Así construye el sandinismo las "listas negras" que prohíben el regreso de los nicaragüenses a su propio país
- Jairo Videa
- Dec 5, 2025
- 7 min read
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exige que la administración del país centroamericano cese inmediatamente la práctica de negar el ingreso a nacionales y respete el derecho irrenunciable de toda persona a regresar a su territorio. También insta a la comunidad internacional a ejercer presión para detener lo que describe como una "estrategia criminal" destinada a eliminar la oposición política y controlar al exilio.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
Por primera vez, el régimen monárquico de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo admitió públicamente la existencia de vetos migratorios contra ciudadanos nicaragüenses. La revelación, hecha en noviembre de 2025 por la oficialista ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, confirma lo que organizaciones internacionales y víctimas han denunciado durante los últimos cinco años: Nicaragua opera un sistema de exclusión basado en criterios políticos, discrecionales y opacos, que impide el reingreso de personas consideradas desafectas al Estado.
La ministra presentó el mecanismo como un ejercicio rutinario de seguridad para "frenar delitos graves". Pero rápidamente amplió la categoría de personas susceptibles de ser vetadas hacia un concepto elástico —"quienes atenten contra la paz y la seguridad"— que, en el marco discursivo de la dictadura sandinista, equivale a disidencia, protesta cívica o crítica pública. Ese rótulo ha servido sistemáticamente para criminalizar a opositores, periodistas, religiosos, defensores de derechos humanos y ciudadanos comunes que han manifestado desacuerdo con el Poder Ejecutivo desde 2020.
Las declaraciones llegan en el momento de mayor movilidad del año: diciembre, cuando decenas de miles de nicaragüenses planean regresar temporalmente. Para el exilio, se trata de un mensaje inequívoco: la posibilidad de volver dependerá de la lealtad política, no de la legalidad vigente ni de la validez de los documentos de viaje.
Una política que deja de ocultarse
La admisión pública de Coronel es significativa porque legitima una práctica sistemática documentada por organismos como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH). Sus informes han advertido que decenas de nicaragüenses —excarcelados, críticos, familiares de opositores, religiosos, profesionales, estudiantes— han sido sorprendidos en aeropuertos y fronteras con la orden de no ingresar, sin resolución escrita, sin explicación oficial y sin acceso a recursos de apelación.
La administración del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) lo justifica bajo el argumento de "proteger la soberanía", una narrativa que el orteguismo-murillismo ha utilizado para restringir libertades y acallar la protesta. Pero para los expertos y varios comunicadores sociales consultados por COYUNTURA en las últimas semanas, el reconocimiento constituye la formalización de una política de Estado que opera como castigo y mecanismo de control, que "se extiende por Centroamérica" desde los consulados nicaragüenses.
El resultado ha sido por mucho familias separadas, ciudadanos varados fuera del país y un sentimiento generalizado de incertidumbre entre quienes planean viajar.
La arquitectura de una estrategia criminal
El informe del Grupo de Expertos de la ONU de abril de 2025 detalla la cadena de mando que dirige las prohibiciones de ingreso. La estrategia, calificada como "criminal", sitúa en la cúspide al propio Daniel Ortega y a Rosario Murillo, quienes establecen directrices para neutralizar sistemáticamente a la oposición política y a cualquier voz percibida como crítica.
Bajo sus órdenes actúan dos operadores clave:
Luis Roberto Cañas Novoa, viceministro del Ministerio del Interior.
Fidel Moreno Briones, secretario de organización nacional del Frente Sandinista y secretario general de la alcaldía capitalina.
Ambos coordinan una maquinaria que inicia con el acceso a listas de pasajeros enviadas obligatoriamente por aerolíneas y empresas de transporte terrestre. Con esos datos, Cañas solicita información a Moreno sobre cualquier persona de interés.
El equipo de Moreno, con apoyo de la Dirección de Inteligencia de la Policía y del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), elabora perfiles individuales revisando publicaciones en redes sociales digitales, vínculos públicos, historial académico y laboral, participación en actividades cívicas o cualquier contenido considerado "antigobierno", incluso si fue publicado varios años atrás.
Los perfiles resultantes son enviados al viceministro Cañas, quien decide quién ingresa y quién queda vetado, o incluso a quien se le puede pedir y aceptar una "multa", que es más bien una especie de soborno institucional. La información finalmente se incorpora a un sistema interno de la Dirección General de Migración y Extranjería, donde se consolida la "lista negra" de personas clasificadas como "amenaza potencial".
Uno de los aspectos más alarmantes es que el criterio de riesgo se extiende a familiares de opositores, menores de edad, adultos mayores e incluso personas sin actividad política conocida, o con alguna discapacidad. El informe de la ONU señala que la práctica se intensificó desde 2021 y se reafirmó tras la expulsión masiva de 222 presos políticos en febrero de 2023, y después de varias reformas aprobadas sin discusión en la Asamblea Legislativa, controlada por el FSLN desde el 2007.
Datos que revelan la dimensión del problema
Hasta marzo de 2025, el Grupo de Expertos documentó:
259 nicaragüenses con ingreso prohibido.
114 casos solo desde marzo de 2024.
El subregistro es alto, ya que muchas víctimas temen denunciar.
Los grupos más afectados: familiares de personas expulsadas o desnacionalizadas: 81 casos; miembros de la iglesia católica y otras denominaciones cristianas: 29; periodistas y comunicadores sociales: 22.
Afectados varados en: Argentina, Costa Rica, España, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y México.
A estos datos se suman los aportados por el ACNUDH en 2025, que contabiliza:
156 expulsiones de ciudadanos nicaragüenses en un año.
52 negativas de ingreso, sin resolución oficial.
