenas un mensaje escueto, leído por Rosario en un acto partidario, donde reconocía su "rol en la defensa de la Revolución" pero sin mencionar su papel fundacional en el Ejército ni sus últimas críticas al Ejecutivo. La omisión fue deliberada: borrar su legado militar, y con él, cualquier sombra que pudiera cuestionar la permanencia del orteguismo-murillismo.
En privado, sin embargo, el golpe fue brutal. Según fuentes cercanas al entorno presidencial, Daniel Ortega estuvo "deprimido y aislado" desde el sepelio, durante varios días, sumido en largos periodos de reclusión en su residencia de El Carmen, sin asistir a eventos públicos ni siquiera a través de transmisiones oficiales. Rumores internos apuntaron entonces a un deterioro de su salud emocional, agravado por la muerte de su hermano, el único que aún le hablaba sin rodeos, pero con el mismo pasado militar y estatal.
Humberto Ortega dejó una última advertencia en vida: el pecado más grave del Ejército nicaragüense no fue reprimir directamente, sino tolerar y encubrir a los paramilitares. "Sabían quiénes eran, sabían dónde estaban, y lo permitieron", dijo en su última entrevista. Su muerte, rodeada de silencio y represión, confirmó que, incluso sin vida o en decadencia humana, su figura incomoda al régimen.
Su ausencia dejó un vacío en la historia militar del país centroamericano, pero también resuena como un presagio inquietante para un régimen que, tras haber purgado a otro general incómodo, ya no tiene más voces internas que le adviertan del colapso inevitable.
Reformas y más reformas
El miércoles 27 de noviembre de 2024, mientras Nicaragua permanecía bajo un estado de represión latente y crisis económica, la Asamblea Nacional —controlada férreamente por el oficialismo sandinista— consumó un nuevo golpe institucional: la aprobación unánime de reformas al Código Militar y a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, ampliando por un año adicional el mandato de los jefes de ambas instituciones. La decisión, presentada como una "necesidad nacional", fue en realidad el último eslabón de una cadena de reformas constitucionales que desmantelaron los principios republicanos y consolidaron el control absoluto de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre el aparato estatal.
Esta extensión no fue un hecho aislado. Formaba parte de una ofensiva política más vasta y sistemática que el orteguismo venía ejecutando desde mediados de 2023. Apenas cinco días antes, el 22 de noviembre, la Asamblea había aprobado en primera legislatura una reforma constitucional que modificó más de 100 artículos de la Carta Magna, reorganizando de raíz el diseño político del Estado nicaragüense. El régimen, con esta maniobra, blindaba su control sobre las principales instituciones del país, eliminando de facto la alternancia política y legalizando la sumisión de todas las estructuras públicas.
Las reformas al Código Militar (Ley 181) y a la Ley de la Policía Nacional (Ley 872) tenían un propósito puntual: garantizar la continuidad en los cargos del general Julio César Avilés, jefe del Ejército, y del comisionado Francisco Díaz, director general de la Policía. Ambos hombres son piezas clave en el esquema de poder orteguista. Avilés lleva 16 años al frente del Ejército, un lapso casi idéntico al que Ortega ha permanecido en el poder; su fidelidad es total y comprobada. Díaz, por su parte, es consuegro del mandatario, y su liderazgo ha estado marcado por la represión feroz de la oposición, con un saldo acumulado de más de 350 muertos desde el estallido social de abril de 2018.
Con las reformas, Ortega no solo extendió formalmente sus mandatos, sino que también legalizó la posibilidad de seguir prorrogándolos "por interés nacional". La discrecionalidad presidencial quedó blindada, otorgándole al Ejecutivo la potestad de manipular los tiempos institucionales a su antojo.
Sin embargo, lo más alarmante no fue la extensión de los mandatos, sino la aberración constitucional que las acompañó. La nueva Constitución, que entrará en vigencia en 2025, borró cualquier límite a la concentración de poder. Entre los cambios más graves destaca la eliminación del carácter apolítico y apartidista del Ejército y la Policía, que hasta ahora, al menos en el papel, estaban obligados a mantener neutralidad política. Desde ahora, ambas instituciones estarán subordinadas directamente a la Presidencia, sin obligación de abstenerse de actividades políticas ni de mantener su independencia funcional.
