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Asamblea de Nicaragua cancela de un golpe a 25 organizaciones sin fines de lucro

Ya suman más de 100 organizaciones sin fines de lucro las anuladas en Nicaragua. Expertos temen una "cubanización" en Managua.


Por Houston Castillo Vado | @VozDeAmerica

Política

Managua, Nicaragua

De un solo golpe, la Asamblea Nacional controlada por el gobierno del presidente Daniel Ortega, en Nicaragua, ha cancelado a 25 importantes Organizaciones No Gubernamentales (ONGS), como parte de la campaña que el mandatario ha emprendido contra la sociedad civil en los últimos años.


Las oenegés canceladas trabajaban en el fortalecimiento de organismos de la sociedad civil, en el apoyo al periodismo y en la defensa a los derechos humanos, entre otras causas.


Dentro de las anuladas se destaca la Asociación Operación Sonrisa de Nicaragua, la cual contaba con más de 30 años de operar en el país y promovía cirugías para niños con malformaciones.


La Asamblea Nacional de Nicaragua ha cancelado más de 100 organizaciones de sociedad civil en al menos tres años | Fotografía de Coyuntura
La Asamblea Nacional de Nicaragua ha cancelado más de 100 organizaciones de sociedad civil en al menos tres años | Fotografía de Coyuntura

De igual forma fue cancelado el Grupo Cívico Ética y Transparencia, el cual funcionaba como observador electoral desde 1996 en Nicaragua. Dicha organización se encontraba bajo presión y obstáculos durante los últimos años para cubrir los comicios en el país centroamericano.


Se canceló también la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia, que recibía importantes fondos de la agencia estadounidense USAID.


Su directora, Cristiana Chamorro, quien fue condenada recientemente por varios cargos, como lavado de dinero, dijo que la aprobación en 2020 de la Ley de Agentes Extranjeros obligaba a la entidad a inscribirse en el Ministerio de Gobernación, por lo cual cesó operaciones.


También se anuló la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), uno de los principales centros de pensamiento independientes del país, dedicado a análisis coyunturales. Varios de los miembros de la Junta Directiva sufrían persecución por la justicia afín a Ortega.


Así mismo fue cancelado el Centro Alexander Von Humboldt (Centro Humboldt) dedicado a la Promoción del Desarrollo del Territorio y la Gestión del Ambiente.


La argumentación del gobierno


Según el argumento del Ministerio de Gobernación, que fue quien hizo la solicitud de cancelación al Parlamento, dichas organizaciones, entre otras cosas, supuestamente no reportaron sus estados financieros detallados, así como los detalles de las donaciones. Dicho argumento ha sido utilizado para anular unas 100 organizaciones más que han tenido el mismo destino.


¿Qué busca Ortega tras esto?


Organismos internacionales han rechazado los cierres de dichas entidades y han dicho que lo que busca el gobierno de Ortega con esto es acabar con las organizaciones que “velan por la salud, la educación, los derechos civiles y la protección a los pueblos indígenas”.


“Es un ataque directo al derecho a defender los derechos humanos” ha considerado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el cual opera de forma clandestina en Managua, tras haber sido cancelado en 2018.


“En su actuar carente de cordura, el régimen ha demostrado una vez más que es una amenaza para el pueblo de Nicaragua, sumido en la pobreza, enfermedad e injusticias sociales”, agregó la organización en un comunicado divulgado en redes sociales.


Por su parte la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) ha dicho que las cancelaciones “arbitrarias” de las oenegés Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN) y la Fundación Violeta Barrios reflejan “un mayor deterioro a las libertades, sobre todo a la libertad de asociación y expresión.


“Desde nuestra organización exigimos la reversión de estas y otras acciones que violentan los derechos fundamentales de la sociedad”, agregó PCIN en un comunicado.


Desde 2018, Ortega emprendió una persecución contra el derecho de asociación, asegura la disidencia, que fue perfeccionada tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros en octubre de 2020, la cual establece un riguroso registro para las entidades que reciban apoyo del extranjero.


Según el exdiputado y analista político Eliseo Núñez, el fin de las cancelaciones masivas a organizaciones de la sociedad civil, a las cuales se refiere como “un plan absolutamente maquiavélico”, está pensado básicamente para desgarrar a la sociedad en pequeños pedazos para tener el control de todo.


“La anulación de las ONG obedece a esto de tener una sociedad sin capacidad organizativa para que no pueda hacerle frente a la dictadura”, indica Núñez en declaraciones a la Voz de América.


Además agregó que “Ortega no admite ningún tipo de organización, sea esta política, de sociedad civil, gremial o de cualquier otra forma”, pues su fin es “generar una dispersión que le permite también a la vez hacer que el miedo que provocan sus fuerzas represoras sea mayor porque hay una sensación de soledad en el reprimido”.

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