Víctimas obligadas a abandonar el país centroamericano bajo advertencia de no retorno.
Casos de personas permitidas a viajar a Nicaragua únicamente para ser expulsadas en el aeropuerto o en frontera.
El organismo internacional denuncia además que ninguno de los afectados ha recibido documentos oficiales explicando la decisión ni acceso a mecanismos de apelación, lo que viola tratados internacionales suscritos por Nicaragua y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
Un marco jurídico moldeado para la arbitrariedad
El régimen del FSLN ha blindado estas prácticas mediante reformas legales diseñadas para ampliar la discrecionalidad del Ejecutivo. La reforma a la Ley de Migración y Extranjería de noviembre de 2024 introdujo conceptos ambiguos como "riesgo social" o "menoscabo a la soberanía nacional", que permiten vetar la entrada tanto a nicaragüenses como a extranjeros sin necesidad de orden judicial ni evidencia verificable.
Paralelamente, la actualización de la Ley General de Migración y Extranjería (No. 761) y una reforma constitucional —aprobada en primera legislatura en 2025— incorporan la posibilidad de perder la nacionalidad por adquirir otra o por supuestos actos de "traición a la Patria".
El ACNUDH advierte que este conjunto de normas aumenta el riesgo de apatridia, una situación que recuerda también la revocación de nacionalidad contra 135 presos políticos expulsados en septiembre de 2024 a Ciudad de Guatemala y la confiscación de sus bienes.
Práctica con efectos irreversibles en la vida cotidiana
El veto migratorio tiene consecuencias que trascienden el derecho al retorno, según expertos independientes consultados por este medio. Las víctimas reportan:
Imposibilidad de renovar pasaportes.
Falta de protección consular.
Obstáculos para acceder a salud, educación, seguridad social y empleo.
Riesgo de pérdida de bienes en Nicaragua.
Imposibilidad de continuar estudios, incluso para niños y niñas a quienes se negó la emisión de certificaciones escolares.
El informe de la ONU señala que muchas de estas personas pueden considerarse apátridas de facto, pues no poseen documentación válida, no tienen acceso a servicios consulares y se encuentran atrapadas en países donde no pueden regularizar su estatus.
El caso más ilustrativo citado por el ACNUDH es el del periodista Henry Briceño, de 75 años, expulsado junto con su familia hacia Costa Rica el 24 de noviembre de 2024. La ONU considera que este tipo de expulsiones constituye una "injerencia arbitraria en la vida familiar".
La estacionalidad migratoria como herramienta de presión
El reconocimiento oficial de las vetas migratorias ocurrió estratégicamente en noviembre, cuando el país se prepara para recibir a miles de nicaragüenses que regresan desde el exilio por las fiestas de diciembre. El mensaje implícito es que la puerta de entrada permanece condicionada a la ausencia de críticas contra Daniel, Rosario, su familia y su gente en el Estado.
Para los organismos de derechos humanos, la intención es clara: disuadir a la diáspora de participar en actividades comunitarias, discursos críticos y organización política en el exterior, reforzando el control sobre la narrativa pública y extendiendo la vigilancia más allá de las fronteras.
Los organismos internacionales han sido contundentes. El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas exige que la administración sandinista "cese inmediatamente" esta práctica y garantice el derecho de todo nicaragüense a regresar a su casa, cuando ya más de un millón de compatriotas están fuera de su territorio. Asimismo, insta a la comunidad internacional a "ejercer presión y medidas locales" para frenar estas violaciones.
El ACNUDH, por su parte, denuncia que la represión migratoria se ha transformado en un pilar de la estrategia de control estatal, complementando la desnacionalización, la confiscación de bienes, la persecución penal, la censura y la disolución de organizaciones civiles.
La oficialización del veto migratorio marca entonces un punto de no retorno en la política represiva del régimen. La ciudadanía se ha vuelto un estatus condicionado: se conserva mientras no se cuestione al Órgano Ejecutivo y sus aliados. El simple acto de intentar volver al país donde se nació ha dejado de ser un derecho y se ha convertido en una concesión política.
Para cientos de nicaragüenses, estas "listas negras" significan vivir en un limbo jurídico, familiar y emocional: no pueden volver a casa, no pueden regularizar su vida en otro país y no reciben explicación ni amparo. Se trata, en esencia, de una forma de exilio perpetuo impuesto desde el Estado, donde la identidad nacional se administra como un instrumento de control, incluso ideológico.
La práctica no solo erosiona derechos fundamentales, sino que quiebra el sentido mismo de pertenencia a una nación. Y mientras no existan garantías institucionales ni controles independientes, el retorno de miles de nicaragüenses seguirá dependiendo de un filtro político que, lejos de proteger la seguridad, vigila y castiga la disidencia.
En COYUNTURA, cada noticia y día de trabajo es un acto de valentía respaldado por personas, procesos, fuentes, documentos y perspectivas confiables, contrastadas y diversas, aunque muy a menudo debemos proteger la identidad de quienes informan y/o comentan. Pero la censura, la crisis económica y los obstáculos estatales y de seguridad no detienen a nuestra Redacción; seguimos informando con determinación, desde Centroamérica. Si has sufrido violaciones a tus derechos por un Estado centroamericano, o si quieres contar una historia, contáctanos a través de direccion@coyuntura.co o mediante la burbuja de mensajes en la parte inferior del medio.
Por otro lado, no te pierdas AULA MAGNA, nuestra radio en línea y plataforma de podcasts para la región y su gente, donde el periodismo y el entretenimiento se fusionan las 24 horas del día.
Juntos, construimos el puente de la verdad y la democracia, por eso ten en consideración adquirir una membresía de nuestro programa para socias y socios, con beneficios y servicios digitales únicos.
Comments