Ausencias, tensiones y diplomacia vacía: la IV Cumbre CELAC-UE se diluye en Santa Marta
- Jairo Videa
- hace 2 horas
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La escena de este fin de semana distó mucho del impulso diplomático que en su momento intentó imprimirle la hondureña Xiomara Castro, quien promovió la primera cita del año en Tegucigalpa. Pese a su insistencia en consolidar la voz latinoamericana frente a Europa, esta vez envió solo a su vicecanciller, conocido por su cercanía con regímenes autoritarios como el de Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela. La ausencia de Castro, así como la del resto de mandatarios centroamericanos, fue interpretada como un gesto de desinterés hacia un bloque que parece agotado en su retórica y carente de peso político real.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Bogotá, Colombia
La IV Cumbre CELAC–UE cerró con una declaración conjunta y dos textos adicionales, pero lo que permaneció en la escena pública no fue tanto el contenido como las ausencias, las disidencias y las tensiones abiertas sobre el uso de la fuerza y la agenda multilateral. La llamada "Declaración de Santa Marta", un texto de 52 puntos que, según la organización, condensó las principales preocupaciones birregionales, fue suscrita por 58 de los 60 países convocados. Venezuela y Nicaragua optaron por no firmarla.
A continuación, un recuento detallado de lo que ocurrió, lo que se acordó y las contradicciones y señales políticas que dejó el encuentro.
La reunión, originalmente prevista para dos jornadas, se celebró en la práctica en una sola: fuentes oficiales y la propia agenda del encuentro constatan que la jornada presidencial se redujo y que, a la postre, solo nueve jefes de Estado o de Gobierno estuvieron presentes en algún momento. Entre esos mandatarios figuraron el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el anfitrión, Gustavo Petro. También asistieron representantes de Portugal, Países Bajos, Guyana, Dominica, San Cristóbal y Nieves, y Granada, además del presidente del Consejo Europeo, António Costa.
La baja concurrencia —y la decisión práctica de condensar la cumbre— alimentó la percepción de que el evento tuvo menos impacto del esperado. Peticiones de última hora, presiones diplomáticas externas, problemas organizativos y la "poca coreografía" en la logística —en palabras de la politóloga Sandra Borda— fueron esgrimidas como factores que explican el escaso pelotón presidencial.
Lo acordado: la "Declaración de Santa Marta" y dos pactos suplementarios
El texto central, bautizado "Declaración de Santa Marta", contiene 52 puntos que resumen iniciativas y compromisos en temas como el respeto al derecho internacional, la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico —incluido el llamado a la legalidad en los operativos transnacionales—, además de referencias a conflictos globales como Gaza y Ucrania.
Además de ese documento, se añadieron dos declaraciones complementarias:
Alianza para la seguridad ciudadana. Diseñada para reforzar la cooperación entre la Unión Europea (UE), América Latina y el Caribe en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, con mención específica al tráfico de drogas.
Pacto por la economía del cuidado. Un acuerdo para intercambiar avances y buenas prácticas en políticas de cuidado. En el texto se incorporaron cifras que apuntalan la urgencia del tema: según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las mujeres en la región dedican entre 6,3 y 29,5 horas semanales más que los hombres a trabajo de cuidado no remunerado; la CEPAL estima que ese aporte no remunerado equivale, en promedio regional, al 21,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) y que el 74,5 % de ese esfuerzo lo realizan mujeres.
Los firmantes que rubricaron el documento central sumaron 58 países; Venezuela y Nicaragua decidieron "disociarse" formalmente de la declaración.
La disidencia de Caracas y Managua: Ucrania y la letra del consenso
La salida de Venezuela y Nicaragua del bloque de firmas fue pública y motivada por pasajes concretos del texto. La alta representante de la UE, Kaja Kallas, y otros oradores subrayaron que el respeto al derecho internacional debía figurar en el documento; sin embargo, la referencia explícita a la "guerra en curso contra Ucrania" fue la línea divisoria: según el propio relato de los organizadores, ese punto fue determinante para la disidencia.
En representación del régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo, el denominado co-canciller Denis Moncada Colindres dijo en el plenario a puerta cerrada que "no aceptamos y debe ser excluido, eliminado el párrafo que hace referencia a Ucrania" y advirtió que, de no modificarse, la declaración no alcanzaría el consenso exigido por las reglas de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). Moncada vinculó esa posición con la práctica normativa del bloque, que prevé la adopción de decisiones por consenso en todas sus instancias.
Adicionalmente, la representación nicaragüense elevó una condena expresa contra lo que definió como "despliegue desproporcionado y asimétrico de fuerza" de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) en la Cuenca del Gran Caribe, mencionando buques de guerra, fuerzas anfibias y la presencia de submarinos nucleares, lo que, desde su óptica, supone una amenaza regional.
Tensiones sobre la presencia militar y las operaciones contra narcotraficantes
Los debates de Santa Marta tuvieron un hilo conductor: la preocupación por la militarización de espacios marítimos y la legitimidad de las operaciones contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas. El documento final alude a la "importancia de la seguridad marítima" y la estabilidad regional en el Mar Caribe, pero evita aludir con nombre propio a las recientes operaciones estadounidenses que, según versiones citadas por algunos actores, han dejado hasta 70 muertos tras ataques a embarcaciones presuntamente cargadas de droga en el Caribe y el Pacífico. El texto optó por un lenguaje más general, pidiendo apego al derecho internacional y evitando referencias directas a determinados operativos.