En los hechos, Ortega legalizó la politización del Ejército y la Policía, institucionalizando su rol como brazos armados del régimen. La Constitución también eliminó la formación obligatoria en derechos humanos y derecho internacional para los militares, una decisión que —según la abogada y opositora Azahálea Solís Román— "es un retorno directo al modelo somocista", donde la Guardia Nacional era un instrumento de represión sin controles legales o éticos.
Además, la nueva Carta Magna otorga a la Presidencia la facultad exclusiva de diseñar y ejecutar las políticas de defensa y seguridad, borrando cualquier posibilidad de contrapeso institucional. Esto significa que Ortega y Murillo controlan personalmente la seguridad nacional, las operaciones militares y las labores policiales, bajo un esquema familiar que concentra todo el poder en su círculo íntimo.
El Ejército, silencioso y cómplice, no emitió declaración alguna sobre este terremoto jurídico. Ningún pronunciamiento institucional, ninguna objeción pública, ninguna protesta en defensa del marco constitucional que ellos mismos juraron respetar. La cúpula militar, encabezada por Avilés, guardó un silencio absoluto, sellando su alineamiento con el régimen.
La Asamblea Legislativa, convertida en una oficina de trámites del FSLN, aprobó las reformas sin resistencia. De sus 91 diputados, 75 son sandinistas, y el resto —títeres, allegados o figuras sin peso— no presentó objeción. Lo que antes habría sido un debate sobre los límites del poder militar y la autonomía institucional, hoy se resolvió en cuestión de horas, sin deliberación ni transparencia.
Estas reformas no son aisladas. Desde mediados de 2023, Ortega y Murillo han aprobado al menos 16 leyes que profundizan el control autoritario, todas avaladas sin freno por el Legislativo. Entre ellas destacan la Ley de Ciberdelitos —que criminaliza la libertad de expresión—, reformas penales que endurecen las penas contra la oposición, y nuevas normativas que impiden la financiación extranjera de organizaciones sociales, cerrando el cerco a la sociedad civil.
Pero ninguna de estas leyes tiene un alcance tan devastador como la reforma constitucional, que destruyó los últimos vestigios de equilibrio democrático y subordinó, sin máscaras, al Ejército y la Policía al poder político de la familia Ortega Murillo. Nicaragua, hoy, ya no es solo una dictadura autoritaria: es un régimen militarizado legalmente, donde la represión se ejerce con respaldo constitucional.
La aberración jurídica cometida por la Asamblea y el Ejecutivo, además, blinda a los altos mandos de cualquier rendición de cuentas, al eliminar los controles democráticos sobre sus actos. La Constitución ahora permite que los uniformados militen abiertamente en partidos políticos, participen en elecciones internas del FSLN o incluso ocupen cargos partidarios, eliminando la frontera entre el militarismo y el poder civil.
El régimen, así, oficializó la conversión del Ejército y la Policía en ejércitos privados del orteguismo, con rango legal y sin barreras institucionales. Lo que antes era un pacto tácito entre la cúpula militar y el poder político, hoy es ley constitucional.
En este escenario, las posibilidades de un cambio pacífico o electoral en Nicaragua son casi nulas. Ortega y Murillo no solo controlan la Policía, el Ejército y el Legislativo, sino que también han desmantelado los tribunales, las alcaldías y el sistema electoral. El país entero está atrapado en una estructura de poder monolítica, donde la Constitución ya no protege los derechos ciudadanos, sino que respalda la represión.
En palabras de un exfuncionario militar consultado por COYUNTURA desde el anonimato "extremo": "ya no somos República. Somos cuartel. Y en el cuartel, el que manda no se discute".
La juramentación de Avilés y Díaz: militarización total y legitimación de la policía paramilitar
La noche del 21 de febrero de 2025, con un despliegue de tanques, banderas rojinegras y una plaza tomada por la parafernalia militar, el general Julio César Avilés fue investido para un nuevo mandato como jefe del Ejército de Nicaragua hasta 2031. No fue un acto más en la Plaza de la Fe. Fue la oficialización de un sistema totalitario en el que las Fuerzas Armadas ya no solo obedecen al régimen: ahora lo encarnan, lo defienden, lo sostienen. Con la anuencia de los militares, el país centroamericano ha dejado atrás cualquier simulacro democrático y ha adoptado abiertamente un modelo de Estado militar-familiar, donde el poder y las armas responden a una sola familia.
