Así construye el sandinismo las "listas negras" que prohíben el regreso de los nicaragüenses a su propio país
- Jairo Videa
- hace 13 horas
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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exige que la administración del país centroamericano cese inmediatamente la práctica de negar el ingreso a nacionales y respete el derecho irrenunciable de toda persona a regresar a su territorio. También insta a la comunidad internacional a ejercer presión para detener lo que describe como una "estrategia criminal" destinada a eliminar la oposición política y controlar al exilio.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
Por primera vez, el régimen monárquico de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo admitió públicamente la existencia de vetos migratorios contra ciudadanos nicaragüenses. La revelación, hecha en noviembre de 2025 por la oficialista ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, confirma lo que organizaciones internacionales y víctimas han denunciado durante los últimos cinco años: Nicaragua opera un sistema de exclusión basado en criterios políticos, discrecionales y opacos, que impide el reingreso de personas consideradas desafectas al Estado.
La ministra presentó el mecanismo como un ejercicio rutinario de seguridad para "frenar delitos graves". Pero rápidamente amplió la categoría de personas susceptibles de ser vetadas hacia un concepto elástico —"quienes atenten contra la paz y la seguridad"— que, en el marco discursivo de la dictadura sandinista, equivale a disidencia, protesta cívica o crítica pública. Ese rótulo ha servido sistemáticamente para criminalizar a opositores, periodistas, religiosos, defensores de derechos humanos y ciudadanos comunes que han manifestado desacuerdo con el Poder Ejecutivo desde 2020.
Las declaraciones llegan en el momento de mayor movilidad del año: diciembre, cuando decenas de miles de nicaragüenses planean regresar temporalmente. Para el exilio, se trata de un mensaje inequívoco: la posibilidad de volver dependerá de la lealtad política, no de la legalidad vigente ni de la validez de los documentos de viaje.
Una política que deja de ocultarse
La admisión pública de Coronel es significativa porque legitima una práctica sistemática documentada por organismos como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH). Sus informes han advertido que decenas de nicaragüenses —excarcelados, críticos, familiares de opositores, religiosos, profesionales, estudiantes— han sido sorprendidos en aeropuertos y fronteras con la orden de no ingresar, sin resolución escrita, sin explicación oficial y sin acceso a recursos de apelación.
La administración del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) lo justifica bajo el argumento de "proteger la soberanía", una narrativa que el orteguismo-murillismo ha utilizado para restringir libertades y acallar la protesta. Pero para los expertos y varios comunicadores sociales consultados por COYUNTURA en las últimas semanas, el reconocimiento constituye la formalización de una política de Estado que opera como castigo y mecanismo de control, que "se extiende por Centroamérica" desde los consulados nicaragüenses.
El resultado ha sido por mucho familias separadas, ciudadanos varados fuera del país y un sentimiento generalizado de incertidumbre entre quienes planean viajar.
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