El propio Lula da Silva, durante la sesión pública, expresó su inquietud: "la amenaza del uso de la fuerza militar volvió a ser parte de la cotidianidad de América Latina y del Caribe. Viejas maniobras y retóricas son recicladas para justificar intervenciones ilegales". Gustavo Petro, por su lado, ha calificado públicamente acciones ordenadas por la administración de EE.UU. (y en particular de la administración de Donald Trump) como "ejecuciones extrajudiciales" y ha denunciado una política de presión y sanciones financieras hacia Colombia por asuntos relacionados con la lucha contra el narcotráfico.
Kaja Kallas (Alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y Vicepresidenta de la Comisión Europea), en su intervención, defendió el principio de que "solo se puede recurrir a la fuerza por dos motivos, ya sea en defensa propia o en virtud de una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)", una formulación que buscó enmarcar la discusión en parámetros del derecho internacional.
Comercio, multilateralismo y la posición europea
La UE, representada por Kallas y por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, presentó una hoja de ruta orientada a reforzar la predictibilidad comercial. Kallas puso a la UE como "un socio predecible y confiable", con la intención de avanzar en acuerdos pendientes —como la finalización de negociaciones con Mercosur (Mercado Común del Sur) y la actualización del acuerdo con México— y reafirmó la apuesta por un sistema multilateral de comercio con la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el centro.
En sus palabras de cierre, António Costa defendió la idea de una "relación entre iguales" y argumentó que, pese a la complejidad política internacional, el encuentro envía una señal de que Europa y América Latina y el Caribe siguen apostando por el diálogo y la cooperación.
Pese a la baja asistencia presidencial, los actores aprovecharon recursos simbólicos. Tras la sesión pública, los asistentes posaron para la foto de familia, en la que se exhibió una mochila arhuaca tradicional de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Luego hubo reuniones a puerta cerrada para intentar cerrar puntos técnicos que posibilitaran la firma de los textos. Gustavo Petro, como presidente pro tempore de la CELAC y anfitrión, celebró el resultado como un "gran éxito" y remarcó el rol del multilateralismo como herramienta para resolver problemas comunes sin la intención de una nación por dominar a otra.
Reacciones y lecturas: ¿éxito o fracaso con valor simbólico?
La evaluación del balance depende del prisma. Desde la perspectiva institucional, los organizadores obtuvieron tres instrumentos formales (la declaración principal y dos pactos sectoriales) y mantuvieron la narrativa de una relación birregional viable. Desde la óptica política, la baja presencia presidencial, las disidencias de dos Estados miembros y las tensiones abiertas sobre operaciones militares y la referencia a Ucrania disminuyen el alcance operativo inmediato de los acuerdos.
La cumbre también puso en evidencia líneas de fractura que atraviesan la región: por un lado, la persistente desconfianza respecto a la militarización y el uso de la fuerza en nombre de la lucha contra el narcotráfico; por otro, la voluntad europea de preservar un comercio multilateral regulado y una agenda de derechos compartidos. Entre ambos polos se ubicaron líderes que intentaron navegar un punto medio, pero la ausencia de muchos mandatarios redujo la capacidad de la cumbre para traducir declaraciones en compromisos ejecutables a corto plazo.
Lo que quedó para la agenda posterior
Implementación de la alianza para seguridad ciudadana. La declaración abre canales técnicos entre instituciones judiciales, policiales y de cooperación internacional. Su éxito dependerá ahora de la voluntad política y de financiamiento para proyectos concretos.
Pacto por la economía del cuidado. El reconocimiento del valor económico del trabajo no remunerado crea una base para políticas públicas y cooperación técnica sobre estadísticas, transferencias y diseño de servicios de cuidado.
Reapertura del debate sobre operaciones marítimas. La ambivalencia del lenguaje en la declaración evidencia que el asunto no está cerrado: la región seguirá discutiendo los límites del uso de la fuerza en operaciones contra el narcotráfico.
Necesidad de claridad institucional. Las contradicciones documentales sobre fechas y la reducción de la cumbre subrayan una demanda de mayor rigor organizativo para que encuentros de esta naturaleza no queden reducidos a gestos simbólicos.
Santa Marta dejó textos firmados y compromisos verbales; asimismo, exhibió las fracturas políticas de una región que busca equilibrar soberanía, cooperación y respuesta a amenazas transnacionales. La cumbre mostró, además, que las declaraciones multilaterales conservan valor diplomático, pero que su eficacia práctica se verá limitada si no van acompañadas por ejecutores presentes y por acuerdos técnicos que trasciendan la foto de familia. La disidencia de Venezuela y Nicaragua y la reticencia de muchos mandatarios son recordatorios de que la CELAC sigue siendo un espacio en construcción, donde la apariencia de unidad puede chocar con la diversidad de intereses y alineamientos geopolíticos.
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