En este escenario, el Ejército no solo convalidó la extensión de su propio comandante en jefe, sino también la creación, legitimación y expansión sin precedentes de un nuevo cuerpo armado: la Policía Voluntaria, una fuerza paramilitar integrada por decenas de miles de civiles reclutados por el Frente Sandinista, encapuchados, adoctrinados y autorizados para operar como agentes del régimen.
Ese mismo mes, el 26 de febrero, Francisco Díaz, consuegro de Ortega y jefe de la Policía, fue ratificado por otros seis años y juramentó públicamente a 32,000 nuevos policías voluntarios en la misma Plaza de la Fe, en un acto coreografiado como continuidad del espectáculo militar de días antes. El mensaje fue inequívoco: el Ejército y la Policía, con el aval político y jurídico de la Copresidencia Ortega-Murillo, son ahora un bloque indivisible, blindado por la legalidad creada a medida y por la lealtad de los uniformados.
Desde la reforma constitucional de noviembre de 2024, la dictadura eliminó formalmente la independencia de poderes y subordinó al Ejército y la Policía al mando directo del Ejecutivo. Pero el paso decisivo llegó en enero y febrero de 2025, con la juramentación masiva de más de 100,000 nuevos efectivos policiales en apenas seis semanas.
Este fenómeno no tiene precedentes en la historia de Nicaragua. La Policía, que en 2018 contaba con unos 14,000 agentes, fue multiplicada por siete en menos de dos meses. Las nuevas incorporaciones, bajo la categoría de "policías voluntarios", no son civiles ordinarios: fueron seleccionados por estructuras del FSLN, entrenados por mandos policiales y militares y presentados como “defensores de la paz”, en un discurso plagado de referencias a los “combatientes históricos” y a la represión de las protestas de 2018.
Aunque la Policía mantiene el rótulo de "institución civil", la militarización de sus filas es evidente. Las nuevas disposiciones permiten que estos policías voluntarios porten armas, realicen detenciones, vigilen y repriman "amenazas" al orden público, con inmunidad garantizada por la ley. La reforma constitucional les otorga rango legal, y la Asamblea Nacional ha creado un marco normativo que los ampara. El Ejército, que antes podía haber actuado como un contrapeso o mediador institucional, avala sin reparos esta expansión represiva.
El silencio del general Avilés sobre la creación y masificación de la Policía Voluntaria no es casual: es un silencio cómplice. No solo guardó mutismo durante la tramitación de las reformas; su presencia y liderazgo en la ceremonia del 21 de febrero de 2025 fue una señal clara de apoyo a la estructura de poder de Ortega y Murillo.
De hecho, la continuidad de Avilés como jefe militar fue la primera piedra de este nuevo diseño represivo. Su juramentación en un acto de culto al sandinismo histórico, acompañado por representantes militares de Cuba, Venezuela, Rusia, México y Centroamérica, marcó la alineación plena de las Fuerzas Armadas con la represión institucionalizada. Ni un solo pronunciamiento del Ejército cuestionó la creación de un cuerpo armado paralelo y subordinado al partido gobernante.
Analistas regionales advierten que, con este respaldo explícito, el Ejército nicaragüense ha legitimado la existencia de un aparato de represión masivo que supera incluso a los regímenes militares del siglo XX en la región. "La Policía Voluntaria no es un cuerpo de apoyo, es un brazo armado paramilitar que opera bajo la fachada de la legalidad, pero con funciones de persecución política. Y el Ejército ha decidido protegerlo", afirma un analista salvadoreño.
Los datos confirman la magnitud del fenómeno. Según cifras recopiladas por COYUNTURA, el régimen ha quintuplicado la presencia policial en cada departamento. Solo en Managua, la Policía pasó de 2,740 agentes en 2024 a más de 32,000 en febrero de 2025. En Matagalpa, la cifra saltó de 498 a más de 8,000. Incluso en las regiones autónomas del Caribe, donde históricamente la presencia policial era limitada, se han incorporado miles de efectivos encapuchados.
Este despliegue territorial no solo busca intimidar. Está diseñado para garantizar el control total de cada comunidad, barrio y municipio. Los nuevos policías voluntarios han sido instruidos para vigilar redes sociales, recolectar información sobre opositores y participar en actos públicos de intimidación. En paralelo, el régimen ha intensificado la censura mediática y ha endurecido las leyes contra la libertad de expresión.
