La tortuosa espera de Yadira Córdoba: entre la revictimización y el limbo migratorio
- Redacción Central
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"Hoy, frente a una nueva revictimización derivada de políticas migratorias, alzamos nuestra voz para exigir una solución humanitaria y justa", reclamó la AMA, que agrupa a madres y familiares de víctimas de la represión de 2018. La organización pide a Washington liberar a Córdoba y facilitar su traslado a un "tercer país seguro", al tiempo que exhorta a la comunidad internacional a no normalizar situaciones que, afirman, profundizan el dolor de las víctimas de violencia de Estado.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San José, Costa Rica
La historia de Yadira Córdoba sintetiza dos procesos que se entrecruzan desde hace más de siete años: la represión posterior a las protestas en Nicaragua y los laberintos de la política migratoria estadounidense. Integrante de la Asociación Madres de Abril (AMA), organización que agrupa a familiares de víctimas de la represión desde abril de 2018, permanece detenida en un centro para migrantes en San Antonio, Texas, a la espera de una deportación que nadie acepta y que, según su entorno, la mantiene en un limbo jurídico y humanitario.
Detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desde el miércoles 20 de agosto de 2025, Córdoba tiene una orden de deportación tras la negativa de un juez de migración a su solicitud de asilo político en una audiencia celebrada el 07 de noviembre.
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De acuerdo con AMA, su petición "no fue debidamente escuchada" y se determinó su envío a Honduras, en aplicación de un acuerdo bilateral entre Washington y Tegucigalpa. Sin embargo, tanto Honduras como Nicaragua se han negado a recibirla, según relataron sus familiares.
Ante esa situación, la AMA ha pedido a Estados Unidos que la libere mediante su deportación a un "tercer país seguro" y que atienda el caso "con urgencia y con un enfoque humanitario y de derechos humanos". La organización denuncia una "nueva revictimización derivada de políticas migratorias" y reclama una solución que garantice su integridad. También ha llamado a la comunidad internacional y a organizaciones de derechos humanos a no guardar silencio.
Del duelo al exilio forzado
El itinerario vital de Córdoba está marcado por el asesinato de su hijo Orlando, el 30 de mayo de 2018, durante las manifestaciones antigubernamentales que estallaron semanas antes. Desde entonces, se convirtió en una de las voces visibles de las Madres de Abril, un colectivo que reclama verdad, justicia y reparación por las víctimas.
Ese activismo la empujó al exilio en Costa Rica y, posteriormente, a Estados Unidos en 2023, donde solicitó protección internacional. "Vine a buscar a este país libertad y protección", ha señalado desde el centro de detención. Insiste en que no puede regresar a Nicaragua y denuncia versiones contradictorias sobre su futuro inmediato: "me dicen una cosa hoy y mañana me dicen otra".
Su hijo, Ronald Córdoba, explica que el proceso de asilo ha sido "muy difícil emocionalmente" para ella, porque la obliga a revivir una y otra vez los episodios más duros: la muerte de Orlando, el entierro, la salida forzada del país centroamericano y una segunda migración. "Reabre las heridas", afirma, y teme que, sin garantías de protección, su madre pueda convertirse en "blanco fácil" de la represión transnacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El contexto de una crisis prolongada
La situación personal de Córdoba no se entiende sin la crisis social, política, humanitaria, institucional y de seguridad abierta en Nicaragua desde 2018. Las protestas contra el régimen sandinista derivaron en una represión que dejó centenares de muertos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado al menos 328 fallecidos, mientras organizaciones locales elevan la cifra y el Ejecutivo reconoce cerca de 200, atribuyendo los hechos a un supuesto "intento de golpe de Estado".
La tensión se acentuó tras la pantomima electoral de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega fue "reelegido" por tercera vez consecutiva en unos comicios cuestionados, con la mayoría de sus rivales encarcelados previamente y posteriormente despojados de su nacionalidad y derechos políticos. En ese escenario, las denuncias de persecución, hostigamiento y criminalización han empujado a miles de nicaragüenses al exilio.
Un caso atrapado entre acuerdos y fronteras
Mientras el expediente de Córdoba transita entre órdenes de deportación no ejecutables y negativas de recepción, su propia voz resume la urgencia: desea recuperar la libertad, aunque desconoce el destino final. "No importa dónde me manden, pero yo necesito salir de aquí", ha dicho.
AMA, por su parte, insiste en que no existen condiciones para su retorno a Nicaragua y reclama que cualquier decisión priorice su seguridad. Mantiene el acompañamiento a Córdoba y al resto de madres que buscan justicia desde 2018, convencida de que su caso exhibe las grietas de los sistemas de protección internacional cuando convergen persecución política y restricciones migratorias.
Entre la reclusión administrativa y la falta de un país de acogida, la situación de Yadira Córdoba permanece suspendida. Su futuro depende ahora de una salida diplomática y humanitaria que evite, como advierten sus defensores, añadir una nueva capa de dolor a una trayectoria ya marcada por la violencia y el exilio.
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