El respaldo del Ejército a esta arquitectura de represión desmonta cualquier expectativa de que las Fuerzas Armadas puedan jugar un papel moderador. Al contrario, Nicaragua entra en una nueva etapa donde la represión no solo es legalizada, sino institucionalizada con la complicidad activa de los militares.
La comunidad internacional observa con alarma la consolidación de este modelo. Sin embargo, hasta ahora, las sanciones y las denuncias no han frenado al régimen. Por el contrario, Ortega y Murillo han aprovechado el aislamiento para radicalizarse aún más, mientras refuerzan sus alianzas con regímenes autoritarios de la región y potencias como Rusia y China.
El Ejército, lejos de ser un actor neutral o profesional, se ha convertido en el escudo institucional de una dictadura que ya no se oculta ni en el discurso ni en las formas. La creación de la Policía Voluntaria, con su espectacular crecimiento, es solo la manifestación más reciente de este pacto entre las armas y el poder absoluto.
“Hoy el Ejército no necesita disparar para reprimir: ya tiene quien lo haga por él”, resume un exdiplomático nicaragüense en el exilio. “Han creado un monstruo. Y lo han legitimado”.
"Modesto"
Desde el 08 de marzo de 2025, el histórico excomandante guerrillero Henry Ruiz Hernández, conocido como "Modesto", permanece bajo un cerco policial implacable en su residencia de Managua. Sin acusaciones formales ni procesos judiciales abiertos, el exministro de Planificación y dirigente de la primera Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) enfrenta un aislamiento forzado que restringe su movilidad, sus visitas y su acceso a atención médica especializada, pese a padecer diabetes.
A sus 82 años, Ruiz es víctima de lo que opositores describen como “casa por cárcel de facto”. La Policía Nacional mantiene un despliegue permanente en su entorno, bloqueando incluso intentos del excomandante por salir a resolver asuntos personales como la revisión de su medidor de agua, en medio de cobros irregulares por parte de la empresa estatal ENACAL.
El cerco a Ruiz forma parte de un patrón sostenido. Su figura representa un símbolo incómodo para el régimen: uno de los arquitectos de la revolución que derrocó a la dictadura de Somoza, hoy convertido en crítico del autoritarismo de Ortega y Murillo. Su voz disidente, aunque retirada del debate público desde hace años, incomoda por su peso histórico. Su última intervención pública en 2019 cuestionó el rol del Ejército en la crisis sociopolítica de 2018 y exigió el desarme de los grupos parapoliciales.
La represión contra exmilitares no se detiene ahí. El 09 de junio de 2025, el general de brigada retirado Álvaro Baltodano Cantarero, figura emblemática del sandinismo, fue condenado a 20 años de prisión y despojado de todos sus bienes en un juicio sumario, realizado por videoconferencia desde la prisión "La Modelo" en Tipitapa. Sin abogados, sin audiencia pública y sin acceso familiar, Baltodano fue sentenciado por “traición a la patria”, tras semanas en desaparición forzada.
Baltodano, veterano de la insurrección sandinista y pieza clave en la construcción del modelo de alianza entre el FSLN y el gran empresariado, había sido durante décadas un engranaje estratégico del poder económico y militar sandinista. Su detención, allanamiento y condena marcan un quiebre sin precedentes en el círculo de poder.
Fuentes consultadas por COYUNTURA señalan que su arresto responde a un presunto desacuerdo expresado en círculos cerrados, alimentado por tensiones internas y un creciente malestar en los mandos intermedios del Ejército. La condena, según analistas, no es sólo un castigo personal, sino una advertencia a todo aquel que ose discrepar.
La represión se profundizó días después, el 17 de mayo de 2025, cuando agentes de la dictadura Ortega-Murillo irrumpieron en la vivienda del exmilitar Aníbal Martín Rivas Reed, en Matagalpa. Rivas Reed, exoficial del Ejército y familiar de reconocidas figuras opositoras, fue arrestado sin orden judicial y permaneció 42 días desaparecido, en condiciones de aislamiento extremo. El régimen le impuso una condena de 50 años de cárcel, también por "traición a la Patria", sin acceso a un proceso legal transparente.
Su hija, Sadie Rivas, denunció que su padre ha sido sometido a condiciones de detención inhumanas, en una celda sin luz solar, sin contacto con otros detenidos y con medicación limitada, lo que constituye tortura según estándares internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares urgentes en su favor, exigiendo al Estado información sobre su paradero y garantías a su integridad, sin que el régimen haya respondido.
Estos casos reflejan una aceleración brutal de la represión, donde antiguos aliados, excombatientes y funcionarios históricos son ahora objetivo de una maquinaria política que no tolera ni la neutralidad. Desde el estallido social de 2018, el régimen ha encarcelado a más de 2,000 ciudadanos, ha desterrado a cientos de críticos, ha desnacionalizado a decenas de opositores y ha judicializado la disidencia bajo la etiqueta de "traición a la Patria".
La represión también delata el temor que carcome al régimen. Las fracturas internas son visibles: malestar en los mandos intermedios del Ejército, corrupción extendida, exportaciones irregulares de oro, control del narcotráfico y sobreprecios en combustibles que han enriquecido directamente al círculo de Ortega y Murillo.
Los arrestos de Baltodano y Rivas Reed, junto al cerco a Henry Ruiz, simbolizan el cierre definitivo de un ciclo histórico. Los mismos que empuñaron las armas contra Somoza son hoy víctimas de la represión del poder que ayudaron a construir. La comunidad internacional, hasta ahora tibia, enfrenta un nuevo desafío: no son solo líderes opositores o activistas los que están en riesgo, sino los propios artífices de la revolución sandinista, convertidos en rehenes del régimen.
El mensaje del régimen es claro: nadie está a salvo. Ni el viejo comandante, ni el general que medió con los empresarios, ni el militar que optó por el retiro silencioso. El castigo alcanza incluso a los que un día fueron hermanos de lucha. O si estás fuera de casa.
Represión política más allá de fronteras
Ahora bien. El asesinato de Roberto Samcam, exmayor del Ejército de Nicaragua y crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ocurrido el jueves 19 de junio de 2025 en San José, Costa Rica, ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los opositores nicaragüenses en el exilio y la posible implicación de células del régimen en actos de represión.
Roberto Samcam nació en Jinotepe, Carazo, y sirvió en el Ejército Popular Sandinista durante los años 80, especializándose en artillería terrestre. Tras su retiro en 1991, se dedicó a denunciar violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército y la Policía de Nicaragua. En 2018, tras las protestas contra el régimen, se exilió en Costa Rica, donde continuó su labor como analista político y comunicador. En 2023, el Estado nicaragüense le revocó la nacionalidad y confiscó su vivienda en Jinotepe.
El 19 de junio de 2025, Samcam fue asesinado frente a su residencia en el condominio Nápoles, en Moravia, San José. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un hombre armado ingresó al complejo y disparó ocho veces contra Samcam, quien falleció en el lugar. La esposa de Samcam, Claudia Vargas, declaró que su esposo era una voz firme contra la dictadura y pidió justicia por su muerte.
El asesinato de Samcam se enmarca en una serie de atentados contra opositores nicaragüenses en Costa Rica, como los casos de Joao Maldonado, Rodolfo Rojas y Jaime Luis Ortega Chavarría. Estos crímenes comparten patrones similares, como el uso de sicarios y la presencia de víctimas originarias del departamento de Carazo, epicentro de la resistencia en las protestas de 2018 . Organismos internacionales, como el Grupo de Expertos de la ONU, han documentado esta represión transnacional y han señalado la posible implicación de células del régimen en estos actos.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó una moción exigiendo al gobierno del presidente Rodrigo Chaves una investigación exhaustiva sobre el asesinato de Samcam. Sin embargo, el oficialismo no respaldó la iniciativa, lo que ha generado críticas sobre la falta de acción del gobierno . Organizaciones de derechos humanos y exiliados nicaragüenses han denunciado la ineficacia de las autoridades costarricenses para proteger a los opositores políticos y han solicitado medidas más efectivas para garantizar su seguridad.
El asesinato de Roberto Samcam es un claro ejemplo de la persecución transnacional contra exmilitares y disidentes nicaragüenses. Este crimen subraya la necesidad urgente de que Costa Rica y la comunidad internacional tomen acciones concretas para proteger a los opositores políticos y garantizar que actos de represión como este no queden impunes.
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